Una denuncia formal, presentada desde junio de 2023, ha puesto bajo el foco un contrato por casi ₡60 millones adjudicado al esposo de una asesora directa de la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, por parte del Instituto Nacional de Seguros (INSS). Este caso no solo sugiere un conflicto de intereses, sino que también cuestiona la pertinencia de la contratación y la falta de fiscalización por parte de la propia Contraloría General.

El contrato, que benefició a Ronald Jesús Hidalgo Cuadra, Él es el esposo de Janine Herrera Arias, asesora legal del despacho de la Contralora, fue ratificado en septiembre de 2021. La principal objeción de la denuncia, a la que tuvo acceso Noticias Trivisión, es que la Auditoría Interna del INSS ya cuenta con personal legal capacitado, haciendo la contratación externa, supuestamente, innecesaria.

Detalles de una Contratación Cuestionada

El proceso de adjudicación a Ronald Hidalgo Cuadra se realizó a través del Sistema Oficial de Compras Públicas (SICOP), lo que indica que fue público y, en teoría, revisable por la CGR. Sin embargo, a pesar de la visibilidad en SICOP y la denuncia formal, no se ha tomado ninguna medida.

Un punto que agrava la situación es que el contrato fue promovido por Gustavo Retana Calvo, Auditor Interno del INSS, quien en 2024 fue sancionado con veinte días sin goce de salario por violencia e intimidación contra una funcionaria.

La modalidad utilizada para la adjudicación fue la de contratación directa, justificándose en el inciso P del artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que alude a la confidencialidad. No obstante, los informes solicitados a Hidalgo Cuadra, como análisis legales comunes, asesorías en denuncias internas e investigaciones administrativas, corresponden a servicios de asesoría permanente. Según expertos, esta naturaleza de servicios no califica para una contratación directa por excepción, la cual está destinada a temas muy específicos donde la institución carece de la pericia interna.

El Impacto Económico y la Ausencia de Fiscalización

El contrato de Ronald Jesús Hidalgo Cuadra se extendió por tres años consecutivos, finalizando a mediados de 2024, sin que la Contraloría General de la República interviniera. Durante este periodo, el esposo de la asesora de Marta Acosta acumuló un total de ₡59.987.500. Este monto se distribuyó de la siguiente manera:

• 2021: ₡1.000.000 (un requerimiento)
• 2022: ₡23.595.000 (once requerimientos)
• 2023: ₡23.595.000 (siete requerimientos)
• 2024: ₡11.797.500 (cuatro requerimientos)

La pregunta central que plantea la denuncia es por qué se acudió a una contratación externa de esta magnitud cuando la Auditoría Interna del INSS y la propia Dirección Jurídica de la institución cuentan con abogados especialistas en la materia. El denunciante, técnico en contratación administrativa, califica la situación como “irregular” al usar una excepción para un servicio permanente que podía ser atendido con recursos propios, sugiriendo que la “desconfianza” del auditor con la administración podría haber influido en la decisión.

Silencio de la CGR y el Potencial Conflicto de Intereses

La situación se complejiza por la relación marital entre el contratado y una asesora directa de la Contralora General. Esto podría generar un conflicto de intereses, especialmente considerando que la CGR es el ente fiscalizador del INSS. La denuncia, presentada hace más de un año, aún no ha recibido una respuesta concreta por parte de la Contraloría.

Noticias Trivisión consultó al Departamento de Prensa de la Contraloría General de la República, que indicó que el tema sería referido a Marta Acosta Zúñiga y que se esperaría su pronunciamiento para ofrecer una respuesta. Este silencio, ante una denuncia que señala el posible uso indebido de fondos públicos y un conflicto de intereses en una entidad que precisamente vela por la probidad, mantiene abierta la controversia y la necesidad de una fiscalización clara.

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