Por Unidad de Análisis Político ACR

Mientras Costa Rica sigue enfrentando homicidios, expansión del narcotráfico y una creciente sensación de inseguridad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, volvió a insistir en que el Poder Judicial necesita más recursos para enfrentar el crimen organizado.

Pero fuera del discurso institucional, también sigue creciendo otra presión cada vez más visible, ciudadanos que sienten que la justicia no está respondiendo al ritmo de la crisis que vive el país.

Aguirre reiteró este lunes la necesidad de que Hacienda libere más de ₡8.688 millones aprobados en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa y destinados al fortalecimiento del OIJ y el Ministerio Público.

Según explicó, esos recursos permitirían financiar 176 plazas para el OIJ y 99 para la Fiscalía, además de alquileres, equipo de transporte y herramientas necesarias para investigaciones relacionadas con crimen organizado, narcotráfico, corrupción y violencia.

El magistrado aseguró que actualmente el Poder Judicial enfrenta un faltante cercano a las 1.200 plazas, incluyendo aproximadamente 200 jueces que, según dijo, hacen falta para responder a la carga de trabajo que enfrenta el sistema judicial.

“El enfrentamiento del crimen organizado requiere de recursos”, afirmó Aguirre, quien además defendió que, pese a las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial “ha venido realizando su función de manera eficiente”.

Las declaraciones llegan en un momento particularmente sensible para el país.

Costa Rica atraviesa una de las etapas más tensas de los últimos años en materia de seguridad, con homicidios que mantienen presión constante sobre policías, fiscales y tribunales, mientras la discusión pública alrededor de la justicia se vuelve cada vez más dura.

Porque el reclamo ciudadano ya no gira únicamente alrededor de más policías o más operativos.

También empieza a tocar la lentitud de muchos procesos judiciales, expedientes que avanzan durante años y una percepción de desgaste institucional que golpea directamente la confianza en el sistema.

Ahí es donde la discusión sobre recursos empieza a chocar con otra realidad mucho más incómoda para el Poder Judicial.

Mientras desde la Corte se insiste en que hacen falta dinero, personal y herramientas para combatir el crimen organizado, una parte de la población sigue preguntándose por qué, aun con la estructura actual del sistema judicial, continúa sintiendo que la respuesta de la justicia no logra ir al mismo ritmo de la violencia que golpea las calles.

El choque ya no se limita únicamente a Hacienda congelando recursos o a la Asamblea Legislativa aprobando partidas.

También empieza a sentirse entre el discurso institucional y el cansancio de una ciudadanía que observa cómo la criminalidad crece mientras la confianza en las instituciones continúa debilitándose.

Aun así, Aguirre sostuvo que las limitaciones presupuestarias afectan directamente la capacidad operativa del Poder Judicial y recordó que las restricciones derivadas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas siguen impidiendo crear nuevas plazas al ritmo que consideran necesario.

La discusión alrededor de seguridad y justicia continúa creciendo en medio de un país donde cada vez más personas no solo esperan capturas o allanamientos.

También esperan sentir que el sistema judicial todavía tiene capacidad real de responder al nivel de violencia, narcotráfico y criminalidad que enfrenta Costa Rica.

En Mundo ACR seguimos explicando las decisiones, tensiones y movimientos que están marcando la seguridad y la justicia en Costa Rica. Porque entender cómo funciona el poder también es parte de exigir respuestas. Para más análisis y noticias, unase también a nuestro canal de WhatsApp.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró que el Poder Judicial está dispuesto a discutir reformas profundas al sistema judicial. Pero dejó clara una condición, que cualquier cambio fortalezca la independencia judicial y no debilite la estructura democrática del país.

Las declaraciones llegan justo antes de su primer encuentro con la presidenta Laura Fernández, en medio de una presión creciente por seguridad, crimen organizado y cuestionamientos sobre cómo está respondiendo actualmente el sistema judicial frente a la violencia que vive Costa Rica.

Aguirre reconoció la necesidad de revisar temas como el Código Procesal Penal, el exceso de recursos judiciales y las reglas de prisión preventiva. Sin embargo, también insistió en que estos cambios no pueden hacerse de forma acelerada ni bajo presión política.

Y ahí es donde empieza uno de los choques más incómodos que vive hoy el país.

Porque mientras desde la Corte se habla de análisis técnico, garantías jurídicas y respeto al debido proceso, afuera crece una ciudadanía que siente que el sistema no está reaccionando con la velocidad que exige la crisis de seguridad.

La molestia no nace únicamente por las reformas. También se mezcla con una percepción cada vez más fuerte sobre criminales que entran y salen de procesos judiciales, el desgaste de la confianza pública y una estructura donde magistrados pueden mantenerse durante años si la Asamblea Legislativa no logra reunir los votos necesarios para removerlos.

