El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha enviado este sábado a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. La iniciativa busca ordenar, proteger y reactivar económicamente las áreas protegidas del país que han sido tomadas por “economías criminales, grupos armados y actividades criminales”, según un comunicado de la Presidencia.

El Gobierno ha denominado a esta propuesta “Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local”. Además de la recuperación, el Ejecutivo busca impulsar una “gestión más eficiente” y fomentar la inversión privada responsable. Esta inversión se enfocaría en actividades como el turismo, la investigación científica, los servicios y la protección ambiental.

El objetivo general es claro: “recuperar y aprovechar de forma sostenible estos espacios, diversificar la economía local, generar empleo digno, reactivar el turismo y asegurar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad y desarrollo”, detalló el Ejecutivo.

Áreas Protegidas Amenazadas por Actividades Ilícitas

El proyecto de ley especifica que, tras la declaración de conflicto armado interno emitida por el presidente Noboa en enero de 2024 para combatir las bandas del crimen organizado, se ha confirmado que estos grupos mantienen sus fuentes de financiamiento. Estas fuentes están ligadas a actividades ilícitas como la minería y pesca ilegal, caza furtiva, tráfico de especies exóticas y tala indiscriminada. Un hecho preocupante es que estas actividades se extienden incluso a zonas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Además, estas bandas estarían “aprovechando las ventajas de la situación geográfica del país” para el contrabando, la trata de personas o el narcotráfico. Según el Gobierno, estas acciones no solo afectan el patrimonio natural, sino que también “atentan contra la economía, seguridad y estabilidad del Estado”.

Un ejemplo de esta problemática fue el ataque armado sufrido por once militares el pasado 9 de mayo en Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana. Los soldados fueron emboscados y asesinados por presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las ex-FARC, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal.

La iniciativa resalta que las áreas protegidas “se han vuelto espacios vulnerables que requieren atención”. Más allá de su valor ecológico, estos recursos no renovables son fundamentales para el desarrollo de otras actividades económicas, especialmente el turismo, que ha posicionado a Ecuador como un referente mundial.

Impacto en el Turismo y Nuevos Modelos de Gestión

Como consecuencia de esta situación, el sector turístico, particularmente el ecológico, se ha visto afectado. La dificultad para mantener las condiciones óptimas, el acceso adecuado, y la seguridad para turistas nacionales y extranjeros en estas áreas naturales, ha generado “una disminución importante de los ingresos en el sector”, según el Gobierno.

El proyecto de ley contempla que las áreas protegidas, bajo la supervisión de la autoridad ambiental nacional, puedan operar bajo un modelo de gestión directa. Alternativamente, podrían utilizar mecanismos contractuales que permitan la intervención, administración y operación por parte del sector privado, tanto nacional como internacional.

Para reforzar la protección, la normativa detalla que las autoridades ambientales podrán solicitar apoyo a la Policía o a las Fuerzas Armadas para que brinden seguridad en el perímetro de las áreas protegidas. Asimismo, el control en zonas de difícil acceso se realizará mediante tecnología de vigilancia, buscando una supervisión más efectiva.

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La Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde este martes al proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que, según sus defensores, es una herramienta esencial para combatir el crimen organizado y anticipar amenazas a la seguridad del Estado. Sin embargo, su aprobación ha desatado una ola de controversias y preocupaciones en diversos sectores del país.

El proyecto fue respaldado con 77 votos a favor, provenientes principalmente del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), algunos asambleístas del partido indigenista Pachakutik, y legisladores independientes.

Durante la sesión, Inés Alarcón, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, defendió el proyecto con firmeza. “Esta es una ley conectada con la realidad que vive el país y que resalta la importancia de la obtención de información oportuna y eficaz para evitar que se materialicen hechos terroristas en territorio nacional”, manifestó Alarcón, según una nota de prensa del Parlamento. Con la aprobación de esta ley, Ecuador establecerá “por primera vez” un Sistema Nacional de Inteligencia y siete subsistemas integrados a nivel policial, militar, de análisis financiero y económico, de la Casa Militar Presidencial, tributario, aduanero, penitenciario y de rehabilitación social, además de otros que el presidente Daniel Noboa decida incorporar.

