La declaración de Bulgarelli es parte de un criterio de oportunidad con el que el Ministerio Público suspendió la persecución penal en su contra por presunto favorecimiento real. A cambio, el publicista debe colaborar en el caso 25-000019-033-PE, que busca levantar la inmunidad del presidente y de su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.

Villalobos afirmó que la fiscalía acusa a Chaves de supuestamente haber presionado a Bulgarelli para que le diera una suma de dinero a su asesor, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, el abogado leyó una parte de la declaración de Bulgarelli donde este señala que la supuesta exigencia ocurrió después de que ya había recibido el pago total del contrato.

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#ACRNOTICIAS Abogado de presidente Rodrigo Chaves sigue desmantelando la acusación de Carlo Díaz y a la vez expone algunas mentiras. . . . . . #RodrigoChaves #JoseMiguelVillalobos #acrnoticiascostarica #CarloDiaz

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Contradicciones y la decisión de mantener la inmunidad

Según el abogado, este detalle es crucial, ya que contradice la idea de que la supuesta amenaza ocurrió para que Bulgarelli recibiera el contrato. “Si ya le habían girado el dinero, ¿dónde estaba la amenaza o presión?”, cuestionó Villalobos, asegurando que la acusación de concusión “se cae”.

El defensor del mandatario también abordó la decisión de Chaves de no renunciar a su fuero. Villalobos defendió esta postura, argumentando que la inmunidad existe como un instrumento constitucional y que es tan legítimo mantenerla como renunciar a ella, en contraste con la decisión de Jorge Rodríguez de renunciar a su fuero.

El letrado pidió a la Asamblea Legislativa que analice a fondo el testimonio de Bulgarelli, el cual, según él, no es consistente. La comisión legislativa encargada del caso ha ampliado su plazo hasta el 8 de septiembre para emitir una recomendación al Plenario, donde se requerirán 38 votos para despojar al presidente de su fuero.

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El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, ha instado a los diputados de su bancada y al resto de legisladores a actuar con responsabilidad y apego a criterios técnicos. Esta solicitud surge tras la petición de la Corte Plena al Congreso para que analice el levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chaves, en el marco de una investigación por un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Hidalgo expresó su posición a través de sus redes sociales, señalando la gravedad de los hechos imputados al presidente. “Los hechos por los que la Fiscalía acusa al presidente Chaves son graves. Creo que, como cualquier costarricense, el Presidente debe responder por sus actuaciones, pero también debe respetársele plenamente su derecho a defenderse y al debido proceso”, indicó.

El socialcristiano añadió que ha comunicado al jefe de fracción de su partido, Alejandro Pacheco, la importancia de respetar estos derechos y la necesidad de “ajustarse estrictamente a los criterios técnicos del procedimiento y reglamento legislativo”.

Detalles de la Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General investiga una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría entregado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido también como ‘Choreco’.

Bulgarelli fue la persona a la que se le adjudicó un contrato con el BCIE. Dicho contrato tenía como propósito una labor de comunicación para Casa Presidencial.

Según las declaraciones del fiscal general Carlo Díaz, la dádiva ascendería a $32 mil, destinados presuntamente a la compra de una vivienda. La tesis de la Fiscalía es que Bulgarelli fue “obligado o inducido” a realizar este pago a Cruz, quien es también amigo personal del presidente Chaves. Este pago se habría dado como resultado de la contratación con el BCIE, derivada de un “contrato marco de prestación de servicios de consultoría”.

A ‘Choreco’ se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE. Al presidente Chaves, por su parte, se le acusa del delito de concusión. Este delito se define como la acción de obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial.

La decisión del Congreso sobre el levantamiento del fuero presidencial será crucial para el avance de esta investigación.

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