En ese escenario, la discusión ya no gira solamente alrededor de leyes o expedientes.

También empieza a tocar algo mucho más sensible.
La distancia que muchos costarricenses sienten entre el lenguaje institucional de la justicia y la realidad que se vive diariamente en las calles.

Aun así, Aguirre rechazó que el Poder Judicial tenga una función política dentro de este debate y defendió que su papel se limita a emitir criterios jurídicos sobre las reformas que impulsen los diputados.

Pero mientras los magistrados hablan de independencia judicial y revisiones pausadas, el país sigue acumulando presión alrededor de una pregunta que cada vez aparece con más fuerza en la conversación nacional.
¿Puede el sistema judicial reformarse al ritmo técnico que defienden las instituciones mientras la inseguridad avanza al ritmo que siente la ciudadanía?

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La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los fundamentos legales que la administración de Donald Trump había utilizado para imponer ciertos aranceles globales.

Poco después, el presidente anunció que el gravamen global subiría hasta el 15 %.

A simple vista parece un choque directo entre la Casa Blanca y el máximo tribunal. Pero el fondo es más complejo.

La sentencia no prohibió todos los aranceles. Lo que hizo fue limitar el uso de una ley específica: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Según la Corte, esa norma no podía servir como base para los gravámenes aplicados.

El presidente del tribunal, John Roberts, recordó que la facultad de imponer impuestos y aranceles corresponde al Congreso, y que cualquier delegación al Ejecutivo debe estar claramente definida.

Tras el fallo, la Casa Blanca no retiró la política comercial. Cambió la vía legal. El nuevo arancel se anunció bajo el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite aplicar gravámenes temporales cuando existan desequilibrios económicos.

La justificación oficial menciona “emergencias nacionales” vinculadas a la seguridad, la política exterior o la economía.

Es decir, el instrumento cambió, pero la estrategia se mantiene.

Especialistas en comercio internacional explican que el Ejecutivo estadounidense todavía dispone de otras herramientas legales para imponer barreras comerciales, aunque cada una tiene límites distintos. Por eso, la discusión no gira solo en torno al monto del arancel, sino al alcance real del poder presidencial en materia comercial.

En la práctica, lo que está en juego no es solo el porcentaje del arancel, sino hasta dónde puede llegar el presidente cuando el Congreso le ha delegado facultades económicas.

Un arancel global del 15 % puede encarecer importaciones, alterar cadenas de suministro y afectar exportaciones de países que dependen del mercado estadounidense.

Para América Latina, donde varias economías mantienen una relación comercial estrecha con Estados Unidos, cualquier ajuste en aranceles puede traducirse en cambios de costos y competitividad.

La Corte dejó claro que el poder de recaudar pertenece al Congreso. El Ejecutivo sostiene que la legislación vigente le permite actuar en determinadas circunstancias.

Lo ocurrido no fue la eliminación de la política arancelaria, sino una redefinición de la base jurídica para sostenerla.

Ese límite institucional, más que el porcentaje anunciado, será lo que determine cómo evolucione esta disputa.

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A pesar de la inexactitud en la temporalidad, el debate de fondo sobre la exigencia de imparcialidad en los nombramientos del TSE sigue siendo un tema de vital importancia para la democracia costarricense. A continuación, contextualizamos lo ocurrido en 2023 y analizamos por qué sus implicaciones perduran.

La Crítica de 2023: Un “Peligro para la Democracia”

En 2023, el entonces jefe de fracción y candidato presidencial por Nueva República, Fabricio Alvarado, expresó su profunda preocupación y oposición al posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo, en ese momento, asesor político del Tribunal, como magistrado suplente del TSE por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La esencia de la crítica de Alvarado se centró en la supuesta falta de imparcialidad de Román, basándose en su militancia ideológica y sus publicaciones en redes sociales.

“El árbitro tiene que ser imparcial. Con gran preocupación me enteré de que [en 2023] los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrían nombrar como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones a nada más y nada menos que Gustavo Román Jacobo”, señaló Alvarado en aquel momento.

