LA CRISIS DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica atraviesa, sin lugar a duda, una de sus crisis más profundas de legitimidad, eficacia y prestigio institucional. Lo que antaño fue considerado el bastión de la democracia costarricense, el foro donde la razón pública prevalecía sobre los intereses particulares, se ha convertido en un espectáculo que oscila entre lo grotesco y lo patético. No es exageración retórica, los datos empíricos confirman una realidad que los ciudadanos perciben cotidianamente con desazón y hartazgo.

Según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), la Asamblea Legislativa recibe una calificación de apenas 4,5 sobre 10, ubicándose consistentemente en los últimos lugares de confianza institucional junto con los partidos políticos. Un 72% de la población confía poco o nada en quienes integran el Congreso cuando se trata de información sobre temas nacionales. Estos números no son meras estadísticas frías, representan el colapso de la fe ciudadana en la institución que debería encarnar la soberanía popular. El período 2022-2026 ha resultado ser el clímax de un proceso de deterioro institucional que venía gestándose desde los años noventa. Giovanni Sartori lo advirtió con crudeza, la democracia se vuelve frágil cuando la representación pierde densidad y la política se reduce a espectáculo. Lo ocurrido en Cuesta de Moras durante estos años confirma esa alerta.

ANATOMÍA DE LA DECADENCIA PARLAMENTARIA

El espectáculo como sustituto del debate

Los medios de comunicación han documentado con precisión (y hasta la saciedad) los episodios que han convertido al Plenario en una suerte de circo mediático: gritos destemplados, acusaciones cruzadas de pertenecer a “«cárteles”, golpes sobre los escaños, amenazas veladas entre colegas, y sesiones que se asemejan más a un espectáculo de confrontación que a un órgano deliberativo de altura. En septiembre de 2024, el país presenció atónito cómo legisladores del Partido Liberación Nacional y del oficialismo protagonizaban un altercado que incluyó gritos y golpes en la mesa, mientras se lanzaban mutuamente acusaciones de corrupción sin prueba alguna. Como señalaba Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa, la legitimidad de las instituciones democráticas descansa en la calidad del discurso público y en la posibilidad de alcanzar consensos racionales. Cuando el debate parlamentario degenera en confrontación tribal, cuando las mociones de orden se convierten en armas de obstrucción sistemática, y cuando los diputados abandonan el recinto como “protesta” en lugar de argumentar sus posiciones, se erosiona el fundamento mismo de la representación democrática.

La confrontación sistémica entre poderes.

El período ha estado marcado por una confrontación sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El presidente Rodrigo Chaves ha hecho de la crítica y denuncia del Congreso una política comunicacional permanente, mientras que la mayoría opositora (articulada en torno al Directorio presidido por Rodrigo Arias) ha respondido con el control político como instrumento de desgaste gubernamental. Esta dinámica de suma cero ha paralizado iniciativas de interés nacional y ha convertido cada proyecto de ley en un campo de batalla ideológico. La investigación sobre supuestos vínculos entre el Gobierno y el narcotráfico, aprobada con 38 votos a favor y solo 6 en contra en octubre de 2024, ilustra perfectamente esta dinámica. Independientemente del mérito de las acusaciones, el proceso se ha desarrollado en un ambiente de polarización extrema que dificulta cualquier búsqueda de la verdad objetiva. Como advertía Guillermo O’Donnell en sus estudios sobre democracias delegativas, cuando los poderes del Estado se perciben mutuamente como enemigos antes que, como contrapesos institucionales, la democracia entra en una zona de riesgo.

La falacia de la productividad legislativa.

Para no perder el hilo del absurdo, la Presidencia se ufana de que el Congreso aprobó 435 proyectos de ley en tres años, una cifra alta en términos históricos. Pero la productividad bruta no equivale a calidad normativa. Cuando la agenda se llena de declaratorias, homenajes y reformas menores, y se posterga la cirugía mayor del Estado, la estadística se convierte en cosmética institucional. Esta “inflación legislativa” de baja calidad no es un fenómeno exclusivamente costarricense. Como documentaron Luna Pla y Puente Martínez en su estudio sobre parlamentos latinoamericanos, la cantidad de leyes aprobadas no es un indicador fiable de eficacia parlamentaria. Lo relevante es la calidad normativa, la coherencia sistémica del
ordenamiento jurídico y, sobre todo, la capacidad del parlamento para abordar los problemas estructurales que afectan a la sociedad.

