Baruch aseguró que respetará la decisión del Gobierno de EE.UU. y procederá a solicitar una nueva visa. Sin embargo, utilizó el comunicado para lanzar fuertes acusaciones contra el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ligando la revocación a las denuncias de evasión fiscal y el supuesto caso de lavado de dinero en Panamá.

Acusación directa contra el presidente Chaves

El empresario manifestó categóricamente que los casos en su contra “carecen de fundamento alguno y son patrañas montadas” por el presidente Rodrigo Chaves. Baruch calificó al mandatario como “un cobarde que no está dispuesto a enfrentar la justicia por sus actos corruptos, escondiéndose bajo las faldas de la inmunidad”.

Baruch indicó que los medios que informaron de la revocación “en minutos” apuntan a que la información usada por la Embajada es la referente a la supuesta evasión fiscal y el caso de lavado de dinero, al que llama el “falso Mega Caso” en Panamá.

El “falso mega caso” y las pruebas en la Fiscalía

El comunicado de Leonel Baruch visa revocada detalla cinco puntos sobre la denuncia de evasión fiscal, señalando que el caso carece de solidez:

• Origen en un TikTok: Baruch citó que el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, declaró bajo juramento ante el Plenario que el caso se “origina en un TikTok que circulaba por ahí”.
• Creación del Gobierno: El empresario afirmó que existe una declaración bajo juramento en la Fiscalía que señala que el TikTok fue creado a solicitud expresa de la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo. El objetivo era “exagerar” el contenido, pues “el tico básico todo lo cree”.
• Monto Inventado: Baruch aseguró que el monto de 11.000 millones de colones de supuesta defraudación fue una suma “inventada con propósitos de drama y circo mediático”.
• Informe Inexistente: Señaló que el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, mintió bajo juramento al Plenario al afirmar la existencia de un informe técnico que justificaba el monto de defraudación. Acosta enfrenta ahora una causa penal por desobedecer una orden de la Sala Constitucional de entregar dicho informe, el cual, según Baruch, no existe.
• Ocultamiento de Pruebas: El empresario sostuvo que autoridades de Hacienda ocultaron un “Informe de Cierre Final” de 26 de octubre de 2022, emitido por funcionarios de carrera de la Tributación, donde “indica claramente la inexistencia de delito tributario alguno”.

Investigación en Panamá y compromiso de cooperación

Sobre la investigación de supuesto lavado de activos en Panamá, Baruch afirmó que fue “abierta por la Fiscalía de Panamá por presión de Rodrigo Chaves“. El empresario aseveró que la prueba de la solicitud de Chaves para abrir el expediente en su contra “consta en la Fiscalía de Costa Rica”.

Baruch finalizó su comunicado, fechado el 01 de octubre de 2025 en San José, reiterando que NUNCA ha participado en actos de evasión fiscal o lavado de dinero. Además, aseguró que ha aportado “diligentemente toda la información” requerida por las autoridades competentes y continuará haciéndolo hasta que el “ataque malintencionado” se aclare de forma definitiva.

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Proyecto contra la evasión fiscal fracasa en el Congreso de Costa Rica

El proyecto de Fortalecimiento del Control Tributario, una de las principales iniciativas del actual gobierno para combatir la evasión fiscal en Costa Rica, ha quedado varado en la Asamblea Legislativa. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, el expediente 23.759 recibió un dictamen negativo en la Comisión de Hacendarios, lo que impidió su avance.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, lamentó que la iniciativa no prosperara, ya que buscaba fortalecer las potestades de la Dirección General de Tributación para controlar la evasión y agilizar el cobro administrativo de la cartera morosa. “Este proyecto le daba el músculo y los dientes al Ministerio de Hacienda”, comentó el jerarca.

Razones del rechazo y debate político

El rechazo al proyecto se basa en las críticas de diputados que lo consideran “abusivo”. La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, señaló que el texto le otorgaba “superpoderes” a la Administración Tributaria que dejaban a los contribuyentes sin derecho a la defensa. Según la legisladora, la Procuraduría General de la República había advertido sobre varios artículos que podrían ser inconstitucionales.

Estas preocupaciones no son nuevas. Ramírez recordó que una propuesta similar, presentada en el gobierno de Luis Guillermo Solís, fue retirada por razones similares. El expediente 23.759 contemplaba medidas como el levantamiento del velo societario, la responsabilidad solidaria de los socios y la ampliación del plazo de prescripción a 10 años, lo que generó un fuerte debate en el ámbito político.

El impacto en la lucha contra el fraude fiscal

El presidente Rodrigo Chaves ha señalado en el pasado que la evasión fiscal en el país podría ascender a $2 billones, una cifra que ilustra la magnitud del problema. El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, destacó que su gestión se centró en presentar más de 300 denuncias que representaban unos ¢30 mil millones, aunque lamentó que el proyecto de control tributario no recibiera el apoyo legislativo necesario.

Acosta, ahora candidato a diputado, afirmó que “las conversaciones no encontraron eco en los y las diputadas de la comisión” y que, sin iniciativas como esta, es “muy fácil para los evasores obviar los procesos de cobros administrativos y después judiciales”.

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