Estar en ese ranking no suena bien.
Costa Rica aparece como el tercer país de América Latina con más deuda ante el Fondo Monetario Internacional. Solo está detrás de Argentina y Ecuador.

Pero ahí es donde empieza la confusión. Porque aunque comparten lista, no comparten historia.

La deuda de Costa Rica con el FMI ronda los US$2.441 millones, lo que equivale a cerca del 2,4% del PIB. En Argentina y Ecuador ese peso es mucho mayor y responde a crisis más profundas.

Entonces, ¿cómo llegó Costa Rica hasta ahí?.

La respuesta no está en un solo momento, sino en varios años acumulados.

Durante mucho tiempo, el país gastó más de lo que ingresaba. Ese desequilibrio se fue arrastrando hasta que obligó a tomar decisiones más fuertes.

En 2018 se aprobó una reforma fiscal para intentar corregir el rumbo. Aumentó la recaudación y puso límites al crecimiento del gasto.

Pero poco después llegó la pandemia.
Y ese golpe terminó acelerando todo.

Con menos ingresos y más presión económica, el país acudió al FMI en 2020 para obtener financiamiento de emergencia. Luego vinieron otros acuerdos enfocados en estabilizar las finanzas y sostener la economía.

Ahí es donde la historia de Costa Rica se separa de otros países.
Parte de lo que hoy aparece como deuda no corresponde a dinero usado en una crisis inmediata, sino a líneas de crédito disponibles como respaldo en caso de que la economía se complique.

Es decir, no todo ese monto está necesariamente activo en circulación.

Daniel Suchar Zomer, Analista Financiero. Profesor Universitario. Nos da mas detalles sobre lo que significa, estar en el tercer lugar con el FMI.

Eso no significa que no haya problema.

El país sigue cargando con una deuda pública alta, con desafíos fiscales pendientes y con la necesidad de seguir ajustando sus cuentas.

Pero también muestra algo distinto.
Costa Rica mantiene acceso a financiamiento internacional en condiciones que otros países no logran, lo que refleja cierto nivel de confianza externa en su manejo económico.

Por eso el dato puede generar lecturas distintas.
Para algunos, es una señal de alerta.
Para otros, una herramienta para prevenir riesgos.

Lo que sí es claro es esto.
Costa Rica no está en ese ranking por las mismas razones que países que enfrentaron crisis abiertas.
Pero tampoco llegó ahí por casualidad.
La duda no es solo cuánto se debe.
Es qué tan preparado está el país para no depender de ese tipo de respaldo en el futuro.

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Un exasesor de la Asamblea Legislativa no aparece tras una deuda que ahora la institución intenta recuperar.

El monto no es menor: ¢5.743.115, según datos del propio Congreso.

Al no ubicarlo, su nombre fue publicado en La Gaceta, que es el paso que se usa cuando no logran notificar a alguien directamente.

José Abraham Carvajal, el exfuncionario trabajó como asesor de de despacho legislativo del diputado independiente Leslye Bojorges, durante parte del 2024. Tiempo después, detectaron que el puesto que ocupaba exigía un nivel académico que no tenía, lo que generó una diferencia en el salario que recibió.

Esa diferencia es la que hoy le están cobrando.

Según explicó la parte legal de la Asamblea, primero intentaron resolverlo conversando. Él incluso planteó devolver el dinero, pero en un plazo más largo de lo que normalmente se acepta, así que no hubo acuerdo.

Después intentaron ubicarlo.

Fueron a la dirección que tenía registrada, pero no lograron encontrarlo. También hubo contacto telefónico, con la promesa de que se presentaría, pero eso no ocurrió.

Con ese panorama, la institución avanzó al siguiente paso, publicar el caso en La Gaceta para darlo por notificado.

A partir de ahí, el escenario cambia.

Si no responde ni se presenta, el caso puede escalar a cobro judicial, lo que implica que el Estado intentaría recuperar el dinero por la vía legal.

Se trata de dinero público que salió de más, de una persona que no ha respondido como se esperaba y de un caso que ya dejó de ser interno para volverse oficial.

Ahora queda ver si aparece para resolverlo… o si todo termina en tribunales.

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La reciente conferencia de prensa de la ex-candidata Claudia Dobles, en defensa del proyecto original del Tren Eléctrico Metropolitano (TREN), reabre el debate sobre la movilidad en la Gran Área Metropolitana (GAM). Su discurso se enfocó en la “exclusión” del nuevo plan y la superioridad de su propuesta original.

MUNDO ACR tiene un compromiso que no es político, sino matemático. Hemos auditado cada frase de la conferencia y concluimos que su defensa es una ingeniería política diseñada para apelar a la emoción del ciudadano que sufre las presas, mientras esquiva de forma quirúrgica la única verdad que realmente importa: la responsabilidad fiscal y la deuda potencial de hasta $3.000 MILLONES que el proyecto anterior implicaba.

Nuestro análisis expone por qué la cancelación del TREN original fue un acto de SANEAMIENTO FISCAL que salvó a las futuras generaciones de una factura impagable.

