Por Unidad de Análisis Político ACR

Mientras Costa Rica sigue pagando millones en alquileres para mantener instituciones públicas dispersas por todo el país, Ciudad Gobierno volvió a convertirse en un nuevo foco de choque político.

Y una de las voces que ahora golpea con más fuerza el proyecto es Claudia Dobles.

La diputada de Coalición Agenda Ciudadana calificó la propuesta actual como una “chanfaina”, aseguró que está “mal hecha” y advirtió que podría abrir “portillos” e incluso riesgos de corrupción.

Pero detrás de las declaraciones empezó a aparecer algo más profundo que una simple diferencia técnica.

Porque durante toda su intervención, Dobles deja claro que conoce el proyecto desde hace años y recuerda constantemente que Ciudad Gobierno tomó forma oficialmente durante la administración Alvarado Quesada.

“Es oficialmente en la administración Alvarado Quesada que el proyecto Ciudad Gobierno nace y se formaliza”, afirmó.

Y ahí es donde la discusión empieza a ponerse incómoda políticamente.

Porque mientras el país lleva años observando, alquileres millonarios, instituciones dispersas, burocracia fragmentada, y proyectos estatales que nunca terminan de arrancar…

Ahora una de las principales críticas al proyecto insiste en que la idea sí era necesaria, pero que la ejecución actual terminó convirtiéndose en una “chanfaina”.

Porque Dobles no está diciendo que Ciudad Gobierno no deba existir.

Más bien, insiste en que el proyecto sí es necesario… mientras destruye cómo se está intentando impulsar actualmente.

Y esa diferencia cambia completamente el fondo de la discusión.

Por un lado: defiende la necesidad de centralizar instituciones, reducir gastos, reorganizar la planificación urbana, y modernizar parte del Estado.

Pero por el otro: habla de “malas prácticas”, “portillos”, “portones”, y riesgos de corrupción.

“Cualquier persona que tenga un criterio técnico y que tenga algún nivel de conocimiento en este tipo de materia sabe que no está bien”, aseguró.

Y ahí aparece otro detalle político importante.

Mientras cuestiona duramente el proyecto actual, Dobles también empieza a construir una imagen muy específica alrededor de sí misma:
la de una figura con criterio técnico, experiencia y autoridad suficiente para decir cómo debería desarrollarse una obra de este tamaño.

Durante toda su exposición insiste constantemente en: su experiencia, años trabajando en proyectos similares, conocimiento técnico, y planificación de infraestructura.

Y eso no parece casualidad.

Porque el debate alrededor de Ciudad Gobierno ya no gira solamente alrededor de edificios, oficinas o urbanismo.

Empieza a girar alrededor de: quién tiene legitimidad para diseñar grandes proyectos estatales, quién controla la narrativa técnica, y quién termina capitalizando políticamente una transformación de este tamaño.

La tensión tampoco ocurre en cualquier momento.

Costa Rica lleva años arrastrando frustración alrededor de: obras que nunca avanzan, infraestructura atrasada, gasto público creciente, y miles de millones invertidos sin resultados visibles.

Por eso, cualquier choque alrededor del proyecto inevitablemente empieza a despertar sospechas, tensiones y preguntas políticas.

Especialmente cuando el propio Ciudad Gobierno viene siendo discutido desde administraciones anteriores sin terminar de materializarse.

Y ahí es donde la discusión empieza a ir mucho más allá de una “chanfaina” o de diferencias técnicas entre diputados.

Porque mientras Costa Rica sigue esperando obras que durante años no terminan de despegar, la pelea alrededor de Ciudad Gobierno empieza a revelar algo más profundo que una discusión técnica:
una disputa sobre quién tendrá el poder de rediseñar parte del Estado costarricense.

En Mundo ACR seguimos explicando las tensiones, disputas y movimientos que terminan moldeando el futuro político e institucional de Costa Rica.

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Entre ellos aparecen:
Ciudad Gobierno,
La Marina de Limón,
Crucitas
Nuevos eurobonos.

Y aunque para muchas personas estos temas pueden sonar técnicos o confusos, el movimiento deja una señal política importante, la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa cambió completamente el escenario para varios proyectos que antes enfrentaban bloqueos o recomendaciones de archivo.

¿Qué pasó con Ciudad Gobierno?

Uno de los casos más llamativos es el proyecto relacionado con Ciudad Gobierno.

La iniciativa busca permitir la construcción de un complejo estatal donde se concentrarían decenas de instituciones públicas y miles de funcionarios.

El plan fue impulsado durante la administración Chaves, pero terminó enfrentando obstáculos importantes después de cuestionamientos de la Contraloría General de la República sobre el modelo financiero propuesto.

