“Dios no es un programa de gobierno y Costa Rica no es un púlpito”

Hay una forma muy barata de intentar ganar una elección. No exige equipo técnico, no requiere diagnósticos serios, no obliga a entender economía, seguridad o educación. Solo pide una tarima emocional, un par de palabras totémicas y un villano de utilería. Esa forma se llama política de superioridad moral. En Costa Rica, Fabricio Alvarado la ha perfeccionado como si fuera un producto de franquicia, repetible en campaña, inmune al rendimiento real y peligrosamente eficaz para polarizar.

El libreto es simple. Él se presenta como custodio de la “pureza”, define a sus adversarios como “los otros”, les pega una etiqueta que suena tóxica, “progre”, y acto seguido convierte la contienda electoral en una prueba de fe. Esa maniobra no es cristianismo, es mercadeo político con sotana prestada y biblia en la mano. Es usar a Dios como pancarta y a la ciudadanía como clientela cautiva.

Lo grave no es que haya conservadores. Lo grave es el fraude intelectual de vender conservadurismo como si fuera sinónimo de monopolio moral. La política democrática no es un concurso de santidad. Es, o debería ser, una competencia programática para resolver prioridades nacionales, seguridad, educación, empleo, inversión, turismo, salud, infraestructura. Cuando un candidato sustituye esas variables por una liturgia de “buenos contra malos”, lo que ofrece no es gobierno. Ofrece una guerra cultural permanente que distrae al país de lo urgente y le entrega al crimen organizado el beneficio de la
desatención.

“La trampa del ungido y el veneno del etiquetado”.

En su propio plan de gobierno, el Partido Nueva República habla del “derecho sagrado al sufragio”. Esa palabra no es inocente. “Sagrado” no es un tecnicismo democrático, es una forma de reencantar la política para presentarla como templo, no como institución civil. Luego, en el mismo documento, se construye una narrativa de desprecio hacia la arquitectura partidaria con expresiones como “partidos revueltos, como dirían en Venezuela, el arroz con mango”, y se advierte contra “liderazgos personalistas y
populistas”, mientras se impulsa un estilo de confrontación moral que vive precisamente de personalismos y de antagonismos. Ese tipo de discurso es la política convertida en teatro, con una diferencia, el teatro termina. El fanatismo electoral, no. La etiqueta “progre” funciona como comodín retórico. No es un argumento, es un atajo.
Evita la discusión de fondo y reemplaza evidencia por señalización tribal. El objetivo no es
demostrar, es deslegitimar. Y cuando ese etiquetado viene acompañado de una auto
investidura moral, el resultado es una ecuación peligrosa, “yo represento lo bueno, el otro representa lo malo”. Eso es exactamente lo que, históricamente, ha permitido persecuciones, censuras y abusos en nombre de “la virtud”. Cambian las épocas, la tentación es la misma.

“La religión en campaña como herramienta de poder”.

Costa Rica aprendió, con siglos de historia occidental como lección, que el Estado no puede ser un brazo del clero, ni el clero un brazo del Estado. Precisamente porque cuando la política se convierte en religión, el adversario deja de ser adversario. Se convierte en hereje. Y cuando el adversario es hereje, la negociación se ve como pecado y la pluralidad como amenaza. Nueva República no oculta su enfoque en la agenda religiosa. En su plan se incluye una “Política de protección de la vida y la familia” con lenguaje de guerra cultural, “cultura de la muerte”, “ideología de género”, y se presenta un marco moralizante que pretende dictar el eje del debate público. Además, en su acción legislativa reciente, el jefe de fracción, Fabricio Alvarado, presentó un proyecto para garantizar la continuidad de medios “evangélicos y católicos” en frecuencias sin fines de lucro, con requisitos centrados en programación “predominantemente religiosa” y promoción de “fe y valores religiosos”. Se puede defender la libertad religiosa sin convertir al Estado en un patrocinador de trinchera confesional. El problema no es la fe. El problema es el uso del aparato público, del voto, del miedo moral y de la culpa como combustible electoral.

“La religión en campaña como herramienta de poder”.

