En conjunto, empiezan a dibujar el relato con el que el oficialismo busca entrar a su nueva etapa política, presentar su mayoría legislativa no solo como una ventaja numérica, sino como una validación popular para impulsar cambios con mayor velocidad.

Durante distintas intervenciones públicas, legisladores del bloque oficialista insistieron en una misma idea desde ángulos distintos, que el respaldo electoral recibido no fue únicamente para elegir un gobierno, sino para dar continuidad a un proyecto político con capacidad de ejecutar reformas.

Ese mensaje aparece repetido en varios tonos.

Unos hablan de “continuar el cambio”. Otros de una Asamblea que debe responder con rapidez. Otros de dejar atrás los “discursos eternos” o las “descalificaciones permanentes”.

Vista en conjunto, la narrativa apunta hacia una misma dirección: reforzar la idea de que el país votó por continuidad, por decisión y por menos fricción política.

Pero el discurso también proyecta otra señal.

Al insistir en que Costa Rica necesita acuerdos, rapidez y menos confrontación, el oficialismo empieza a fijar un marco político para la nueva Asamblea, quien apoye reformas podrá presentarse como parte de la solución; quien las frene corre el riesgo de quedar retratado como obstáculo.

Ese punto importa.

Porque en política, la disputa no solo ocurre cuando se vota un proyecto. También ocurre antes, en la forma en que cada bloque intenta definir públicamente qué significa apoyar o bloquear una decisión.

Por ahora, el mensaje del oficialismo parece claro: su mayoría no será presentada como un simple resultado legislativo, sino como un mandato político para profundizar la ruta que inició el actual gobierno.

Eso no elimina el papel de la oposición ni vuelve automático el apoyo a cada reforma.

Pero sí cambia el terreno de la discusión.

La nueva batalla política no será solo por los votos.

También será por quién logra imponer el relato de qué significa gobernar, negociar… o frenar.

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Después de los debates, el país queda con una escena conocida. Mucha palabra, poca decisión. Y el domingo 1 de febrero de 2026, entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., se termina el teatro, los discursos y empieza la realidad. Ese día, cada elector recibe dos papeletas: una para Presidencia y Vicepresidencias, otra para Diputaciones. Aquí es donde entra el actor silencioso que decide elecciones. El indeciso. El que
observa, compara, duda, se cansa, y al final hace una de dos cosas: o vota con criterio estratégico, o vota con el piloto automático del “todos son iguales”, que es la manera más cómoda de entregarle el país a la parálisis. La pregunta correcta no es quién habló mejor en un debate. La pregunta correcta es esta: luego de verlos y luego de medirlos, ¿Qué conviene al país si usted quiere resultados y no excusas?.

La encuesta que importa por que trae números y trae método.

Esta semana, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) publicó su última medición antes de las elecciones. No es un chisme de redes, sino un estudio con datos verificables y metodología transparente. En el escenario de personas decididas a votar, Laura Fernández alcanza el 44% de intención de voto, superando el umbral constitucional del 40% necesario para ganar
en primera ronda. Álvaro Ramos, del PLN, aparece en un distante segundo lugar con 9,2%, empatado técnicamente con Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana, que registra 8,6%. El estudio se realizó del 20 al 26 de enero, con una muestra de 1.501 personas, margen de error de ±2,5% y confianza del 95%. Los indecisos bajaron a 26%, lo que significa que la mayoría ya tomó una decisión. Eso, en términos políticos, significa una cosa, que la elección está abierta únicamente para quien todavía no ha decidido. No para quienes ya decidieron continuar, sino para quienes están tentados a fragmentar el voto creyendo que así “equilibran”. Y aquí viene la parte dura.

No quebrar el voto por que quebrar el voto es quebrar la gobernabilidad.

