POR MUNDO ACR | Los números también necesitan contexto.

Costa Rica aparece en el primer lugar de Centroamérica en una nueva evaluación sobre comercio ilícito.

El dato suena positivo, pero el resto del informe obliga a mirarlo con más cuidado.

El país obtuvo 51,2 puntos en el Índice de Comercio Ilícito utilizado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, conocida como TRACIT, y superó al resto de naciones centroamericanas.

Fuera de la región, la posición es distinta.

Costa Rica ocupa el puesto 68 entre 158 economías evaluadas.

El país sale mejor que sus vecinos, aunque el mismo documento señala fallas importantes en controles, vigilancia del mercado y supervisión de las cadenas por donde circulan los productos.

Ser primero en Centroamérica no significa tener el problema resuelto

El informe reconoce que Costa Rica cuenta con marcos legales e institucionales relativamente sólidos. También señala que una economía formal más robusta ayuda a reducir la demanda de bienes ilícitos frente a otros países de Centroamérica.

Eso explica parte del primer lugar regional.

Pero las reglas no siempre alcanzan.

TRACIT identifica debilidades en los controles aduaneros y en la supervisión de la cadena de suministro. También señala una vigilancia gubernamental fragmentada que deja espacios para que productos ilícitos o falsificados circulen junto a mercancías legales.

Por eso, el primer lugar regional no cuenta toda la historia.

Centroamérica obtuvo un promedio de 43,7 puntos.

Costa Rica alcanzó 51,2.

Hay una diferencia clara frente a la región. También quedan problemas importantes por resolver dentro del país.

Falsificaciones y economía sumergida siguen pesando

El informe recoge una estimación según la cual el comercio de productos falsificados representa alrededor del 2% del producto interno bruto de Costa Rica.

Además, sitúa la economía sumergida cerca del 24% del PIB.

El comercio ilícito no se limita al contrabando visible.

También puede mezclarse con cadenas legales de distribución y llegar al mercado junto a productos legítimos.

Según la evaluación, las debilidades en aduanas, la supervisión fragmentada y una capacidad limitada de control abren espacios que pueden ser aprovechados por redes criminales organizadas.

Costa Rica no aparece señalada por carecer completamente de leyes.

El problema identificado por TRACIT está en la aplicación de los controles y en la vigilancia de toda la cadena de suministro.

Tener reglas es una parte.

Lograr que funcionen en cada punto por donde pasa un producto es otra.

¿Qué mide realmente este índice?.

El índice no mide únicamente decomisos ni la cantidad de mercancía ilegal encontrada en un país.

La evaluación estudia 158 economías mediante seis categorías y 37 indicadores relacionados con el entorno económico, las regulaciones, la capacidad de control, las aduanas, las fronteras y las cadenas de suministro.

El resultado busca mostrar qué tan preparado está un país para enfrentar distintas formas de comercio ilícito.

También conviene conocer quién realiza la evaluación.

TRACIT es una organización independiente, no gubernamental y sin fines de lucro que trabaja sobre los efectos económicos y sociales del comercio ilícito.

No es una agencia de Naciones Unidas ni una institución del Gobierno de Costa Rica.

El comercio ilícito va mucho más allá del contrabando.

El informe incluye productos falsificados, mercancías sujetas a impuestos que ingresan por vías ilegales, productos farmacéuticos ilícitos y delitos ambientales como la tala y la minería ilegal.

En Centroamérica aparece además otra dificultad: la región funciona como corredor de tránsito para distintas actividades ilícitas.

Eso obliga a mirar el problema más allá de las fronteras de cada país.

Entre las recomendaciones planteadas por TRACIT están mejorar la cooperación entre naciones vecinas, reforzar los controles aduaneros mediante capacitación y tecnología, proteger mejor las cadenas de suministro y facilitar la formalización de trabajadores y empresas.

Costa Rica encabeza la región, pero todavía tiene brechas por cerrar.

Costa Rica sí ocupa el primer lugar de Centroamérica en esta evaluación.

El dato es real.

También lo son las advertencias del informe.

