La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo) ha girado una orden de captura internacional. Se busca la extradición de un abogado de apellidos Chaves Arias, de 40 años. Él es imputado en el caso conocido como “Madre Patria”.

Chaves Arias salió de Costa Rica el 2 de junio de 2024. Esto fue tres semanas antes de los múltiples allanamientos y detenciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Hasta la fecha, el abogado no ha regresado al país y su paradero es desconocido.

Red Criminal: Fraude Registral y Legitimación de Capitales

El abogado Chaves Arias es señalado como uno de los presuntos líderes de una compleja organización delictiva. Esta estructura se dedicaba al fraude registral. Su objetivo principal era la sustracción de propiedades de alto valor y la legitimación de capitales.

La investigación de la Faedo detalla el modus operandi. Dueños legítimos de terrenos, a menudo extranjeros y adultos mayores, habrían sido despojados de sus propiedades. Esto se lograba mediante maniobras registrales, presuntamente orquestadas por abogados afines al grupo criminal.

La supuesta organización delictiva era liderada por dos ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez. Ellos habrían contado con el apoyo crucial de abogados y notarios. Se cree que los hermanos Chaves Arias operaban junto a estos extranjeros. El abogado Chaves Arias es el único imputado en el caso que no ha sido detenido.

Diversas Modalidades de Legitimación y Roles Dentro de la Red

La investigación indica que Chaves Arias no solo tenía un rol de liderazgo. También figura en varias sociedades anónimas junto a los ciudadanos españoles. Estas sociedades están siendo investigadas por su presunta participación en actividades ilícitas.

La organización se dedicaba a perpetrar fraudes con propiedades de alto valor en distintas zonas del país. Para la legitimación del dinero ilícito, el grupo utilizaba diversos negocios. Estos incluían empresas que gestionaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP). También invertían en criptomonedas, adquirían vehículos de lujo o realizaban inversiones en tiendas tipo “outlet”.

Las pesquisas judiciales revelan cómo parte del dinero se destinaba a la compra de criptomonedas. Para este fin, los supuestos líderes reclutaron a dos ingenieros informáticos. Estos tenían conocimientos en la gestión de este tipo de activos digitales.

Medidas Cautelares y Otros Imputados en el Caso

El hermano de Chaves Arias, también imputado en la causa, intentó que se le levantara la prisión preventiva. Argumentó que no existía riesgo de fuga. Sin embargo, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José prorrogó su prisión preventiva hasta diciembre de este año. La misma medida se extendió para los españoles León Muñoz y Gómez González, así como para un empresario autobusero, un abogado, un sujeto más, un ingeniero informático y otra persona.

Además, el tribunal impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico a otros imputados. Entre ellos se encuentran una mujer, otra mujer, un hombre, dos hombres, otro hombre, un juez, un hombre, una mujer, un hombre y otro sujeto.

La investigación también involucra a un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP), de apellido Rosales. Se presume que benefició a la organización con trámites internos. A mediados de 2024, un juez solicitó suspenderlo de su cargo. Se le impusieron medidas como domicilio fijo, firma periódica y prohibición de salida del país.

Asimismo, cinco oficiales de la Policía de Tránsito son investigados. Se les acusa de colaborar con el grupo criminal para evitar multas a las unidades de autobús vinculadas a las empresas de los imputados. El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José los dejó en libertad bajo medidas cautelares a mediados de 2024. Deben firmar periódicamente, tienen impedimento de salida del país y no pueden acercarse a testigos.

La causa investiga presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho. El caso “Madre Patria” continúa avanzando en la búsqueda de todos los responsables de esta compleja red criminal.

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Costa Rica enfrenta un desafío persistente en su lucha contra el lavado de dinero: la utilización del sector ganadero como un canal ideal para blanquear capitales ilícitos. La reciente operación Caso Venus, que desarticuló una presunta red criminal, ha puesto de manifiesto cómo la compraventa de animales, especialmente a través de subastas ganaderas, se convierte en un eslabón vulnerable en la cadena de control financiero. Con al menos 169 reses decomisadas y la vinculación de la Subasta Ganadera Nahael, la facilidad con la que el crimen organizado invierte sus ganancias, particularmente del narcotráfico, revela una preocupante ausencia de controles efectivos.

Estos establecimientos, donde caballos, vacas y terneros cambian de manos mediante pujas y ofertas, se han transformado en una “puerta abierta” para estructuras delictivas que buscan legitimar fondos de dudosa procedencia, aprovechando la actual legislación nacional.

Millones en Patas: El Rastro del Efectivo Incontrolado

La magnitud del problema se refleja en las cifras. Desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comenzó a registrar estos casos en 2019, hasta 2024, se han incautado 3.721 cabezas de ganado, cuyo valor total asciende a ₡2.084 millones en los últimos seis años, según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). El año 2022 marcó un pico, con 1.263 reses confiscadas, valoradas en más de ₡1.001 millones.