Costa Rica no está eligiendo un símbolo. Está eligiendo un gobierno con capacidad real de ejecutar. El país tiene un problema de seguridad que no admite poesía. Tiene un aparato estatal que requiere reformas profundas. Tiene instituciones que necesitan sanearse con autoridad política, no con comisiones eternas. Y nada de eso se hace con un Ejecutivo amarrado y una Asamblea dedicada a jugar a la aduana del poder. Ya tuvimos suficiente de esto en Cuesta de Moras. Por eso, el elector que quiere continuidad de rumbo debe entender algo básico, y es que la papeleta presidencial sin papeleta legislativa alineada es un triunfo aparente. Es ganar el timón, pero dejar el motor en manos ajenas. Es elegir un Ejecutivo y al
mismo tiempo fabricarle una oposición con poder de veto permanente. El Tribunal Supremo de Elecciones lo dice sin ideología, solo como hecho operacional: usted recibe dos papeletas. La decisión estratégica es usar ambas con coherencia. Si el objetivo es continuidad con reformas, se vota igual en las dos. No se “compensa”. No se “equilibra”. ¡Se gobierna!. Porque cuando usted quiebra el voto, el resultado típico es el de siempre. Partidos tradicionales que no necesitan ganar la Presidencia para mandar. Les basta con una Asamblea fragmentada para convertirse en árbitros, para poner peajes, para negociar cuotas y para vender la parálisis como si fuera “control político”. Eso no es madurez democrática. Eso es un negocio sucio y corrupto.

Continuidad no es capricho, es plan de estado.

Seamos claros. Continuidad no es repetir por repetir. Continuidad es preservar lo que funciona y corregir lo que falta, con una ruta que ya está en marcha. Los indecisos suelen confundirse con una frase bonita, “No quiero continuismo”. Perfecto. Nadie sensato quiere continuismo de lo malo. Pero aquí hablamos de otra cosa, y es continuidad de rumbo con correcciones, con un equipo capaz y con una presidenta que no llega a improvisar, sino a terminar la obra y abrir un ciclo de reformas profundas. Eso requiere gobernabilidad. Y la gobernabilidad no cae del cielo, se construye en la Asamblea Legislativa.

El contubernio que el país debe superar, no premiar.

Seamos francos. PLN, PUSC y Frente Amplio, en distintas dosis y con distintas máscaras, han operado demasiadas veces como un ecosistema de bloqueo y cálculo en puro contubernio. Cuando gobiernan, administran cuotas. Cuando no gobiernan, administran el veto. Y luego venden su propio bloqueo como “defensa de la democracia”. ¡Qué hipocresía!. El ejemplo más reciente es elocuente. En noviembre de 2025, el PLN y el Frente Amplio bloquearon el plenario legislativo durante días, votando sistemáticamente en contra de la posposición del presupuesto nacional, paralizando toda la agenda legislativa como mecanismo de presión porque el Ejecutivo no convocó sus proyectos de interés. Más de 5.000 mociones de obstrucción del Frente Amplio contra las jornadas 4×3 fueron el precio que pagó el país por un capricho de bancada. ¿Queremos más de lo mismo?. La democracia no se defiende paralizando al Estado. La democracia se defiende produciendo resultados dentro de reglas, con controles reales y con rendición de cuentas. Lo demás es moralismo de micrófono, y el país está cansado de pagar esa factura. Tuvimos cuatro años de esta basura en el “Circo de Moras”, y ya fue suficiente. El domingo se puede cortar ese ciclo. Se puede. Pero solo si el elector deja de comportarse como espectador y vota como accionista de la República.

El llamado final a los indecisos.

Indeciso, usted no está eligiendo un debate. Usted está eligiendo un escenario de poder. Si quiere continuidad con reformas, con inversión, con empleo, con instituciones saneadas y con un Estado capaz de enfrentar la seguridad sin excusas, entonces vote por Laura Fernández y vote por una bancada que permita ejecutar. Use las dos papeletas como debe usarlas quien quiere resultados, que sean coherentes, alineadas, sin quebrar el rumbo. La encuesta del CIEP-UCR le está gritando al país algo muy simple, y es que la mayoría ya decidió continuidad en Presidencia. Lo único que falta es que esa decisión no sea saboteada por el voto dividido que resucita a los partidos tradicionales como dueños del freno.
Costa Rica no necesita más árbitros del estancamiento. Necesita gobierno. Y para gobernar, hay que ganar y hay que gobernar con mayoría. ¡Dos papeletas, una sola oportunidad!.