Ahora viene la parte incómoda para el marketing moral. Fabricio Alvarado y su partido no son outsiders vírgenes en la arena institucional. Son actores con historial parlamentario, con capacidad de negociar, pactar y ocupar puestos. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se documentó muchas veces un directorio pactado por PLN, PUSC, el oficialismo y Nueva República, en un esquema de reparto de puestos. Entonces, cuidado con el discurso de pureza. Cuando conviene, se sientan con la “vieja política”, la casta que tanto se ha criticado. Cuando no conviene, la denuncian como si fueran monjes ofendidos. Esa gimnasia moral no es virtud, es oportunismo del más barato. Y si el país está ardiendo por seguridad, empleo y educación, la pregunta es brutalmente simple. ¿En estos años, qué prioridad real han puesto sobre la mesa y qué resultados verificables pueden exhibir? Es perfectamente legítimo impulsar proyectos de su interés, claro. Pero si su carta de presentación está dominada por símbolos religiosos y guerra
cultural, entonces están admitiendo, sin querer, que su oferta no es un plan nacional. Es una agenda identitaria. La propia lista divulgada por su fracción incluye iniciativas como “Promover el estudio de
la Biblia” y reformas penales asociadas a delitos con armas. Lo primero revela prioridades simbólicas. Lo segundo puede ser debatible, pero no sustituye una estrategia integral de seguridad, prevención, persecución financiera, control portuario, reforma de gestión policial, coordinación judicial y recuperación territorial. Un país no se gobierna con versículos y titulares. Se gobierna con política pública pura.

“El ataque a Laura y el regreso de la inquisición electoral”.

Y aquí hay un punto de ética política mínima, de caballerosidad democrática, y sí, de respeto elemental. Convertir a una mujer candidata en caricatura moral, tacharla de “progre” como si esa palabra fuera un pecado, y hacerlo además con tono de superioridad religiosa, es un gesto que huele a inquisición, no a estadismo. La democracia no necesita fiscales de fe. Necesita líderes que discutan propuestas con honestidad. Si alguien va a acusar, que lo haga con precisión, con hechos, con citas programáticas, con
votaciones concretas, con evidencia. Si no puede, entonces no es crítica política. Es difamación envuelta en moralina. Y eso, para un líder que se presenta como portavoz de valores, es un bumerán ético.

“Lo que de verdad está en juego”.

El mayor riesgo de este tipo de discurso no es que gane o pierda un candidato. El riesgo es que normalice la idea de que la mitad del país es moralmente inferior. Que el pluralismo es decadencia. Que el Estado debe ponerse del lado de una ortodoxia. Ese camino es conocido, empieza con consignas y termina con persecuciones administrativas, censuras culturales y parálisis legislativa, porque cuando la política se vuelve religión, la negociación se interpreta como traición. Costa Rica no necesita una contienda de iglesias y fundamentalismos extremos. Necesita una contienda de soluciones.

La fe, para quien la tiene, se vive con dignidad en el fuero íntimo y comunitario. La democracia, para todos, se construye con instituciones, argumentos, resultados y límites al poder. Mezclarlas como si fueran la misma cosa no es piedad. ¡Es instrumentalización inmoral! Fabricio Alvarado está equivocado de arena. Está peleando una cruzada imaginaria mientras el país real pide seguridad, educación, empleo, inversión, turismo, salud y gestión pública seria. Y cuando un candidato se aferra a Dios como sustituto de programa, lo que confiesa, aunque no quiera, es que no trae un plan para gobernar la complejidad. Trae un guion para dividir.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Este 8 de enero de 2026, Carlos Alvarado publicó un video para “regañar” al presidente Rodrigo Chaves y, de paso, pedir perdón por haberlo nombrado ministro de Hacienda. El gesto no es nuevo. Es el viejo truco del político en retirada: cuando el balance de su gobierno lo persigue, intenta reescribirlo con un monólogo moralizante y un par de frases bien ensayadas para redes.

Pero la política no es un escenario para confesiones terapéuticas. Es un registro público de decisiones y resultados. Y en ese registro, Carlos Alvarado no aparece como árbitro moral de nada. Aparece como un expresidente que terminó su mandato con una percepción ciudadana adversa y con un país cansado de un estilo de gobierno que confundió “gestión” con “control” y “comunicación” con “realidad”.

