En una extensa entrevista en el programa El Octavo Mandamiento de Central Noticias, el jurista analizó la base legal del TSE y advirtió que Costa Rica está en un camino “inédito” en América Latina que vulnera principios constitucionales fundamentales.

1. Tesis Central: La Ilegalidad de la Destitución por Vía Administrativa

El punto de mayor cuestionamiento del experto se centra en la naturaleza del procedimiento que el TSE quiere aplicar al Jefe de Estado.

• La Figura Administrativa (Art. 269): Cruz García advirtió que el Artículo 269 del Código Electoral somete el proceso a un “procedimiento administrativo”. El experto fue categórico: el Presidente de la República es el titular de un Poder del Estado que responde a la soberanía popular y “no es un subordinado de la administración”.[Según Marcos Cruz García]: “Una persona que sale electa democráticamente en las urnas, no se lo van a despachar por un procedimiento administrativo… un procedimiento administrativo no es un juicio”.
• La Regla de la Corte IDH (El Caso Petro): Para el jurista, el TSE ignora un precedente clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Sentencia Petro vs. Colombia.[Según Marcos Cruz García]: “La Corte ya concluyó… que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa… es contraria al artículo 23.2 de la Convención.” El experto señaló que la Corte IDH establece que la única vía para afectar los derechos políticos de un cargo de elección popular es mediante una condena por un juez competente en proceso penal, y jamás por un órgano administrativo como el TSE.

2. La inconstitucionalidad de la ‘doble instancia’ del TSE

Cruz García, citando la propia Constitución Política de Costa Rica, desmanteló la creación de la Sección Especializada para conocer el caso:

• Principio de Única Instancia: El experto recordó que el Tribunal Supremo de Elecciones opera en única instancia, y sus decisiones son irrecurribles, tal como lo establece la Constitución (Art. 42) y el Código Electoral.[Según Marcos Cruz García]: “Un tribunal de única instancia no se puede dar a sí mismo una doble instancia… las explicaciones que se puedan dar… por parte del Tribunal Supremo de Elecciones en este punto son completamente inadmisibles e improcedentes“.

3. El vacío legal: ¿Qué es la Beligerancia?

El especialista en derecho penal criticó que se intente destituir a un Jefe de Estado por un ilícito que no está definido con la claridad que exige la ley.

• Falta de Tipificación (Nulla Poena Sine Lege): El término “beligerancia” es un término militar que no existe como tal en la dogmática penal. Aunque el Código Electoral habla de “parcialidad política”, esta conducta no está tipificada con la claridad debida en la ley.[Según Marcos Cruz García]: “Usted tiene que por razones de dogmática jurídica… tipificar las conductas prohibidas. Y tienen que estar en el código. ¿Con toda claridad? Totalmente.”
• Contrasentido Procesal: Cruz García señaló la contradicción de que los ilícitos electorales más graves (con pena de cárcel, Art. 271-281) se remitan a los Tribunales Penales, pero la parcialidad política (un ilícito de menor gravedad) se pretenda sancionar con la destitución, la pena más alta, a través de un proceso administrativo interno.

4. La advertencia final: Riesgo inminente

El experto concluyó con una fuerte advertencia sobre la imagen internacional del país y la estabilidad interna:

• Choque de Poderes: El proceso actual expone al país a una crisis política y un choque de poderes sin precedentes.[Según Marcos Cruz García]: “El tribunal se metieron en un zapato número 30 con pie 40 y metieron los dos pies y no van a tener forma de sacarlo… La impresión que yo tengo es que en el tribunal se metieron en un zapato número 30 con pie 40 y no van a tener forma de sacarlo.”
• Llamado a la Responsabilidad: El ex juez instó a las autoridades del sistema de justicia a “ponerse frías las cabezas” para no seguir sometiendo a la sociedad a esta tensión, ni ganarse el “Premio Guinness” por desbaratar el sistema político con un procedimiento que “no tiene sentido” ni respaldo legal.

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