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En la parte alta de la contienda, Laura Fernández vuelve a crecer con fuerza. Y no se trata solo de un aumento en intención de voto. Lo relevante es cómo ese crecimiento se traduce cuando se proyecta sobre el padrón completo. A esta altura de la campaña, el oficialismo ya no compite por visibilidad. Compite por cerrar. Ese avance, además, no responde únicamente a entusiasmo propio. Una parte sustancial proviene de la captura sostenida de indecisos, incluso en el tramo final, cuando ese electorado suele ser más resistente al cambio. Según la lectura de Quirós, ni siquiera el núcleo más duro de la indecisión ha logrado frenar del todo ese movimiento.
Del lado opositor, el escenario es distinto. Hay crecimiento, sí, pero de otra naturaleza.

Claudia Dobles registra el aumento más acelerado dentro de ese bloque y se consolida como una figura claramente en alza. Su avance es real y políticamente relevante, sobre todo en la disputa por el liderazgo opositor. Sin embargo, el análisis advierte un matiz importante: buena parte de ese crecimiento no proviene de nuevos votantes que entran a la contienda, sino de electores ya decididos que reordenan su preferencia dentro del mismo espacio opositor. Es decir, hay reacomodo interno, no expansión.
Eso ayuda a explicar por qué, pese a las subidas individuales, el bloque opositor en su conjunto no logra despegar lo suficiente como para alterar el equilibrio general de la elección. Se mueve por dentro, pero no rompe hacia afuera.
El patrón se observa con claridad en el espacio progresista: Dobles acelera, Álvaro Ramos crece con mayor cautela y Ariel Robles muestra un desgaste gradual. El resultado no es una nueva mayoría, sino una redefinición de liderazgos dentro del mismo sector.
Otro punto central del análisis es mirar más allá del porcentaje y observar el padrón completo. Con la base actual del oficialismo, incluso sin sumar nuevos indecisos, el desenlace dependerá en gran medida del nivel de participación. Y eso explica por qué una mayor afluencia a las urnas, por sí sola, no garantiza una segunda ronda.
Donde el escenario se vuelve especialmente sensible es en la elección de diputaciones.

Ahí la fragmentación opositora pesa más que nunca. Con múltiples partidos moviéndose en rangos bajos y una indecisión aún alta, el sistema electoral puede castigar severamente esa dispersión. No porque alguien arrase, sino porque otros simplemente no alcanzan el umbral.
Al final, esta encuesta no deja un golpe de efecto, sino una imagen más clara del momento político: el oficialismo compite contra el cierre final de la indecisión; la oposición intenta evitar una definición temprana; dentro de ella se reordenan liderazgos; y todos, sin excepción, juegan una partida silenciosa por la Asamblea Legislativa. Todo se resolverá en un solo lugar y en un solo día.

En Mundo ACR no leemos encuestas para celebrar ni para justificar.
Las leemos para entender el momento.
Y hoy, el momento ya está bastante claro.

Nota editorial – MUNDO ACR
Este texto corresponde a un análisis político basado en la interpretación de datos públicos y no constituye propaganda electoral ni proyección de resultados.
Las opiniones y lecturas aquí expuestas se amparan en el derecho a la libertad de expresión y análisis crítico, conforme al artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Las encuestas no votan, pero sí revelan dónde está parada la conversación pública. En los últimos tres meses, la tendencia ha sido consistente. En noviembre, el IDESPO de la Universidad Nacional colocó a Laura Fernández al frente con 28,1 por ciento. En diciembre, la misma medición la mostró subiendo a 32,8 por ciento. Hoy, 22 de enero de 2026, el IDESPO vuelve a medir y la ubica con 39,9 por ciento de intención de voto entre quienes dicen estar decididos a votar, con indecisos todavía relevantes, 35,2 por
ciento. No es una profecía, pero sí una señal de dirección.