La “ventaja” que la ganadería ofrece a los delincuentes es clara: las transacciones son a menudo en efectivo, sin intermediarios que verifiquen la identidad de los clientes o el origen de los fondos. Esto contrasta fuertemente con otros sectores regulados, como bancos, joyerías o bienes raíces, que están obligados por ley (Ley N.º 8204) a conocer a sus clientes y reportar operaciones sospechosas. Las subastas ganaderas carecen de sanciones y controles similares.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD ha documentado cómo, en la búsqueda de vacíos legales, el crimen ha encontrado un nicho propicio en la cría y venta de ganado. Un caso investigado en 2023 ilustró la capacidad de una sola red criminal para mover aproximadamente $1,5 millones mediante la cría y venta de ganado. El esquema es simple: dinero ilícito se invierte en hatos, el ganado se vende en subastas, y los criminales obtienen dinero “limpio” respaldado por una factura, legitimando así el origen de sus fondos.

La Lucha por la Trazabilidad: Una Propuesta Archivada

Fernando Ramírez, director del ICD, ha señalado que el quid del problema no reside en la validez de la documentación que las subastas entregan, sino en la frecuencia de las transacciones en efectivo y la ausencia de trazabilidad sobre la fuente real del dinero. Aunque el gremio ganadero a menudo opera de forma lícita, este vacío es explotado por organizaciones criminales cuyo único fin es la legitimación de activos.

Para cerrar esta brecha, el ICD propuso en diciembre pasado un proyecto de ley que buscaba convertir a las subastas ganaderas en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF. De haberse aprobado, estas subastas habrían tenido que implementar controles más rigurosos, aprovechando su posición para rastrear fondos y detectar a potenciales lavadores. Sin embargo, esta iniciativa fundamental fue archivada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

El Caso Venus: Un Modelo de Operación Ilícita

La Operación Venus sirve como un vívido ejemplo de esta problemática. En el marco de este caso, el OIJ realizó tres decomisos, incautando un total de 169 bovinos que ahora están bajo custodia del ICD. Las ventas de estos animales generaron alrededor de ₡70 millones, fondos que la Tesorería Nacional resguarda mientras avanza el proceso penal.

La Subasta Ganadera Nahael era propiedad de César Augusto Melgar Sandoval, un ciudadano guatemalteco nacionalizado costarricense, actualmente prófugo. Melgar, quien cumplió una condena por tráfico de drogas, generó sospechas por su rápido enriquecimiento tras salir de prisión. Se presume que formó una alianza con los hermanos Álvarez Alfaro, empresarios de talleres mecánicos y una cancha de pádel en Belén, negocios que habrían sido instrumentalizados para blanquear dinero del narcotráfico.

Los tres presuntos cabecillas se reunían en un bar llamado Venus en Zapote, que inspiró el nombre del caso. Llevaban una vida de opulencia, con residencias en condominios exclusivos y una flota de vehículos de alta gama, incluyendo un Maserati. Se estima que esta alianza criminal, consolidada desde 2023, podría haber procesado hasta ₡3.000 millones anuales a través de unas 20 sociedades.

El OIJ y el Ministerio Público llevaron a cabo 20 allanamientos en diversas localidades del país, resultando en varias detenciones. La búsqueda de Melgar Sandoval por parte de las autoridades continúa.

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El Ministerio de Justicia y Paz ha emitido un cuestionamiento directo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto ocurre luego de que la policía judicial señalara un supuesto debilitamiento en los controles de las cárceles, lo que habría permitido a líderes criminales ordenar delitos desde prisión. La situación expone una tensión entre ambas instituciones clave en la seguridad del país.

La controversia surge tras recientes allanamientos en cuatro centros penitenciarios. La acción buscaba decomisar pruebas esenciales para una investigación de homicidios y tentativas de homicidio. Estos crímenes, al parecer, fueron ordenados por dos privados de libertad conocidos como Tony Peña Russel y alias “Curry”.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó públicamente que hubo un debilitamiento en la vigilancia dentro de las cárceles. Según Zúñiga, esta situación permitió que se coordinaran los mencionados homicidios desde el interior de los centros.

La Respuesta de Justicia: Datos del OIJ y Falta de Acceso a Información

En respuesta a estas críticas, Nils Ching, viceministro de Justicia, cuestionó la postura del OIJ. Ching señaló que la policía judicial debería tener un mayor conocimiento de lo que sucede dentro de las cárceles.