Empecemos por lo elemental: la autoridad para pontificar no se declara, se gana. En marzo de 2022, mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) reportaron que la administración Alvarado se acercaba al cierre con una mayoría de opiniones negativas. En paralelo, una encuesta del IDESPO (UNA) consignó una valoración promedio de 5,03, una nota “media-baja” para un gobierno que pretendía presentarse como moderno, técnico y superior. Eso no es un detalle cosmético. Es el veredicto social de un cuatrienio.

Ahora miremos el país real que ese cuatrienio dejó. En materia social, la pobreza por ingresos saltó a 26,2% en 2020 (un año crítico, sí, pero también un año de decisiones). En 2021 bajó a 23,0%, todavía con casi uno de cada cuatro hogares en pobreza. En empleo, el INEC reportó una tasa de desempleo nacional de 19,1% a inicios de 2021. La pandemia golpeó, sin duda. Lo imperdonable fue la manera en que el gobierno administró la crisis: con un aparato regulatorio pesado, cambiando reglas, imponiendo controles y comunicando “éxitos” mientras el ciudadano promedio intentaba sobrevivir entre cierres, trámites, incertidumbre y un mercado laboral en ruinas.

En finanzas públicas, Alvarado quiso vestir de heroísmo lo que fue, en buena parte, un ejercicio de supervivencia política. En octubre de 2020 el país ardió en protestas y bloqueos por la propuesta inicial de negociación con el FMI. El gobierno tuvo que retirar esa propuesta y convocar a un “diálogo nacional” para apagar el incendio que él mismo había alimentado. Meses después, en marzo de 2021, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó para Costa Rica un acuerdo ampliado (SAF/EFF) por alrededor de USD 1.778 millones. Esa aprobación vino atada a la narrativa de “reformas indispensables” y a una agenda fiscal que terminó negociándose, como casi siempre en Costa Rica, con los partidos del viejo sistema: pactos, mayorías armadas a empujones y costos políticos trasladados al ciudadano.

¿Ejemplo? La Ley Marco de Empleo Público. Se aprobó en segundo debate el 7 de marzo de 2022 con 39 votos a favor y 13 en contra, y fue presentada como parte de la agenda vinculada al acuerdo con el FMI. Es legítimo debatir su contenido, a favor o en contra. Lo que no es legítimo es que Alvarado se venda como “outsider” o “renovador” cuando su gobernabilidad dependió de negociaciones con las mismas estructuras partidarias que hoy pretende señalar con condescendencia. Si el país quiere claridad, empecemos por llamar las cosas por su nombre.

En transparencia y manejo institucional, el episodio UPAD fue un parteaguas. El 28 de febrero de 2020 la Fiscalía allanó Casa Presidencial, Mideplán y viviendas por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, investigando posibles delitos vinculados con tratamiento de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. A partir de ahí, el gobierno pasó de la pose tecnocrática a la defensiva permanente. Esa es la clase de “incidente” que no se borra con un video de dos minutos y un tono de “yo sí soy decente”.

Y en pandemia, el país vivió una gobernanza más obsesionada con el decreto que con la persuasión. Hubo medidas como el uso del código QR como requisito de acceso en ciertos contextos y la vacunación obligatoria para funcionarios públicos. La Sala Constitucional, por ejemplo, rechazó una acción contra el decreto que establecía la vacunación obligatoria en el sector público (comunicado del 6 de enero de 2022). El punto no es reabrir una guerra sanitaria. El punto es recordar el estilo: un gobierno que prefería el “se ordena” antes que el “se convence”, y que confundió legitimidad con legalidad.

Así que cuando hoy Alvarado sale a decir, con cara de mármol, que “si en algo se equivocó fue en traer a Chaves al país”, lo que hace no es asumir responsabilidad. Lo que hace es un intento de traslado de culpas: convertir un nombramiento en chivo expiatorio para esquivar el balance total de su administración. El país no necesita esa gimnasia moral. Necesita honestidad intelectual, porque el deterioro que vivimos no nació ayer ni se arregla con un video oportunista.

Alvarado tiene derecho a hablar. Nadie lo ha exiliado. Pero si va a reaparecer, que sea con algo más que un sermón. Que explique, con la misma vehemencia con que hoy acusa, por qué su gobierno terminó con un respaldo tan frágil, por qué su ruta fiscal detonó protestas, por qué su administración cargó con el lastre del caso UPAD, y por qué su modelo de gobernanza se percibió como distante, reglamentarista y, en demasiados momentos, soberbio.

