Mientras el país sigue golpeado por la inseguridad, los homicidios y el avance del crimen organizado, el fiscal general Carlo Díaz lanzó este lunes un llamado para detener los “ataques institucionales” y fortalecer el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos policiales.

Las declaraciones llegan en un momento particularmente sensible para Costa Rica, donde el debate sobre seguridad ya no gira únicamente alrededor de capturas, allanamientos o presencia policial, sino también sobre la confianza que todavía mantienen los ciudadanos en los órganos encargados de impartir justicia.

La reunión convocada por la presidenta Laura Fernández en Casa Presidencial reunirá a jerarcas del Poder Judicial, el OIJ y la Fiscalía en medio de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos públicos alrededor del sistema judicial.

Previo al encuentro, Díaz aseguró que las autoridades no pueden seguir proyectando divisiones mientras el país enfrenta niveles de violencia cada vez más altos.

“No podemos los cuerpos policiales, no podemos el Ministro de Seguridad y el Ministerio Público y el OIJ estar separados”, afirmó durante una entrevista.

El fiscal insistió en que debe existir coordinación entre poderes para enfrentar la criminalidad y defendió la necesidad de respetar tanto la independencia judicial como la autonomía del Ministerio Público.

Sin embargo, mientras desde la Fiscalía se habla de unidad y respeto institucional, fuera de ese discurso continúa creciendo otro fenómeno mucho más incómodo para el sistema judicial: la desconfianza de una parte de la ciudadanía sobre cómo avanzan algunos de los casos más sensibles del país.

En redes sociales, programas de opinión y espacios públicos, constantemente aparecen cuestionamientos alrededor de investigaciones que durante años no terminan de avanzar al ritmo que muchos ciudadanos esperan, mientras otros procesos terminan avanzando con mayor rapidez dentro del sistema judicial y político.

Ese contraste se ha convertido en uno de los puntos más delicados dentro del debate nacional sobre justicia, independencia y credibilidad institucional.

En medio de ese escenario, Carlo Díaz también dejó una de las frases más sensibles de toda su intervención al afirmar que “tal vez a alguna persona le convenga o a algún sistema político le convenga manejar a la Sala Constitucional y manejar al Ministerio Público”.

Aunque el fiscal no señaló directamente a ningún actor político específico, la declaración apareció en un momento donde el ambiente nacional sigue marcado por choques constantes entre poderes, críticas cruzadas y una creciente polarización alrededor del funcionamiento del aparato judicial.

Díaz incluso advirtió sobre el riesgo de que el Ministerio Público pueda debilitarse si el fiscal general “se afloja a intereses políticos”, algo que calificó como “inconcebible” dentro del Estado de Derecho.

La discusión alrededor de la reunión de este lunes ya no gira únicamente sobre coordinación institucional o estrategias de seguridad.

También empieza a tocar un tema mucho más profundo para Costa Rica: la percepción ciudadana sobre cómo se mueve el poder dentro de las instituciones y si las reglas terminan aplicándose con el mismo peso para todos.

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La Fiscalía convierte una amenaza de Estado en un “reality” de víctimas…

Una amenaza contra la vida del Presidente de la República no es un tema de tertulia. Es una alarma de Estado. Ayer 13 de enero, la DIS llevó al Ministerio Público una denuncia sobre un supuesto plan para atentar contra Rodrigo Chaves. En menos de 12 horas, el país ya discutía nombres, capturas de pantalla y versiones contradictorias. Esa velocidad no es señal de eficiencia. Es, más bien, la marca de una investigación expuesta, y eso es justamente lo que no debería ocurrir.

Hechos ya confirmados por prensa.

Los medios nacionales coinciden en tres puntos. Primero, existe un expediente abierto en Fiscalía General a partir de la denuncia de la DIS. Segundo, la Fiscalía ha confirmado que hay personas bajo investigación y que el expediente se amplió. Tercero, parte del material atribuido a la denuncia circuló públicamente, incluso en televisión, lo cual alimentó una narrativa de espectáculo antes de que el caso alcance la madurez mínima que exige una investigación penal seria.

Al 14 de enero por la tarde, prensa nacional reportó que al menos seis personas figuran en la investigación, con delitos denunciados como tentativa de homicidio y conspiración. Paralelamente, algunas de las personas señaladas se apersonaron a la Fiscalía para dar declaraciones o presentar denuncias propias, en un giro predecible (convertir la condición de investigado en show de victimización).

La ley exige reserva y el sistema exige prioridad.

El Código Procesal Penal no deja margen para la improvisación. La investigación preparatoria no es pública para terceros y existe un deber de secreto para quienes, por cualquier motivo, conozcan las actuaciones. Esa reserva no es un lujo formalista. Es una condición técnica de eficacia. Si la prueba se filtra, la evidencia se contamina, los teléfonos se limpian, los chats se borran y los planes se adaptan.

Además, la gravedad es objetiva. El Código Penal agrava el homicidio cuando la víctima es miembro de los Supremos Poderes en razón de sus funciones. No hay un bien jurídico más obvio que proteger. La vida del Jefe de Estado no compite en la fila con casos menores. Si el Estado no puede reaccionar con rigor cuando se amenaza al máximo representante del Poder Ejecutivo, el problema no es de presupuesto. Es de voluntad y de dirección.

Carlo Díaz y la tentación del protagonismo.