Además, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea emitió en 2024 un informe negativo recomendando archivar el proyecto.

Y aquí es donde mucha gente suele confundirse.

¿Un proyecto con recomendación de archivo significa que murió?

No necesariamente.

Ese es precisamente uno de los puntos que más confusión genera en temas legislativos.

Aunque exista una recomendación de archivo, el Plenario todavía puede votar ese informe.

Y si la mayoría de diputados decide rechazar la recomendación negativa, el proyecto puede seguir avanzando dentro de la corriente legislativa.

Eso es justamente lo que ahora podría ocurrir con la nueva mayoría oficialista.

Entonces, ¿qué cambió realmente?

Lo que cambió no fue la ley.
Lo que cambió fue la fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa.

Con 31 diputados cercanos al oficialismo, el gobierno ahora tiene mucho más margen para intentar revivir proyectos que antes parecían políticamente bloqueados.

Eso no significa automáticamente que todas las iniciativas serán aprobadas sin obstáculos.

Pero sí significa que el panorama legislativo es muy distinto al de años anteriores.

¿Y qué pasa con los magistrados y las reformas judiciales?

Otro de los temas que comenzó a moverse nuevamente es la discusión sobre posibles reformas relacionadas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Aquí también es importante separar percepción política de realidad legislativa.

Algunas reformas constitucionales sí requieren una mayoría calificada de 38 votos, por lo que el oficialismo todavía necesita negociar con otros sectores para lograr cambios de ese nivel.

Es decir, tener mayoría política no significa tener control absoluto sobre todas las decisiones.

Pero sí abre espacio para impulsar debates y proyectos que antes tenían pocas posibilidades de avanzar.

Más allá de los titulares, ¿qué está pasando realmente?

En medio de términos legislativos, procedimientos parlamentarios y lecturas políticas, muchas veces el ciudadano termina recibiendo más confusión que claridad sobre lo que realmente puede o no puede hacer una Asamblea Legislativa.

Y ahí es donde aparece el verdadero cambio de fondo.

La nueva mayoría oficialista no garantiza automáticamente que todos los proyectos del gobierno serán aprobados.

Pero sí modifica por completo el margen político que tiene el Ejecutivo para volver a poner sobre la mesa iniciativas que durante años parecían congeladas o sin futuro legislativo.

En otras palabras, más que una aprobación automática, lo que empieza a verse es un nuevo equilibrio de poder dentro de la Asamblea Legislativa.

Porque entender cómo funciona realmente la Asamblea Legislativa también ayuda a comprender por qué algunos proyectos políticos reaparecen incluso después de parecer frenados.

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La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, arrancó su gobierno firmando tres decretos ejecutivos apenas horas después de asumir el poder.

Y aunque para muchas personas esos anuncios pueden sonar técnicos o lejanos, las decisiones del primer día sí dejaron mensajes políticos bastante claros sobre cómo empezará esta nueva administración.

Porque más que anunciar cambios inesperados, Laura Fernández comenzó aterrizando una promesa que ya había marcado toda su campaña.
Dar continuidad a varias de las principales banderas políticas impulsadas por Rodrigo Chaves.

La diferencia ahora es que esos mensajes dejaron de ser discurso electoral y empezaron a convertirse en decisiones concretas desde Casa Presidencial.

La continuidad empezó desde el primer día

Uno de los decretos firmados por Fernández vuelve a poner sobre la mesa proyectos que el gobierno anterior no logró concretar durante la administración Chaves.

Entre ellos aparecen:
Ciudad Gobierno,
la minería en Crucitas,
la marina de Limón,
las jornadas laborales 4×3
y la reforma a las pensiones de lujo.

Todos fueron temas altamente defendidos por el chavismo durante los últimos años y ahora el nuevo gobierno los retoma desde sus primeras horas en el poder.

Eso manda una señal política importante.
Laura Fernández no pretende alejarse de las principales apuestas del gobierno anterior, sino intentar reactivarlas.

¿Qué es Ciudad Gobierno y por qué lleva años discutiéndose?

Uno de los proyectos que volvió a aparecer fue Ciudad Gobierno.

Explicado de forma simple, el plan busca concentrar distintas oficinas públicas en una misma zona cercana a Plaza González Víquez, en San José.

La idea original era:
Reducir alquileres,
Modernizar edificios públicos
Y transformar parte del centro de la capital.

Sin embargo, el proyecto terminó frenándose luego de cuestionamientos de la Contraloría General de la República sobre la forma en que se financiaría la obra.

Desde entonces, el plan quedó prácticamente detenido.

Ahora, la nueva administración vuelve a colocarlo dentro de sus prioridades.