Porque lo verdaderamente ofensivo no es que critique a Chaves. Lo verdaderamente ofensivo es que intente hacerlo desde una superioridad moral que los datos, los hechos y la memoria pública no le conceden. Si va a salir de las sombras, que sea para rendir cuentas, no para repartir indulgencias. Y si lo que busca es “dar lecciones”, entonces que empiece por la primera: en democracia, la credibilidad no se improvisa. Se paga. Y él dejó la factura sobre la mesa.

Fuentes consultadas (selección)
 INEC (04/03/2021). “Desempleo nacional es de 19,1 %”.
 INEC (15/10/2020). “Pobreza por ingresos alcanzó un 26,2 %”.
 INEC (21/10/2021). “Incidencia de pobreza en hogares es de 23,0 %”.
 FMI (01/03/2021). Comunicado: acuerdo ampliado de 36 meses para Costa Rica por USD
1.778 millones (SAF/EFF).
 El Financiero (04/10/2020). Retiro de la propuesta inicial de negociación con el FMI y
anuncio de diálogo nacional.
 France 24 (06/10/2020). Protestas y bloqueos contra plan de financiamiento con el FMI.
 Semanario Universidad (28/02/2020). Allanamientos por caso UPAD.
 Asamblea Legislativa (Informe UPAD). Documentación de la comisión investigadora (Exp.
21818).
 Sala Constitucional (06/01/2022). Comunicado: rechazo de acción contra decreto de
vacunación obligatoria para funcionarios públicos.
 Delfino.cr (07/03/2022). Aprobación de la Ley Marco de Empleo Público en segundo debate
(39 a favor, 13 en contra).
 CIEP-UCR (22-23/03/2022). Resultados: valoración negativa alta al cierre de la
administración Alvarado.
 IDESPO-UNA (2022). Informe: valoración promedio 5,03 para el presidente Carlos
Alvarado.
 Teletica y CRHoy (08/01/2026). Cobertura del video público de Carlos Alvarado dirigido a
Rodrigo Chaves.

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El Plenario rechazó levantar el fuero de improdecibilidad del presidente Rodrigo Chaves con una votación de 35 a favor y 21 en contra, cuando el umbral requerido era de 38 votos. Punto final en el resultado, aunque no en las consecuencias. 

La solicitud vino del Tribunal Supremo de Elecciones, en el contexto de 15 denuncias por presunta beligerancia política, y el Congreso decidió que no alcanzaba la mayoría calificada para abrir esa puerta.  Hasta ahí la mecánica. Ahora viene lo importante, el análisis político de fondo.

Lo que vimos hoy no fue deliberación. Fue una liturgia de hostilidad y cálculo, donde algunos diputados prefieren el micrófono a la República. Se suponía que el Congreso iba a discutir un mecanismo excepcional, precisamente por eso el diseño exige un umbral alto, para que no se convierta en un arma de coyuntura. Pero en vez de elevar el estándar, una parte del Plenario decidió degradarlo con discursos que olían más a campaña que a institucionalidad.

Desde la ciencia política, esto tiene nombre y diagnóstico. Es erosión del prestigio institucional por incentivos perversos. Cuando la reelección no existe, cuando las bancadas se fragmentan, cuando la atención pública se premia con escándalo y no con resultados, el Congreso tiende a sustituir el trabajo técnico por teatro moralizante. Se maximiza el “clip” para redes, se minimiza la argumentación seria. El costo lo paga la credibilidad del Primer Poder y, por arrastre, la confianza ciudadana en todo el sistema.
En democracias sanas, el Parlamento es un taller. Aquí, por momentos, opera como un set de televisión con egos desatados. Y cuando ese set se activa en un tema tan delicado como el fuero, la institución no solo se exhibe, se autodestruye. Porque el fuero, recordemos, no es una invitación a la impunidad, es una garantía funcional, pensada para que el poder no quede secuestrado por persecuciones oportunistas. Cuando se usa como garrote retórico, o como pretexto para insultar y luego esconderse, se prostituye
su sentido. 

