Por Unidad Internacional ACR

Durante años, el chavismo construyó buena parte de su identidad política sobre una promesa, enfrentar al capitalismo, controlar sectores estratégicos desde el Estado y presentar el socialismo del siglo XXI como una alternativa al modelo económico tradicional.

Pero Venezuela empieza a moverse en una dirección muy distinta.

Tras el nuevo escenario político abierto en Venezuela desde los sucesos de enero, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha impulsado una serie de cambios económicos que marcan una ruptura profunda con parte del discurso histórico del chavismo.

El giro no ocurre en un terreno menor.

Venezuela está retomando contactos con organismos financieros internacionales, revisando el enorme aparato empresarial estatal y abriendo sectores como petróleo y minería al capital privado nacional e internacional.

La paradoja es difícil de ignorar, el mismo movimiento político que durante años hizo del antiimperialismo y del control estatal una bandera, ahora empieza a usar herramientas que antes denunciaba como traición.

Uno de los cambios más simbólicos fue el acercamiento al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, instituciones duramente atacadas durante años por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El nuevo gobierno también anunció un proceso de reestructuración de la deuda externa y de PDVSA, con la intención de renegociar pagos, revisar obligaciones pendientes y abrir camino para que Venezuela pueda regresar, eventualmente, al sistema financiero internacional.

Ese paso tiene peso económico, pero también político.

Porque durante años el chavismo presentó al FMI como símbolo de sometimiento extranjero. Ahora, bajo presión interna y externa, Venezuela vuelve a mirar hacia esos mismos espacios para intentar ordenar una deuda que algunos economistas estiman entre 170.000 y 190.000 millones de dólares.

El segundo movimiento toca otra columna histórica del proyecto chavista, las empresas públicas.

La frase “exprópiese” marcó una época en Venezuela. Bajo ese modelo, el Estado asumió control de cientos de empresas y activos productivos.

Ahora, Delcy Rodríguez instaló una comisión para revisar cuáles bienes estatales podrían ser transferidos al sector privado o liquidados.

El mensaje es claro, el Estado venezolano ya no puede sostener el tamaño del aparato económico que ayudó a construir.

Pero ese proceso también abre dudas.

Sectores críticos advierten que una reducción del aparato estatal puede ser necesaria, pero también peligrosa si se hace sin transparencia, controles y reglas claras. En un país marcado por corrupción, opacidad y concentración de poder, privatizar o transferir activos sin vigilancia puede terminar trasladando poder económico hacia nuevos grupos cercanos al aparato estatal.

El tercer giro está en petróleo y minería.

Las reformas recientes a las leyes de Hidrocarburos y Minas abren más espacio al capital privado en sectores que durante años fueron presentados como símbolo de soberanía nacional.

Para sectores radicales del propio chavismo, eso equivale a una ruptura con el discurso histórico de la revolución bolivariana.

Pero para Delcy Rodríguez y su entorno, la explicación parece ser otra: sobrevivir políticamente, evitar una guerra interna y buscar oxígeno económico en medio de un país golpeado por deuda, aislamiento y colapso institucional.

Ahí aparece la palabra que mejor resume el momento venezolano: pragmatismo.

No un pragmatismo neutro, sino uno cargado de contradicciones.

Porque el chavismo no está desmontando su modelo económico desde una derrota electoral tradicional ni desde una transición ordenada de poder. Lo está haciendo desde dentro, empujado por una crisis que dejó al viejo discurso frente a límites cada vez más visibles en lo económico e institucional.

El resultado es un escenario incómodo para todos.

Para los sectores opositores, porque parte de las reformas que durante años reclamaron ahora están siendo aplicadas por figuras del propio chavismo.

Para el chavismo duro, porque el modelo que defendió durante décadas empieza a ser corregido por quienes antes lo presentaban como intocable.

Y para los venezolanos, porque el cambio económico no necesariamente viene acompañado de una apertura política equivalente.

Ese puede ser el punto más sensible del nuevo momento venezolano.

Venezuela podría estar avanzando hacia una economía más abierta, con más espacio para capital privado y organismos internacionales, pero sin resolver todavía la pregunta central sobre libertades políticas, legitimidad institucional y control real del poder.

Por eso, el cambio que impulsa Delcy Rodríguez no puede leerse solo como una reforma económica.

También empieza a leerse como una señal política difícil de ignorar.

Y ahora, parte de la misma élite que durante años defendió la revolución económica empieza a impulsar cambios que hace apenas unos años habrían sido impensables dentro del discurso chavista.

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Rechazo a la medida estadounidense

La decisión de Estados Unidos, anunciada el pasado miércoles por el presidente Donald Trump, pone fin a las licencias otorgadas por su predecesor, Joe Biden, en noviembre de 2022. A partir del 1 de marzo, las licencias que permitían a Chevron operar en Venezuela y exportar crudo quedarán anuladas, sin posibilidad de renovación. Esta medida ha sido interpretada como un revés económico para Venezuela, que había experimentado una recuperación en su producción de petróleo, superando el millón de barriles diarios en enero de este año, cifra no alcanzada desde 2019.

El presidente Trump justificó su decisión al afirmar que se estaba revirtiendo las concesiones hechas por Biden, las cuales consideró parte de un acuerdo con un régimen de Nicolás Maduro que no ha cumplido las condiciones electorales prometidas. El mandatario estadounidense subrayó que su administración busca poner fin a los acuerdos con el gobierno de Maduro, al que califica de corrupto.

Impacto en Venezuela y la solidaridad de Cuba

La medida estadounidense ha provocado un rechazo rotundo en Venezuela. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país y titular de Hidrocarburos, calificó de «lesiva e inexplicable» la decisión. Según Rodríguez, la acción pone en duda la seguridad jurídica de EE.UU. en su régimen de inversiones internacionales, lo que podría afectar la confianza de empresas extranjeras en el país norteamericano.

En respuesta, Cuba ha expresado su apoyo incondicional a la Revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro. A través de sus redes sociales, Bruno Rodríguez manifestó la solidaridad de Cuba con Venezuela ante lo que calificó como una «nueva arremetida imperial». El gobierno cubano considera que esta medida forma parte de un ataque a la estabilidad económica y política de la región.

Conclusión:

La decisión de Estados Unidos de cesar las licencias para la exportación de crudo venezolano representa un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas entre ambos países. Mientras que EE.UU. argumenta que se trata de una respuesta a las políticas internas de Venezuela, el gobierno cubano y los funcionarios venezolanos han rechazado la medida, asegurando que es un intento de dañar la economía venezolana y socavar su capacidad para generar ingresos legítimos.

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