Los Argumentos sobre la Falta de Neutralidad

El líder de Nueva República sostuvo que un magistrado del TSE debe ser imparcial y sereno, y nunca mostrar preferencia política o ideológica, algo que, según él, Román no cumplía. Los argumentos específicos de 2023 fueron contundentes:

• Afín al PAC: Alvarado indicó que Román Jacobo ha sido “claramente afín a las ideologías que el PAC aplicó durante sus dos desastrosos gobiernos”.
• Animadversión Política: Manifestó que el funcionario mostraba “clara animadversión, oposición a algunos actores políticos” y que se dedicaba a “tirarle basura a todo aquel cuya ideología él no comparte”.
• Lenguaje Ofensivo: El candidato calificó los comentarios de Román como “llenos muchas veces de odio religioso, llegando a tratar de borregos a quienes escogen una opción política conforme a sus convicciones y valores” y de “imbéciles a quienes manifiestan posturas políticas y de valores con las que no está de acuerdo”.

Para Alvarado, “un tipo que recurre al insulto… no merece la más mínima consideración para ostentar un cargo que requiere de madurez, sensatez, prudencia y neutralidad”.

El Impacto en la Confianza Institucional

La principal advertencia de Fabricio Alvarado en 2023 no solo fue contra la persona, sino sobre el efecto en la institución garante de la democracia costarricense.

El candidato advirtió que nombrar a Román, un asesor político “militante y con color”, “hiere la confianza en un árbitro que se sabe no será imparcial”. Según Alvarado, el TSE es históricamente una de las instituciones de mayor credibilidad, pero que su confianza ha venido disminuyendo, y una designación como la del señor Román “sería acelerar esa caída”.

“Si eso pasa, la democracia muere. Un árbitro tiene que ser imparcial y Román no lo es”, concluyó el legislador en ese momento.

El cuestionamiento que perdura en el tiempo

Aunque el hecho ocurrió en 2023, la controversia sobre el posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo en el TSE sirve como un importante recordatorio de la fragilidad de la confianza en las instituciones.

Independientemente de la persona o el momento político, la preocupación de Fabricio Alvarado en 2023 subraya una regla de oro en la administración de justicia electoral: la percepción pública de la neutralidad es casi tan importante como la neutralidad misma.

Para el costarricense, el TSE debe ser un bastión de imparcialidad. La pregunta que se mantiene en 2025, a la luz de este precedente de hace dos años, es: ¿Están las autoridades de la Corte Plena considerando de forma prioritaria la discreción, la madurez, la sensatez y la prudencia al elegir a los candidatos a magistrados suplentes? La democracia demanda un árbitro en quien la ciudadanía pueda confiar plenamente, sin sombra de color político o ideológico.

Artículo erróneo.

“Agradecemos profundamente a este usuario por señalar nuestro error. En mundoacr.com, no tememos a la crítica ni a la exposición de nuestras equivocaciones. Por ello, mantenemos visible el artículo erróneo y esta evidencia, demostrando que asumimos nuestra responsabilidad y que nuestra única agenda es la transparencia. No dejamos argumentos para el ataque, pues exponemos y afrontamos nuestro error de frente.”

Alvarado critica posible nombramiento de Gustavo Román en TSE.

El candidato presidencial por el partido Nueva República, Fabricio Alvarado, expresó su preocupación y oposición al posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Alvarado afirmó en una declaración que Román Jacobo, quien es asesor político del Tribunal, carece de la imparcialidad requerida para el cargo debido a su supuesta militancia ideológica y sus publicaciones en redes sociales.

Argumentos sobre la falta de imparcialidad

El candidato sostuvo que un magistrado del TSE debe ser imparcial y sereno, y nunca mostrar preferencia política o ideológica en redes sociales o en su vida personal.

Alvarado indicó que Gustavo Román se ha dedicado a “tirarle basura a todo aquel cuya ideología él no comparte” y añadió que ha sido “claramente afín a las ideologías que el PAC aplicó durante sus dos desastrosos gobiernos”.

El líder de Nueva República señaló que Román Jacobo manifiesta “clara animadversión, oposición a algunos actores políticos”. El candidato calificó sus comentarios como “llenos muchas veces de odio religioso, llegando a tratar de borregos a quienes escogen una opción política conforme a sus convicciones y valores” y de “imbéciles a quienes manifiestan posturas políticas y de valores con las que no está de acuerdo”.

Advertencia sobre la confianza institucional

Fabricio Alvarado advirtió que, si bien el Tribunal de Elecciones puede convivir con un asesor político “militante y con color”, nombrarlo magistrado “hiere la confianza en un árbitro que se sabe no será imparcial”.

El candidato instó a los magistrados de la Corte Plena a considerar a otros candidatos “que nunca han mostrado apasionamiento en sus posiciones, sino una sana discreción”, señalando que para el cargo se necesita imparcialidad, madurez, sensatez y prudencia.

Según Alvarado, el TSE es una de las instituciones de mayor credibilidad cuya confianza ha venido disminuyendo. Él aseguró que la designación del señor Román “sería acelerar esa caída”.

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