El alto tribunal resolvió que la iniciativa no presenta vicios de inconstitucionalidad que impidan su avance en la Asamblea Legislativa. Con ello, los diputados podrán continuar con la discusión de una propuesta que desde hace meses ha generado debate entre laboratorios, farmacéuticos y consumidores.

El corazón del proyecto

La propuesta permite que empresas, farmacias o distribuidores puedan importar directamente medicamentos originales ya registrados en otros países, sin depender de un solo representante en Costa Rica. Según sus impulsores, esta apertura ayudaría a que los precios bajen hasta en un 40 %, al fomentar la libre competencia y eliminar monopolios en la distribución de ciertos productos.

Los sectores empresariales ligados a la salud han manifestado posiciones divididas. Mientras algunos defienden la medida como una forma de hacer más accesibles los tratamientos, otros advierten sobre la necesidad de mantener controles sanitarios rigurosos para evitar el ingreso de medicamentos falsificados o de dudosa procedencia.

Argumentos de la Sala IV

Los magistrados consideraron que el proyecto no violenta el principio de salud pública ni afecta la función del Ministerio de Salud como ente regulador. En su análisis, la Sala recordó que la importación paralela ya es una práctica común en varios países con normativas similares, y que la supervisión sanitaria sigue siendo obligatoria antes de autorizar cualquier comercialización local.

Además, el fallo aclara que la apertura de mercado no limita el derecho de las empresas a registrar sus productos, sino que amplía las opciones de adquisición en beneficio de los pacientes.

Lo que viene

Tras la luz verde constitucional, el texto deberá ser discutido nuevamente por los diputados en el plenario legislativo. Se espera que los próximos días sean clave para definir el futuro de la reforma y si realmente traerá alivio a los bolsillos de los costarricenses que dependen de tratamientos médicos continuos.

El proyecto marca un punto de inflexión en el debate sobre el acceso a medicamentos en Costa Rica. La decisión de la Sala IV despeja el camino legal, pero deja abierta la discusión económica y ética sobre cómo equilibrar precios justos, seguridad y calidad en un sistema de salud que enfrenta desafíos crecientes.

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El texto, originalmente llamado “Ley para la Apertura y Promoción de la Competencia en el Mercado de Medicamentos”, fue consultado ante la Sala Constitucional luego de haber recibido la votación en primer debate a inicios de setiembre.

La resolución se formalizó a través del voto 2025034575, en el cual la Sala indicó que no encontró problemas de fondo ni de procedimiento.

Mecanismos contra los precios elevados

La impulsora del proyecto, la diputada María Marta Carballo (PUSC), afirmó que la resolución de la Sala IV representa una alternativa real para que los costarricenses puedan acceder a tratamientos médicos con precios justos.

La legisladora sostuvo que Costa Rica tiene los precios de medicamentos más altos de la región. Para ilustrar esta situación, Carballo citó que una presentación de omeprazol 20 mg (30 cápsulas), alcanza un costo de cerca de ₡21.200 en el país.

Según la comparación presentada por la diputada, el mismo fármaco cuesta aproximadamente ₡2.650 en Nicaragua y ₡5.300 en El Salvador.

Los instrumentos legales que impulsan la competencia

El proyecto propone una serie de medidas diseñadas para la apertura del mercado y la promoción de la competencia:

• Regulación del Precio de Entrada (Artículo 16): Establece un precio inicial basado en el valor terapéutico, la frecuencia de uso y los precios internacionales. Este precio debe ser evaluado por una autoridad técnica.
• Observatorio de Precios (Artículo 11): Creación de una herramienta pública destinada a permitir a los consumidores comparar precios entre farmacias.
• Importación Paralela (Artículo 4): Facilita el ingreso de medicamentos de forma masiva para romper monopolios.
• Aprobación Expedita de Registros (Artículo 3): Agiliza el ingreso de fármacos ya aprobados por agencias sanitarias internacionales de alto nivel.
• Veto a la Exclusividad (Artículo 10): Prohibición de que droguerías o importadoras condicionen a las farmacias con prácticas monopólicas.

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Coprocom recibió la notificación formal de la transacción el pasado 19 de septiembre de 2025. La Comisión indicó que la transacción consiste en la adquisición del grupo de activos que conforman la unidad operativa del Hospital San Rafael Arcángel de Liberia.

Motivo de la revisión y Ley de Competencia

La Clínica Bíblica busca robustecer su presencia y oferta de servicios en la región de Guanacaste, zona que presenta un crecimiento demográfico y turístico. Este movimiento impactaría directamente el mercado de servicios de salud hospitalarios privados en la región.

