Quirós se refirió a la explicación previa del jurista Andrei Cambronero sobre un caso de 1995, y resaltó que la diferencia de criterios se debe a la ruptura del equilibrio legal que existió por 57 años.

La beligerancia política y el sistema de 1952-2009

El análisis explica que entre 1952 y 2009, el Código Electoral reguló la beligerancia política bajo un diseño coherente:

1. Prohibición Expresa: La conducta estaba prohibida por el artículo 88.
2. Sanción Penal: La violación era tipificada con una sanción penal de inhabilitación (artículo 152 y posteriores).
3. Competencia Judicial: La autoridad competente para imponer la sanción era de los tribunales penales, siguiendo la ruta del artículo 121.9 de la Constitución para funcionarios con inmunidad.

Quirós asegura que este modelo era compatible con la Constitución y cumplía con el estándar de la Convención Americana.

Crítica a la Sentencia 38-96 del TSE

El analista cuestiona el uso de la Sentencia 38-96 por parte del TSE como fundamento de su actuación. Quirós afirma que esta resolución no tiene ninguna relación con la beligerancia política.

Según el análisis, en 1996 la beligerancia era un delito, por lo que el TSE no podía “asumir” una competencia que la ley asignaba a otro Poder del Estado. La sentencia trataba sobre un vacío legal distinto (incompatibilidades de diputados).

Quirós puntualiza que, meses después de ese fallo, la Asamblea Legislativa reformó el Código Electoral y reafirmó que la sanción por beligerancia era penal y la competencia correspondía a los tribunales.

El “Paciente Cero”: La reforma de 2009

El analista ubica el origen del conflicto actual en la reforma legislativa de 2009, la cual despenalizó la beligerancia y la convirtió en un ilícito electoral-administrativo.

Esta reforma generó, según Quirós, dos conflictos cruciales con la Constitución:

1. Conflicto con la Inmunidad (Art. 121.9): Al no ser una falta penal, el artículo 270 del nuevo Código pide a la Asamblea levantar la inmunidad para una falta que ya no es competencia exclusiva de la “formación de causa penal”.
2. Conflicto con la Competencia del TSE (Art. 102.5): La ley otorga al TSE una potestad de sancionar que la Constitución limita a “dar cuenta a la Asamblea Legislativa” en estos casos específicos.

Quirós concluye que la solución no es forzar la Constitución, sino reformar la ley para que vuelva a respetar los límites constitucionales.

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El pronunciamiento se centra en la jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico costarricense, señalando que la Constitución Política prevalece sobre las leyes y reglamentos. Vargas solicitó a los magistrados del TSE “recapacitar” para evitar un precedente que considera riesgoso para la democracia.

La Constitución: “Formación de Causa Penal, ninguna otra”

El diputado subrayó que el mecanismo para levantar el fuero presidencial está limitado por el texto constitucional.

• Artículo 151 (Inmunidad Presidencial): El diputado citó la norma que indica que el presidente solo podrá ser perseguido o juzgado después de que la Asamblea Legislativa haya declarado “haber lugar a formación de causa penal, ninguna otra”.
• Artículo 121 (Asamblea Legislativa): Mencionó los incisos 9 y 10 que establecen el mecanismo para la remoción de fuero a miembros de los supremos poderes únicamente en el marco de delitos comunes.

Vargas afirmó categóricamente que la beligerancia política “no está tipificada como delito en nuestro ordenamiento jurídico” y, por lo tanto, no cumple con el requisito constitucional para iniciar el proceso de desafuero.

Límite al TSE: Solo potestad de “informar”

El pronunciamiento plantea un conflicto directo entre la potestad que el TSE se arroga mediante el Código Electoral y lo que establece la Constitución.

El diputado hizo referencia al inciso 5) del artículo 102 de la Constitución, que circunscribe la potestad del TSE exclusivamente a la posibilidad de presentar un informe a la Asamblea Legislativa ante denuncias de beligerancia presentadas por partidos políticos.

Vargas denunció que el uso de este “ilícito, no delito” podría usarse para “finalmente y sin fundamento, y muy probablemente, destituir al Señor Presidente”.

Finalmente, el diputado advirtió que abrir esta “puerta” sentaría un precedente peligroso para que futuros magistrados puedan “quitarse de enmedio miembros de los supremos poderes que les incomoden”.

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La consulta se enmarca en el expediente legislativo N.° 25.230, generado por la solicitud del TSE al Congreso para remoción del fuero presidencial por presuntos actos de beligerancia política.

El debate entre la Constitución y el Código Electoral

El documento, fechado el 9 de octubre de 2025, plantea que, si bien el TSE sostiene que el artículo 270 del Código Electoral le otorga la competencia para actuar como juez electoral y definir sanciones (pérdida de credencial o inhabilitación) por casos de beligerancia, existe una aparente limitación expresa en la Constitución Política.

Cisneros alega que el inciso 5) del artículo 102 constitucional indica que al TSE solo le compete informar a la Asamblea Legislativa.

El texto señala que la Asamblea Legislativa “no tiene, ni constitucional ni reglamentariamente, dispuesto procedimiento alguno para levantamiento del fuero del Presidente sino es por casos de delitos comunes”. La diputada concluye que esta norma se constituye en un límite expreso a la actuación del TSE.

Las preguntas centrales de la diputada

La consulta formula varias preguntas específicas que buscan clarificar las normas de rango constitucional que legitiman la actuación del TSE y la competencia del Congreso en este proceso.