Las Sombras de la Vigilancia: Dudas y Cuestionamientos

A pesar del apoyo oficialista, la normativa ha generado profundas dudas en sectores críticos. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que votó en contra del proyecto —a excepción del legislador David Arias, quien fue expulsado por su voto—, ya se habían advertido que la ley contiene artículos que implican “espionaje, vulneración de datos personales, filtración legalizada” y que “expone a las y los ciudadanos”.

La asambleísta Victoria Desintonio (RC) fue contundente: “La seguridad del Estado no puede convertirse en excusa para vulnerar la intimidad de la ciudadanía”. En este sentido, destacó puntos clave de la normativa que “permite interceptar comunicaciones y acceder a datos personales sin orden judicial”.

Según Radio Pichincha, que tuvo acceso al documento, la ley faculta a la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia a solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Asimismo, obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a proporcionar al Sistema Nacional de Inteligencia la información requerida para sus actividades, incluyendo datos históricos y en tiempo real de comunicaciones, conexiones de abonados telefónicos, información técnica, informática, y localización de terminales, aunque con un límite de solicitud a un período máximo de cinco años.

El Sistema Nacional de Inteligencia también podrá requerir la entrega y actualización permanente de bases de datos e información a entidades públicas por razones de seguridad integral del Estado, con el fin de identificar y alertar sobre riesgos y amenazas.

Otro punto controvertido es la gestión de los fondos para operaciones de inteligencia. La ley establece un fondo permanente de gastos especiales “cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regla el sistema nacional de contratación pública”. Se especifica que el Contralor General del Estado tendrá la potestad exclusiva de control sobre esos gastos, sin que ninguna otra entidad pueda intervenir en su fiscalización o requerir información. Además, se le otorga a este funcionario la potestad de incinerar la documentación. La normativa también prevé que los servidores públicos que realizan operaciones de inteligencia y contrainteligencia reciban documentos con nueva identidad para proteger su vida, identificación que solo deberán usar en el ejercicio de sus funciones.

“Poderes Omnímodos” y Riesgo para la Privacidad

Para el abogado y analista político Mauro Andino, la aprobación de esta normativa legaliza el espionaje “como instrumento de persecución, chantaje y hostigamiento político”. “La máxima autoridad del sistema de inteligencia -designada por el presidente- tendrá poderes omnímodos para espiar, recopilar y capturar información e interceptar comunicaciones y mensajes, acceder a la lista de abonados y a los registros telefónicos. También podrá exigir a las instituciones públicas las bases de datos que dispongan. Todo esto sin la autorización de un juez”, explicó.

La legisladora Jahiren Noriega (RC) expresó con contundencia: “Hasta acá llegó tu derecho a la privacidad”. A ella se sumó el asambleísta Xavier Lasso, quien señaló que esta ley “plantea un espionaje sin ningún tipo de control” y, además, “implica un retroceso de derechos porque vulnera la privacidad de los ecuatorianos”.

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En medio del acto de asunción de Daniel Noboa para su segundo mandato como presidente de Ecuador, la excandidata Luisa González volvió a pronunciarse públicamente y reafirmó sus denuncias de fraude electoral, asegurando que no reconocerá a Noboa como presidente legítimo del país.

Desde el movimiento Revolución Ciudadana, vinculado al expresidente Rafael Correa, González emitió un comunicado en el que calificó el proceso electoral como “ilegal, inconstitucional y antidemocrático”, señalando que los resultados fueron producto de la “compra de votos y conciencias”, y no del verdadero ejercicio democrático.

“No voy a reconocer un poder ilegítimo, ilegal e inconstitucional, nacido de la compra de votos y conciencias a espaldas del pueblo”, expresó tajantemente.

📊 Resultados cuestionados

Daniel Noboa ganó el balotaje del 13 de abril con el 55,63% de los votos. Sin embargo, González sostiene que el proceso estuvo lleno de irregularidades y que aceptar el resultado “sería ir en contra de nuestros principios, contra la verdad y la justicia”.

A pesar de estas denuncias, el presidente Noboa no hizo ninguna mención a ellas durante su discurso de investidura. En cambio, se centró en enviar un mensaje contra la corrupción:

“La corrupción no tiene espacio, y quien la intente, esté o no esté aquí hoy, enfrentará consecuencias”.

