El origen de la disputa se remonta al año 2020, cuando exjerarcas de la SAFI pagaron $70 millones por el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), una propiedad en Puntarenas. El negocio ya es objeto de una investigación judicial por presunto sobreprecio, ya que el inmueble, que no estaba completamente construido, se revaloró posteriormente en solo $34,7 millones.

La batalla legal y la protección de los fondos

La Sugeval determinó que el BCR debe asumir la responsabilidad por el daño causado. La orden, que exige al banco utilizar sus fondos propios para la compensación, fue apelada sin éxito ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Ante la negativa del BCR de acatar la resolución, la entidad acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar una medida cautelar y no realizar el traslado.

El superintendente Tomás Soley expresó a este medio que el banco tiene suficiente información sobre lo que pudo haber ocurrido con la inversión inicial y que el proceso judicial solo prolongará la resolución para los inversionistas afectados. Sugeval, cuya función es proteger a los ahorrantes, rechaza el argumento del BCR de que su orden pone en riesgo fondos públicos. Soley fue enfático al decir que “es imposible echarle el muerto a la Sugeval”, ya que la entidad no administró los recursos en ningún momento.

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Un reciente criterio de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) señala que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) no ha cumplido diligentemente con sus responsabilidades tras la controvertida compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). La crítica de la Sugeval se dirige a los actuales funcionarios de la subsidiaria del BCR, y no a quienes aprobaron la compra en 2020.

La entidad reguladora sostiene que, a pesar de las acciones penales y laborales iniciadas por la SAFI, la empresa ha fallado en determinar el costo financiero vinculado a la adquisición de la propiedad. La Sugeval también advierte que la SAFI continúa cobrando intereses y comisiones a los inversionistas, a pesar de las dudas que persisten sobre la operación.

Conassif respalda a Sugeval y confirma la orden

La posición de la Sugeval recibió el respaldo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a finales de junio de 2025. El Conassif confirmó la orden de la Sugeval a la BCR SAFI, en la que se le exige trasladar $70 millones de fondos propios al fondo de inversión y retirar el Parque Empresarial del Pacífico de su portafolio.

Esta medida se tomó luego de que la Sugeval encontrara que la BCR SAFI pagó $70 millones por una propiedad que posteriormente fue valorada en $34.7 millones. El Conassif señaló que la orden se basa en “elementos objetivos y verificables”, y busca tomar medidas correctivas para proteger a los inversionistas de un perjuicio económico evidente.

BCR SAFI convoca a asamblea para acatar la orden

En respuesta a la resolución, la BCR SAFI ha convocado a una asamblea extraordinaria de inversionistas para el 26 de septiembre de 2025. En esta reunión, la compañía presentará un plan de regularización del fondo, tal como lo ordenó la Sugeval.

El plan, que debe ser acatado por la entidad pública y su subsidiaria, incluye la salida del activo PEP, la reducción de la deuda del fondo mediante los nuevos fondos aportados por la SAFI y el BCR, y la asunción de todos los costos financieros derivados de la compra. Este encuentro busca informar a los inversionistas sobre los pasos a seguir y los plazos estimados para resolver la situación.

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En Argentina, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal ha tomado un nuevo impulso. La Cámara de Diputados aprobó recientemente en comisiones un dictamen que podría reducir la edad de punibilidad a los 14 años. Esta propuesta, que plantea penas de hasta 15 años de prisión, está respaldada por diversos sectores políticos, incluyendo al gobierno actual y partidos de centro y centro-derecha.

Actualmente, la ley penal juvenil argentina establece que los menores de entre 16 y 18 años pueden ser juzgados y condenados penalmente solo si cometen delitos con penas superiores a los dos años de prisión. Hasta cumplir la mayoría de edad, estos jóvenes permanecen en centros especializados, no en cárceles de adultos. Para los menores de 16 años, la ley contempla medidas de privación de libertad bajo un enfoque tutelar, si un juez lo considera necesario.

Cifras y perspectivas sobre la delincuencia juvenil

El debate sobre la edad de imputabilidad no está exento de controversia. Claudia Cesaroni, abogada especializada en criminología y miembro de la red Argentina No Baja (que se opone a la medida), plantea una pregunta central: “¿Qué se hace con los que no son punibles? Siempre va a haber uno, dos o 10 chicos en todo el país que cometan delitos por debajo de esa edad”.

Según las últimas cifras oficiales de 2022, el número de menores detenidos en institutos penales juveniles o con arresto domiciliario era de 4.437. Al compararlo con la población total de adolescentes de 13 a 17 años (más de 3.5 millones), Cesaroni destaca que representan solo el 0.1% de esa franja. Ella argumenta que poner el foco en esta “absoluta minoría” desvía la atención de los cientos de miles de jóvenes a quienes no se les garantizan derechos básicos como la alimentación o la educación.

