La Fiscalía General solicitó a la Sala Tercera, desde el 18 de setiembre, la desestimación de la causa 23-000065-0033-PE, que tramitaba contra los diputados independientes Johanna Obando y Luis Diego Vargas, y que mencionaba al empresario José Luis Liu Paniagua.

Origen y ausencia de indicios

La investigación se inició por un reporte confidencial del Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ. El reporte alegaba que Liu Paniagua (identificado también como “Bayron”) había financiado las campañas de los diputados con $25 millones provenientes del crimen organizado desde Colombia.

Sin embargo, el Ministerio Público consultó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para verificar el origen de los fondos. El TSE descartó que José Luis Liu Paniagua se hubiese registrado como financista del Partido Liberal Progresista (PLP), agrupación a la que pertenecían los diputados en ese momento.

Causa del empresario también desestimada

Respecto al empresario, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales investigó a Liu Paniagua en la causa 23-000064-0033-PE, la cual fue remitida al Juzgado Penal de San José con solicitud de desestimación en noviembre de 2024.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyó que las diligencias establecieron la “ausencia de indicios” consecuentes a acciones típicas de legitimación de capitales. Además, el análisis señaló que los movimientos migratorios de Liu Paniagua, con pocos viajes a Colombia y Nicaragua, no reflejaban un comportamiento habitual en personas dedicadas al crimen organizado, según el expediente judicial. La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico confirmó no registrar procesos contra esta persona.

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El procedimiento legislativo para el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves ha sido objeto de críticas por parte de su abogado, José Miguel Villalobos. Durante su comparecencia ante una comisión de la Asamblea Legislativa, Villalobos aseguró que el método actual para retirar el fuero a un miembro de los supremos poderes de la República contiene errores de interpretación.

Según el abogado, el papel de los diputados en este proceso debería ser únicamente “chequear” que la investigación cumpla con los parámetros establecidos, sin necesidad de analizar a fondo la causa judicial. Con un tono crítico, Villalobos afirmó que “el congreso es una especie de parlante de la Fiscalía y solo funciona como una comisión de aplausos”, lo que descalifica la actuación del Poder Legislativo en este tipo de casos.

La defensa de Chaves cuestiona la acusación de la Fiscalía

Además de sus críticas al procedimiento, Villalobos aprovechó para desestimar la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General contra el presidente. El abogado calificó la pieza acusatoria de “llena de inconsistencias” y señaló que no se sostiene lógicamente.

Entre los puntos de su defensa, destacó la frase “chineos”, que, según la acusación, habría sido dicha por el presidente. Villalobos refutó esta afirmación, señalando que en realidad fue pronunciada por otra persona, de apellido Bulgarelli, lo que, a su criterio, demuestra una falta de veracidad por parte del fiscal. Asimismo, indicó que la pieza acusatoria incluye aspectos que no aparecen en los audios de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.

Las declaraciones del abogado se enmarcan en un contexto de investigación sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves y la posible pérdida de su fuero presidencial, un tema de alto interés en la política de Costa Rica.

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Esteban Aguilar Vargas ha expresado públicamente su preocupación por la falta de transparencia en la tramitación de una denuncia que presentó en marzo. Esta denuncia involucra a figuras destacadas del ámbito judicial, como el Fiscal General, Carlo Díaz, y a otros funcionarios como Mauricio Boraschi, Tatiana Vargas, Martha Brenes y Javier Valerio.

Aguilar Vargas presentó su denuncia ante la Inspección Fiscal, que posteriormente la trasladó a la Inspección Judicial. En su criterio, los hechos señalados son de “gravedad” y deberían ser conocidos también por la Fiscalía Anticorrupción.

Respuestas Incompletas y Fuera de Plazo

El denunciante ha detallado los obstáculos que, según su experiencia, ha encontrado para obtener información sobre el avance de su caso. El pasado 9 de julio, Aguilar solicitó datos básicos sobre el trámite: si se habían separado los expedientes por cada denunciado o si se habían asignado causas individuales. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un escueto “la causa está en trámite y con traslado de cargos (acusación)”.

La omisión de especificar contra quién se había realizado el traslado de cargos generó más interrogantes. Aguilar solicitó una aclaración, advirtiendo sobre el vencimiento del plazo legal para la respuesta. A pesar de su advertencia, la contestación llegó fuera de tiempo. La Inspección Judicial se negó a proporcionar información que, según Aguilar, no compromete el fondo del asunto.

Preguntas Abiertas sobre el Hermetismo

Ante esta situación, Esteban Aguilar Vargas ha planteado varias preguntas en su red social, que reflejan su preocupación por la transparencia en el sistema judicial:

• ¿A quién intentan proteger?
• ¿Por qué tanto hermetismo?
• ¿Por qué algunos medios de comunicación acceden a información judicial sin problema, pero un ciudadano denunciante no puede saber el avance de su caso?

La principal interrogante de Aguilar, y la que ha generado mayor resonancia, es si el traslado de cargos (acusación) por parte de la Inspección Judicial se ha realizado contra el Fiscal General. Este cuestionamiento subraya la percepción de una falta de equidad en el acceso a la información dentro del sistema de justicia. La situación pone de manifiesto el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en los procesos judiciales que involucran a altos funcionarios.

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