La fragmentación partidaria y el transfuguismo.

Las encuestas del CIEP-UCR revelan que el 75% de la población no tiene afinidad con ningún partido político. Esta desafección se refleja en una Asamblea fragmentada donde las alianzas son volátiles y el transfuguismo se ha normalizado. Diputados que abandonan sus fracciones, bloques informales que se reconfiguran según conveniencias coyunturales, y una ausencia total de disciplina partidaria que hace imposible cualquier planificación legislativa a mediano plazo. Como advertía Giovanni Sartori en su obra clásica sobre partidos políticos, cuando el sistema de partidos se atomiza hasta el punto de volverse inoperante, la democracia representativa pierde su capacidad de agregar preferencias ciudadanas y traducirlas en políticas públicas coherentes. Costa Rica está experimentando precisamente esta patología
institucional.

LOS FUNDAMENTOS DE UN PARLAMENTO DEMOCRÁTICO.

Antes de proponer reformas, es necesario establecer los principios normativos que deben guiar la renovación parlamentaria. La ciencia política contemporánea identifica cuatro dimensiones fundamentales de calidad parlamentaria que todo proceso de reforma debe considerar:

Transparencia: Siguiendo los estándares del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), un parlamento transparente es aquel que publica en tiempo real sus agendas, votaciones, gastos y la actividad de sus integrantes. Costa Rica obtuvo apenas 50,74% en la última medición, ocupando el cuarto lugar regional pero muy lejos de los estándares de democracias consolidadas.

Participación ciudadana: Como establece la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, la legitimidad parlamentaria requiere mecanismos efectivos de incidencia ciudadana que vayan más allá de la consulta pasiva. Chile, líder regional con su plataforma “Congreso Virtual”, demuestra que es posible integrar a la ciudadanía en el proceso legislativo de manera sustantiva.

Rendición de cuentas: Un parlamento democrático debe someterse a escrutinio público permanente. Esto incluye no solo la publicación de información, sino mecanismos efectivos de sanción ética y legal para quienes incumplen sus deberes representativos.

Eficacia institucional: Como señalaba Robert Dahl, la democracia requiere instituciones capaces de traducir las preferencias ciudadanas en decisiones colectivas vinculantes. Un parlamento inoperante, aunque formalmente democrático, traiciona su razón de ser.

MIS DIEZ PROPUESTAS PARA LA RENOVACIÓN PARLAMENTARIA

Con base en las mejores prácticas internacionales y la doctrina parlamentaria contemporánea, propongo las siguientes reformas estructurales:

Parlamento Abierto con impacto real.
Más allá de la adhesión formal a los principios de Parlamento Abierto, se requiere la implementación de una plataforma tecnológica que permita: publicación en tiempo real de agendas, proyectos y votaciones; transmisión de todas las sesiones de comisión (no solo del Plenario); registro de asistencia y participación de cada diputado en formato abierto y descargable; y mecanismos de participación ciudadana vinculante en la agenda legislativa, siguiendo el modelo chileno del “Congreso Virtual”.

Oficina Técnica de Presupuesto y Análisis Legislativo
Creación de una oficina independiente, al estilo del Congressional Budget Office estadounidense o la Parliamentary Budget Office canadiense, que realice análisis técnicos previos a la discusión de todo proyecto de ley. Esta oficina debe evaluar el impacto fiscal, social, ambiental y de género de cada iniciativa, proporcionando a los diputados información objetiva para la toma de decisiones. Su independencia debe estar garantizada constitucionalmente para evitar presiones políticas.

Programa obligatorio de capacitación parlamentaria
Los legisladores deben cumplir con un programa de inducción y actualización certificada en: derecho constitucional y parlamentario, procedimientos legislativos, ética pública, derechos humanos, finanzas públicas y técnica legislativa. Esta formación debe ser impartida por las universidades públicas en convenio con la Asamblea, y su cumplimiento debe ser condición para el ejercicio pleno de las
funciones legislativas. Como señala la UCR, que recibió 218 consultas legislativas solo en 2024, existe capacidad académica instalada para profesionalizar la función parlamentaria.

