La medida no resuelve el fondo del caso, pero sí confirma que la orden administrativa sigue vigente y debe ejecutarse.

Un caso que inició en 2020 y que explotó años después

En 2020, BCR SAFI compró la propiedad PEP por 70 millones de dólares, a nombre de los inversionistas del fondo. Años más tarde, una valoración determinó que su precio real rondaba los 34,7 millones. Esto generó una denuncia penal por presunto sobreprecio y abrió un proceso administrativo por parte de Sugeval.

Tanto Sugeval como Conassif consideran que ya existe un daño materializado para los inversionistas, pues el fondo pagó un valor que no corresponde con el activo adquirido.

Lo que Sugeval ordenó

Para proteger el fondo, Sugeval instruyó al BCR y a BCR SAFI a trasladar al fondo la misma suma que se pagó en la compra original.
Ese monto compensaría la diferencia entre el valor real del inmueble y el precio pagado.

Conassif ratificó la orden y dejó sin efecto la apelación del BCR, agotando así la vía administrativa.

Por qué el Tribunal negó la medida cautelar

El Tribunal consideró que la orden de Sugeval no genera un daño mayor al BCR, sino que busca evitar un perjuicio adicional a los inversionistas.
La medida cautelar buscaba suspender temporalmente la obligación, pero el juez determinó que:

• ya existe un daño acreditado por la compra del 2020,
• la supervisión financiera actuó dentro de sus competencias,
• el traslado de fondos responde a un principio de protección al inversionista.

Por eso la petición cautelar fue rechazada.

Qué significa realmente para el BCR y para los inversionistas

La resolución no implica una condena final, pero sí obliga al banco a cumplir la orden mientras continúa el proceso judicial.

Para los inversionistas:

• refuerza la protección de sus aportes,
• estabiliza el valor del fondo,
• mitiga el impacto del sobreprecio investigado.

Para el BCR:

• aumenta la presión para asumir el traslado de recursos,
• no define responsabilidades penales ni administrativas,
• mantiene abierto el proceso legal de fondo.

Un caso que expone debilidades del sistema de fondos de inversión

Más allá del caso puntual, lo ocurrido revela un problema estructural:

• falta de controles en compras de alto valor,
• riesgos de conflicto de interés,
• necesidad de reforzar la supervisión inmobiliaria.

Este no es un caso aislado y no involucra al gobierno de turno.
La compra se realizó en 2020 y los efectos se arrastraron hasta ahora debido a investigaciones, apelaciones y procesos internos.

Qué queda pendiente

El Tribunal debe analizar el fondo del asunto.
Mientras tanto, la resolución confirma un mensaje claro:
las autoridades financieras priorizarán la protección del inversionista sobre las objeciones de las entidades administradoras.

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El informe de auditoría detalla “múltiples fallos significativos” en la planificación, el uso de recursos y el control interno del CCDRA. La CGR concluye que la gestión del Comité no cumple con los criterios del marco normativo y técnico aplicable, operando sin una “ruta clara” y con “debilidades estructurales”.

Falta de Planificación y Control en la Gestión del CCDRA

Entre los hallazgos más relevantes presentados por el órgano contralor se destaca la ausencia de planificación estratégica y de controles básicos. El Comité no posee un plan institucional ni un diagnóstico que le permita identificar y atender de forma efectiva las necesidades reales del cantón en materia deportiva y recreativa.

Las deficiencias también se extienden a la administración de los espacios deportivos. El CCDRA no ha formalizado convenios de cesión con la Municipalidad sobre las instalaciones que gestiona. Además, carece de planes de mantenimiento y de medidas de seguridad adecuadas. Se verificó que muchas de estas instalaciones se encuentran en deterioro y presentan condiciones inseguras para su uso.

Anomalías en Donaciones y Uso de Recursos Públicos

El informe de la Contraloría también puso en evidencia irregularidades en el manejo de donaciones. En 2023 y 2024, se realizaron 35 donaciones. Un 65% del monto total otorgado, equivalente a ₡13.6 millones, fue entregado a personas físicas u organizaciones que no están autorizadas como beneficiarias según la normativa vigente.

Adicionalmente, no se ejecutaron acciones para verificar si esos recursos donados fueron utilizados para el fin público pretendido, lo que aumenta la preocupación sobre la correcta aplicación de los fondos.

Disposiciones y Plazos para Corregir las Fallas

Ante estos señalamientos, la Contraloría ha emitido una serie de disposiciones con plazos específicos. Estas directrices están dirigidas a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, al Concejo Municipal y a la alcaldesa de Alajuelita.

Se exige la elaboración de normativa interna, la definición de mecanismos de control, la regularización de la situación jurídica de las instalaciones y la aplicación estricta de la legislación vigente en todas las futuras contrataciones. La CGR advierte que, si no se implementan los correctivos, persistirán los riesgos de un uso ineficiente de los recursos, decisiones discrecionales y una oferta limitada de actividades recreativas en un cantón que requiere una intervención institucional efectiva.

Respuesta de las Autoridades de Alajuelita

Sobre los señalamientos, la Municipalidad de Alajuelita indicó que “la institución no se estará refiriendo al tema” y sugirió contactar directamente al presidente del Comité Cantonal de Deportes.

Por su parte, Modesto Alpízar, presidente del CCDRA, afirmó que las actuales autoridades ya están implementando los cambios. Alpízar explicó que los hallazgos de la Contraloría corresponden a un periodo anterior a su toma de posesión, ocurrida “en los últimos meses de año 2024”.

Sobre la falta de uso de Sicop y las donaciones, Alpízar mencionó que los fondos se entregaron a “grupos del cantón que tienen sus proyectos con niños, niñas y jóvenes que hacen una gran labor como una opción para evitar que tomen malas decisiones”. Respecto a la administración de instalaciones, indicó que se están mejorando los controles y la seguridad, aunque señaló que la implementación de cámaras y dispositivos de control está ligada al presupuesto del Comité.

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