“Dios no es un programa de gobierno y Costa Rica no es un púlpito”

Hay una forma muy barata de intentar ganar una elección. No exige equipo técnico, no requiere diagnósticos serios, no obliga a entender economía, seguridad o educación. Solo pide una tarima emocional, un par de palabras totémicas y un villano de utilería. Esa forma se llama política de superioridad moral. En Costa Rica, Fabricio Alvarado la ha perfeccionado como si fuera un producto de franquicia, repetible en campaña, inmune al rendimiento real y peligrosamente eficaz para polarizar.

El libreto es simple. Él se presenta como custodio de la “pureza”, define a sus adversarios como “los otros”, les pega una etiqueta que suena tóxica, “progre”, y acto seguido convierte la contienda electoral en una prueba de fe. Esa maniobra no es cristianismo, es mercadeo político con sotana prestada y biblia en la mano. Es usar a Dios como pancarta y a la ciudadanía como clientela cautiva.

Lo grave no es que haya conservadores. Lo grave es el fraude intelectual de vender conservadurismo como si fuera sinónimo de monopolio moral. La política democrática no es un concurso de santidad. Es, o debería ser, una competencia programática para resolver prioridades nacionales, seguridad, educación, empleo, inversión, turismo, salud, infraestructura. Cuando un candidato sustituye esas variables por una liturgia de “buenos contra malos”, lo que ofrece no es gobierno. Ofrece una guerra cultural permanente que distrae al país de lo urgente y le entrega al crimen organizado el beneficio de la
desatención.

“La trampa del ungido y el veneno del etiquetado”.

En su propio plan de gobierno, el Partido Nueva República habla del “derecho sagrado al sufragio”. Esa palabra no es inocente. “Sagrado” no es un tecnicismo democrático, es una forma de reencantar la política para presentarla como templo, no como institución civil. Luego, en el mismo documento, se construye una narrativa de desprecio hacia la arquitectura partidaria con expresiones como “partidos revueltos, como dirían en Venezuela, el arroz con mango”, y se advierte contra “liderazgos personalistas y
populistas”, mientras se impulsa un estilo de confrontación moral que vive precisamente de personalismos y de antagonismos. Ese tipo de discurso es la política convertida en teatro, con una diferencia, el teatro termina. El fanatismo electoral, no. La etiqueta “progre” funciona como comodín retórico. No es un argumento, es un atajo.
Evita la discusión de fondo y reemplaza evidencia por señalización tribal. El objetivo no es
demostrar, es deslegitimar. Y cuando ese etiquetado viene acompañado de una auto
investidura moral, el resultado es una ecuación peligrosa, “yo represento lo bueno, el otro representa lo malo”. Eso es exactamente lo que, históricamente, ha permitido persecuciones, censuras y abusos en nombre de “la virtud”. Cambian las épocas, la tentación es la misma.

“La religión en campaña como herramienta de poder”.

Costa Rica aprendió, con siglos de historia occidental como lección, que el Estado no puede ser un brazo del clero, ni el clero un brazo del Estado. Precisamente porque cuando la política se convierte en religión, el adversario deja de ser adversario. Se convierte en hereje. Y cuando el adversario es hereje, la negociación se ve como pecado y la pluralidad como amenaza. Nueva República no oculta su enfoque en la agenda religiosa. En su plan se incluye una “Política de protección de la vida y la familia” con lenguaje de guerra cultural, “cultura de la muerte”, “ideología de género”, y se presenta un marco moralizante que pretende dictar el eje del debate público. Además, en su acción legislativa reciente, el jefe de fracción, Fabricio Alvarado, presentó un proyecto para garantizar la continuidad de medios “evangélicos y católicos” en frecuencias sin fines de lucro, con requisitos centrados en programación “predominantemente religiosa” y promoción de “fe y valores religiosos”. Se puede defender la libertad religiosa sin convertir al Estado en un patrocinador de trinchera confesional. El problema no es la fe. El problema es el uso del aparato público, del voto, del miedo moral y de la culpa como combustible electoral.

“La religión en campaña como herramienta de poder”.

