Por Redacción MUNDO ACR

Un podcast financiado con recursos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) terminó bajo revisión ante la Contraloría General de la República y volvió a poner sobre la mesa una discusión más amplia dentro del ambiente universitario, cómo se manejan fondos estudiantiles y qué controles existen sobre contrataciones y proyectos financiados con dinero público.

El caso gira alrededor del podcast “La vara está así”, un espacio enfocado en temas sociales, políticos y educativos, del cual actualmente aparecen publicados cuatro episodios en el canal oficial de la FEUNA.

La denuncia presentada ante la Contraloría cuestiona el procedimiento utilizado para contratar el proyecto, los pagos realizados y la forma en que se aprobó el financiamiento.

Según la documentación aportada, el productor Daniel Jiménez recibió pagos por ₡2,45 millones mediante facturas electrónicas emitidas a nombre de la Universidad Nacional.

Meses después también apareció una propuesta de ajuste económico donde se planteaba elevar el costo total del proyecto a más de ₡5 millones con IVA incluido.

Dentro de la información incluida en la denuncia aparecen además conversaciones internas donde miembros del directorio estudiantil discutían dudas relacionadas con el procedimiento utilizado para financiar el podcast y la ausencia de un concurso formal.

En esos intercambios también se menciona que el proyecto habría sido tramitado mediante un procedimiento extraordinario debido a limitaciones de tiempo.

Sin embargo, hasta este momento no existe una resolución oficial que determine irregularidades administrativas, malversación o actos de corrupción relacionados con el caso.

La FEUNA respondió, mediante la Oficina de Prensa de la Universidad Nacional, que la contratación fue realizada durante la administración anterior y aseguró que el actual directorio decidió no continuar financiando el proyecto.

Además, la organización rechazó que investigaciones preliminares o denuncias en trámite sean presentadas como hechos ya comprobados y afirmó que colaborará con las instancias correspondientes mientras avanzan las revisiones del caso.

Más allá del podcast, el caso empieza a abrir una discusión más profunda dentro del ámbito universitario, cómo se administran recursos públicos dentro de organizaciones estudiantiles, qué tan sólidos son los mecanismos internos de supervisión y hasta dónde debe fortalecerse la transparencia cuando se manejan fondos que representan a miles de estudiantes.

Porque el tema ya no gira únicamente alrededor de un proyecto audiovisual o de una denuncia en trámite, sino también sobre la confianza que existe en las estructuras que administran recursos públicos y representan a comunidades estudiantiles dentro de las universidades estatales.

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El Partido Liberación Nacional (PLN) se alista para definir a sus candidatos a diputados este sábado 13 de septiembre. La selección, que tendrá lugar en una Asamblea Nacional, ha delineado una lista de figuras prominentes, con el exalcalde de Siquirres, Mangell McLean, en el primer lugar por la provincia de Limón. A pesar de su posición destacada, la trayectoria de McLean se encuentra ensombrecida por un historial de controversias que han motivado investigaciones legales y escrutinio público.

Irregularidades presupuestarias por ¢1.387 Millones

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que Mangell McLean, en su rol como alcalde de Siquirres, autorizó ilegalmente modificaciones presupuestarias por un total de ¢1.387,42 millones durante los ejercicios económicos de 2020, 2021 y 2022. La CGR determinó que estas acciones contravienen el artículo 109 del Código Municipal, el cual otorga la potestad exclusiva de aprobación presupuestaria al Concejo Municipal.

• En 2021, McLean autorizó ajustes por ¢540 millones, representando el 58% de las modificaciones de ese año, superando los ¢390 millones aprobados por el Concejo.
• En 2020, el alcalde aprobó 11 de 16 modificaciones, sumando ¢694,2 millones.
• McLean admitió a La Nación haber realizado estos cambios, justificándolos como un “error de interpretación” de un reglamento interno municipal. La CGR, sin embargo, reiteró que ningún reglamento local puede prevalecer sobre el Código Municipal.

Acusaciones de Enriquecimiento Ilícito

A esta situación se suman las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Según una investigación, McLean y su vicealcaldesa, Sara Méndez Morales, habrían cobrado compensaciones salariales de manera presuntamente ilegal. Ambos, educadores de profesión, recibieron pagos por prohibición para ejercer profesiones liberales, a pesar de que la Procuraduría General de la República ha reiterado que la docencia no califica como tal.

Los cálculos indican que McLean habría recibido un sobresueldo de ¢19 millones, lo que elevó su salario mensual a ¢4.888.000. El caso ha sido denunciado ante múltiples instancias, incluyendo la Fiscalía General, donde se investigan los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricato.

Vínculos con el Caso “Diamante”

El nombre de McLean también aparece en el expediente judicial del caso “Diamante”, una investigación sobre corrupción en obra pública. El Ministerio Público y el OIJ lo señalan por supuestamente negociar dádivas con la Constructora MECO a cambio de favorecer a la empresa en una licitación de ¢968 millones. Una llamada telefónica interceptada el 2 de abril de 2020 hace referencia a la entrega de “un melón” (un millón de colones) al funcionario.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto, McLean negó conocer a los funcionarios de MECO y se negó a comentar sobre las transcripciones telefónicas que lo vinculan con la constructora. La diputada Sofía Guillén destacó en esa misma sesión cómo la concentración de contratos de obra pública en Siquirres se incrementó a favor de MECO, alcanzando el 100% en 2020.

