POR MUNDO ACR | Política explicada sin enredos.

La presidente Laura Fernández salió al paso de los cuestionamientos surgidos tras el nombramiento del empresario Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, más allá de la defensa de una persona específica, sus declaraciones dejaron ver una visión más amplia sobre el rumbo que pretende impulsar en la política exterior costarricense durante su administración.

Fernández aseguró que la mayor parte del servicio diplomático del país continuará en manos de funcionarios de carrera, pero sostuvo que existen determinados cargos donde considera válido recurrir a perfiles externos cuando las circunstancias así lo requieran.

Según explicó, el nombramiento de Marchegiani responde a esa lógica.

La mandataria destacó la experiencia empresarial del nuevo representante y señaló que busca fortalecer la presencia de Costa Rica en temas relacionados con competitividad, energía, inversión, turismo y seguridad internacional.

Durante sus declaraciones, Fernández también manifestó que desea ver una participación más activa del país en asuntos vinculados al desarrollo económico y la generación de oportunidades.

El tema adquiere relevancia porque la representación ante Naciones Unidas suele convertirse en uno de los espacios donde Costa Rica proyecta posiciones sobre asuntos globales que van desde derechos humanos y desarrollo sostenible hasta seguridad, cooperación internacional y comercio.

Por esa razón, los nombramientos diplomáticos suelen generar debate sobre las prioridades que cada gobierno desea impulsar en escenarios internacionales.

Más allá de las opiniones a favor o en contra del nombramiento, la discusión abre una pregunta más amplia sobre el papel que Costa Rica busca desempeñar en organismos multilaterales durante los próximos años.

Las decisiones que se adopten en materia de política exterior no solo influyen en la imagen internacional del país, sino también en su capacidad para atraer inversión, fortalecer relaciones estratégicas y participar en debates que terminan teniendo impacto dentro de sus propias fronteras.

Con el nuevo gobierno apenas iniciando funciones, la representación internacional se convierte en otro de los espacios donde comenzarán a verse las prioridades y el estilo que marcarán la administración de Laura Fernández.

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La seguridad pública se perfila como una de las principales prioridades de la administración de Laura Fernández.

Durante una actividad donde participaron cuerpos policiales de distintas regiones del país, la presidenta dejó claro que pretende involucrarse personalmente en el seguimiento de las estrategias contra el crimen organizado y en la coordinación de acciones entre las diferentes instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

La mandataria aseguró que las reuniones de trabajo con los cuerpos policiales se convertirán en una práctica permanente de su gobierno y explicó que estos espacios permitirán revisar resultados, analizar información operativa y definir objetivos de corto y mediano plazo.

Según Fernández, el comportamiento de la criminalidad varía entre provincias y cantones, por lo que considera necesario tomar decisiones basadas en información específica de cada región.

Uno de los puntos que más destacó fue la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas entidades que participan en la lucha contra el crimen organizado.

Durante sus declaraciones, la presidenta insistió en que la seguridad no depende únicamente de la labor policial y sostuvo que el desafío también involucra al Poder Judicial, al sistema penitenciario y a la Asamblea Legislativa.

Fernández reconoció que Costa Rica enfrenta dificultades para desarticular estructuras criminales de forma definitiva y señaló que, en algunos casos, grupos vinculados al narcotráfico continúan operando pese a que varios de sus integrantes ya se encuentran en prisión.

Por esa razón, adelantó que su administración impulsará nuevas propuestas legales relacionadas con el control de comunicaciones dentro de centros penitenciarios y con herramientas para combatir organizaciones criminales.

La presidenta también planteó la necesidad de revisar procedimientos que, según su criterio, retrasan investigaciones o afectan la respuesta institucional frente a determinados delitos.

Más allá de las propuestas específicas, el mensaje del Gobierno apunta a una idea central: la seguridad no puede ser enfrentada por una sola institución.

La estrategia planteada por la administración busca una participación más activa de policías, jueces, fiscales, autoridades penitenciarias y diputados en la búsqueda de soluciones a uno de los temas que más preocupa a la población costarricense.

La discusión apenas comienza.

En las próximas semanas se conocerán los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo y será entonces cuando empiece el debate sobre cuáles cambios podrían aplicarse, cuáles requerirán acuerdos políticos y cuáles encontrarán resistencia dentro de las diferentes instituciones del Estado.

