La Fiscalía General solicitó a la Sala Tercera, desde el 18 de setiembre, la desestimación de la causa 23-000065-0033-PE, que tramitaba contra los diputados independientes Johanna Obando y Luis Diego Vargas, y que mencionaba al empresario José Luis Liu Paniagua.

Origen y ausencia de indicios

La investigación se inició por un reporte confidencial del Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ. El reporte alegaba que Liu Paniagua (identificado también como “Bayron”) había financiado las campañas de los diputados con $25 millones provenientes del crimen organizado desde Colombia.

Sin embargo, el Ministerio Público consultó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para verificar el origen de los fondos. El TSE descartó que José Luis Liu Paniagua se hubiese registrado como financista del Partido Liberal Progresista (PLP), agrupación a la que pertenecían los diputados en ese momento.

Causa del empresario también desestimada

Respecto al empresario, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales investigó a Liu Paniagua en la causa 23-000064-0033-PE, la cual fue remitida al Juzgado Penal de San José con solicitud de desestimación en noviembre de 2024.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyó que las diligencias establecieron la “ausencia de indicios” consecuentes a acciones típicas de legitimación de capitales. Además, el análisis señaló que los movimientos migratorios de Liu Paniagua, con pocos viajes a Colombia y Nicaragua, no reflejaban un comportamiento habitual en personas dedicadas al crimen organizado, según el expediente judicial. La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico confirmó no registrar procesos contra esta persona.

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La Fiscalía de Estados Unidos ha dado un paso importante. Presentó nuevas pruebas contra el capo mexicano Rafael Caro Quintero. Esto ocurrió en una corte federal de Nueva York.

Estas pruebas podrían ser clave. Incluyen información delicada sobre el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena. Camarena fue un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El fiscal Joseph Nocella informó a los abogados de Caro Quintero sobre esta entrega. Lo hizo mediante una carta, basándose en la regla 16 del Procedimiento Penal Federal.

Detalles de las Evidencias Entregadas

El medio mexicano El Universal difundió el contenido de estas pruebas. Se dice que el material es de alto impacto e incluye:

• Grabaciones: Audios del interrogatorio y la tortura al agente Camarena.
• Conversaciones: Registros de charlas grabadas de forma consensuada. En ellas, se confirmaría que Caro Quintero cometió varios delitos.

Este material se clasifica como “Sensitive Quintero”. También complementaría otros documentos. Estos son fotografías de asesinatos y armas de fuego. Dichas armas habrían sido usadas por Caro Quintero entre 1981 y 1985.

Acusación y Extradición de Caro Quintero

Rafael Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2022. Su detención, la segunda por autoridades mexicanas, precedió a este traslado.

A Caro Quintero se le acusa de dirigir grandes operaciones de narcotráfico. También se le señala como responsable del secuestro y asesinato del agente “Kiki” Camarena. Este crimen ocurrió en febrero de 1985. Marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. La presentación de estas pruebas muestra la intención de EE. UU. de avanzar en este largo proceso judicial.

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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha arremetido contra el exmagistrado Celso Gamboa, quien se ha declarado enfermo para solicitar su traslado del CAI Jorge Debravo en Cartago. La solicitud, difundida por el medio Trivisión, detalla una serie de padecimientos de Gamboa, incluyendo cáncer de colon, enfermedad celíaca, cáncer de piel, trastorno de personalidad, ansiedad, úlceras, gastritis, insomnio y trastorno depresivo, además de un diagnóstico de Guillain-Barré. Gamboa también menciona la necesidad de una dieta especial y medicación para sus múltiples condiciones.

Ante esta situación, el presidente Chaves relacionó directamente la condición de Gamboa con la reciente aprobación de la ley de extradición de nacionales involucrados en narcotráfico y terrorismo. “Ya no hay impunidad, ya no hay privilegios para los enemigos de la paz que ahora se declaran enfermos, pobrecitos”, afirmó el mandatario.

Chaves enfatizó que a la “red de cuido se les acabó la fiesta”. Recalcó que, si no se logra la justicia en el país, se buscará la extradición: “Si aquí no lo logramos, los traemos de afuera, pero que se van, se van”. El presidente contrastó la situación actual con lo que él llamó “gobiernos que eran feudos para el beneficio personal de los señores feudales”. Aseguró que su administración y las instituciones trabajan “juntas por el bien del país”.