Concursos públicos para plazas interinas y asesorías
El clientelismo en la contratación de personal parlamentario es un cáncer institucional que debe erradicarse. Todas las plazas interinas y asesorías deben cubrirse mediante concursos públicos transparentes, con criterios técnicos verificables y tribunales evaluadores externos. Los asesores de fracción deben contar con credenciales académicas mínimas en áreas relevantes para la función legislativa.

Registro de lobby y transparencia en la influencia externa
Como ha documentado la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Costa Rica carece de regulación efectiva del lobby parlamentario. Se requiere un registro obligatorio de todas las reuniones de diputados con representantes de intereses particulares, declaración de conflictos de interés antes de votar proyectos que afecten a sectores específicos, y publicación de obsequios y beneficios recibidos.

La opacidad en estas materias alimenta la desconfianza ciudadana.

Código de ética parlamentario con sanciones efectivas
El actual régimen disciplinario parlamentario es inexistente. Se requiere un código de ética riguroso que regule las conductas dentro y fuera del parlamento, con un órgano autónomo de investigación y sanción integrado por ciudadanos de reconocida trayectoria ética. Las sanciones deben incluir desde amonestaciones públicas hasta la suspensión temporal de funciones y la pérdida de dietas. La impunidad ética es incompatible con la dignidad del cargo representativo.

Agenda legislativa estratégica con metas claras
El diseño de una agenda estratégica legislativa, con metas claras, plazos específicos y evaluación pública, permitiría que la Asamblea tenga un norte definido y sea evaluada con base en indicadores de desempeño. Esta agenda debe construirse al inicio de cada legislatura con participación de todas las fracciones, estableciendo prioridades nacionales que trasciendan las disputas coyunturales.

Participación ciudadana efectiva y vinculante
Incorporar mecanismos de participación ciudadana que no se limiten a consultas pasivas, sino que permitan la iniciativa popular legislativa con requisitos accesibles, audiencias públicas obligatorias para proyectos de impacto nacional, y respuestas formales a las peticiones ciudadanas. La tecnología debe aprovecharse para facilitar estos procesos y reducir la distancia entre representantes y representados.

Evaluación institucional externa anual
La Asamblea debe someterse a una evaluación externa anual de desempeño, realizada por organizaciones independientes como las universidades públicas o la Contraloría General de la República. Los informes de evaluación deben ser públicos y utilizados para ajustar los procesos internos. Ninguna institución democrática puede estar exenta de rendición de cuentas.

Reforma integral del Reglamento Interno
Es imperativo actualizar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, alineándolo con las mejores prácticas internacionales. La reforma de 2018 fue un avance, pero insuficiente. Se requieren mecanismos que agilicen el trámite legislativo sin sacrificar el debate democrático, regulen el filibusterismo abusivo,
modernicen los procesos de votación, y establezcan consecuencias claras para las conductas obstruccionistas.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Las reformas propuestas no son utopías académicas sino necesidades institucionales urgentes. La situación actual de la Asamblea Legislativa no es irreversible. Es posible restaurar la confianza ciudadana si se implementan medidas claras y transparentes que mejoren la calidad legislativa y profesionalicen la función parlamentaria. Como recordaba Norberto Bobbio, la democracia es, ante todo, un conjunto de reglas que determinan quién decide y bajo qué procedimientos se decide. Cuando el Parlamento se
degrada, esas reglas se vuelven letra muerta. Por eso, la ciudadanía no debe resignarse.

Debe exigir una Asamblea que piense, legisle y controle con seriedad, porque la democracia no se hereda, se construye todos los días. El futuro de la democracia costarricense depende de la renovación estructural de sus instituciones, y la Asamblea Legislativa es el lugar donde debe comenzar. Los ciudadanos exigen respuestas y los diputados tienen la obligación de actuar con responsabilidad, dejando atrás el clientelismo político, el espectáculo mediático y la confrontación estéril. La
alternativa (como nos recuerda Montesquieu en el epígrafe de este artículo) es el camino
hacia el despotismo. Porque una democracia no se destruye de golpe. Se descompone poco a poco, desde adentro. Y si no lo entendemos ahora, quizás cuando despertemos ya no haya nada digno que salvar.

M.Sc. Milton Madriz Cedeño
Politólogo, experto en gobernanza y política pública.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

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La misiva, dirigida a Miguel Guillén (Secretario General del PLN), aborda el desafío que enfrenta la agrupación ante el aumento del populismo en la política nacional.