Lo más grave es que algunos diputados han convertido la inmunidad en una moral de doble puerta. Exigen pureza absoluta en los otros, mientras toleran barro en su propia casa. Se indignan con tono sacerdotal, pero no con rigor probatorio. Y cuando el debate se llena de insinuaciones, etiquetas y ofensas, el Congreso no fiscaliza, intoxica. Eso no fortalece el control democrático, lo vuelve caricatura.
El resultado de 35 contra 38 revela, además, otra verdad incómoda. El Congreso está atrapado en una lógica de bloques que no logra construir acuerdos de Estado ni siquiera en procedimientos sensibles. Hubo 56 legisladores presentes y aun así se impuso la incapacidad de articular una mayoría calificada. 

En términos institucionales, eso significa parálisis selectiva. Mucha energía para el show, poca para el acuerdo, y casi ninguna para la producción legislativa que la gente sí necesita. Ahora, el cierre que a algunos les incomoda. Hoy la Asamblea no quedó como contrapeso virtuoso, quedó como una máquina de desgaste que no sabe distinguir entre control político responsable y vendetta narrativa. Y cuando un Parlamento se acostumbra a confundir la Constitución con un panfleto, se vuelve un riesgo para sí
mismo. La ciudadanía observa, registra, y termina cobrando en legitimidad y en voto.

Y sí, viene la parte práctica. Si durante este proceso hubo conductas que cruzaron la línea, si hubo imputaciones sin sustento, ataques al honor, o actuaciones que constituyan faltas o delitos, lo que procede no es gritar más fuerte, sino documentar y denunciar. No sería extraño que desde mañana empiecen a circular denuncias formales, incluso ante el Ministerio Público, no por capricho, sino porque el Estado de derecho se defiende con expediente, evidencia y procedimiento. En una República seria, quien pisotea reglas o abusa del cargo no merece aplausos, merece control y consecuencias.

La Asamblea Legislativa debería tomar nota de algo elemental. Una institución no se destruye solo por corrupción. Se destruye también por ridiculez reiterada, por banalidad moralista y por incapacidad de estar a la altura de su investidura. Hoy, lamentablemente, varios eligieron exactamente eso. 
M.Sc. Milton Madriz Cedeño
Politólogo, experto en gobernanza y política pública.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

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Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

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La negación es la última trinchera de quien perdió la batalla pero se niega a abandonar el campo. Durante cuarenta años, un puñado de actores políticos y mediáticos administró Costa Rica como si fuera una herencia familiar que se transmitía por costumbre, no por mérito. Hoy ese orden se derrumbó y lo que presenciamos no es una crisis del país, sino el espasmo de una élite que descubrió
que ya nadie necesita sus servicios. La diferencia es crucial, aunque para ellos sea
imperceptible.
Maquiavelo lo anticipó con precisión quirúrgica hace cinco siglos: “No hay nada más difícil de emprender, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas, porque el innovador tiene por enemigos a todos aquellos que se beneficiaban de las instituciones antiguas”. Eso es exactamente lo que ocurre en Costa Rica. Un sistema político agotado resiste su propia
obsolescencia con las únicas herramientas que le quedan: el ruido, la distorsión y el insulto disfrazado de análisis.

La anatomía de un colapso anunciado
El bipartidismo tradicional no cayó por un golpe externo. Se desplomó por descomposición interna. Durante décadas, el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana construyeron una alternancia cosmética donde cambiaban los rostros pero permanecían las redes de poder. Luego el Partido Acción
Ciudadana prometió renovación ética y entregó parálisis institucional, obras
detenidas, sindicatos enquistados en ministerios y una burocracia que creció hasta
convertirse en un obstáculo para la ciudadanía. El resultado fue un Estado fragmentado, capturado por círculos que operaban sin rendir cuentas. Cientos de órganos desconcentrados, duplicidades absurdas,
direcciones institucionales funcionando como feudos privados.

