La justicia de Ecuador ha dictado una nueva condena de 13 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra el exvicepresidente Jorge Glas. Esta sentencia se suma a otras dos penas previas de 6 y 8 años de cárcel, elevando el total de sus condenas a 27 años.

La magistrada Mercedes Caicedo, de la suprema Corte Nacional de Justicia, anunció que se impuso la “pena máxima” por el delito de peculado. El caso se relaciona con la gestión de obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016 que afectó gravemente las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.

Glas, de 55 años, lideraba el comité encargado de encomendar estas obras. La magistrada Caicedo determinó que el exvicepresidente destinó el dinero público a “construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias” sin respetar la Ley de Solidaridad ni a las víctimas del terremoto.

Detalles de la Acusación y Sentencias Anteriores

La sentencia de primera instancia puede ser impugnada por Glas, quien fue vicepresidente durante la administración del expresidente socialista Rafael Correa (2013-2017). Glas fue reelegido en mayo de 2017 junto a Lenín Moreno, pero su segundo mandato se vio interrumpido por sus condenas.

Las condenas anteriores de Glas incluyen:

• 6 años de prisión: Por su implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
• 8 años de prisión: Junto a Rafael Correa (en ausencia), por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado.

La jueza Caicedo afirmó que Glas y Carlos Bernal, entonces secretario técnico del comité gubernamental, priorizaron obras por “arbitrariedad” en lugar de atender la emergencia del terremoto, que dejó casi 700 muertos. Bernal también fue condenado a 13 años y, junto a Glas, deberán pagar una multa de 250 millones de dólares por perjuicios.

Reacciones y Contexto Político

Rafael Correa reaccionó a la nueva sentencia en la red X, calificándola de “¡Escandaloso!”. El exmandatario cuestionó la “reserva moral en la justicia ecuatoriana”, argumentando que Glas y Bernal fueron condenados por “peculado, por hacer obras de forma ‘arbitraria’, cuando su función era precisamente priorizar las obras de reconstrucción y reactivación”.

La administración de Correa, en la que Glas tuvo roles clave en los sectores estratégicos del país, recaudó unos $1.614 millones de dólares mediante aportes obligatorios de salarios y un alza temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las obras de reconstrucción. Sin embargo, algunas de estas obras quedaron inconclusas. La exfiscal general Diana Salazar había señalado previamente que “millones de dólares recaudados por contribuciones emergentes de todos los ecuatorianos se destinaron a contratos y proyectos para los que no fueron recolectados, evidenciando un abuso de los fondos estatales”.

Glas se ha declarado un “perseguido político” y ha sostenido su inocencia, alegando no haber tenido acceso al millonario fondo ni haber administrado los contratos. Sin embargo, la jueza Caicedo desestimó su argumento, afirmando que “este juicio no es político”.

Glas fue detenido en abril de 2024 en la embajada mexicana en Quito, donde se había refugiado tras obtener libertad condicional en noviembre de 2022. Su historial judicial incluye su entrega a la justicia en 2017 por el caso Odebrecht, y su condena en 2020 por cohecho. La justicia ecuatoriana ha dispuesto que cumpla la pena mayor de los casos resueltos, que ahora asciende a 13 años con esta nueva sentencia.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha enviado este sábado a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. La iniciativa busca ordenar, proteger y reactivar económicamente las áreas protegidas del país que han sido tomadas por “economías criminales, grupos armados y actividades criminales”, según un comunicado de la Presidencia.

El Gobierno ha denominado a esta propuesta “Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local”. Además de la recuperación, el Ejecutivo busca impulsar una “gestión más eficiente” y fomentar la inversión privada responsable. Esta inversión se enfocaría en actividades como el turismo, la investigación científica, los servicios y la protección ambiental.

El objetivo general es claro: “recuperar y aprovechar de forma sostenible estos espacios, diversificar la economía local, generar empleo digno, reactivar el turismo y asegurar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad y desarrollo”, detalló el Ejecutivo.