Argumentó que el OIJ tiene en su poder más de 7.900 celulares que han sido decomisados en el sistema penitenciario. Para el viceministro, esta cantidad de evidencia debería proporcionar al OIJ una noción más clara de la actividad criminal desde prisión.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gerald Campos, añadió a principios de esta semana que su institución no tiene acceso a la información que el OIJ maneja sobre la actividad criminal dentro de los centros penales. Este punto resalta una aparente falta de comunicación o intercambio de datos entre ambas entidades.

La situación subraya la complejidad de controlar la actividad delictiva dentro de las prisiones y la necesidad de una coordinación efectiva entre las diferentes instituciones de seguridad y justicia para combatir el crimen organizado.

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Panamá pone el ojo en BCT Bank y Leonel Baruch

El Ministerio Público de Panamá está investigando al BCT Bank y al empresario costarricense Leonel Baruch. El foco está en supuestas transferencias y cuentas vinculadas a un caso de blanqueo de capitales.

Esta noticia fue publicada por La Estrella de Panamá. El medio señaló que la información ya se envió a Costa Rica. Sin embargo, las autoridades judiciales de Costa Rica dicen que, por ahora, no usarán esa información.

Solicitud de Información Desde Panamá

El 10 de junio, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá pidió ayuda legal a la Fiscalía General de Costa Rica. Solicitaron datos sobre Baruch y dos empresas: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A. Ambas sociedades fueron creadas bajo las leyes de Panamá.

La investigación panameña inició por un informe del 14 de abril de 2025. Este informe indicaba que Baruch estaba siendo investigado en Costa Rica. El motivo: un presunto fraude fiscal de casi $11 millones.

El Esquema Financiero bajo Escrutinio

Para el supuesto fraude fiscal, se habría usado un esquema complejo. Varias empresas en Costa Rica habrían transferido más de $60 millones. Estos pagos se hicieron como “falsas obligaciones” a empresas en Panamá. Dichas empresas serían propiedad de Baruch.

Según la solicitud panameña, el Ministerio Público de Costa Rica ya había dicho que este plan financiero tuvo “implicaciones fiscales”. Cuando una empresa en Costa Rica paga intereses al BCT en Panamá, se crea un “escudo financiero”. Esto beneficia a las sociedades costarricenses. Además, transferir ganancias de Costa Rica a Panamá “permite distribuir recursos sin pagar impuestos sobre dividendos en Costa Rica”.

Los análisis de transacciones, desde 2015 hasta finales de 2024, muestran el mismo tipo de operación. Es un “modus operandi” parecido al fraude fiscal ya denunciado al Ministerio de Hacienda en Costa Rica. Panamá también envió más información relacionada con la investigación el 8 de mayo.

Un documento, visto por La Estrella de Panamá, identifica a Baruch como el dueño final de una cuenta en el BTC Panamá. Esta cuenta tiene depósitos a plazo fijo por más de $12.9 millones. El fiscal panameño José Candanedo envió esta información a Costa Rica. La idea es que sirva para iniciar o fortalecer una investigación.

Respuestas de Costa Rica y Acusaciones Cruzadas

El 24 de junio, fiscales de Panamá y Costa Rica tuvieron una reunión virtual. Los funcionarios de Costa Rica confirmaron que recibieron la información. Pero adelantaron que no pueden usarla en el caso que ya tienen abierto (el 2270-21 PE). ¿La razón? Los hechos de ese caso son de 2008 a 2015.

También dijeron que la información de Panamá no sirve para empezar otra investigación por blanqueo de capitales en Costa Rica. Argumentan que no hay pruebas de un delito previo en su país. La documentación quedará para que el fiscal general de Costa Rica la evalúe.

Fuentes ligadas a la investigación en Costa Rica han criticado esta postura. Hablaron con La Estrella de Panamá y cuestionaron la “inacción” del Ministerio Público costarricense. “Prácticamente, están desechando toda la investigación que ha realizado Panamá”, se quejó una fuente. Fuentes panameñas, por su parte, indicaron que el banco no entregó documentos clave de transferencias internas y externas realizadas entre 2023 y 2025.

Leonel Baruch niega todo. Calificó la información de La Estrella de Panamá como “falsa”. Aseguró que “en Panamá no hay registro de ninguna investigación abierta contra BCT ni contra mí por ningún delito”.

Baruch fue claro: “Ni BCT ni yo hemos participado en blanqueo de capitales o evasión fiscal. Mis acciones y las de los bancos BCT siempre han sido y serán en estricto apego a la Ley y la moral”.

A raíz de estas publicaciones, Baruch presentó una denuncia penal. Lo hizo ante la Fiscalía General de la República en Costa Rica. Acusa a varias personas, incluyendo al presidente Rodrigo Chaves y a la diputada Pilar Cisneros. Los señala de ser una “organización criminal”.

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