MUNDO ACR | Redacción Nacional

La toma de los edificios administrativos B y C de la Universidad de Costa Rica ya empezó a mover una discusión mucho más incómoda dentro y fuera de la universidad pública.

Porque lo que comenzó como una presión estudiantil alrededor del FEES ahora también terminó abriendo preguntas sobre quién termina asumiendo el costo y las consecuencias de una toma dentro de una institución financiada con recursos públicos.

La Rectoría de la UCR remitió al Consejo Universitario una estimación preliminar de ₡37,8 millones asociados a daños, reparaciones y recuperación de las instalaciones ocupadas entre el 22 de abril y el 13 de mayo.

Según el oficio firmado por el rector Carlos Araya Leandro, las afectaciones incluyen trabajos de mantenimiento, restauración, seguridad, telecomunicaciones, conectividad, limpieza y validaciones técnicas posteriores a la desocupación de los edificios.

Las cifras todavía son preliminares y podrían variar conforme continúen los procesos de revisión y consolidación administrativa.

La discusión empezó a cambiar cuando aparecieron los montos

El informe universitario calcula más de ₡21 millones relacionados con mantenimiento y recuperación de infraestructura, incluyendo pintura, reparaciones y mano de obra.

A eso se suman otros ₡14 millones asociados a seguridad, equipos contra incendios, cámaras de vigilancia y horas extra de personal.

Además, el Centro de Informática reportó afectaciones relacionadas con infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y validaciones de ciberseguridad.

La Notaría Institucional también dejó constancia de rayones, pintura y daños observados en paredes, columnas, puertas, pisos, ventanales, cámaras de seguridad y distintas áreas internas de los edificios.

Y ahí fue donde el conflicto empezó a verse distinto.

Porque la discusión dejó de moverse únicamente alrededor de la manifestación estudiantil y comenzó a girar también alrededor del costo que dejó la ocupación dentro de la propia universidad.

La propia UCR ya empezó a valorar posibles acciones

Otro de los puntos que aumentó la tensión fue la decisión del Consejo Universitario de solicitar a la administración valorar eventuales acciones administrativas y legales relacionadas con las afectaciones detectadas tras la toma.

La medida fue aprobada pese a que representantes estudiantiles solicitaron que no se incluyeran posibles procesos disciplinarios o legales derivados de la ocupación.

Y ahí es donde el tema empieza a abrir otra grieta delicada dentro de la universidad.

Porque una protesta nacida desde sectores de la propia comunidad universitaria ahora también podría terminar provocando procesos internos y posibles consecuencias legales.

La propia universidad ahora calcula daños, levanta actas notariales y evalúa eventuales acciones tras consecuencias surgidas de una protesta nacida dentro de la misma comunidad universitaria.

El FEES sigue de fondo… pero la conversación empezó a cambiar

La ocupación ocurrió en medio de las tensiones nacionales alrededor del Fondo Especial para la Educación Superior.

Sin embargo, conforme empezaron a aparecer cifras, actas notariales y valoraciones técnicas, la conversación empezó a cambiar.

Ya no solo se habla del FEES o del financiamiento universitario.

Ahora también empieza a discutirse cuánto terminó costando la ocupación y hasta dónde puede llegar una manifestación cuando las consecuencias terminan impactando directamente a la misma institución pública que se intentaba defender.

Y ahí aparece la contradicción más incómoda de todo el conflicto.

Porque una protesta nacida alrededor de la defensa de recursos para la educación pública terminó abriendo cuestionamientos sobre daños y costos dentro de la propia universidad estatal.

El conflicto ya dejó de verse únicamente como una protesta estudiantil

Por ahora, las cifras siguen siendo preliminares y los procesos administrativos continúan abiertos.

Pero el tema ya empezó a dividir posiciones tanto dentro como fuera de la UCR.

Mientras algunos sectores defienden la toma como parte de la presión política alrededor del FEES, otros cuestionan hasta dónde puede llegar una ocupación cuando la propia institución termina calculando daños, costos y posibles consecuencias legales.

Porque el conflicto ya no parece quedarse únicamente dentro de la UCR.

Ahora también empieza a abrir una discusión nacional sobre hasta dónde puede llegar una protesta cuando la propia institución termina calculando daños, costos y posibles consecuencias legales.

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