Áreas Protegidas Amenazadas por Actividades Ilícitas

El proyecto de ley especifica que, tras la declaración de conflicto armado interno emitida por el presidente Noboa en enero de 2024 para combatir las bandas del crimen organizado, se ha confirmado que estos grupos mantienen sus fuentes de financiamiento. Estas fuentes están ligadas a actividades ilícitas como la minería y pesca ilegal, caza furtiva, tráfico de especies exóticas y tala indiscriminada. Un hecho preocupante es que estas actividades se extienden incluso a zonas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Además, estas bandas estarían “aprovechando las ventajas de la situación geográfica del país” para el contrabando, la trata de personas o el narcotráfico. Según el Gobierno, estas acciones no solo afectan el patrimonio natural, sino que también “atentan contra la economía, seguridad y estabilidad del Estado”.

Un ejemplo de esta problemática fue el ataque armado sufrido por once militares el pasado 9 de mayo en Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana. Los soldados fueron emboscados y asesinados por presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las ex-FARC, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal.

La iniciativa resalta que las áreas protegidas “se han vuelto espacios vulnerables que requieren atención”. Más allá de su valor ecológico, estos recursos no renovables son fundamentales para el desarrollo de otras actividades económicas, especialmente el turismo, que ha posicionado a Ecuador como un referente mundial.

Impacto en el Turismo y Nuevos Modelos de Gestión

Como consecuencia de esta situación, el sector turístico, particularmente el ecológico, se ha visto afectado. La dificultad para mantener las condiciones óptimas, el acceso adecuado, y la seguridad para turistas nacionales y extranjeros en estas áreas naturales, ha generado “una disminución importante de los ingresos en el sector”, según el Gobierno.

El proyecto de ley contempla que las áreas protegidas, bajo la supervisión de la autoridad ambiental nacional, puedan operar bajo un modelo de gestión directa. Alternativamente, podrían utilizar mecanismos contractuales que permitan la intervención, administración y operación por parte del sector privado, tanto nacional como internacional.

Para reforzar la protección, la normativa detalla que las autoridades ambientales podrán solicitar apoyo a la Policía o a las Fuerzas Armadas para que brinden seguridad en el perímetro de las áreas protegidas. Asimismo, el control en zonas de difícil acceso se realizará mediante tecnología de vigilancia, buscando una supervisión más efectiva.

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La Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde este martes al proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que, según sus defensores, es una herramienta esencial para combatir el crimen organizado y anticipar amenazas a la seguridad del Estado. Sin embargo, su aprobación ha desatado una ola de controversias y preocupaciones en diversos sectores del país.

El proyecto fue respaldado con 77 votos a favor, provenientes principalmente del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), algunos asambleístas del partido indigenista Pachakutik, y legisladores independientes.

Durante la sesión, Inés Alarcón, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, defendió el proyecto con firmeza. “Esta es una ley conectada con la realidad que vive el país y que resalta la importancia de la obtención de información oportuna y eficaz para evitar que se materialicen hechos terroristas en territorio nacional”, manifestó Alarcón, según una nota de prensa del Parlamento. Con la aprobación de esta ley, Ecuador establecerá “por primera vez” un Sistema Nacional de Inteligencia y siete subsistemas integrados a nivel policial, militar, de análisis financiero y económico, de la Casa Militar Presidencial, tributario, aduanero, penitenciario y de rehabilitación social, además de otros que el presidente Daniel Noboa decida incorporar.

Las Sombras de la Vigilancia: Dudas y Cuestionamientos

A pesar del apoyo oficialista, la normativa ha generado profundas dudas en sectores críticos. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que votó en contra del proyecto —a excepción del legislador David Arias, quien fue expulsado por su voto—, ya se habían advertido que la ley contiene artículos que implican “espionaje, vulneración de datos personales, filtración legalizada” y que “expone a las y los ciudadanos”.