Ahora viene la parte incómoda para el marketing moral. Fabricio Alvarado y su partido no son outsiders vírgenes en la arena institucional. Son actores con historial parlamentario, con capacidad de negociar, pactar y ocupar puestos. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se documentó muchas veces un directorio pactado por PLN, PUSC, el oficialismo y Nueva República, en un esquema de reparto de puestos. Entonces, cuidado con el discurso de pureza. Cuando conviene, se sientan con la “vieja política”, la casta que tanto se ha criticado. Cuando no conviene, la denuncian como si fueran monjes ofendidos. Esa gimnasia moral no es virtud, es oportunismo del más barato. Y si el país está ardiendo por seguridad, empleo y educación, la pregunta es brutalmente simple. ¿En estos años, qué prioridad real han puesto sobre la mesa y qué resultados verificables pueden exhibir? Es perfectamente legítimo impulsar proyectos de su interés, claro. Pero si su carta de presentación está dominada por símbolos religiosos y guerra
cultural, entonces están admitiendo, sin querer, que su oferta no es un plan nacional. Es una agenda identitaria. La propia lista divulgada por su fracción incluye iniciativas como “Promover el estudio de
la Biblia” y reformas penales asociadas a delitos con armas. Lo primero revela prioridades simbólicas. Lo segundo puede ser debatible, pero no sustituye una estrategia integral de seguridad, prevención, persecución financiera, control portuario, reforma de gestión policial, coordinación judicial y recuperación territorial. Un país no se gobierna con versículos y titulares. Se gobierna con política pública pura.

“El ataque a Laura y el regreso de la inquisición electoral”.

Y aquí hay un punto de ética política mínima, de caballerosidad democrática, y sí, de respeto elemental. Convertir a una mujer candidata en caricatura moral, tacharla de “progre” como si esa palabra fuera un pecado, y hacerlo además con tono de superioridad religiosa, es un gesto que huele a inquisición, no a estadismo. La democracia no necesita fiscales de fe. Necesita líderes que discutan propuestas con honestidad. Si alguien va a acusar, que lo haga con precisión, con hechos, con citas programáticas, con
votaciones concretas, con evidencia. Si no puede, entonces no es crítica política. Es difamación envuelta en moralina. Y eso, para un líder que se presenta como portavoz de valores, es un bumerán ético.

“Lo que de verdad está en juego”.

El mayor riesgo de este tipo de discurso no es que gane o pierda un candidato. El riesgo es que normalice la idea de que la mitad del país es moralmente inferior. Que el pluralismo es decadencia. Que el Estado debe ponerse del lado de una ortodoxia. Ese camino es conocido, empieza con consignas y termina con persecuciones administrativas, censuras culturales y parálisis legislativa, porque cuando la política se vuelve religión, la negociación se interpreta como traición. Costa Rica no necesita una contienda de iglesias y fundamentalismos extremos. Necesita una contienda de soluciones.

La fe, para quien la tiene, se vive con dignidad en el fuero íntimo y comunitario. La democracia, para todos, se construye con instituciones, argumentos, resultados y límites al poder. Mezclarlas como si fueran la misma cosa no es piedad. ¡Es instrumentalización inmoral! Fabricio Alvarado está equivocado de arena. Está peleando una cruzada imaginaria mientras el país real pide seguridad, educación, empleo, inversión, turismo, salud y gestión pública seria. Y cuando un candidato se aferra a Dios como sustituto de programa, lo que confiesa, aunque no quiera, es que no trae un plan para gobernar la complejidad. Trae un guion para dividir.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

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MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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La reelección del Magistrado Fernando Castillo en la Sala Constitucional, que extiende su permanencia hasta el 2033, es un hecho consumado que, más que confirmar la calidad del jurista, ha expuesto las prioridades y estrategias de campaña de la clase política costarricense.

Si bien el resultado de la votación es un hecho institucional, el debate posterior y la defensa pública que realizó Fabricio Alvarado, actual diputado y precandidato presidencial por Nueva República, desvió el debate de la transparencia procesal hacia una carrera por el liderazgo ideológico.

Este análisis evidencia que el discurso de defensa se enfocó en el resultado ideológico, marginando así los puntos críticos del proceso que generan profunda duda en la ciudadanía.

El discurso que desvía la atención de la opacidad procesal

Fabricio Alvarado justificó su voto apelando a que el Magistrado Castillo defiende la libertad, la fe y el sentido común, e incluso lo tildó de ser el “magistrado más conservador del país”. No obstante, esta defensa ideológica eludió tres hechos fundamentales que fueron señalados por legisladores de diversas fracciones:

1. La cuestionada ausencia:
El Magistrado no compareció ante la Comisión de Nombramientos para su audiencia de rendición de cuentas. Diputados como Pilar Cisneros (oficialista) y Ariel Robles (Frente Amplio) cuestionaron esta ausencia, calificándola de una falta de respeto al proceso de fiscalización.

Pregunta para el ciudadano:
¿Puede el argumento de la afinidad ideológica de un magistrado pesar más que la transparencia y la rendición de cuentas ante el Congreso?

