Desde 2009, el hombre ha estado sentado en la Sala Constitucional, observando cómo los gobiernos cambian, los escándalos se renuevan y los costarricenses siguen creyendo que el sistema judicial es un templo de pureza.
Dieciséis años después, el magistrado decide que todavía no ha sido suficiente. Que la Constitución, esa que juró defender, también incluye el derecho sagrado a no soltar la silla ni con agua bendita.

Y lo hace con solemnidad. Con un informe de once páginas donde se celebra a sí mismo por haber trabajado sin sanciones (¡faltaba más!). Porque en Costa Rica, no haber sido sancionado ya se considera una proeza digna de busto en mármol.
Mientras tanto, el país se hunde entre resoluciones que tardan años y ciudadanos que creen que “Sala IV” es el nombre de una película de suspenso, no del tribunal más poderoso del país.

Pero ahí está él: firme, disciplinado, un ejemplo de estabilidad… y de permanencia.
Porque, claro, ¿para qué abrir paso a nuevas mentes si el viejo manual del poder funciona tan bien?

La excusa es siempre la misma: la experiencia, la continuidad, el compromiso con la justicia.
Pero hay una palabra que nunca mencionan: apego. Ese virus que convierte el servicio público en propiedad privada.
Un virus que ya ha contagiado demasiados escritorios de mármol, y que hace que cada reelección parezca una renovación… del mismo desgaste.

El magistrado Castillo ha servido en los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Un currículum admirable, sin duda. Pero también una metáfora perfecta de ese círculo vicioso donde los mismos nombres orbitan el poder como satélites eternos, mientras el país envejece esperando aire fresco.
Parece que en Costa Rica la separación de poderes es solo un mito: aquí los poderes se separan… pero las sillas no.

Y ahora, con 66 años, el magistrado pide su tercer periodo.
Porque claro, cuando uno lleva tanto tiempo en el poder, empieza a creer que la Constitución también lo eligió a uno.
Los próceres de 1949 deben estar retorciéndose en sus tumbas viendo cómo la “república de leyes” se volvió una república de currículos vitalicios.

Hay que reconocerle algo a don Fernando: no todos logran convertir la rendición de cuentas en una oda a sí mismos.
Su informe es casi poético: miles de expedientes, programas, capacitaciones… todo muy bonito.
Solo le faltó incluir el capítulo final: “Cómo aferrarse al cargo sin parecerlo (edición Sala IV)”.

Y mientras la Asamblea Legislativa finge deliberar, el pueblo ni se entera de que la democracia se está llenando de arrugas.
Nos venden la estabilidad institucional, pero lo que tenemos es una gerontocracia con toga, donde el cambio se considera peligroso y la permanencia, una virtud.

Don Fernando, nadie duda de su conocimiento jurídico.
Pero la Constitución, esa que tanto cita, no fue escrita para fabricar guardianes perpetuos, sino para evitar justamente eso: que alguien confunda la toga con un título de propiedad.

Costa Rica necesita magistrados, no monumentos.
Y si la justicia es ciega, esperemos que al menos la Asamblea tenga vista suficiente para notar que la renovación también es un derecho constitucional.

Porque cuando los mismos nombres se eternizan, la democracia no evoluciona: se fosiliza.
Y en ese museo del poder, don Fernando podría perfectamente ser la pieza principal.

✍️ Crítica por Aníbal Newman

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Obando calificó las acusaciones de “graves” y afirmó que cualquier señalamiento que la vincule con actividades delictivas es “absolutamente falso”.

“Rechazo de la manera más enérgica y categórica las acusaciones en mi contra publicadas recientemente por un medio de comunicación. Es absolutamente falso cualquier señalamiento que me vincule con actividades delictivas. Niego rotundamente esas acusaciones“, indicó la legisladora en el comunicado.

Acciones legales por “grave difamación”

La diputada sostuvo que las pruebas presentadas en el reportaje que la menciona son “falsas” y que la narrativa en su contra es “totalmente malintencionada”.

Ante esta situación, Obando informó que se puso en contacto con su equipo legal para “ejercer todas las acciones pertinentes contra las calumnias e injurias” del medio de comunicación.

La legisladora agradeció el apoyo y la confianza recibida por parte de la ciudadanía y aseguró que defenderá su nombre e integridad “con la verdad y con todos los elementos necesarios”.

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