El puesto 68 a nivel mundial, las estimaciones sobre productos falsificados y economía sumergida y las fallas señaladas en supervisión y control muestran que el liderazgo regional no equivale a tener el comercio ilícito bajo control.

El país parte de una mejor posición que sus vecinos centroamericanos.

Pero el propio informe advierte que todavía existen espacios que permiten que productos ilícitos circulen junto a mercancías legales.

El primer lugar regional cuenta una parte de la historia.

Los problemas pendientes cuentan la otra.

¿Qué opinás sobre estos datos?.

En MUNDO ACR revisamos qué hay detrás de los números para que cada lector pueda entender qué dicen realmente y formar su propio criterio.

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POR MUNDO ACR | Cuando una pregunta merece respuesta.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En ellas aparecen buses identificados con la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) cerca de la marcha Pride realizada en San José.

No pasó mucho tiempo para que surgiera una inquietud entre algunos ciudadanos.

El punto no es la marcha.

El punto son los buses.

Si esos vehículos oficiales fueron utilizados para trasladar participantes, la pregunta cae por su propio peso.

¿En qué casos pueden usarse recursos de universidades públicas para movilizar personas hacia actividades de carácter social, ideológico o reivindicativo?.

La misma duda existiría si el destino hubiera sido una marcha política, una actividad religiosa, una protesta ambiental o cualquier otra concentración.

El criterio no puede depender de si una causa nos gusta o no.

Tiene que depender de reglas claras.

Las imágenes, por sí solas, no explican si hubo autorización institucional, cuál fue el propósito del traslado ni bajo qué normativa se realizó.

Ahí aparece el interés público.

Cuando se utilizan bienes de instituciones financiadas con recursos públicos, los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué se usaron, quién lo autorizó y cuáles fueron los criterios aplicados.

Responder esas preguntas no solo aclararía este caso.

También ayudaría a marcar un límite necesario para cualquier actividad futura.

Porque los recursos públicos no deberían moverse por simpatía, presión o conveniencia.

Deberían moverse por reglas claras, aplicables para todos.

En temas donde aparecen recursos públicos, la discusión no debería depender de simpatías o rechazos hacia una causa. Lo que corresponde es saber bajo qué reglas se autorizan, quién toma esas decisiones y si esos mismos criterios se aplican por igual en todos los casos.

📲 Si querés recibir en tu celular esta y otras informaciones, seguí nuestro grupo de WhatsApp y nuestras redes sociales. En MUNDO ACR buscamos hacer las preguntas que ayudan a entender lo que ocurre, con contexto, criterio y sin enredos.

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POR MUNDO ACR | Costa Rica explicada sin enredos.

Lo que preocupa en Upala no es un expediente judicial.

Lo que preocupa es un río.

Vecinos llevaron el caso del río Zapote hasta la Sala Constitucional al considerar que el afluente estaría mostrando señales de deterioro que van desde una disminución importante en su caudal hasta cambios en el cauce, acumulación de sedimentos y posibles afectaciones a la biodiversidad acuática.

Según la denuncia presentada ante la Sala IV, la situación no sería producto de un único factor.

El recurso señala actividades relacionadas con generación hidroeléctrica y extracción de materiales como parte de las presiones que estarían afectando al río.

La preocupación surge porque los cambios denunciados no se limitarían al paisaje.

De acuerdo con los señalamientos incluidos en el recurso, la reducción del agua durante la época seca estaría alcanzando niveles que generan inquietud entre personas que dependen del río para distintas actividades de la zona.

Además, el aumento de sedimentos y las modificaciones en el cauce podrían afectar la calidad del agua y las condiciones naturales que sostienen la vida acuática del afluente.

Según la gestión presentada ante la Sala, estas condiciones también tendrían repercusiones sobre actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería, el uso doméstico del agua y el turismo local, sectores que mantienen una relación directa con el comportamiento del río.

Según el recurso, la preocupación creció porque los cambios observados ya no serían hechos aislados. El denunciante sostiene que la reducción del caudal, la acumulación de sedimentos y las alteraciones en el cauce se han vuelto cada vez más visibles para quienes conocen el comportamiento habitual del afluente.