El mandatario instó a la ciudadanía a “despertar” y no conformarse con promesas. “Les agarró tarde para empezar a decir sigan durmiendo porque a ellos más bien los despertó el rugido de un pueblo diciendo se les acabaron los privilegios y la fiesta”, concluyó, añadiendo que la “luz del nuevo amanecer de Costa Rica ya no se extinguirá nunca más”.

Chaves Elogia a la DEA y la Cooperación Antinarcóticos

Durante la inauguración del Centro Cívico por la Paz en El Roble de Puntarenas, el presidente Rodrigo Chaves también se refirió a la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional. Destacó que el gobierno busca dar “oportunidades y esperanza”, especialmente a los jóvenes, para alejarlos del crimen y los vicios.

Chaves aseguró que su administración está “acabando el abandono de Puntarenas y lo estamos haciendo en el resto del país con fuerza, decisión, con resultados”. El presidente elogió el “despertar” de los costarricenses, que “quieren y pueden cambiar”.

El mandatario citó a la ministra de Seguridad Pública de Estados Unidos, Kristi Noem, y al excanciller de EE.UU., Marco Rubio, quienes han calificado a Costa Rica como un “ejemplo en la lucha contra el crimen organizado”. Chaves criticó a quienes, a pesar de estos reconocimientos, siguen afirmando que su administración es un “narco gobierno”.

Finalmente, el presidente agradeció al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mike Flores, por sus felicitaciones. Mencionó la aprobación de la ley de extradición de narcotraficantes costarricenses, reconociendo el liderazgo de la diputada Pilar Cisneros. Chaves afirmó que esta ley ha permitido a las fuerzas de investigación aliadas “hacer lo que el Poder Judicial no ha hecho por décadas, agarrar a los de verdad, y ahora no los pueden soltar”.

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EE. UU. Presiona a México para Combatir la Narco política con Investigaciones y Extradiciones

La Administración Trump Intensifica la Presión sobre México por Vínculos con Cárteles

La administración de Donald Trump en Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión sobre México para que intensifique sus acciones contra políticos presuntamente vinculados con cárteles del narcotráfico. Según un informe de Reuters, basado en testimonios de cuatro funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, Washington busca que México investigue, procese y extradite a estas figuras.

Desde el 27 de febrero y en al menos tres ocasiones, altos funcionarios estadounidenses han planteado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la necesidad de una “persecución de narcopolíticos” que tengan responsabilidad en cargos penales. Además, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de “agilizar la captura o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI”.

Estas demandas han sido articuladas por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y su equipo en diversas reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos. El objetivo declarado es lanzar “una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción”, que incluiría también “inspecciones más exhaustivas de los cargamentos” y de los viajeros que cruzan la frontera.

Posibles Aranceles y Nombres Señalados

Dos de las fuentes consultadas por Reuters indicaron que Estados Unidos habría amenazado a México con la imposición de aranceles adicionales si el país latinoamericano no toma medidas concretas contra “varios políticos”. Sorprendentemente, se menciona que algunos de estos políticos pertenecerían al partido oficialista Morena, al cual la presidenta Sheinbaum está afiliada. Adicionalmente, se habría planteado la idea de designar a un responsable estadounidense para el tema del fentanilo, quien tendría contacto directo con la presidenta mexicana.

La posibilidad de perseguir a políticos en funciones genera “riesgos políticos” significativos para la mandataria mexicana, según declaró un miembro del gabinete de Seguridad de México a Reuters. Aunque no se ha confirmado la existencia de una lista oficial ni pruebas concretas, dos de las fuentes estadounidenses afirmaron que en las reuniones bilaterales se mencionaron cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador. Entre los nombres señalados, estaría la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien EE. UU. le revocó la visa de turista en mayo pasado, junto a su esposo.

Una “Línea Roja” para México

La solicitud de perseguir a políticos o funcionarios en funciones ha sido considerada “desde hace tiempo” como “una línea roja” en México, según cinco funcionarios diplomáticos consultados por Reuters. Estos funcionarios añadieron que, si bien se han logrado arrestos y procesamientos de políticos por corrupción en el pasado, esto solo ha ocurrido una vez que los involucrados han dejado sus cargos.

En las reuniones bilaterales, la delegación estadounidense ha contado con la participación de figuras como Marco Rubio y la fiscal general Pam Bondi, junto a funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Tesoro. Por parte de México, han asistido el canciller Juan Ramón de la Fuente, el fiscal general Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

¿Considera que esta presión externa podría generar un cambio significativo en la política anticorrupción de México, o representará un desafío diplomático?

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