Un llamado a la esperanza y al liderazgo

Arias expresó que el aniversario del PLN es un “acto histórico y trascendente” que demuestra “voluntad y valentía” por mantenerse como el partido más antiguo del país.

El expresidente recordó los logros atribuidos al PLN en los últimos 74 años: desde la abolición del ejército y el voto femenino, hasta la pacificación de Centroamérica y el inicio del auge del turismo y la inversión extranjera.

Sin embargo, se refirió a la preocupación actual por el panorama político nacional:

“En esta época de incertidumbre y desasosiego, cuando vemos con preocupación el aumento del populismo, el autoritarismo, los discursos antisistema, la demagogia y la mentira convertida en ideología, Liberación Nacional tiene la obligación de mostrar nuevamente las banderas de la ilusión y la esperanza”, afirmó Arias.

La exigencia de no caer en el conformismo

El exmandatario indicó que los más altos dirigentes de los órganos del partido deben recordar su responsabilidad ante el pueblo.

Arias declaró que no les dirá a los líderes dónde poner el siguiente paso, pero sí mencionó las “condiciones esenciales” para que el partido avance: liderazgo y con rumbo.

Advirtió a la dirigencia que debe tener cuidado de no caer en el conformismo de pensar que el pueblo apoyará ciegamente al PLN sin recibir garantías de que “llegarán con certeza al destino prometido”.

“No les pido que cambien la dirección del viento. Solo les pido que enderecen las velas“, concluyó Arias en su carta, utilizando la metáfora náutica como un fuerte llamado a la corrección de rumbo.

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VOCES DE OPINION: En esta columna, el politólogo Milton Madriz Cedeño expone una crítica frontal y fundamentada sobre la degradación institucional de la Asamblea Legislativa, el deterioro de la función representativa y la urgente necesidad de reformas que devuelvan la dignidad al que debería ser uno de los pilares de la democracia costarricense.

En los últimos tres años y medio, la Asamblea Legislativa de Costa Rica no solo ha tocado fondo institucional, se ha convertido en un circo de mediocridad profesional, ética y política que avergüenza a la democracia. Lejos de ser un pilar de gobernanza, el Parlamento es hoy un escenario donde “payasos legislativos” despilfarran recursos públicos en espectáculos vacíos mientras el país clama por soluciones serias. Esta no es una crisis pasajera; es la evidencia de un sistema político que premia la ineptitud y castiga la competencia, comenzando por un mecanismo de elección que privilegia lealtades partidarias sobre la idoneidad técnica y la integridad.

Los partidos políticos, como guardianes de listas cerradas y opacas, seleccionan candidatos no por su capacidad para legislar con rigor, sino por su obediencia a cúpulas clientelares, perpetuando un ciclo de representantes desconectados de la realidad nacional y ajenos a principios básicos de accountability y transparencia.

La desaprobación popular no es un rumor, es un veredicto implacable. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR, septiembre 2025), la Asamblea Legislativa ostenta uno de los niveles de confianza más bajos, con apenas un 12% de aprobación, solo superada por los partidos políticos (10%) como las instituciones peor valoradas del país. Este dato no sorprende: la ciudadanía percibe un Parlamento incapaz de responder a las demandas de una Costa Rica golpeada por la desigualdad, el estancamiento económico y la erosión institucional.

En un contexto donde el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (2024) coloca a Costa Rica en el puesto 42 de 180 países, con una puntuación de 58 que refleja un estancamiento en la lucha contra la opacidad, la desconfianza en los diputados no es solo comprensible, sino justificada. La Asamblea ha fallado en su rol constitucional de fiscalización y legislación equilibrada, convirtiéndose en un engranaje más de un sistema que prioriza el corto plazo político sobre la sostenibilidad gubernamental.

La ineptitud parlamentaria no se limita a discursos vacíos; se manifiesta en un desprecio sistemático por las normas de gobernanza. Proyectos de ley ingresan sin estudios de impacto, con mociones mal redactadas o sin sustento jurídico, violando principios básicos de técnica legislativa. La Sala Constitucional ha señalado repetidamente estas fallas: en 2024, muchas resoluciones revelaron vicios procedimentales que invalidaron normativas enteras, exponiendo la fragilidad de un proceso legislativo improvisado.