El tema que más entiende la gente, las penas de cárcel

Otro de los decretos busca modificar la manera en que se interpreta el llamado “año carcelario”.

Aquí es donde muchas personas suelen confundirse por el lenguaje jurídico.

En Costa Rica, aunque el Código Penal establece que un año de cárcel equivale a 360 días, algunos beneficios relacionados con trabajo o estudio permitían reducir tiempo efectivo de cumplimiento de condenas.

Por eso Laura Fernández lanzó una frase políticamente fuerte durante su primer día:

“Ya no más alcahueterías de que la cárcel es de ocho meses al año”.

En términos prácticos, el mensaje que intenta enviar el gobierno es,
endurecer la interpretación sobre el cumplimiento de penas y limitar reducciones que permitan salir antes de prisión.

Ese tema conecta directamente con una de las principales preocupaciones de la población,
la inseguridad y el avance del crimen organizado.

Crucitas, 4×3 y marina de Limón siguen vivos políticamente

El regreso de proyectos como Crucitas, las jornadas 4×3 y la marina de Limón también deja otra lectura importante.

Todos fueron temas que generaron fuertes debates políticos, técnicos y sociales durante el gobierno Chaves.

Algunos enfrentaron bloqueos legislativos.
Otros recibieron cuestionamientos ambientales o jurídicos.
Y varios quedaron atrapados entre discusiones institucionales y falta de acuerdos políticos.

Pero retomarlos desde el inicio del nuevo gobierno deja claro que esas propuestas no quedaron enterradas políticamente.

Al contrario, seguirán formando parte de la agenda impulsada desde Casa Presidencial.

Entonces, ¿qué dejó claro Laura Fernández en su primer día?

Más allá de decretos y tecnicismos legales, el arranque del nuevo gobierno dejó tres señales bastante visibles.

Continuidad con varias de las principales apuestas del chavismo, discurso más duro contra el crimen
y reactivación de proyectos que el gobierno anterior dejó pendientes.

En otras palabras, el primer día de Laura Fernández no estuvo marcado por una ruptura política con Rodrigo Chaves, sino por el inicio formal de una continuidad que buena parte de sus votantes ya esperaba ver reflejada desde el arranque de la nueva administración.

Álvaro Ramírez, diputado del PLN, evaluó las medidas comunicadas por la mandataria, específicamente el decreto orientado a establecer el año carcelario.

Nogui Acosta, líder de la bancada del PPSO, analizó las proyecciones y prioridades legislativas de cara al inicio del actual periodo de gobierno.

El diputado del PPSO, Juan Manuel Quesada, compartió sus valoraciones respecto a las medidas comunicadas.

Porque detrás de cada decreto también hay señales políticas que terminan marcando el rumbo de un gobierno.

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¿Cómo funcionaría Ciudad Gobierno?

El proyecto contempla la construcción de un complejo en terrenos estatales, diseñado y financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según Mideplán, los beneficios van más allá del ahorro en alquileres, abarcando también una reducción en los costos de servicios públicos, operación y mantenimiento. Además, se facilitaría el acceso a los ciudadanos, quienes encontrarían todas las entidades estatales en un solo lugar.

Pilar Cisneros, diputada oficialista, destacó la importancia del proyecto al señalar:
“Esto no solo es un ahorro multimillonario, sino que además le facilita la vida al ciudadano que tiene que ir a hacer cualquier gestión.”

Desde el inicio de su mandato, el presidente Rodrigo Chaves ha abogado por abandonar los contratos de arrendamiento, enfatizando la necesidad de un modelo más eficiente y sostenible.

Dificultades y controversias

En 2023, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la viabilidad del proyecto bajo el esquema propuesto. Según el ente contralor, no es posible aplicar el mecanismo de compra y arrendamiento planteado por el Ejecutivo, lo que obliga a realizar modificaciones legislativas. Ante esto, el Gobierno presentó una reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública bajo la llamada “Ley Jaguar”.

A pesar de estos esfuerzos, no se vislumbra una solución tangible a corto plazo. El proyecto, que se gestiona desde 2014 y cuenta con estudios de factibilidad desde 2021, aún enfrenta retos financieros significativos. El costo estimado asciende a $450 millones, de los cuales el préstamo con el BCIE solo cubriría el 30%.

Avances en la reducción de alquileres

En los últimos años, el Gobierno ha logrado ciertos avances. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública abandonó inmuebles alquilados como el edificio Raventós y otro en fideicomiso con el BCT en 2022. De igual forma, el Ministerio de Hacienda dejó las instalaciones de La Llacuna en 2024, priorizando espacios más rentables.

Sin embargo, estas medidas aún son insuficientes para enfrentar el gasto generalizado.

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