A partir del 6 de septiembre, nicaragüenses y hondureños se unirán a ciudadanos de otras cinco naciones cuyo TPS ya fue cancelado por decisiones previas. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Orígenes y Alcance del Estatus de Protección Temporal

El TPS, una medida de carácter humanitario, busca resguardar de la deportación a individuos que no pueden retornar a sus países de origen de forma segura. Para Honduras y Nicaragua, esta designación data de 1999. El entonces presidente Bill Clinton la aprobó. La razón principal fue la devastación causada por el huracán Mitch un año antes, un desastre que cobró unas 10.000 vidas.

Desde su implementación, el estatus había sido renovado por todas las administraciones subsiguientes. La última extensión fue en 2023, cuando el presidente Joe Biden argumentó que los efectos del huracán Mitch, junto con tormentas posteriores, la inestabilidad política y los problemas económicos, aún persistían. Gracias al TPS, sus beneficiarios pudieron vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, sin ser considerados indocumentados y, por ende, protegidos de ser deportados. Es importante señalar que, según Alianza TPS, alrededor de 32.000 hondureños lograron regularizar su situación migratoria y obtener la “tarjeta verde”, por lo que la actual decisión no les afectará.

Argumentos de la Administración Trump

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la terminación de estos programas. Subrayó que el TPS fue concebido para ser una medida temporal. Argumentó que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado significativamente en comparación con 1999, cuando se otorgó la protección.

En el caso de Honduras, el comunicado señala que el país “ha logrado un progreso significativo al recuperarse de la destrucción del huracán y ahora es un popular destino turístico y de inversión inmobiliaria”. Para Nicaragua, la justificación de Noem indica que ha hecho “un progreso significativo” para superar los estragos del huracán y es “un líder en crecimiento en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”.

Reacciones Diversas y Críticas a la Decisión

La decisión ha generado un rechazo explícito por parte del gobierno hondureño. La cancillería emitió un comunicado lamentando la medida. Destacó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ya había solicitado oficialmente una nueva extensión a la administración de Donald Trump. El Ministerio de Exteriores de Honduras también ofreció apoyo a los “tepesianos” afectados.

Por parte de Nicaragua, no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta ausencia contrasta con la política del régimen, que ha despojado de nacionalidad y ha exiliado a cientos de opositores, impidiendo su regreso y negándoles pasaportes.

Defensores de estas comunidades han expresado su sorpresa y decepción. Rebaten la afirmación de que la situación en Honduras y Nicaragua es mejor que en 1999. Un comunicado de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) subraya que “además de múltiples desastres naturales, Honduras y Nicaragua han enfrentado durante décadas la impunidad estructural, la violencia, la pobreza y la falta de acceso a los servicios públicos básicos”.

El viceministro de Exteriores hondureño, Antonio García, sugirió que la verdadera motivación detrás de la decisión es un sentimiento antiinmigrante por parte de la administración Trump, más allá de cualquier supuesta recuperación. José Palma, de la Alianza Nacional del TPS, lamentó el impacto en comunidades que han contribuido a EE. UU. por casi tres décadas. “Han establecido familias. Inversiones. Es una comunidad que ha demostrado todos sus aportes a este país. Es cruel lo que está pasando”, afirmó Palma. Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, coincidió, acusando a Trump de “quitarles el estatus legal a cientos de miles de personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante mucho tiempo, arruinando vidas, separando familias y desestabilizando comunidades”.

Perspectivas Legales y Precedentes

Esta no es la primera vez que Trump intenta poner fin al TPS para estas naciones. Durante su primer mandato, un intento similar fue frustrado por tribunales federales, que lo consideraron “ilegal”.

No obstante, en esta nueva gestión, Trump ya ha cancelado el TPS de otras cinco nacionalidades: venezolanos, haitianos, afganos, nepalíes y cameruneses. Un precedente importante es la “luz verde” que la Suprema Corte dio en el caso venezolano. Revirtió una decisión de un tribunal de California, lo que permitió a Trump terminar el TPS y el parole humanitario para venezolanos, y continuar con deportaciones.

Recientemente, el 25 de junio, Estados Unidos y Honduras firmaron un convenio migratorio. Esto ocurrió durante una visita de la secretaria Noem a Tegucigalpa. El encuentro había generado optimismo sobre una posible extensión del TPS.

Se espera que las comunidades afectadas presenten recursos legales para intentar revertir la cancelación. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos es incierto. Las recientes decisiones de la Suprema Corte sugieren un panorama legal complejo para quienes buscan mantener esta protección.

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El 9 de junio, un juez federal de Texas sentenció que el expresidente Donald Trump aplicó erróneamente la Ley de Enemigos Extranjeros. El intento de expulsar de Estados Unidos a supuestos integrantes de la banda venezolana Tren de Aragua (TdA) fue declarado improcedente.

En una opinión de 56 páginas, el juez federal David Briones sostuvo que Trump violó la garantía constitucional del debido proceso. Además, afirmó que el exmandatario no demostró que el Tren de Aragua estuviera involucrado en el tipo de “invasión” que autoriza a un presidente a invocar esta ley. Las declaraciones de Briones se alinean con las de otros tres jueces federales, aunque contrastan con al menos un fallo en Pensilvania.

La Corte Suprema Podría Intervenir Nuevamente

La orden judicial permanente emitida por Briones se suma a otras sentencias. Estos fallos podrían llevar a la Corte Suprema a pronunciarse de nuevo sobre la cuestión. Hasta la fecha, el máximo tribunal del país se ha abstenido de dictaminar si Trump invocó inválidamente la ley con una proclamación en marzo. En su lugar, el tribunal superior aclaró el tipo de debido proceso que Trump debe garantizar a las personas que busca deportar.