Desmontando la ilusión de la tarifa “Accesible”

La defensora del proyecto planteó la pregunta clave y emocional: “¿Usted qué prefiere pagar? ¿Prefiere pagar 500 colones, que es una tarifa accesible, o prefiere pagar 1.200 colones?” y afirmó que en el proyecto actual, el subsidio “se lo trasladaron a usted.”

Esta es la manipulación más grande, porque confunde la tarifa de un usuario con la deuda de una nación.

La pregunta que debió responder: ¿Quién paga la diferencia?

Si la tarifa de ₡1.200 es, como sugieren los técnicos, el costo real y no subsidiado de operar el tren, la tarifa de ₡500 implicaba que el Estado debía cubrir la diferencia de ₡700 por viaje.

La bomba fiscal: Deuda potencial de $3.000 millones

La defensora del proyecto nunca mencionó el costo acumulado de ese subsidio. Si tomamos el rango máximo de $100 millones anuales por la duración típica de un contrato APP (30 años), el compromiso adquirido por el país ascendía a:

$100 millones/an˜o×30 an˜os=$3.000 MILLONES

La Gran Omisión: La cancelación del proyecto anterior fue la única forma de evitar que Costa Rica firmara una deuda garantizada y perpetua de hasta $3.000 millones. Este dinero es el que se mantiene hoy disponible para ser invertido en salud, seguridad y educación, en lugar de ser entregado como ganancia asegurada a un operador privado.

El nuevo proyecto es FISCALMENTE HONESTO. La tarifa de ₡1.200 no es “excluyente,” es la tarifa REAL que deja de robar fondos a los servicios públicos.

La Bomba Fiscal: Deuda Potencial Evitada por Cancelación

$1.400 M

Costo de Inversión Inicial (El “Costo Total” Falso)

+

$3.000 MILLONES

Deuda Potencial por Subsidios (30 años)

El Veredicto Final:

El verdadero costo del proyecto que se defendió hoy era de **$4.400 MILLONES** (mínimo).

La cancelación evitó que la Nación firmara la deuda de **$3.000 millones**, liberando esos recursos para inversión en **Salud, Educación y Seguridad**.

*Cálculo: $100 Millones/año (máximo subsidio) x 30 años (duración APP).

La falsa ‘matemática básica’ del costo por kilómetro

La conferencia argumentó que el proyecto recortado es más caro por kilómetro ($18.32M/km) que el original ($16.66M/km). Y para ello, pidió a los ciudadanos hacer una “matemática básica.”

La Trampa Numérica: La defensora del proyecto solo incluyó la inversión de capital ($1.400 millones) y omitió el costo más grande: el subsidio operativo a largo plazo.

El cálculo completo que desarma el relato

Para que el cálculo sea fiscalmente responsable, debemos sumar la deuda potencial de la operación a la inversión de capital:

1. Inversión de Capital (Dato de la Conferencia): $1.400 Millones
2. Costo de Subsidios (Deuda Oculta): +$3.000 Millones
3. Costo Total Real del TREM Anterior: $4.400 MILLONES

La “matemática básica” presentada está viciada. El proyecto anterior no costaba $16.66 millones/km. La verdad es que costaba MÁS DEL TRIPLE por kilómetro. Es imposible que un proyecto con una deuda operativa tan masiva pueda ser defendido como “técnico” o “viable.”

Los pasos a desnivel: Blindaje al negocio privado

La defensora del proyecto criticó que el plan actual solo tiene 8 pasos a desnivel, frente a los 29 originales, y advirtió que esto generará “menos presas, menos conflicto, menos congestionamiento” y nos llevaría a una “chambonada.”

El Desmonte del Miedo: La alta cantidad de pasos a desnivel no era un favor al ciudadano; era un blindaje contractual para el operador privado.

• La Trampa de la APP: El modelo de Alianza Público-Privada (APP) transfiere el riesgo del negocio. El operador privado no arriesgaría una inversión de $1.500 millones si el tren se atrasa en un cruce.
• La Garantía: El Estado (es decir, el contribuyente) debía asumir el costo total de los 29 pasos a desnivel para garantizar la eficiencia del tren y, por lo tanto, las ganancias del operador privado.

El silencio estratégico de la CGR

La defensora nunca mencionó por qué la Contraloría General de la República (CGR) puso serias objeciones al proyecto. La Contraloría no rechaza un proyecto por falta de pasos a desnivel; lo objeta por la estructura financiera que transfería todo el riesgo del negocio a las finanzas públicas.

La reducción de la infraestructura y el aumento de la tarifa en el nuevo plan demuestran que el riesgo financiero recae sobre el operador privado, no sobre el Presupuesto Nacional. El costo de los pasos a desnivel no justifica una deuda de $3.000 millones.

La Sostenibilidad Fiscal Contra el Relato Político

El discurso de la conferencia es una cortina de humo que utiliza la nostalgia de un proyecto grande y moderno para ocultar una deuda catastrófica. Las frases sobre “la exclusión” y el “30% del salario mínimo” para un estudiante son apelaciones emocionales legítimas, pero irrelevantes si el costo de esa “accesibilidad” es el colapso del sistema de salud pública.