Ese deterioro silencioso destruyó la eficiencia, minó la confianza y quebró la gobernabilidad.
Cuando el actual gobierno asumió el poder heredó ese país. Y esa herencia explica por qué hoy hay tanto odio entre quienes vivieron cómodamente de ese desorden durante décadas. La ciencia política describe este fenómeno como “realineamiento electoral crítico”, el momento en que un sistema de partidos pierde legitimidad representativa y colapsa. Las encuestas son elocuentes. Liberación Nacional no levanta cabeza. La Unidad subsiste por inercia. El PAC fue sepultado en las urnas. La ciudadanía no destruyó estos partidos, ellos se apagaron solos al perder contacto con la realidad que decían representar.

Lo fascinante no es el colapso, sino la reacción. Cuando un grupo pierde poder activa mecanismos defensivos ampliamente documentados por la psicología política. Primero viene la negación: insisten en que nada cambió, que todo sigue igual. Luego la disonancia cognitiva: rechazan cualquier evidencia que contradiga su identidad política. Finalmente se refugian en comunidades cerradas donde repiten
entre ellos las mismas consignas para mantener la ilusión de que aún representan a
alguien más que a sí mismos. Nietzsche lo expresó con lucidez: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”. El problema es que el porqué de ese viejo orden se evaporó.
Ya no hay razón de ser para una estructura que solo servía para perpetuarse a sí misma. Y cuando se pierde el porqué, lo único que queda es resistencia irracional.

Esta resistencia adopta una forma particularmente peligrosa: el lawfare, la instrumentalización del derecho con fines políticos. Procedimientos administrativos convertidos en armas, denuncias sin sustento, presiones disfrazadas de legalidad. No es defensa del Estado de derecho, es manipulación del Estado para frenar un proceso que ya no controlan. Hannah Arendt advirtió que cuando una estructura de
poder se derrumba, quienes vivieron de ella recurren al ruido y la distorsión para impedir que la realidad avance sin ellos. Eso es precisamente lo que presenciamos.

Mientras tanto, el país avanza y los datos lo confirman. El Banco Central registra mejora sostenida en la trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB. El Ministerio de Comercio Exterior documenta niveles históricos de inversión extranjera directa. La ejecución de obra pública superó la inercia paralizante de los últimos gobiernos. La modernización regulatoria, esperada por años, comenzó a ejecutarse
enfrentando intereses enquistados en instituciones que operaban como pequeños
reinos autónomos. ¿La respuesta de los detractores? Silencio sobre los datos, ataques personales
contra el Presidente. No desmontan cifras porque no pueden. No rebaten argumentos porque no tienen. No presentan alternativas porque su único proyecto político es volver al pasado que los beneficiaba. Su agenda se reduce a burlas,
rumores y caricaturas. Es la conducta clásica de quien perdió la batalla intelectual y
solo le queda el insulto. Esta reacción no es ideológica, es psicológica. No defienden principios, defienden
privilegios. No discuten reformas, discuten poder. Es miedo disfrazado de indignación moral. Y ese miedo tiene razón de existir, porque lo que enfrentan es su propia irrelevancia en un país que decidió cambiar sin pedirles permiso.

Costa Rica atraviesa una transformación histórica que no requiere aprobación de quienes añoran la comodidad del viejo sistema. La era de los partidos tradicionales terminó porque dejó de cumplir su función. Los medios que los protegían ya no moldean la opinión pública como antes. Las instituciones capturadas ya no operan sin escrutinio. Y la ciudadanía no está dispuesta a regresar.

Esto no es un conflicto entre izquierda y derecha. Es un conflicto entre un país que despertó y una clase política que se niega a aceptar su final. Entre una ciudadanía que exige resultados y unas élites que solo ofrecen nostalgia. Entre datos verificables y narrativas fabricadas.
La casta política y mediática que gobernó durante cuarenta años no resolverá los problemas que ella misma generó. El país lo sabe. La transición está en marcha. Y por más ruido que produzcan, por más procedimientos que inventen, por más titulares que fabriquen, el proceso es irreversible.
El colapso que se niegan a ver es el suyo propio. Costa Rica ya los superó. Ahora solo falta que ellos lo acepten. Pero la historia no espera a quienes se quedaron atrás. El cambio no pide permiso. Simplemente avanza.
El autor es politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

⚠️ Nota de la Redacción:
Este artículo pertenece a la sección Opinión y su contenido es responsabilidad exclusiva de su autor. Las ideas, conclusiones y valoraciones expresadas no representan necesariamente la posición editorial de Mundo ACR.

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