Las múltiples acusaciones de gestión irregular y presunta corrupción plantean un panorama de intensa polémica en torno a la candidatura de Mangell McLean, justo en el momento en que el PLN define a sus representantes para la próxima legislatura.

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Derecho de respuesta. Objeciones no frenan ni posponen licitación para la implementación estratégica de red 5G

Con relación a la publicación de ACR Noticias titulado “Frenazo al 5G: Contraloría ordena al ICE modificar la licitación tras aceptar recursos de 4 empresas”, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aclara que:

• El título de la publicación es tendencioso y puede inducir a error, al sugerir que la licitación 5G está detenida. En realidad, la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) no detiene ni frena el proceso, sino que acoge parcialmente algunos recursos, generando ajustes administrativos y técnicos propios de cualquier procedimiento de contratación pública.
• Las objeciones que pretendían cuestionar los aspectos esenciales del proceso fueron rechazadas por infundadas, garantizando la continuidad del procedimiento y la validez del cartel licitatorio.

Estos ajustes fortalecen la licitación, reafirman los principios de transparencia, igualdad y legalidad, y permiten que la implementación de la red 5G en Costa Rica avance de manera ordenada y eficiente.

• El ICE reitera su compromiso con consolidar a Costa Rica como un país líder en telecomunicaciones, asegurando conectividad, innovación y acceso universal a servicios de alta calidad para todas las personas y empresas del país.

El ICE y Kölbi avanzan con paso firme en la implementación de la red 5G, asegurando transparencia, competencia y eficiencia. Las observaciones recibidas fortalecen el proceso, y la licitación continúa garantizando innovación y conectividad de calidad para todo el país.

Atentamente,

División Desarrollo y Construcción de la Red Gerencia de Telecomunicaciones Instituto Costarricense de Electricidad, ICE

Adolfo Arias Echandi Jefe de División

En ACR Noticias nuestra pasión es el periodismo con integridad. Creemos firmemente que la verdad y la transparencia son la base de la confianza. Publicar este derecho de respuesta no es una obligación, es nuestra forma de demostrar nuestro compromiso con nuestra audiencia y de buscar buenas relaciones con las instituciones, fortaleciendo la transparencia de las mismas. Agradecemos la atención y nos mantenemos firmes en nuestra labor de informar a Costa Rica con responsabilidad.

Atentamente,

Cattaleya Mendieta, CEO ACR Medios

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El informe de auditoría detalla “múltiples fallos significativos” en la planificación, el uso de recursos y el control interno del CCDRA. La CGR concluye que la gestión del Comité no cumple con los criterios del marco normativo y técnico aplicable, operando sin una “ruta clara” y con “debilidades estructurales”.

Falta de Planificación y Control en la Gestión del CCDRA

Entre los hallazgos más relevantes presentados por el órgano contralor se destaca la ausencia de planificación estratégica y de controles básicos. El Comité no posee un plan institucional ni un diagnóstico que le permita identificar y atender de forma efectiva las necesidades reales del cantón en materia deportiva y recreativa.

Las deficiencias también se extienden a la administración de los espacios deportivos. El CCDRA no ha formalizado convenios de cesión con la Municipalidad sobre las instalaciones que gestiona. Además, carece de planes de mantenimiento y de medidas de seguridad adecuadas. Se verificó que muchas de estas instalaciones se encuentran en deterioro y presentan condiciones inseguras para su uso.

Anomalías en Donaciones y Uso de Recursos Públicos

El informe de la Contraloría también puso en evidencia irregularidades en el manejo de donaciones. En 2023 y 2024, se realizaron 35 donaciones. Un 65% del monto total otorgado, equivalente a ₡13.6 millones, fue entregado a personas físicas u organizaciones que no están autorizadas como beneficiarias según la normativa vigente.

Adicionalmente, no se ejecutaron acciones para verificar si esos recursos donados fueron utilizados para el fin público pretendido, lo que aumenta la preocupación sobre la correcta aplicación de los fondos.

Disposiciones y Plazos para Corregir las Fallas

Ante estos señalamientos, la Contraloría ha emitido una serie de disposiciones con plazos específicos. Estas directrices están dirigidas a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, al Concejo Municipal y a la alcaldesa de Alajuelita.

Se exige la elaboración de normativa interna, la definición de mecanismos de control, la regularización de la situación jurídica de las instalaciones y la aplicación estricta de la legislación vigente en todas las futuras contrataciones. La CGR advierte que, si no se implementan los correctivos, persistirán los riesgos de un uso ineficiente de los recursos, decisiones discrecionales y una oferta limitada de actividades recreativas en un cantón que requiere una intervención institucional efectiva.

Respuesta de las Autoridades de Alajuelita

Sobre los señalamientos, la Municipalidad de Alajuelita indicó que “la institución no se estará refiriendo al tema” y sugirió contactar directamente al presidente del Comité Cantonal de Deportes.

Por su parte, Modesto Alpízar, presidente del CCDRA, afirmó que las actuales autoridades ya están implementando los cambios. Alpízar explicó que los hallazgos de la Contraloría corresponden a un periodo anterior a su toma de posesión, ocurrida “en los últimos meses de año 2024”.

Sobre la falta de uso de Sicop y las donaciones, Alpízar mencionó que los fondos se entregaron a “grupos del cantón que tienen sus proyectos con niños, niñas y jóvenes que hacen una gran labor como una opción para evitar que tomen malas decisiones”. Respecto a la administración de instalaciones, indicó que se están mejorando los controles y la seguridad, aunque señaló que la implementación de cámaras y dispositivos de control está ligada al presupuesto del Comité.

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