En ese contexto, resulta francamente imprudente que el fiscal general Carlo Díaz haya salido a dar declaraciones que, según reportes, incluían perfiles y valoraciones sobre el caso el mismo día en que inicia. Un fiscal general no está para narrar expedientes, sino para conducirlos. Cuando el jefe del Ministerio Público convierte una denuncia de seguridad nacional en un tema de micrófonos, envía el peor mensaje posible (que la prioridad es controlar el relato, no blindar la prueba).

La consecuencia es inmediata. Con declaraciones y filtraciones, los investigados reciben alerta temprana y margen para coordinarse, borrar rastros o construir coartadas públicas. A la vez, se instala un guión de víctimas. En cuestión de horas, hubo conferencias, solidaridades políticas y acusaciones de persecución. Ese teatro es rentable para quien busca capital político, pero es tóxico para la investigación y peligroso para la seguridad del país.

La pregunta que no se puede esquivar.

Al cierre de esta columna, no se ha informado públicamente de allanamientos, secuestro de dispositivos o medidas cautelares. Es posible que existan diligencias bajo reserva. Perfecto. Eso es lo normal. Lo anormal es que el expediente parezca reservado para la ciudadanía y sorprendentemente poroso para la filtración. Si el material llegó a manos de terceros, alguien dentro del sistema falló. Y la responsabilidad política de ese fallo recae en la jefatura del Ministerio Público.

El país entra a una campaña electoral donde, según una encuesta divulgada hoy por medios nacionales, Laura Fernández aparece liderando la intención de voto. En ese clima, una amenaza al Presidente se convierte en munición para quienes quieren deslegitimar al Gobierno y, a la vez, en prueba de fuego para el Poder Judicial. La institución que pierde credibilidad no es Casa Presidencial. Es la Fiscalía, si insiste en el guión de selectividad, silencio operativo y protagonismo declarativo.

En suma, la exigencia ciudadana es simple. Reserva real, diligencia visible en resultados, y castigo interno a la filtración. El fiscal general debe entender que en este tipo de casos el error no es un mal titular. Es una vida en riesgo y un Estado debilitado. Si el Ministerio Público quiere recuperar confianza, el camino no es la conferencia. Es el expediente trabajando en serio.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

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Según la declaración de Amador, dicho informe advertía sobre “vínculos con crimen organizado” relacionados con uno de los socios de la empresa.

El contexto de este testimonio es la investigación que se sigue contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el exministro Mauricio Batalla, por un presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos), dentro del expediente N.° 23-8-1878-PE.

Declaraciones sobre el interés presidencial

El exministro Amador relató a la Fiscalía que el presidente Chaves consultaba de forma constante sobre la posibilidad de que Tradeco asumiera un contrato estatal para la ampliación de la carretera Interamericana Norte (Ruta 1).

“Las llamadas eran constantes… A mí me pareció curioso que mostrara un interés tan particular por el tema,” declaró Amador ante el Ministerio Público.

Las afirmaciones de Amador fueron corroboradas ante la Fiscalía por la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya.

Araya testificó que el mandatario le solicitó que el INS concediera a Tradeco una garantía de cumplimiento. La exjerarca señaló que el presidente insistió en la solicitud y se mostró molesto cuando se le informó que el trámite no era viable.

Antecedentes

La constructora Tradeco acumula en otros países sanciones, investigaciones y demandas por supuestos incumplimientos. Los registros migratorios confirman que el representante legal de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, ingresó al país en varias ocasiones para sostener reuniones en Casa Presidencial.

Ambos exjerarcas, Amador y Araya, fueron destituidos de sus cargos por el mandatario Chaves en el primer semestre de 2024.

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La red es señalada por presuntamente operar en la Explotación Sexual de adolescentes, con edades de 12 a 15 años.

Los allanamientos se realizaron en Heredia, San Ramón, Cartago, San José, y en los cantones guanacastecos de Carrillo (Playas del Coco y Filadelfia). La investigación incluye un total de 21 imputados.

Cabecillas orientales y activos bajo investigación

Dos ciudadanos de origen oriental, identificados como Zhaobing Cen y otro oriental cuya identidad no fue precisada, son señalados como los presuntos cabecillas de la estructura.

La fiscal adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, confirmó que Zhaobing Cen cuenta con propiedades y negocios en Guanacaste, incluyendo una propiedad valorada en $1 millón. Por esta razón, la Fiscalía investiga a los supuestos líderes también por el delito de Legitimación de Capitales (blanqueo de dinero de origen ilícito).

El director del OIJ, Rándall Zúñiga, añadió que la investigación abarca un presunto negocio de lotería clandestina manejado por los ciudadanos orientales.

Detalle del modo de operar según la Fiscalía

La Fiscalía indicó que la investigación se originó en abril del año anterior a partir de una denuncia por la desaparición de una menor.

La fiscal adjunta detalló la cronología de los hechos.

“El caso comenzó con una denuncia de desaparición de una de las menores. Después nos enteramos que estaba siendo objeto de explotación sexual”, explicó la jefa de la Fiscalía de Heredia.

Las autoridades determinaron que tres mujeres menores de edad reclutaban a las víctimas a través de redes sociales. Posteriormente, las invitaban a supuestas fiestas. Según el informe judicial, las víctimas eran trasladadas a una casa en Guanacaste. En el lugar, las menores habrían sido obligadas a realizar contenido sexual que, presuntamente, era comercializado en diversas plataformas de Internet.

La Fiscalía ha identificado al menos 10 víctimas, de las cuales ocho son menores de edad. Las autoridades instan a otras posibles personas afectadas a presentar las denuncias correspondientes.

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