Mientras tanto, el tema de la seguridad continúa ocupando un lugar central en la agenda nacional y promete convertirse en uno de los principales focos de discusión durante los próximos años.

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POR MUNDO ACR | Costa Rica explicada sin enredos.

Costa Rica se prepara para enfrentar uno de los fenómenos climáticos que históricamente más presión ejerce sobre el agua, la agricultura y la generación eléctrica del país.

El Gobierno declaró alerta verde en decenas de cantones como medida preventiva ante el avance del fenómeno de El Niño, una condición climática que podría traer menos lluvias, temperaturas más altas y efectos que se extenderían durante los próximos meses.

La decisión se tomó a partir de proyecciones técnicas que anticipan un escenario más seco de lo habitual en varias regiones del territorio nacional.

Aunque para muchas personas el tema puede parecer lejano, las consecuencias suelen sentirse en actividades cotidianas. Menos lluvia significa mayor presión sobre las fuentes de agua, desafíos para la producción agropecuaria y una vigilancia más estricta sobre los recursos que dependen de los embalses y ríos del país.

Las zonas con mayores afectaciones esperadas se ubican principalmente en Guanacaste, el Pacífico Central, parte del Valle Central y otras regiones donde tradicionalmente el fenómeno provoca una disminución importante en las precipitaciones.

Uno de los sectores que observa la situación con mayor atención es el agro.

La reducción de lluvias puede afectar cultivos, pasturas y disponibilidad de agua para animales, obligando a muchos productores a prepararse con anticipación para enfrentar posibles periodos prolongados de sequía.

El abastecimiento de agua para consumo humano también entra dentro de los temas que estarán bajo monitoreo constante durante los próximos meses.

Las instituciones encargadas de administrar el recurso hídrico ya realizan seguimientos sobre caudales y disponibilidad de agua en distintas regiones del país con el objetivo de anticipar cualquier eventualidad.

En materia energética, el panorama genera preguntas inevitables para miles de hogares costarricenses.

Sin embargo, las autoridades aseguraron que no prevén interrupciones en el suministro eléctrico pese a la menor disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica.

Según explicaron, el país ha venido acelerando proyectos de generación complementaria y medidas de respaldo para enfrentar un eventual escenario de menor producción proveniente de embalses.

Aun así, las autoridades hicieron un llamado al uso responsable tanto del agua como de la electricidad, recordando que un consumo más eficiente ayuda a reducir la presión sobre los sistemas durante periodos climáticos adversos.

El fenómeno también podría afectar actividades vinculadas al mar, especialmente en zonas donde el aumento de la temperatura del océano altera ecosistemas y condiciones para la pesca artesanal.

Pese al panorama de sequía, los expertos advierten que El Niño no significa ausencia total de lluvias.

De hecho, durante este tipo de eventos pueden registrarse aguaceros intensos en periodos cortos, capaces de generar inundaciones o deslizamientos en determinadas zonas del país.

Por esa razón, las autoridades insisten en que la preparación no debe limitarse únicamente al ahorro de agua, sino también al seguimiento constante de la información oficial y las alertas emitidas por los organismos especializados.

La llegada de El Niño representa un reto que involucra a instituciones, sectores productivos y ciudadanos por igual.

La diferencia entre enfrentar sus efectos con éxito o sufrir mayores consecuencias dependerá, en gran medida, de qué tan preparados estén el país y sus comunidades para los meses que vienen.

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POR MUNDO ACR | Lecturas de poder que explican lo que otros pasan por alto.

Cuando una de las voces estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones sale públicamente a defender la estabilidad de los magistrados electorales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.

También se vuelve institucional, política y ciudadana.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con la reciente columna publicada por Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, quien dedicó varias páginas a defender una idea central, la independencia de los magistrados requiere estabilidad en el cargo y mecanismos que los protejan de las presiones del poder político.

Su planteamiento no es menor.

Tampoco se trata de un asunto técnico reservado para abogados o especialistas en derecho constitucional.

Lo que está en discusión es algo mucho más profundo, quién protege la independencia del árbitro electoral y cuáles son los controles que existen sobre quienes ejercen ese poder.

La tesis de Román

La columna sostiene que un magistrado cuya permanencia dependa del agrado de una mayoría política difícilmente puede actuar con plena independencia.