Los debates, cuando los hay, son caricaturas: frases grandilocuentes, argumentos populistas y una alarmante ausencia de rigor analítico. Este no es un Parlamento que legisla; es una máquina de generar ruido, donde los diputados, elegidos a través de un sistema que ignora competencias mínimas, perpetúan errores que cuestan caro al erario y a la credibilidad institucional.

La crisis ética es aún más grave, erosionando los fundamentos mismos de la representación democrática. Los conflictos de interés son moneda corriente: desde diputados que promueven proyectos beneficiando a grupos cercanos hasta comisiones investigadoras que se convierten en plataformas de autopromoción mediática. El clientelismo legislativo florece en un sistema donde la lealtad partidaria pesa más que el interés público.

Un ejemplo reciente: en 2025, la Contraloría General de la República identificó irregularidades en contrataciones públicas, incluyendo fondos para asesores y servicios relacionados con entidades como RACSA, con casos que cuestionan hasta el 25% de los contratos por falta de idoneidad o nexos personales con los diputados. La ética, en esta Asamblea, no es un principio; es un accesorio prescindible.

Legislar requiere conocimiento técnico, económico y jurídico, pero esta Asamblea parece alérgica a la competencia. Leyes aprobadas sin análisis de impacto fiscal, sin consulta a expertos o sin evidencia empírica son la norma. En 2024, el Ministerio de Hacienda reportó que una porción significativa de las iniciativas legislativas con implicaciones presupuestarias carecían de estudios de sostenibilidad financiera, lo que agrava el desequilibrio fiscal del país.

Los diputados, en muchos casos, no entienden los proyectos que votan, delegando su responsabilidad a asesores igual de improvisados e inhábiles. El resultado es un cuerpo legislativo que opera como una asamblea de “analfabetos funcionales”, incapaz de responder a los retos de una sociedad compleja, y todo ello potenciado por un sistema electoral que no filtra por formación ni experiencia, dejando al país con representantes que priorizan el “show” sobre la sustancia.

El costo de esta farsa es un país que paga caro. El presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2025 supera los ₡49.543 millones, según el Ministerio de Hacienda. Este dinero cubre salarios, asesores, comisiones, sesiones extraordinarias y una logística que, en teoría, debería traducirse en leyes efectivas. Sin embargo, el retorno es miserable: en el período 2022-2025, solo una fracción de los proyectos aprobados ha tenido un impacto medible en indicadores sociales o económicos, según el Programa Estado de la Nación.

Cada sesión inútil, cada moción frívola, cada ley mal diseñada es un robo al erario público y una traición a la confianza ciudadana.

La gobernanza efectiva exige representantes competentes, no marionetas de partido. Por ello, propongo un paquete de reformas para rescatar la Asamblea de su decadencia:

• Pruebas de idoneidad obligatorias para candidatos a diputado en temas de derecho constitucional, economía básica y políticas públicas.
• Requisitos de capacitación técnica para integrar comisiones especializadas, como Hacienda o Asuntos Jurídicos.
• Publicación obligatoria de los procesos de selección de candidatos dentro de los partidos, con auditorías externas.
• Indicadores públicos y periódicos para medir la productividad y calidad legislativa de cada diputado.
• Mecanismos vinculantes para suspender o destituir a diputados que incurran en conflictos de interés o faltas éticas comprobadas.

Estas medidas no son utopías; son estándares mínimos en democracias avanzadas que Costa Rica, alguna vez modelo en la región, debería imitar para romper con un sistema de elección que perpetúa la mediocridad.

La Asamblea Legislativa 2022-2026 no solo ha fracasado; ha traicionado su mandato. No es víctima de fuerzas externas, sino resultado de su propia inercia y degradación, donde una élite política prioriza el espectáculo sobre el servicio, seleccionada a través de un proceso electoral que ignora la meritocracia y fomenta el clientelismo.

La ciudadanía merece un Parlamento técnico, ético y eficaz, no un circo de cartón que se burla de sus necesidades. Es hora de cerrar el telón de esta farsa y construir una legislatura que honre la democracia costarricense. Porque estos diputados no merecen gobernar; merecen ser relevados.

