La reelección del Magistrado Fernando Castillo en la Sala Constitucional, que extiende su permanencia hasta el 2033, es un hecho consumado que, más que confirmar la calidad del jurista, ha expuesto las prioridades y estrategias de campaña de la clase política costarricense.

Si bien el resultado de la votación es un hecho institucional, el debate posterior y la defensa pública que realizó Fabricio Alvarado, actual diputado y precandidato presidencial por Nueva República, desvió el debate de la transparencia procesal hacia una carrera por el liderazgo ideológico.

Este análisis evidencia que el discurso de defensa se enfocó en el resultado ideológico, marginando así los puntos críticos del proceso que generan profunda duda en la ciudadanía.

El discurso que desvía la atención de la opacidad procesal

Fabricio Alvarado justificó su voto apelando a que el Magistrado Castillo defiende la libertad, la fe y el sentido común, e incluso lo tildó de ser el “magistrado más conservador del país”. No obstante, esta defensa ideológica eludió tres hechos fundamentales que fueron señalados por legisladores de diversas fracciones:

1. La cuestionada ausencia:
El Magistrado no compareció ante la Comisión de Nombramientos para su audiencia de rendición de cuentas. Diputados como Pilar Cisneros (oficialista) y Ariel Robles (Frente Amplio) cuestionaron esta ausencia, calificándola de una falta de respeto al proceso de fiscalización.

Pregunta para el ciudadano:
¿Puede el argumento de la afinidad ideológica de un magistrado pesar más que la transparencia y la rendición de cuentas ante el Congreso?

2. La defensa de la perpetuidad:
El mecanismo actual requiere 38 votos para no reelegir a un magistrado, lo que facilita la continuidad automática por omisión o abstención. Diputadas como Daniela Rojas (PUSC) y Carolina Delgado (PLN) propusieron reformar esta norma para exigir los 38 votos afirmativos para la reelección.

Pregunta para el ciudadano:
¿Implica defender a un magistrado “conservador” aceptar un sistema que favorece la permanencia indefinida y la falta de renovación judicial?

El uso estratégico de la jurisprudencia como herramienta política

El discurso de Fabricio Alvarado se convirtió en plataforma para atacar a sus rivales dentro del bloque conservador, utilizando fallos judiciales del Magistrado Castillo como bandera electoral rumbo al 2026.

Hecho comprobable: Se citaron resoluciones emblemáticas, como el caso de la estudiante adventista y la abstención sobre el curso LGTBI, para proyectar al magistrado ante una base religiosa y moralmente alineada.

Estrategia de campaña:
El ataque más revelador fue dirigido hacia Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, actual candidata de Pueblo Soberano, recordando su voto a favor del matrimonio igualitario en 2018. El discurso pasó de una defensa jurídica a una ofensiva electoral.

La reelección de Castillo no solo reavivó el debate sobre la independencia judicial, sino que evidenció la forma en que las creencias personales y las aspiraciones electorales se entrelazan en la Asamblea Legislativa.

La lectura final es clara: En el Congreso costarricense, la coherencia ideológica se usa como arma de campaña, desplazando la discusión sobre transparencia, rendición de cuentas y equilibrio de poderes.

ACR presenta este análisis con base en fuentes públicas, transmisiones oficiales y registros legislativos, reafirmando su compromiso con la verificación y el contexto institucional.

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Este volumen de decisiones, que abarca a la mayoría de los integrantes del alto tribunal, llega en medio de las polémicas generadas por recientes procesos de designación, como el del magistrado Rafael Segura en la Sala Tercera.

La agenda urgente: Nombramiento del Presidente de la Sala IV

De manera inmediata, los diputados actuales deben resolver la situación del presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, cuyo nombramiento está vigente hasta el 16 de noviembre.

La ley exige un umbral de 38 votos para rechazar la ampliación del nombramiento de un magistrado o para designar a un nuevo funcionario en caso de renuncia o no reelección. Esta exigencia ha complicado procesos anteriores, como la designación de suplentes en la Sala Primera, que requirió seis meses de votaciones.

Adicionalmente, la Asamblea tiene pendiente acelerar el Expediente 25.180, que aborda el nombramiento de cinco magistrados suplentes de la Sala Tercera, un proceso que debe cerrarse antes de mayo de 2026.

El mapa de vencimientos hasta 2030

La mayor carga de decisiones recaerá sobre la siguiente legislatura, que deberá conocer la reelección o el nombramiento de 14 magistrados titulares con vencimientos programados entre 2026 y 2030.

El cronograma de expiración, por Salas, es el siguiente:

• Sala Constitucional (Sala IV) – 71% de sus integrantes:
  • 2026: Jorge Araya
  • 2027: Paul Rueda
  • 2028: Fernando Cruz y Anamari Garro
  • 2029: Luis Fernando Salazar
• Sala Segunda – 80% de sus integrantes:
  • 2026: Julia Varela, Jorge Olaso y Roxana Chacón
  • 2029: Orlando Aguirre
• Sala Tercera – 60% de sus integrantes:
  • 2026: Patricia Solano
  • 2027: Gerardo Alfaro
  • 2028: Sandra Zúñiga
• Sala Primera – 40% de sus integrantes:
  • 2028: Damaris Vargas
  • 2030: Rocío Rojas

El debate político sobre la reelección judicial

En el contexto de estos futuros nombramientos judiciales 2026 2030, subyace una marcada postura política por parte del Oficialismo y el Partido Liberal Progresista (PLP).

Desde el proceso de renovación del magistrado Luis Guillermo Rivas en junio de 2023, ambos bloques han cuestionado públicamente el método de elección y reelección de magistrados Corte Suprema.

Esta disconformidad se evidenció en la votación de la Sala Primera en mayo pasado, donde el diputado Eliécer Feinzaig (PLP) impulsó un informe de minoría. También se reflejó en las insistencias del Oficialismo y el PLP para reevaluar las ternas de candidatos en la designación reciente del magistrado Rafael Segura, votando consistentemente contra los acuerdos de la mayoría.

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