🌎 Asistencia internacional limitada

El acto de posesión de Noboa contó con escasa presencia internacional, destacando solo la participación de Dina Boluarte (Perú) y Gustavo Petro (Colombia), así como representantes de El Salvador y República Dominicana.

La presencia del mandatario colombiano fue especialmente llamativa, dado que Colombia, junto con México, no han reconocido oficialmente los resultados electorales que declararon ganador a Noboa. Según la agencia EFE, Petro asistió con el objetivo de solicitar “la liberación de los presos políticos”.

Contexto regional y futuro incierto

La situación política en Ecuador continúa marcada por la polarización y la desconfianza en el sistema electoral. Mientras Daniel Noboa enfrenta los retos propios de un segundo mandato con bajos niveles de respaldo regional, la oposición liderada por Luisa González sigue apelando a la vía institucional para impugnar los resultados.

La insistencia de González en sus denuncias plantea un nuevo capítulo de tensión política, en un país donde la estabilidad democrática sigue siendo un tema sensible.

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El presidente de Ecuador y actual candidato a la reelección, Daniel Noboa, anunció que, si gana la segunda vuelta frente a la candidata correísta Luisa González, promoverá una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución vigente, aprobada en 2008 durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017).

🗣️ “Si ganamos, es lo que va a haber. Va a haber una Constituyente, porque vamos a ganar”, declaró Noboa en una entrevista con Radio Candela, en la provincia de El Oro.

Un cambio constitucional con urgencia 📜⏳

Si bien Noboa ya había planteado la necesidad de modificar la Constitución ecuatoriana, esta es la primera vez que confirma que impulsará una Asamblea Constituyente en caso de ser reelegido para el período 2025-2029.

El mandatario enfatizó que la nueva Constitución debe ser “clara en sus objetivos”, permitiendo reformas profundas que otorguen mayor seguridad y derechos a los ciudadanos, en contraste con la situación actual donde, según él, “un criminal tiene más derechos que las personas que hacen las cosas bien”.

💬 “Tiene que haber una Constituyente rápida, no estilo Correa que se demora dos años”, afirmó, señalando que su objetivo es un proceso eficiente y ejecutado por expertos en reforma constitucional.

¿Una Constitución obsoleta? ⚖️

Cuando se le preguntó sobre la validez de la Constitución de 2008, Noboa respondió que contiene “muchísimos errores que descalabran totalmente la posibilidad de darle seguridad y tranquilidad a las personas”.

El contexto histórico respalda su argumento: Correa llegó al poder en 2007 con la promesa de una Asamblea Constituyente, lo que le permitió consolidar su liderazgo y ganar las elecciones presidenciales de 2009 y 2013 con amplio respaldo popular.

Un panorama político dividido 🔵🔴

Noboa asumió la presidencia en 2023 tras la salida de Guillermo Lasso y ahora busca su reelección para consolidar las reformas iniciadas en su corto mandato, entre ellas la lucha contra el crimen organizado y la promoción de inversiones extranjeras.

Sin embargo, el mapa político de Ecuador sigue polarizado. En la primera vuelta electoral, Noboa obtuvo el 44,17 % de los votos (4.527.428), mientras que González alcanzó el 43,97 % (4.507.672), con una diferencia de apenas 19.576 votos.

En el Congreso, la situación es similar. Proyecciones preliminares sugieren que el partido de Correa, Revolución Ciudadana (RC), obtendría 67 escaños, mientras que la fuerza política de Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), tendría 66 escaños, obligando al mandatario a negociar alianzas para aprobar reformas, ya que la mayoría absoluta requiere 77 votos.

Conclusión 🔎📢

La propuesta de Noboa de impulsar una Asamblea Constituyente en Ecuador marca un punto de inflexión en la contienda electoral. Mientras busca consolidar su liderazgo y realizar cambios profundos en el país, enfrenta un escenario de fuerte competencia política y la necesidad de consensos legislativos.

📌 ¿Será la Constituyente de Noboa la clave para una nueva era en Ecuador? El destino del país se definirá en las urnas. 🗳️

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