Esto no es un accidente estadístico. En ciencia política, cuando una candidatura captura el centro del conflicto y logra ordenar el debate público a su favor, tiende a consolidarse. Laura Fernández no compite solo por simpatía personal, compite por continuidad de rumbo. Y ese rumbo tiene un nombre que irrita a la vieja política, Rodrigo Chaves. La encuesta del CIEP de la UCR ha registrado una aprobación
presidencial del 58 por ciento. Ese capital político suele transferirse cuando la ciudadanía interpreta que el rumbo general del gobierno ha sido útil para su vida cotidiana y para la estabilidad del país.

Hablar de logros exige higiene intelectual. Hay que poner números sobre la mesa y, sobre todo, fuentes. En el frente macroeconómico, el Fondo Monetario Internacional ha señalado un progreso económico notable, con crecimiento robusto y deuda pública cayendo de forma sostenida a niveles por debajo del 60 por ciento del PIB. En 2025, el mismo FMI aprobó para Costa Rica una Línea de Crédito Flexible por 1.500 millones de dólares, un instrumento reservado para países con marcos de política fuertes y
credibilidad macroeconómica. En castellano llano, el país pasó de pedir permiso a inspirar confianza.

En empleo, el INEC reportó para el tercer trimestre de 2025 una tasa de desempleo de 5,7 por ciento. En finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda reportó para agosto de 2025 un déficit financiero equivalente a 2,1 por ciento del PIB, con mejora frente al mismo periodo del año anterior. En octubre de 2025, S&P Global Ratings subió la calificación soberana de Costa Rica a BB desde BB menos. Estos datos no son
propaganda, son termómetros institucionales, y su convergencia importa porque reduce vulnerabilidades y amplía margen de maniobra para políticas públicas con sentido.

Esto no borra los desafíos cotidianos. Un país puede mejorar en macro y, aun así, tener bolsillos tensos, zonas con rezagos y sectores que sienten que la recuperación no les llega. Precisamente por eso la continuidad importa. Sin estabilidad fiscal y credibilidad, el Estado vuelve al viejo vicio. Promete con una mano y endeuda con la otra. Luego llega la factura, siempre en el peor momento y siempre pagada por el
ciudadano común, mientras los de siempre se esconden detrás de excusas ideológicas y manuales de moralina selectiva.

Ahora bien, Laura Fernández no se juega solo en Zapote. Se juega también en Cuesta de Moras. Aquí entra una lección elemental del poder moderno. George Tsebelis lo explica con su enfoque de jugadores de veto. Cuando aumentan los actores con capacidad de bloquear, y cuando están lejos entre sí, crece la probabilidad de parálisis. En términos ticos, más fragmentación legislativa equivale a más bloqueo y a menos reformas, incluso cuando el país las necesita con urgencia. La encuesta del IDESPO también recuerda el dato decisivo. En intención legislativa, Pueblo Soberano lidera con 35,5 por ciento, pero la indecisión ronda el 33 por ciento, mientras PLN marca 8,2 por ciento, Frente Amplio 6,8 por ciento y CAC 3,8 por ciento. Ese mapa es el manual de instrucciones de la parálisis.

James Madison lo resumió con un realismo incómodo. Si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno. Como no lo somos, la arquitectura del poder importa. Los controles deben existir, pero también debe existir capacidad de gobernar. Un Ejecutivo sin respaldo legislativo suficiente termina atrapado en vetos cruzados, en chantajes encubiertos y en una política de migajas. En ese terreno, las reformas se deforman en transacciones y se hunden en la arena movediza de la politiquería.

Por eso el cierre es directo y sin eufemismos. El día de las elecciones no hay que quebrar el voto. Si el electorado quiere continuidad, reformas profundas y el desmantelamiento real de la casta corrupta que se atrincheró durante décadas, entonces debe votar de forma coherente. Costa Rica necesita a Laura Fernández en la Presidencia y necesita por igual a sus 57 diputados en la Asamblea Legislativa para Pueblo Soberano. Sin Asamblea no hay reformas. Sin reformas, el país vuelve a la rueda de la misma casta canalla, la misma red clientelar y el mismo deterioro institucional que tantos costarricenses ya aprendieron a identificar. ¡Costa Rica maduró!.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

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