Fue en ese contexto que un ciudadano presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

@noticiasacr “Nos cambiaron espejos por oro”. La frase encendió la sesión en Upala sobre los problemas ambientales alrededor del río Zapote. 📲 En Upala ya no solo se habla de ambiente… también se habla de quién termina pagando las consecuencias. . . . #acrnoticiascostarica #mundoacr #Upala #RíoZapote #Ambiente ♬ sonido original – @noticiasacr

Tras analizar la gestión, los magistrados decidieron solicitar informes a las autoridades involucradas para conocer qué acciones se han realizado y cuál es la situación que registran las instituciones competentes.

La decisión de la Sala no significa que los hechos denunciados hayan sido comprobados.

Tampoco establece responsabilidades.

Lo que hace es abrir una etapa donde las instituciones deberán explicar qué conocen sobre la situación del río y cuáles medidas se han adoptado frente a las preocupaciones planteadas.

@noticiasacr

🇨🇷⚠️ El tema ambiental en Upala sigue calentándose y ahora hasta una delegada de derechos humanos pidió frenar afectaciones sobre el río Zapote. . . . #acrmundo #mundoacr #CostaRica #acrnoticiascostaica #Upala

♬ sonido original – @noticiasacr

Precisamente esa percepción de un posible deterioro progresivo fue la que llevó el caso hasta la Sala Constitucional, ante la inquietud de que las afectaciones señaladas continúen acumulándose con el paso del tiempo.

Mientras llegan esas respuestas, la atención sigue concentrada en una pregunta sencilla que está en el centro de todo el caso.

¿Está el río Zapote experimentando un deterioro que requiere intervención de las autoridades o existen elementos que permitan descartar las afectaciones denunciadas?.

Esa es precisamente la respuesta que ahora busca aclarar la Sala Constitucional.

¿Qué está ocurriendo realmente con el río Zapote?La respuesta todavía está en análisis, pero la preocupación ya llegó hasta la Sala Constitucional.

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POR MUNDO ACR | Política explicada sin enredos.

La dificultad para nombrar magistrados suplentes de la Sala Constitucional dio un nuevo paso esta semana. Lo que durante meses se ha mantenido como un pulso político en la Asamblea Legislativa ahora llegó hasta la propia Sala IV mediante un recurso de amparo.

La situación ha provocado una pregunta que ya circula entre algunos ciudadanos.

Si el recurso trata sobre un problema que afecta directamente a la Sala Constitucional, ¿cómo se maneja la imparcialidad cuando el caso llega precisamente al tribunal involucrado en esa situación?.

La interrogante surgió después de que el abogado Giovanni Delgado presentara una acción contra la moción legislativa que mantiene bloqueada la elección de nueve magistrados suplentes.

La Sala Constitucional opera sin suplentes desde diciembre de 2025, cuando vencieron los nombramientos anteriores. Desde entonces, la Asamblea Legislativa no ha logrado completar la elección de quienes deben ocupar esas plazas.

Según lo planteado en el recurso, esta situación estaría afectando el funcionamiento normal del tribunal y por esa razón se solicita una intervención para intentar destrabar el proceso.

El recurso fue presentado contra la moción legislativa que mantiene suspendida la elección de los suplentes y también solicita una nueva nómina de candidatos para ocupar las vacantes existentes.

Por ahora, lo que existe de manera concreta es una gestión que deberá seguir el trámite correspondiente dentro de la Sala Constitucional y un problema que continúa sin resolverse en la Asamblea Legislativa.

Mientras tanto, la elección de los magistrados suplentes sigue pendiente y el caso suma un elemento poco habitual, el conflicto llegó precisamente al mismo tribunal que lleva meses funcionando sin esos nombramientos.

Lo que ocurra con el recurso todavía está por verse. Lo que sí parece claro es que una discusión que durante meses estuvo atrapada entre votos, mociones y negociaciones legislativas ahora también terminó generando preguntas fuera de la Asamblea.

¿Qué opinás sobre este tema?

La discusión sobre los magistrados suplentes llegó a una nueva etapa y sigue generando preguntas entre distintos sectores del país.

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