La Presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, finalmente emitió una declaración pública respaldada por el resto del órgano electoral, una acción que se produce tras el reto público del Presidente Rodrigo Chaves a “salir de las sombras” y en medio de una ola de críticas sobre el manejo de denuncias electorales.

El análisis de expertos legales sobre el discurso señala que la Presidenta optó por un mensaje con fuerte carga emocional y política, lo que dejó en segundo plano los cuestionamientos de fondo.

Durante su intervención, la Presidenta dedicó buena parte del tiempo a la defensa de su trayectoria personal (“merezco respeto”, “irrelevantes”) y a advertir sobre la “violencia política”. Sin embargo, omitió referirse de manera explícita a la principal tesis en el debate público: la posible inconstitucionalidad del procedimiento administrativo para remover un cargo de elección popular.

Expertos, como el constitucionalista Dr. Marcos Cruz, han señalado que esta omisión es relevante. Según su interpretación jurídica, la defensa de la Presidenta no refutó el principio fundamental que sustenta la tesis de nulidad:

“Toda ley, decreto o acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho.”

En su defensa de la imparcialidad, la Presidenta afirmó que haber servido un cargo durante un gobierno no constituye un veto. No obstante, en un momento de alta polarización, su afirmación de haber trabajado durante la primera administración Arias Sánchez ha sido percibida por algunos sectores como un elemento que podría influir en la percepción pública sobre su neutralidad.

Esto contrasta con las advertencias que el mismo Dr. Cruz ha hecho sobre las consecuencias de los actos administrativos controvertidos:

“El peligro es que los actos contrarios a la legalidad tienen consecuencias políticas, y regularmente las paga la ciudadanía y la imagen del país.”

En síntesis, la Presidenta del TSE respondió al reto y a las críticas personales, aunque no abordó en detalle el interrogante de fondo que la ciudadanía y varios expertos legales han planteado:
¿Cuál es la justificación constitucional del procedimiento en curso?

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Los firmantes, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano) y Roy Thompson Chacón, solicitan al TSE anular la Asamblea Nacional celebrada el pasado 13 de septiembre de 2025.

Las Omisiones que Justifican el Recurso

La gestión presentada por Esquivel y Thompson se dirige también contra tres resoluciones emitidas previamente por el TSE. Los recurrentes sostienen que el órgano electoral está permitiendo el incumplimiento del Artículo 60 del Código Electoral y el Artículo 98 Constitucional.

Los hechos clave presentados se centran en la supuesta omisión de procedimientos internos obligatorios del partido:

• El PLN no habría realizado la asamblea cantonal de San Ramón de Alajuela.
• El PLN tampoco habría llevado a cabo la asamblea provincial de la Provincia de Alajuela.

Los abogados afirman que esta serie de omisiones “implica que no se constituyó la asamblea nacional del partido” de forma válida.

La Diferencia entre Quórum e Integración

Los recurrentes señalan que existe una diferencia legal crucial entre el quórum (el número mínimo de asistentes necesario para sesionar) y la integración (el cumplimiento de los requisitos legales y representativos para conformar la asamblea).

• Sostienen que la Asamblea Nacional no se integró conforme a la ley, pues se omitió la “indispensable participación de los 10 integrantes obligatorios de la Provincia de Alajuela”.
• Aducen que, al no estar designados los miembros de las asambleas de base (cantonales y provinciales), cualquier Asamblea Nacional celebrada acarrea la “nulidad de pleno derecho”.

El recurso cita múltiples resoluciones de la Sala Constitucional que reiteran la obligación de los partidos políticos de respetar los principios democráticos y de participación política, incluso en su estructura interna.

La pretensión final de los ciudadanos es que se anulen tanto la Asamblea Nacional del 13 de septiembre de 2025, como las resoluciones del TSE que, según ellos, son contrarias a los principios constitucionales de democracia representativa y participativa.

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