2. La defensa de la perpetuidad:
El mecanismo actual requiere 38 votos para no reelegir a un magistrado, lo que facilita la continuidad automática por omisión o abstención. Diputadas como Daniela Rojas (PUSC) y Carolina Delgado (PLN) propusieron reformar esta norma para exigir los 38 votos afirmativos para la reelección.

Pregunta para el ciudadano:
¿Implica defender a un magistrado “conservador” aceptar un sistema que favorece la permanencia indefinida y la falta de renovación judicial?

El uso estratégico de la jurisprudencia como herramienta política

El discurso de Fabricio Alvarado se convirtió en plataforma para atacar a sus rivales dentro del bloque conservador, utilizando fallos judiciales del Magistrado Castillo como bandera electoral rumbo al 2026.

Hecho comprobable: Se citaron resoluciones emblemáticas, como el caso de la estudiante adventista y la abstención sobre el curso LGTBI, para proyectar al magistrado ante una base religiosa y moralmente alineada.

Estrategia de campaña:
El ataque más revelador fue dirigido hacia Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, actual candidata de Pueblo Soberano, recordando su voto a favor del matrimonio igualitario en 2018. El discurso pasó de una defensa jurídica a una ofensiva electoral.

La reelección de Castillo no solo reavivó el debate sobre la independencia judicial, sino que evidenció la forma en que las creencias personales y las aspiraciones electorales se entrelazan en la Asamblea Legislativa.

La lectura final es clara: En el Congreso costarricense, la coherencia ideológica se usa como arma de campaña, desplazando la discusión sobre transparencia, rendición de cuentas y equilibrio de poderes.

ACR presenta este análisis con base en fuentes públicas, transmisiones oficiales y registros legislativos, reafirmando su compromiso con la verificación y el contexto institucional.

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A pesar de la inexactitud en la temporalidad, el debate de fondo sobre la exigencia de imparcialidad en los nombramientos del TSE sigue siendo un tema de vital importancia para la democracia costarricense. A continuación, contextualizamos lo ocurrido en 2023 y analizamos por qué sus implicaciones perduran.

La Crítica de 2023: Un “Peligro para la Democracia”

En 2023, el entonces jefe de fracción y candidato presidencial por Nueva República, Fabricio Alvarado, expresó su profunda preocupación y oposición al posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo, en ese momento, asesor político del Tribunal, como magistrado suplente del TSE por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La esencia de la crítica de Alvarado se centró en la supuesta falta de imparcialidad de Román, basándose en su militancia ideológica y sus publicaciones en redes sociales.

“El árbitro tiene que ser imparcial. Con gran preocupación me enteré de que [en 2023] los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrían nombrar como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones a nada más y nada menos que Gustavo Román Jacobo”, señaló Alvarado en aquel momento.

Los Argumentos sobre la Falta de Neutralidad

El líder de Nueva República sostuvo que un magistrado del TSE debe ser imparcial y sereno, y nunca mostrar preferencia política o ideológica, algo que, según él, Román no cumplía. Los argumentos específicos de 2023 fueron contundentes:

• Afín al PAC: Alvarado indicó que Román Jacobo ha sido “claramente afín a las ideologías que el PAC aplicó durante sus dos desastrosos gobiernos”.
• Animadversión Política: Manifestó que el funcionario mostraba “clara animadversión, oposición a algunos actores políticos” y que se dedicaba a “tirarle basura a todo aquel cuya ideología él no comparte”.
• Lenguaje Ofensivo: El candidato calificó los comentarios de Román como “llenos muchas veces de odio religioso, llegando a tratar de borregos a quienes escogen una opción política conforme a sus convicciones y valores” y de “imbéciles a quienes manifiestan posturas políticas y de valores con las que no está de acuerdo”.

Para Alvarado, “un tipo que recurre al insulto… no merece la más mínima consideración para ostentar un cargo que requiere de madurez, sensatez, prudencia y neutralidad”.

El Impacto en la Confianza Institucional

La principal advertencia de Fabricio Alvarado en 2023 no solo fue contra la persona, sino sobre el efecto en la institución garante de la democracia costarricense.

El candidato advirtió que nombrar a Román, un asesor político “militante y con color”, “hiere la confianza en un árbitro que se sabe no será imparcial”. Según Alvarado, el TSE es históricamente una de las instituciones de mayor credibilidad, pero que su confianza ha venido disminuyendo, y una designación como la del señor Román “sería acelerar esa caída”.

“Si eso pasa, la democracia muere. Un árbitro tiene que ser imparcial y Román no lo es”, concluyó el legislador en ese momento.

El cuestionamiento que perdura en el tiempo

Aunque el hecho ocurrió en 2023, la controversia sobre el posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo en el TSE sirve como un importante recordatorio de la fragilidad de la confianza en las instituciones.

