Por Línea Internacional MUNDO ACR

Bolivia vuelve a quedar atrapada entre bloqueos, escasez y una pregunta de fondo, cuánto del modelo político construido desde la era Evo Morales puede cambiar Rodrigo Paz sin provocar una explosión social.

Apenas seis meses después de haber asumido la presidencia, Paz enfrenta protestas que ya no se explican únicamente por un reclamo sectorial. Lo que comenzó con tensiones por tierras rurales terminó conectándose con salarios, combustible, alimentos, transporte, inflación y una creciente molestia contra el rumbo que está tomando el país.

En las calles, el malestar se siente de forma directa. Hay rutas bloqueadas, problemas de abastecimiento, falta de combustible y sectores que ya no solo exigen respuestas puntuales, sino un cambio de rumbo. Algunos incluso piden la salida del presidente.

El gobierno acusa al entorno de Evo Morales de impulsar la convulsión. Morales lo niega. Pero reducir la crisis a una simple pelea entre Paz y Evo deja por fuera algo mucho más profundo: Bolivia parece estar entrando en una fractura entre el gobierno actual y parte del pacto político y social que dominó al país durante las últimas dos décadas.

El primer choque apareció con una reforma agraria que permitía convertir pequeñas propiedades rurales en medianas propiedades, bajo el argumento oficial de facilitar acceso al crédito y reactivar la inversión.

Para sectores campesinos, sin embargo, la medida despertó otra lectura, el temor de que la tierra termine entrando en una lógica más favorable para grandes propietarios.

Y en Bolivia, la tierra nunca es solamente tierra. También representa comunidad, territorio, identidad y memoria política.

Por eso la reacción no quedó aislada.

La tensión empezó a crecer mientras otros sectores reclamaban por salarios golpeados por la inflación, transportistas denunciaban aumentos en el combustible y ciudadanos hablaban de “gasolina basura” para cuestionar la calidad del producto que, según sus denuncias, estaría afectando vehículos y motores.

El combustible terminó convirtiéndose en otro símbolo del deterioro.

Porque cuando sube el precio, escasea el suministro o la gente empieza a desconfiar de la calidad del combustible, la crisis deja de sentirse lejana y entra directamente en la vida diaria. Ahí se afectan el transporte, el trabajo, la comida, los servicios y hasta la recolección de basura.

Ese tipo de enojo no suele quedarse únicamente en consignas políticas.

Se acumula.

Pero el punto más sensible apareció cuando Rodrigo Paz anunció una posible reforma parcial de la Constitución boliviana.

La Constitución de 2009 no es un documento cualquiera dentro de Bolivia. Fue una de las grandes bases políticas del ciclo de Evo Morales, transformó al país en un Estado Plurinacional y redefinió la relación entre comunidades, recursos naturales y Estado.

Por eso, cuando el gobierno habla de modificar áreas vinculadas a hidrocarburos y minería para facilitar inversiones, sectores afines al masismo y movimientos sociales críticos empiezan a interpretar otra cosa: un posible desplazamiento del modelo estatal hacia una lógica más abierta al capital privado.

El gobierno rechaza cualquier intención de privatización.

Pero la sospecha ya entró en la calle.

Y cuando un gobierno que apenas lleva medio año enfrenta al mismo tiempo bloqueos, escasez, presión inflacionaria, rechazo campesino, conflictos con transportistas y tensiones constitucionales, el problema deja de verse solamente administrativo.

Empieza a convertirse en una crisis política de legitimidad.

Porque Bolivia ya no parece discutir únicamente una ley agraria, la calidad de la gasolina o una comisión constitucional.

Lo que empieza a discutirse es cuánto puede cambiar el modelo político y económico construido desde la era Morales sin romper el vínculo histórico entre el Estado y sectores sociales que durante años sintieron que ese modelo también representaba protección, reconocimiento y poder.

Ahí está el verdadero fondo de la crisis.

Rodrigo Paz intenta mover una estructura que no solo es económica.

También es simbólica.

Y cada ajuste empieza a ser leído por sectores críticos como una amenaza al equilibrio político que marcó Bolivia durante gran parte del siglo XXI.

Por eso las protestas actuales tienen un peso distinto.

No parecen únicamente bloqueos contra medidas específicas.

Empiezan a sentirse como el síntoma de un país donde la inflación golpea, el combustible escasea, la confianza institucional se desgasta y el modelo de Estado vuelve a quedar bajo disputa.

La pregunta ya no es solamente si Rodrigo Paz logrará contener las protestas.

La verdadera pregunta es si Bolivia está entrando en una nueva pelea por el rumbo político y económico que definirá al país durante los próximos años.

En ACR Mundo seguimos explicando las tensiones, disputas y movimientos que están redefiniendo el rumbo político y económico de América Latina. Seguinos también en nuestro canal de Telegram para más análisis y noticias.

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