La revisión se realiza bajo la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia (Ley N.° 9736) para garantizar la transparencia del proceso y analizar si la concentración de mercado podría generar efectos anticompetitivos o un monopolio en el área. El expediente fue registrado bajo el número 060-2025-CE.

Consultada sobre la operación, la Clínica Bíblica indicó, por correo electrónico, que por el momento no podía ofrecer más detalles, citando un acuerdo de confidencialidad.

El Centro Médico San Rafael Arcángel de Liberia fue fundado en 2006 por el ginecólogo-obstetra Walbin Sánchez, y en seis años desarrolló tres etapas de crecimiento hasta integrar salas de cirugía y atención 24/7.

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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) está evaluando la posible apertura de un procedimiento sancionatorio contra Liberty Costa Rica. Este análisis se centra en supuestas prácticas prohibidas que la empresa habría cometido. La Dirección General de Mercados de la Sutel, el órgano regulador del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, es la encargada de determinar la viabilidad de iniciar este proceso.

Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de valoración. Por esta razón, la Sutel no ha detallado cuáles son las presuntas faltas en las que Liberty habría incurrido. Por su parte, Liberty Costa Rica ha afirmado que opera en estricto apego al marco legal y regulatorio vigente, reconociendo la potestad de la Superintendencia para llevar a cabo estas revisiones.

La Decisión del Consejo Directivo y el Próximo Paso

El pasado 27 de junio, el Consejo Directivo de la Sutel revisó una recomendación para abrir un procedimiento sancionatorio contra Liberty por estas prácticas prohibidas. Tras el análisis, los directores decidieron trasladar el asunto a la Dirección General de Mercados. A esta dirección le corresponde ahora determinar si procede la apertura del procedimiento o si es necesario un paso preliminar.

La Dirección General de Mercados podría incluso optar por una investigación preliminar si se requiere mayor claridad sobre los hechos bajo estudio. Esta flexibilidad busca asegurar que cualquier acción se base en una comprensión completa de la situación.

Liberty en el Mercado Costarricense y sus Antecedentes

Al cierre de 2024, Liberty Costa Rica se consolidó como un actor dominante en el mercado de telecomunicaciones. La compañía acaparó el 40% del mercado móvil y el 25% del internet fijo, posicionándose como el principal operador local en ambos segmentos. En total, Liberty cuenta con más de 2,4 millones de suscriptores en estos dos servicios.

Curiosamente, la empresa también lidera el ranking de quejas o reclamaciones presentadas por los clientes ante la Sutel. A la par, Liberty ha acelerado sus inversiones en redes fijas de fibra óptica y en el despliegue de redes móviles de quinta generación (5G).

Tipos de Prácticas Prohibidas y Posibles Sanciones

La Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642) establece cerca de treinta prácticas prohibidas para los operadores, clasificadas por su gravedad.

• Leves: Incluyen brindar información incompleta, retrasar su entrega, no notificar una concentración económica a tiempo o dificultar una inspección.
• Graves: Abordan el incumplimiento de normas técnicas, violación de derechos de usuarios, omisión de resolución de reclamaciones e incurrir en prácticas de competencia desleal.
• Muy Graves: Estas son las más serias. Contemplan operar sin concesión o autorización, usar bandas de frecuencia sin permiso, incumplir la contribución a Fonatel, usar información de usuarios sin autorización o violar la privacidad de las comunicaciones.

Las sanciones varían según la gravedad de la falta. Pueden ir desde multas de cinco a treinta salarios base para infracciones leves, hasta un porcentaje de los ingresos brutos del operador para faltas graves (0,025% a 0,5%) o muy graves (0,5% a 1%). Para el 2024, Liberty reportó ingresos por $613 millones, según los estados financieros de Liberty Latin America.

El Proceso y la Incertidumbre del Plazo

La Dirección General de Mercados de Sutel deberá decidir si abre o no el procedimiento sancionatorio. De abrirse, se tramitará conforme a las disposiciones de la Ley N° 6227 (Ley General de la Administración Pública). Si no se abre, el caso se da por concluido. Las posibles prácticas prohibidas específicas que se investigan “están en estudio”, según la entidad.

En cuanto al plazo, la Dirección General de Mercados indicó que “el tiempo dependerá de si se lleva a cabo o no la apertura de un procedimiento administrativo”. No hay una certeza definitiva sobre la apertura del proceso de sanción; todas las posibilidades permanecen abiertas.

José Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty, señaló: “La Superintendencia, en el marco de sus competencias y funciones, analiza ordinariamente casos de diversos operadores, para validar que todas las actuaciones en el mercado se den correctamente. Muchas veces, tal estudio confirma la inexistencia de irregularidad alguna. Confiamos que cualquier valoración se hará con objetividad y pleno respeto al debido proceso”.

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