Argumentos a favor y en contra de la baja de punibilidad

El presidente Javier Milei ha apoyado la medida con la frase “a delito de adulto, pena de adulto”. Sin embargo, no todos los promotores de la baja de edad comparten esta postura. Carla Carrizo, diputada de la Unión Cívica Radical, señala que el texto final de la ley aún se está debatiendo y que el enfoque de su sector apunta a una “justicia restaurativa”. El proyecto que propone bajar la edad a 14 años establece que solo habrá privación de libertad si el delito tiene una pena superior a los 3 años.

Por otro lado, directivos como Natalia Licardi del centro Legarra advierten que las instituciones actuales no están preparadas para esta nueva función y carecen de recursos. “Si hubiese un programa en el que bajás la edad, y esos chicos puedan salir y tener un seguimiento, que puedan reforzar un montón de cosas para darles herramientas para que se defiendan en la vida… Pero lamentablemente estamos carentes de esas situaciones, hay falta de personal, están desbordados”, sostiene Licardi. Ella aboga por una “intervención previa, bien pensada”, antes de recurrir al encierro.

Estudios de Unicef y del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Universidad Tres de Febrero) respaldan esta visión, indicando que la privación de libertad es “perjudicial para la salud física, mental y emocional y el curso de vida de los niños y adolescentes”. La privación de libertad, como medida habitual, puede favorecer la reincidencia y socializar la violencia. Investigaciones han concluido que quienes reciben su primera condena a más temprana edad tienden a tener carreras delictivas más largas.

Cesaroni enfatiza que para muchos de estos jóvenes, el delito no es central en sus vidas, sino “algo tangencial”. Argumenta que “si el sistema penal ya los capta de tan chicos, los etiqueta con un cartel de delincuentes, el delincuente del barrio”. Para ella, el abordaje debe ser diferente: trabajar en reponer los derechos no garantizados y ayudarles a comprender sus acciones, sin estigmatizarlos desde edades tempranas.

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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en su sesión 1945-2025 de este viernes, ha dado luz verde a un mecanismo de resolución que permitirá a una gran parte de los ahorrantes de la financiera Desyfin recuperar sus fondos. Tras recibir la recomendación de la Administración de la Resolución de Desyfin, el Conassif aprobó que 2.989 personas —equivalente al 74% de los ahorrantes— recibirán el 100% de sus recursos, cubriendo depósitos garantizados de hasta ¢6 millones.

Para el 26% restante de los depositantes, que suman 1.031 personas con ahorros superiores a los ¢6 millones, se les devolverá el 48.97% de sus depósitos sobre el exceso, calculando este monto conforme a la fecha de vencimiento de sus ahorros.

El Conassif comunicó que se están finalizando los detalles operativos para proceder con estas devoluciones “en el menor tiempo posible”. El procedimiento exacto y la fecha de inicio se anunciarán oficialmente en una conferencia de prensa durante las próximas semanas.

Estrategia de Recuperación sin el Fondo de Garantía de Depósitos

Una particularidad destacable de este mecanismo es que evitará el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Esta decisión se fundamenta en el principio de “menor costo”, tal como lo establecen los artículos 24 y 37 de la Ley 9816. La devolución a los depositantes se realizará de manera directa, utilizando exclusivamente los recursos disponibles de la propia financiera.

La entidad supervisora explicó que estos recursos han sido “gestionados exitosamente durante el proceso de resolución”, lo que ha permitido obtener un resultado favorable para los ahorrantes. La capacidad de realizar una devolución directa de dinero se debe a una activa gestión de cobro de la cartera crediticia de Desyfin y a una planificación estratégica en la inversión de instrumentos financieros por parte de la Administración de la Resolución.

Como resultado de esta gestión, Desyfin pudo disponer de inversiones por un total de ¢63.839 millones al cierre de mayo de 2025, destinados a la devolución de ahorros. Además, el mecanismo permite reservar otros recursos para cubrir derechos laborales y créditos privilegiados.

Descarte de Opción de “Banco Bueno” y Futuras Devoluciones

El Conassif también informó que se descartó la opción de transferir activos y pasivos hacia otra entidad financiera, conocida como la estrategia del “banco bueno”. Esto se debió a que la única oferta recibida presentó “elementos técnicos y legales que no estaban alineados con los objetivos del proceso de resolución”.

De forma paralela a esta devolución inicial, la Administración de la Resolución de Desyfin avanza en negociaciones para la venta directa de cartera crediticia y bienes. El objetivo de estas gestiones es realizar posibles devoluciones adicionales a los ahorrantes antes de que inicie el proceso concursal, el cual está previsto para, a más tardar, el 9 de octubre del presente año.

Finalmente, las autoridades emitieron una advertencia importante a la población: mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude. Se recomienda no compartir información sensible como contraseñas, números de cuenta o cédula por teléfono, correo electrónico o mensajes, ya que Desyfin y el Conassif solo comunicarán información oficial a través de los canales establecidos y la conferencia de prensa.

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