La asambleísta Victoria Desintonio (RC) fue contundente: “La seguridad del Estado no puede convertirse en excusa para vulnerar la intimidad de la ciudadanía”. En este sentido, destacó puntos clave de la normativa que “permite interceptar comunicaciones y acceder a datos personales sin orden judicial”.

Según Radio Pichincha, que tuvo acceso al documento, la ley faculta a la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia a solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Asimismo, obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a proporcionar al Sistema Nacional de Inteligencia la información requerida para sus actividades, incluyendo datos históricos y en tiempo real de comunicaciones, conexiones de abonados telefónicos, información técnica, informática, y localización de terminales, aunque con un límite de solicitud a un período máximo de cinco años.

El Sistema Nacional de Inteligencia también podrá requerir la entrega y actualización permanente de bases de datos e información a entidades públicas por razones de seguridad integral del Estado, con el fin de identificar y alertar sobre riesgos y amenazas.

Otro punto controvertido es la gestión de los fondos para operaciones de inteligencia. La ley establece un fondo permanente de gastos especiales “cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regla el sistema nacional de contratación pública”. Se especifica que el Contralor General del Estado tendrá la potestad exclusiva de control sobre esos gastos, sin que ninguna otra entidad pueda intervenir en su fiscalización o requerir información. Además, se le otorga a este funcionario la potestad de incinerar la documentación. La normativa también prevé que los servidores públicos que realizan operaciones de inteligencia y contrainteligencia reciban documentos con nueva identidad para proteger su vida, identificación que solo deberán usar en el ejercicio de sus funciones.

“Poderes Omnímodos” y Riesgo para la Privacidad

Para el abogado y analista político Mauro Andino, la aprobación de esta normativa legaliza el espionaje “como instrumento de persecución, chantaje y hostigamiento político”. “La máxima autoridad del sistema de inteligencia -designada por el presidente- tendrá poderes omnímodos para espiar, recopilar y capturar información e interceptar comunicaciones y mensajes, acceder a la lista de abonados y a los registros telefónicos. También podrá exigir a las instituciones públicas las bases de datos que dispongan. Todo esto sin la autorización de un juez”, explicó.

La legisladora Jahiren Noriega (RC) expresó con contundencia: “Hasta acá llegó tu derecho a la privacidad”. A ella se sumó el asambleísta Xavier Lasso, quien señaló que esta ley “plantea un espionaje sin ningún tipo de control” y, además, “implica un retroceso de derechos porque vulnera la privacidad de los ecuatorianos”.

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Alejandro Rivas Montoya es analista independiente en seguridad regional y política latinoamericana, consultor para organismos multilaterales y ex asesor en proyectos relacionados con gobernanza y seguridad para el BID y la OEA.

En las últimas semanas, medios internacionales como Bloomberg han publicado reportajes que relacionan a Costa Rica con escenarios de violencia extrema similares a los de Ecuador, sugiriendo que Costa Rica podría estar camino a convertirse en un “narcoestado”. Este tipo de afirmaciones, basadas en comparaciones simplistas y alarmistas, no solo distorsionan la realidad sino que también ponen en riesgo la estabilidad social, económica y política de Costa Rica.

El exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, figura central de estas publicaciones, ha emitido advertencias que merecen ser analizadas con detenimiento y en contexto. Si bien Vigil tiene una trayectoria reconocida en el combate al narcotráfico, no está exento de cuestionamientos sobre su objetividad, debido a vínculos pasados con medios y agencias que han sido señaladas por sesgos en sus informes. Además, su enfoque en la región ha sido criticado en ocasiones por presentar visiones parciales que alimentan narrativas interesadas, sin considerar factores locales complejos y dinámicas sociales propias de cada país.