En marzo, el entonces presidente describió al TdA como una organización que controlaba Venezuela. Afirmó que este grupo perpetraba una “guerra irregular” contra Estados Unidos. Esto, según Trump, apoyaba el supuesto objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las democracias de la región.

La Proclamación de Trump y la Interpretación del Juez

“El [TdA] ha participado y sigue participando en la migración ilegal masiva hacia Estados Unidos”, decía la proclamación de Trump. Su fin, según el texto, era “promover sus objetivos de dañar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de América, incluido Estados Unidos”.

Sin embargo, el juez Briones fue contundente. Incluso si las aseveraciones de Trump sobre la banda fueran verídicas, su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros seguiría siendo ilegal. Briones agregó que una “incursión depredadora” o “invasión”, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, debe implicar la participación de un gobierno extranjero. Dicha intrusión debe ser militarizada y tener el propósito de obtener el control de territorio en Estados Unidos.

“La migración ilegal masiva o las actividades delictivas claramente no entran dentro de los límites legales [de la Ley de Enemigos Extranjeros]”, afirmó el juez.

Divergencia de Opiniones Judiciales

Parte de la opinión de Briones citó al juez federal Fernando Rodríguez, del Distrito Sur de Texas. Rodríguez también había bloqueado las deportaciones del gobierno. Él argumentó que el uso de la palabra “invasión” por parte de Trump no correspondía al significado original de la ley, aprobada en los albores de la historia estadounidense.

Además de Rodríguez y Briones, otros dos jueces federales, de Colorado y Nueva York, también declararon ilegal el uso de la ley por parte de Trump. La situación difiere en Pensilvania. Allí, la jueza federal Stephanie Haines respaldó el uso de la ley por parte de la administración.

En una opinión emitida el 13 de mayo, Haines destacó que el TdA fue designado como organización terrorista extranjera. Esa designación, afirmó, “respalda firmemente las conclusiones… de que el TdA es un grupo cohesionado unido por el objetivo común de causar una perturbación significativa a la seguridad pública de Estados Unidos”. A pesar de su respaldo, Haines señaló que la administración no había notificado la deportación a los detenidos con suficiente antelación. Por ello, no podía expulsar al ciudadano venezolano que presentó la demanda sin un preaviso de 21 días, entre otras condiciones.

El gobierno sostiene que el poder judicial está invadiendo la autoridad de Trump como jefe del poder ejecutivo. En el Distrito Central de California, el juez federal John Holcomb rechazó el alcance de las medidas del gobierno para evitar la revisión judicial de la autoridad de Trump bajo la ley. Su opinión también sugirió que sus colegas del poder judicial federal habían ido demasiado lejos al intentar definir “incursión” o “invasión”.

“Dado que la AEA [Ley de Enemigos Extranjeros] le permite al presidente decidir si esos acontecimientos han tenido lugar, la AEA también concede necesariamente al presidente la facultad discrecional de decidir qué significan esos términos”, señaló Holcomb la semana pasada.

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Más de 530,000 migrantes de estos países fueron beneficiados con este permiso. Sin embargo, muchos de ellos podrían enfrentarse a la deportación si no encuentran vías legales adicionales para quedarse en Estados Unidos.

Trump continúa con su plan de eliminar las protecciones temporales que se implementaron bajo la administración de Biden. Los republicanos han criticado el uso de este programa, argumentando que excede la autoridad presidencial. Por otro lado, el gobierno de Biden defendió el programa como una forma de reducir los cruces fronterizos ilegales.

Esta revocación de estatus podría implicar una “expulsión acelerada”, un proceso que permite a las autoridades migratorias deportar a individuos sin una audiencia formal ante un juez.

Conclusión: La revocación del estatus legal a migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití es solo una de las medidas que la administración Trump está tomando para endurecer las políticas migratorias. Los migrantes afectados deben estar al tanto de las nuevas medidas y explorar opciones legales para evitar la deportación.

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Durante una rueda de prensa, Claver-Carone destacó que Bukele ha demostrado ser un líder clave en seguridad regional. Además, resaltó que El Salvador es ahora uno de los países más seguros de la región gracias a su política de mano dura contra las pandillas.

Cooperación en seguridad y deportaciones

Según Claver-Carone, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitará El Salvador como parte de su gira por América Latina. En el encuentro con Bukele, se abordará la posibilidad de que el país centroamericano reciba a miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Venezuela.

El funcionario norteamericano recordó que la cooperación en seguridad entre ambas naciones ha sido clave en el combate a grupos delictivos como la Mara Salvatrucha. Ahora, EE.UU. busca ampliar ese trabajo con el Tren de Aragua.

Impacto en la región

El compromiso entre ambos países incluiría la reactivación de acuerdos de asilo y deportación. Además, Claver-Carone afirmó que muchos líderes del Tren de Aragua preferirían regresar a Venezuela antes que enfrentar las estrictas cárceles de El Salvador, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Gira de Marco Rubio en América Latina

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitará cinco países de la región: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Su misión es reforzar la cooperación en temas de migración y seguridad.

En paralelo, el presidente Donald Trump ha expresado su intención de endurecer aún más las políticas migratorias, incluyendo la expulsión de criminales extranjeros de EE.UU. y el bloqueo a migrantes sin visa.

La reunión entre Bukele y Rubio será clave para definir el futuro de la cooperación en seguridad entre ambas naciones. 🔎🌎

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