Por esa razón, Román recurre a ejemplos internacionales, a la Constitución Política, al Código Electoral y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la existencia de garantías reforzadas de estabilidad para los jueces supremos y magistrados electorales.

Su razonamiento es sencillo.

Si un juez teme perder el cargo por una resolución incómoda, corre el riesgo de dejar de decidir conforme al Derecho y empezar a decidir conforme a los intereses de quienes tienen el poder para removerlo.

Pocas democracias modernas discutirían seriamente ese principio.

La independencia judicial y electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Sin árbitros independientes, las instituciones terminan expuestas a las presiones de los gobiernos, los partidos políticos o las mayorías circunstanciales.

Sin embargo, la propia fuerza del argumento abre una pregunta que merece atención.

Cuando el árbitro habla

La columna resulta especialmente llamativa porque no fue escrita por un académico observando la realidad desde afuera.

Tampoco por un comentarista político.

Fue escrita por uno de los funcionarios estratégicos de la institución encargada de arbitrar los procesos electorales del país.

Y ese detalle importa.

Porque los artículos de opinión rara vez aparecen en el vacío.

Normalmente responden a una preocupación, a una tensión o a una discusión que el autor considera relevante.

En este caso, Román no solo explica por qué considera legítimo el modelo actual de estabilidad para los magistrados electorales.

También responde, aunque sea de manera indirecta, a quienes consideran que esos mecanismos deberían revisarse o interpretarse de forma distinta.

La señal más evidente aparece cuando advierte sobre quienes tendrían “muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político”.

A partir de ese momento, la columna deja de ser únicamente una explicación jurídica.

Se convierte también en una defensa institucional.

Y precisamente por eso genera preguntas que van más allá del debate legal.

La otra mitad de la conversación

Román dedica gran parte de su texto a explicar cómo proteger a los magistrados del poder político.

Pero dedica mucho menos espacio a otra inquietud que también existe en cualquier democracia moderna.

¿Cómo se fortalece la confianza ciudadana en quienes ejercen tanto poder institucional?

El ciudadano común no elige magistrados electorales.

No participa directamente en su nombramiento.

No decide sobre su permanencia.

No tiene mecanismos equivalentes a los que existen en los procesos electorales para premiar o castigar decisiones.

Y aun así, las resoluciones de esos órganos pueden influir sobre procesos políticos, derechos fundamentales y controversias nacionales de enorme trascendencia.

Por eso la confianza pública se vuelve tan importante como la independencia.

No porque una sustituya a la otra.

Sino porque ambas se necesitan mutuamente.

La independencia protege al árbitro de los políticos.

La confianza protege la legitimidad del árbitro ante los ciudadanos.

Una pregunta legítima

Nada de esto significa que los magistrados deban quedar expuestos a las presiones partidarias.

Tampoco significa que las mayorías políticas deban tener la capacidad de remover jueces o árbitros electorales según las conveniencias del momento.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de por qué ese camino puede terminar debilitando la democracia.

Pero la estabilidad de quienes ejercen ese poder tampoco elimina las preguntas sobre confianza, legitimidad y rendición de cuentas.

Porque una institución puede ser jurídicamente independiente y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos ciudadanos.

Puede estar protegida de los políticos y aun así verse obligada a fortalecer su legitimidad pública.

Puede gozar de amplias garantías constitucionales y seguir enfrentando preguntas legítimas de una sociedad que exige cada vez más transparencia.

Y esas preguntas no desaparecen por el simple hecho de invocar la independencia institucional.

La conversación pendiente

La discusión de fondo no parece ser si los magistrados deben ser independientes.

Pocas democracias serias cuestionarían ese principio.

La discusión pendiente parece otra.

Cómo garantizar que instituciones diseñadas para estar protegidas de las presiones políticas mantengan también la confianza de quienes les entregan esa autoridad.

Porque una democracia necesita árbitros independientes.

Eso difícilmente está en discusión.

Lo que sigue abierto es cómo fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública alrededor de esos árbitros.

Y ahí es donde la conversación apenas comienza.

Porque cuando una voz del propio sistema sale a defender la independencia de quienes ejercen ese poder, inevitablemente surge una pregunta que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar.

¿Quién vigila al árbitro?

En MUNDO ACR no solo contamos lo que ocurre. También analizamos las preguntas que quedan abiertas cuando terminan los discursos.

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