📎 Mike Vigil: voz autorizada, pero no infalible

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, ha sido una figura influyente en los análisis sobre narcotráfico en América Latina. Sin embargo, no puede ignorarse que Vigil se ha visto envuelto en críticas por declaraciones polémicas en otros países, incluyendo Honduras, donde fue acusado por abogados defensores de violar derechos procesales de un expresidente al emitir juicios públicos sin respaldo legal.

Además, Vigil ya no forma parte activa de la DEA y no tiene acceso privilegiado a información clasificada actual. Por tanto, aunque su opinión es valiosa, no debe ser tomada como una sentencia incuestionable ni como el diagnóstico oficial de los Estados Unidos.

📉 Comparar a Costa Rica con Ecuador: una narrativa forzada

Costa Rica cerró el 2024 con una tasa de 880 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Ecuador alcanzó 38,76, más del doble. Si bien es cierto que Costa Rica ha experimentado un aumento en los índices de criminalidad, especialmente en zonas costeras y fronterizas, comparar esta situación con la de Ecuador sin considerar factores estructurales, geopolíticos y socioculturales es simplista y metodológicamente incorrecto.

Ecuador experimentó un colapso institucional en sectores claves como el sistema penitenciario, el aparato judicial y los mecanismos de inteligencia del Estado. Costa Rica, aunque enfrenta retos, conserva instituciones democráticas sólidas, un Poder Judicial independiente, una prensa libre y una sociedad civil activa, todos factores que históricamente han funcionado como barreras estructurales contra el avance del crimen organizado al estilo narcoestado.

Por otro lado, es fundamental mencionar que en Costa Rica existen medios tradicionales que, en medio de una polarización política creciente, han adoptado posturas que parecen responder más a intereses de venganza política y a la disputa por la pauta estatal que a un verdadero compromiso con la información objetiva. Esta situación genera una cobertura que exagera problemas reales, alimenta el miedo y perjudica la imagen del país a nivel internacional. Esta actitud no solo daña la credibilidad de dichos medios, sino que también afecta la economía nacional, en sectores clave como el turismo y la inversión extranjera.

La narrativa que coloca a Costa Rica al borde de un colapso narcoestatal ignora la fortaleza institucional y el compromiso de las fuerzas de seguridad y el gobierno para enfrentar el crimen organizado. Aunque el narcotráfico es un reto que no podemos minimizar, la realidad muestra que Costa Rica mantiene una tasa de homicidios menor que otros países con crisis de violencia mucho más profundas. Compararnos directamente con Ecuador, donde la violencia alcanzó niveles alarmantes, es una simplificación que distorsiona la situación.

Como analista independiente en seguridad y política latinoamericana, con experiencia como consultor para organismos multilaterales y exasesor en proyectos para el BID y la OEA, puedo afirmar que el debate público merece análisis serios y responsables. Los discursos alarmistas, especialmente cuando se sustentan en fuentes con cuestionamientos de parcialidad y en medios con agendas políticas, no contribuyen a soluciones ni a la tranquilidad social.

Hago un llamado a los medios nacionales e internacionales a ejercer su labor con rigor y ética, evitando caer en sensacionalismos que solo sirven a intereses particulares y dañan la cohesión social y la imagen de Costa Rica. La seguridad y el desarrollo sostenible requieren comunicación basada en datos sólidos, diálogo constructivo y apoyo a las instituciones democráticas.

Costa Rica merece respeto y objetividad en su tratamiento informativo, porque de ello depende su futuro y el bienestar de su población. No permitamos que la desinformación y las agendas políticas divididas pongan en riesgo la estabilidad que con tanto esfuerzo han construido y su compromiso con la legalidad.

El Ministerio de Seguridad Pública, con apoyo de organismos internacionales, ha intensificado la incautación de drogas, el desmantelamiento de estructuras locales y el fortalecimiento de la inteligencia. También se han identificado estructuras delictivas, precisamente porque hay capacidad institucional para mapearlas y combatirlas, a diferencia de contextos donde el Estado ha sido cooptado.

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