Independientemente de la persona o el momento político, la preocupación de Fabricio Alvarado en 2023 subraya una regla de oro en la administración de justicia electoral: la percepción pública de la neutralidad es casi tan importante como la neutralidad misma.

Para el costarricense, el TSE debe ser un bastión de imparcialidad. La pregunta que se mantiene en 2025, a la luz de este precedente de hace dos años, es: ¿Están las autoridades de la Corte Plena considerando de forma prioritaria la discreción, la madurez, la sensatez y la prudencia al elegir a los candidatos a magistrados suplentes? La democracia demanda un árbitro en quien la ciudadanía pueda confiar plenamente, sin sombra de color político o ideológico.

Artículo erróneo.

“Agradecemos profundamente a este usuario por señalar nuestro error. En mundoacr.com, no tememos a la crítica ni a la exposición de nuestras equivocaciones. Por ello, mantenemos visible el artículo erróneo y esta evidencia, demostrando que asumimos nuestra responsabilidad y que nuestra única agenda es la transparencia. No dejamos argumentos para el ataque, pues exponemos y afrontamos nuestro error de frente.”

Alvarado critica posible nombramiento de Gustavo Román en TSE.

El candidato presidencial por el partido Nueva República, Fabricio Alvarado, expresó su preocupación y oposición al posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Alvarado afirmó en una declaración que Román Jacobo, quien es asesor político del Tribunal, carece de la imparcialidad requerida para el cargo debido a su supuesta militancia ideológica y sus publicaciones en redes sociales.

Argumentos sobre la falta de imparcialidad

El candidato sostuvo que un magistrado del TSE debe ser imparcial y sereno, y nunca mostrar preferencia política o ideológica en redes sociales o en su vida personal.

Alvarado indicó que Gustavo Román se ha dedicado a “tirarle basura a todo aquel cuya ideología él no comparte” y añadió que ha sido “claramente afín a las ideologías que el PAC aplicó durante sus dos desastrosos gobiernos”.

El líder de Nueva República señaló que Román Jacobo manifiesta “clara animadversión, oposición a algunos actores políticos”. El candidato calificó sus comentarios como “llenos muchas veces de odio religioso, llegando a tratar de borregos a quienes escogen una opción política conforme a sus convicciones y valores” y de “imbéciles a quienes manifiestan posturas políticas y de valores con las que no está de acuerdo”.

Advertencia sobre la confianza institucional

Fabricio Alvarado advirtió que, si bien el Tribunal de Elecciones puede convivir con un asesor político “militante y con color”, nombrarlo magistrado “hiere la confianza en un árbitro que se sabe no será imparcial”.

El candidato instó a los magistrados de la Corte Plena a considerar a otros candidatos “que nunca han mostrado apasionamiento en sus posiciones, sino una sana discreción”, señalando que para el cargo se necesita imparcialidad, madurez, sensatez y prudencia.

Según Alvarado, el TSE es una de las instituciones de mayor credibilidad cuya confianza ha venido disminuyendo. Él aseguró que la designación del señor Román “sería acelerar esa caída”.

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La respuesta se produce tras la publicación de la información en el medio ameliarrueda.com el pasado martes 30 de septiembre de 2025. El hecho denunciado, según el candidato, habría ocurrido supuestamente hace 20 años.

La Postura del Candidato

Alvarado, líder del partido Nueva República, señaló que el episodio es una “muestra más de que la campaña sucia ya empezó”. El candidato declaró que no solo es “irresponsable” la forma en que se filtra una denuncia (un señalamiento formal que requiere pruebas), sino también las “declaraciones temerarias” que lo acusan falsamente.

El político indicó que su familia y entorno han sido atacados “de todas las formas posibles” desde que inició su carrera en la política en 2013.

• Afirmó que, a pesar de los ataques, su enfoque se mantiene en servir y trabajar “con integridad”.
• Declaró que “la verdad siempre triunfa sobre la mentira”.

El candidato también denunció que los medios que cubrieron la presunta denuncia esta semana no informaron en su momento sobre otro proceso legal que le afectó. Alvarado afirmó que los tribunales de justicia dictaron el sobreseimiento (decisión judicial que suspende un proceso por falta de pruebas) en el caso de las “bolsas negras” y la supuesta “estructura paralela” hace dos años y nueve meses.

Alvarado indicó que cuenta con abogados de “primer nivel y de mi entera confianza” que están trabajando en la estrategia para demostrar ante las autoridades su inocencia.

El candidato pidió a sus seguidores orar y “no desanimarse” ante los intentos de debilitar su movimiento, reiterando que seguirá ofreciendo las mejores propuestas para “rescatar el rumbo de Costa Rica”.

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