Una porción de estas concesiones incluye áreas limítrofes, afectando la frontera con Costa Rica y también zonas adyacentes a Honduras. En los últimos años, el gobierno nicaragüense ha incrementado la entrega de licencias mineras a firmas procedentes del gigante asiático.

Concesiones en Río San Juan y zonas fronterizas

El Ministerio de Energía y Minas entregó las concesiones por un período de 25 años para el “aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos”.

La concesión más extensa se otorgó a la empresa Zhong Fu Development S. A., que recibió 49.997,5 hectáreas. Esta zona se localiza en el departamento sureño de Río San Juan, directamente fronterizo con Costa Rica.

Las otras concesiones de Nicaragua minería China fueron:

• Three Gold Coins Company S. A.: Recibió 23.223,53 hectáreas en el norte del país, abarcando una zona entre Nueva Segovia y Madriz. Esta área colinda con Honduras.
• Norther Mining Company S.A.: La compañía, representada por el empresario chino Bao Jiang, obtuvo dos concesiones separadas. La primera por 3.115,5 hectáreas en Chinandega (noroeste) y la segunda por 8.720 hectáreas en Jinotega (norte), ambas limítrofes con Honduras.

Denuncias por impacto ambiental y político

La entrega masiva de licencias ocurre bajo la administración de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen una alianza con el mandatario chino Xi Jinping. El gobierno nicaragüense restableció relaciones diplomáticas con China en 2021, rompiendo sus lazos con Taiwán.

Medios de prensa nicaragüenses exiliados indican que estas firmas chinas explotan principalmente oro en el país.

Organizaciones ecologistas, como la ONG Fundación del Río (también exiliada), han denunciado el proceso de concesiones. La ONG afirma que los permisos se entregan en áreas protegidas sin realizar la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan dichas zonas.

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica y el Monitoreo Azul y Blanco afirmaron en una declaración conjunta que las cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han convertido en “antesalas de la muerte”. Según las organizaciones, los decesos no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática de persecución y desaparición forzada. Actualmente, se reporta que al menos 33 disidentes se encuentran en situación de desaparición forzada, de los cuales 11 son mujeres.

Un llamado internacional por la vida de los presos políticos

La Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), una coalición de organizaciones opositoras, reforzó la denuncia al señalar que el Estado nicaragüense opera como una “maquinaria de muerte sistemática” para castigar a quienes tienen una opinión diferente. El “terrorismo de Estado” utiliza la desaparición forzada y el asesinato como una estrategia deliberada para silenciar a la oposición.

Ante esta situación, las organizaciones han hecho un llamado internacional urgente. Exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos y solicitan una investigación internacional e independiente que esclarezca las muertes bajo custodia. La crisis política en Nicaragua se ha agudizado desde 2018, y se ha caracterizado por la represión contra la disidencia, el encarcelamiento de opositores y la privación de derechos y la nacionalidad a quienes se oponen al régimen.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre la consolidación de un Estado autoritario en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Según un informe reciente, la reforma constitucional aprobada por el Ejecutivo ha eliminado los pocos controles institucionales que quedaban en el país.

Un poder absoluto

De acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, la reforma constitucional otorga un dominio total a Ortega y Murillo. Entre los cambios más controvertidos está la elevación de Murillo a “copresidenta” y la creación de una “policía voluntaria” conformada por civiles.

Los expertos advierten que la población nicaragüense enfrenta represión, exilio forzado y vigilancias constantes. “No quedan instituciones independientes, y cualquier voz disidente es silenciada”, señalaron.

Crecimiento de la represión

Desde las protestas de 2018, en las que murieron más de 300 personas, el gobierno ha reforzado su control sobre la sociedad. El informe de la ONU indica que el Estado ha utilizado “métodos sistemáticos de represión”, incluyendo el despojo de la nacionalidad a opositores y la vigilancia a la prensa y la Iglesia.

Uno de los aspectos más alarmantes es la creación de una policía paralela conformada por más de 50.000 civiles. Estos grupos, que visten capuchas negras y camisetas blancas, operan bajo las órdenes del gobierno, generando preocupación en la comunidad internacional.

Llamado a la comunidad internacional

El Grupo de Expertos de la ONU ha calificado la situación en Nicaragua como “crímenes de lesa humanidad” y ha instado a la Corte Internacional de Justicia a intervenir. “El mundo no puede ser un simple espectador. Es necesario tomar acciones legales y aplicar sanciones para responsabilizar a Ortega y Murillo”, afirmó Reed Brody, miembro del grupo.

Ante este panorama, organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación y han llamado a medidas urgentes para frenar la represión en Nicaragua.

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Venezuela se encuentra en un momento crítico tras la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato (2025-2031), mientras su gobierno enfrenta denuncias de fraude y violaciones de derechos humanos. En medio de esto, Maduro propone una reforma constitucional y nuevas leyes que fortalecen su control sobre el poder y limitan las libertades políticas.

Reformas constitucionales: más poder para las comunas

Maduro busca cambiar la Constitución para dar más poder a las comunas, estructuras creadas por el chavismo para distribuir recursos y captar votantes. Esta reforma podría reducir la autoridad de funcionarios electos, como gobernadores y alcaldes, y centralizar aún más el poder en el gobierno.

Nuevas leyes: represión contra la oposición

Una nueva ley establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes apoyen sanciones internacionales contra el gobierno. Además, permite juicios en ausencia, lo que ha sido criticado por violar derechos fundamentales. También se aprobó una ley que obliga a las ONGs a declarar sus fuentes de financiamiento, especialmente si provienen del extranjero, lo que se considera un intento de frenar a los opositores.

La “nicaragüización” de Venezuela

Activistas como Alí Daniels alertan que estas medidas podrían llevar a una “nicaragüización” de Venezuela, siguiendo el modelo de represión de Nicaragua. En ese país, el presidente Ortega ha consolidado su poder mediante reformas constitucionales y la persecución de la oposición. Daniels teme que en Venezuela ocurran violaciones similares.

Las reformas constitucionales y las nuevas leyes de Maduro refuerzan su poder y limitan la oposición. La comunidad internacional observa con preocupación la situación, mientras los venezolanos enfrentan un clima de represión y falta de libertades.

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