Entre las interrogantes planteadas, se encuentran:

• ¿Cuál es la norma constitucional que dispone y legitima la competencia del Tribunal para solicitar el levantamiento del fuero al Presidente por presuntos actos de beligerancia?
• ¿Puede el TSE vía interpretación de norma expresa constitucional (art. 102 inc. 5) arrogarse competencias de relación entre poderes, con sustento únicamente en una norma de rango legal (el Código Electoral) que excede lo constitucionalmente dispuesto?
• ¿Cuál es la norma competencial concreta y específica de rango constitucional que faculta a la Asamblea Legislativa para abrir un procedimiento de remoción de fuero contra el presidente de la República en casos que no constituyan la comisión de un delito?
• ¿La beligerancia jurídica es considerada un delito o una falta electoral por el TSE?

Finalmente, Cisneros solicitó al Tribunal indicar cuántos expresidentes y diputados fueron investigados por beligerancia en los últimos 20 años y cuáles fueron las sanciones interpuestas.

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El discurso de campaña de la candidata presidencial Natalia Díaz resuena con un sector de la población frustrado por la burocracia, los impuestos y la complejidad de emprender en Costa Rica. Su mensaje, directo y empático, afirma que “el que quiere trabajar tiene que sobrevivir al Estado” y que, desde la presidencia, se puede “quitar el Estado de encima”. A primera vista, la propuesta parece una solución simple y efectiva. Sin embargo, un examen profundo de estas declaraciones revela que estamos ante un discurso políticamente efectivo que, al ser contrastado con la realidad del sistema costarricense, carece de un plan de acción viable para el emprendedor costarricense.

El objetivo de este análisis es ofrecer al ciudadano los argumentos sólidos necesarios para que pueda juzgar esta propuesta más allá del sentimiento que evoca en muchos costarricenses que quieren avanzar.

Propuesta vacía.

La candidata comienza su mensaje con un punto innegable: las trabas para emprender son una realidad en Costa Rica. Su referencia a la posición del país en índices globales de emprendimiento valida la queja de miles de pequeños y medianos empresarios. Es un hecho que la burocracia es lenta, los impuestos son complejos y el acceso al financiamiento es a menudo una odisea.

El problema reside en que, tras identificar el dolor de la ciudadanía, la candidata promete una solución que no se puede aplicar con la facilidad que sugiere. Su afirmación de que “desde la presidencia, se puede, sin excusas” ignora el pilar fundamental de nuestra democracia: la separación de poderes. Un presidente no es un monarca con el poder de cambiar leyes con un simple decreto.

El sistema costarricense, regido por la Constitución Política de 1949, distribuye el poder en tres ramas. El Poder Ejecutivo, que ella aspiraría a liderar, tiene la función de administrar el país y proponer leyes, no de aprobarlas. Esta labor recae en el Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa, donde se requiere de un proceso de debate y aprobación. Ignorar esta realidad es no comprender la base misma de la gobernabilidad democrática o, lo que es más probable, subestimar la inteligencia del electorado.

Las promesas de la candidata, al ser analizadas bajo la luz de las leyes y la realidad política, se desmoronan por su falta de sustento.

Burocracia y Trámites: Un Laberinto Legal

La burocracia no es un enemigo sin rostro que una orden presidencial pueda derrotar. Cada trámite, permiso y requisito está amparado en una o varias leyes y reglamentos que han sido creados y aprobados a lo largo de décadas. Simplificar estos procesos requeriría la derogación o modificación de un sinnúmero de normas en entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y las municipalidades. Un presidente no puede simplemente dictar estos cambios; debe negociarlos con cada institución y, en muchos casos, con los diputados del Congreso. Prometer un “camino sin trabas” sin un plan claro para estas reformas es una afirmación vacía.

Impuestos justos.

La promesa de “impuestos justos” es, por naturaleza, subjetiva y políticamente peligrosa. ¿Se refiere a bajar los impuestos? ¿A simplificar el sistema de declaración? ¿A eliminar ciertos tributos? Cualquier cambio en el sistema fiscal de Costa Rica, desde la reducción de tasas hasta la introducción de nuevas exenciones, debe ser formalizado en una ley de la República. Esto implica un complejo y a menudo conflictivo proceso de negociación con las fracciones políticas en el Congreso. Un presidente que carece de una mayoría legislativa o de la habilidad para negociar se encontraría con sus manos atadas.

El video de la candidata es un manual de marketing político. El Marketing al desnudo, la seducción del discurso simple. Se enfoca en un problema real y presenta una solución que es más una emoción que un plan. Es un ejemplo de populismo pragmático, donde el político se presenta como un “outsider” que entiende a la gente común y que, con su “voluntad”, puede superar cualquier obstáculo. Su afirmación de “yo vengo de ahí, he sido emprendedora” es un recurso retórico para generar confianza, pero la administración de un país es infinitamente más compleja que la de un negocio.

La propuesta de la candidata se basa en la idea de que un solo líder, con la suficiente determinación, puede vencer la inercia del Estado. Esta narrativa es peligrosa porque desvía la atención del verdadero problema: la necesidad de construir consensos políticos, de negociar con la oposición y de respetar el funcionamiento del sistema democrático.

La propuesta de Natalia Díaz es un reflejo de lo que el electorado desea escuchar, pero carece de un plan de acción viable. Es un mensaje que se vende como una solución, pero que, al ser analizado a fondo, se revela como un mero eslogan de campaña. La ciudadanía, para tomar una decisión informada, debe exigir más que promesas. Debemos demandar que los candidatos expliquen, con lujo de detalle y con base en la realidad de las leyes, cómo pretenden lograr lo que prometen. Los costarricenses han abierto los ojos y ahora quieren más, que propuestas y promesas de un candidato sin decir el como van a lograrlo.

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