La discusión sobre la tasa de usura vuelve a escena, esta vez impulsada por un actor que vive la realidad del crédito día a día: la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).

El gremio afirma que los topes actuales, creados para proteger al consumidor, están dejando a miles de personas fuera del sistema financiero formal, lo que, según su criterio, podría estar empujándolas hacia prestamistas informales donde operan esquemas conocidos como “gota a gota”, algunos con vínculos a estructuras criminales.

¿Qué está pasando?

Desde 2020, la Ley 9859 fijó límites máximos a las tasas de interés para evitar abusos.
Hoy los topes son:

• 36,65% anual en colones
• 30,46% en dólares
• Microcréditos: 51,74% (colones) y 43,13% (dólares)

La intención: frenar intereses impagables y ordenar el mercado.

Pero la Cámara asegura que el modelo generó un efecto no previsto.

¿Exclusión financiera?

El asesor económico de la CCCR, Ricardo Carvajal, sostiene que cuando el riesgo del cliente es alto, los bancos no pueden cobrar una tasa acorde al perfil y simplemente no prestan.

Esa población, dice, termina en prestamistas informales.

“La ley tenía buenas intenciones, pero está generando efectos negativos. Personas que antes podían acceder a crédito formal hoy están cayendo en esquemas informales”, afirma Carvajal.

La propuesta del sector: topes diferenciados según riesgo.

La otra cara: el “gota a gota”

La alerta no es solo local.

La ONU y la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) han advertido que la exclusión financiera favorece la expansión de esquemas informales de crédito como el “gota a gota”, caracterizados por:

• intereses impagables,
• amenazas,
• extorsión,
• violencia,
• participación de estructuras criminales.

El informe costarricense “Esquemas de préstamos con prácticas ilegales: el fenómeno gota a gota” confirma la presencia de estas redes en el país.

Impacto económico

Un análisis del economista Édgar Robles (Academia de Centroamérica) estimó que el tope produjo una contracción del consumo del PIB de 0,1%.
Un dato pequeño, pero relevante en un crecimiento económico lento.

¿Qué sigue?

La Cámara de Comercio presentará una propuesta para reabrir el debate. Sus líneas principales serían:

• topes diferenciados según riesgo,
• ajustes regulatorios,
• reinserción de usuarios al sistema formal,
• estrategias conjuntas para frenar el “gota a gota”.

El Gobierno no se ha pronunciado, pero el tema regresa a un momento crítico: seguridad, informalidad, acceso al crédito y criminalidad.

En ese panorama, cualquier cambio en la tasa de usura podría mover no solo el mapa financiero, sino también el de seguridad.

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La decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de no aprobar la emisión de $1.000 millones en eurobonos, una medida enfocada en la gestión óptima de la deuda pública, ha desatado una cadena de consecuencias que se extienden desde el costo del financiamiento nacional hasta la vulnerabilidad social. El análisis de esta coyuntura revela una conexión directa entre las decisiones macroeconómicas del Congreso y la crisis del crédito informal conocido como “Gota a Gota”, que afecta a los sectores más frágiles de la población.

1. El Factor ‘Crowding Out’: Encarecimiento del Crédito Formal

La consecuencia financiera inmediata del rechazo a los eurobonos es la obligación del Gobierno de sustituir ese financiamiento internacional con deuda interna. Esta inyección de demanda de capital en el mercado costarricense, comparativamente pequeño, provoca el efecto conocido como Crowding Out (desplazamiento).

• Presión sobre las Tasas: La Contraloría General de la República ha advertido que esta sustitución incrementa la presión al alza sobre las tasas de interés, ya que los inversionistas locales exigen un rendimiento más alto.
• Impacto Ciudadano: El resultado directo es un encarecimiento generalizado del crédito de consumo, vivienda y para pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Este aumento de costos actúa como un filtro restrictivo, limitando el acceso al sistema financiero regulado, especialmente para solicitantes con menor capacidad de pago.

2. El Doble Golpe: Restricción por Costo y por Riesgo

La restricción generada por el Crowding Out se combina con una vulnerabilidad estructural en el marco regulatorio del crédito local, cerrando la puerta del sistema formal a los segmentos más necesitados.

El analista financiero Daniel Sucharzomer expone la restricción por riesgo que enfrenta el sistema bancario:

“Es importante recordar que desde que se promulgó la ley de tasas de usura… lamentablemente se les olvidó colocar ese apartado para agilizar el tema de los cobros judiciales. Entonces, ¿qué hace que los bancos y el sistema financiero tengan que limitar el crédito a muchísimas personas que siguen necesitando el consumo, pero que lamentablemente por tener un historial crediticio mucho más comprometido, no se les puede dar el crédito.”

Las entidades restringen la oferta por alto riesgo debido a la ineficacia en los mecanismos de cobro judicial (tal como señala Sucharzomer).

Mecanismo de Exclusión: Las personas que requieren liquidez urgente son expulsadas del circuito formal por un doble factor:

El crédito se vuelve inalcanzable por costo (exacerbado por el Crowding Out y el rechazo a los eurobonos).

3. La Fuga a la Informalidad y el Impacto Social

La restricción de la banca formal se traduce directamente en la crisis del “Gota a Gota”. El estudio de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) para 2025 confirma que entre 50.000 y 66.000 personas mantienen activamente este crédito informal.

La OCF subraya que el crédito informal impacta mayoritariamente a hogares donde “el dinero no les alcanza”. Este segmento, al ser rechazado o no poder costear la banca regulada, es capturado por redes de préstamos ilegales.

El analista Daniel Sucharzomer concluye sobre la gravedad del efecto:

“La persona… tiene que irse sí o sí a buscar estos gota a gota… [Es] lamentable que en algún momento se les avisó a todos los promulgadores de la ley de tasas de usura, pero queriendo hacer algo bueno se les olvidó algo tan fundamental como el cobro… la vida de las personas es la que termina siendo hipotecada en los gota a gota.”

El “Gota a Gota” no solo implica un costo financiero exorbitante, sino que se convierte en un problema de seguridad y estabilidad social, al utilizar métodos de cobro basados en la coerción, vinculados a estructuras criminales.

La inacción de la Asamblea Legislativa respecto a la gestión óptima de la deuda pública no es solo un error fiscal, sino un factor que exacerba la exclusión financiera al encarecer y restringir el crédito formal. Esta restricción actúa como un canal de transmisión que empuja a los ciudadanos más vulnerables a la inseguridad del mercado informal. La factura por este conflicto político se traduce directamente en un aumento del costo de vida y una merma en la seguridad de los hogares.

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