La cancelación del TREM anterior no fue una decisión política revanchista; fue un acto de RIGOR FISCAL ineludible. El verdadero pueblo no es solo el que usa el tren, sino el que paga los impuestos para el hospital, el policía y la educación.

La cultura de MUNDO ACR no es política, es matemática. Y la matemática demuestra que el país no perdió tiempo; el país se ahorró $3.000 millones.

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Aquí detallamos punto por punto qué significa el “entierro” de esta ley para su economía y el futuro de los servicios públicos.

El golpe al costo de la deuda: pagar más por lo mismo.

La consecuencia más inmediata es que el Gobierno se ve obligado a sustituir el financiamiento internacional por deuda local.

🔴 ¿Qué implica financiar en el mercado local?

1. Tasas de interés más altas: Los inversionistas locales (como bancos y fondos de pensiones) exigen históricamente tasas de interés más elevadas que el mercado internacional para prestarle dinero al Gobierno.
2. Factura de intereses más cara: Al pagar tasas más altas por los $1.000 millones, el país gasta más en intereses. Este dinero adicional es un costo hundido que se paga sin generar valor.
3. El sacrificio social: Cada colón extra gastado en intereses es un colón que deja de invertirse en infraestructura vital, equipamiento médico para hospitales, programas de seguridad o becas educativas. En esencia, la factura de esta disputa la paga el ciudadano a través de servicios públicos más limitados.

2. El crudo efecto “desplazamiento” (Crowding Out): Su crédito será más caro

El Gobierno necesita con urgencia $1.000 millones para hacer frente a sus vencimientos de deuda. Al tener que captar esa suma dentro del pequeño mercado costarricense, generará una competencia directa por el dinero, un fenómeno técnico conocido como crowding out.

Impacto directo en familias y personas

• Crédito de Vivienda y Consumo: Para atraer a los inversionistas, el Gobierno ofrece tasas de interés altas. Esto obliga a los bancos a subir sus propias tasas de interés para seguir siendo atractivos. Si usted está pensando en comprar una casa, comprar un carro o refinanciar una deuda, se enfrentará a tasas de interés más altas de las que hubiera tenido. Su capacidad de endeudamiento y el costo de vida aumentan.

Impacto directo en empresas y empleo

• Freno a la Inversión: Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son las que más dependen del crédito local. Si la tasa de interés sube, el costo de invertir en maquinaria, tecnología o contratar más personal se dispara.
• Consecuencia para el Empleo: Un crédito caro es un freno para el crecimiento empresarial. Las empresas se retraen, limitan la creación de nuevos puestos de trabajo o, en el peor de los casos, se ven obligadas a reducir personal. La falta de aprobación de estos bonos actúa como un lastre para la reactivación económica y el empleo.

3. Inestabilidad e incertidumbre financiera global

La deuda pública es monitoreada por agencias de riesgo e inversionistas internacionales. La incapacidad de la Asamblea para aprobar una gestión de deuda considerada óptima envía señales negativas.

🚨 Pérdida de credibilidad y riesgo país

• Percepción de Riesgo: El mercado internacional ve esto como una ruptura del consenso político para la gestión de la deuda. Esto puede generar dudas sobre la capacidad de Costa Rica para tomar decisiones financieras responsables a largo plazo.
• Subida de la Prima de Riesgo: Esta percepción negativa puede llevar a que las agencias de riesgo eleven la “prima de riesgo país” de Costa Rica. Esto significa que cualquier entidad costarricense (el Estado, un banco privado o una gran empresa) que necesite dinero internacionalmente, deberá pagar más caro por ese préstamo en el futuro.

Volatilidad cambiaria y presión al dólar

• Presión en el BCCR: El Gobierno debe pagar $1.400 millones en vencimientos de deuda de aquí a enero. Al no tener los eurobonos, debe salir a comprar esos dólares en el mercado cambiario con colones obtenidos localmente.
• Consecuencia: Una gran y repentina demanda de dólares podría generar presión al alza en el tipo de cambio. Aunque el Banco Central de Costa Rica (BCCR) intervenga para mantener la estabilidad, esta presión es un factor de inestabilidad que afecta la planificación de importadores y exportadores, lo cual se traslada a los precios de los bienes y servicios básicos.

4. El contexto político: El incumplimiento de las condiciones

El principal argumento de la oposición fue el supuesto incumplimiento del Gobierno en la instalación de escáneres en los puertos, una condición que se había establecido en la ley de eurobonos anterior.

• El Dilema: La ciudadanía enfrenta ahora un dilema donde la disputa política por el cumplimiento de una ley (los escáneres) termina castigando a todos con una consecuencia económica mucho más grande y costosa.
• Aunque el cumplimiento de las leyes es fundamental, la decisión legislativa de negarse a una reestructuración de deuda más barata obliga al país a elegir la peor opción financiera en el corto plazo. La “factura” por este conflicto político no la paga el Gobierno, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos a través de un crédito más caro y una menor inversión social.

La decisión es un recordatorio de que las acciones en la Asamblea Legislativa tienen un impacto directo y palpable en el costo de vida de cada persona.

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