Nota del editor:
Las opiniones expresadas en esta sección son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la posición editorial de ACR Noticias.
Los textos publicados en Voces de Opinión reflejan la diversidad de perspectivas y el ejercicio del pensamiento crítico dentro del marco del respeto democrático.

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De los supremos poderes e institucionalidad para ponerlos a su entero servicio en medio del mayor abandono, burla y desprecio hacia el ciudadano común. Todo, ejecutado con maestría bajo el signo abracadabrante de la demagogia, las falsas promesas, la retórica de celofán, los pactos bajo la mesa y los egos alucinados.

Desde improvisando modelos económicos y sociales diseñados, a la mala, para perpetuarse en el poder y enriquecerse, hasta articulando un Estado con ínfulas imperiales y absolutismo macabro. Con servidores, aduladores, cómplices y demás arribistas en puestos clave para asegurarse privilegios, influencias, votos, nombramientos a dedo y reformas a la medida de su angurria política.

Haciendo de la ley su fusil contra el pueblo y, del patrimonio de este, su arca y bacanal para atropellar derechos, consumar negocios turbios, hipotecar al país y comprometer la justicia, libertad y democracia de sus ciudadanos.

Una autocracia «made in» PLN diseñada para uso exclusivo suyo y de sus aliados a través de un vasto elenco de diputados, magistrados, fiscales y mandos medios que se cuidan y chinean entre ellos bajo la divina gracia de la institucionalidad.

La Instrumentalización Institucional: De Arias a Gamboa

Lo vimos esta semana en la Asamblea Legislativa con Rodrigo Arias jalándole el pescuezo a la ley para ponerle piedras y palos a la renuncia de Stephan Brunner como vicepresidente de la república. Basta espigar un poco en la jurisprudencia sobre la materia para preguntarse si, bajo la premisa de Arias, Laura Chinchilla no habrá sido una presidenta inconstitucional. ¿Se estará comiendo el pobre Brunner el manjar que Arias le tenía preparado más bien al presidente Chaves si renunciaba al alto cargo? Sí, es el mismo don Rodrigo Arias que un día sí y otro también proclama la defensa de la institucionalidad.

Lo vemos con el Tribunal Supremo de Elecciones mirando para otro lado ante los recurrentes errores, ilegalidades e incumplimientos del PLN en los actuales procesos de inscripción y asambleas electorales.

Lo vemos en las resoluciones de la Sala Cuarta privilegiando programas de farándula en la televisión, tan triviales como insultantes, en detrimento del sano uso de los recursos del Estado.

Lo vemos en casos como el de Celso Gamboa, cuestionado por lavado y narcotráfico, quien se paseaba mondo y lirondo por los tres poderes de la república en medio del silencio cómplice y sepulcral de todo el mundo.

La Lucha por el Poder: Un Final Anunciado

¿Cuántos «pesos pesados» del PLN vinculados a presuntos fraudes, estafas, malversación de fondos y narco han ido a la cárcel? Cero, y los pocos que han estado a punto de, en segundos se declaran con cáncer terminal.

La instrumentalización que ha hecho el PLN de la institucionalidad se aprecia también con claridad en el caso del TSE cuya presidenta actual es la gran bendecida de Oscar Arias desde 1986. ¿Qué confianza o credibilidad nos puede merecer ese supuesto santuario de la democracia con estructuras vulnerables o tan expuestas a la subjetividad, el padrinazgo y el «te doy, me das»?

De ahí que, al aparecer en escena una figura como la del presidente Rodrigo Chaves, ajena al PLN y enemiga acérrima de su red de cuido, la institucionalidad lo quiera aniquilar del poder a cualquier precio. Lo que explica que esta fauna política de oposición, histérica ante la derrota de 2022 y ante la que ahora teme en 2026, desenfunde todo su arsenal de odio, rencor y venganza contra el actual gobierno y, por ende, del ciudadano común.

Porque, a falta de inteligencia, insulta; a falta de ética, asalta y, a falta de razón, agrede. Presagio de que ya se huele el final. De que ya siente el sainete de la masiva condena popular contra tanta vileza, pequeñez y ruindad.

¡Qué alegría imaginar que ya pronto esas curules, tribunas y estrados podrían ser, al fin, honrados por patriotas genuinamente identificados con la esencia del ser costarricense! Toda una plataforma de lanzamiento para la nueva Costa Rica.

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