Ramírez señala que la acción del TSE ha provocado una “gravísima e inédita crisis entre poderes” al intervenir en el proceso político por “hechos absolutamente intrascendentes” que contravienen la Constitución.

La crítica del analista, emitida en video, se centra en la fragilidad de los argumentos legales utilizados por el Tribunal:

1. Vulneración Constitucional: Según Ramírez, la acción del TSE constituye una “violación flagrante de la Constitución”, al intentar crear un procedimiento de destitución o desafuero sin el debido sustento.
2. Desmantelamiento de la “Beligerancia”: El experto cuestiona el uso del término “beligerancia”, indicando que la palabra “no está en ningún artículo de la Constitución ni en el Código Electoral”. Recalca que esta palabra posee una “precisa connotación bélica” que no tiene relación con la parcialidad política.
3. Ilícito Administrativo: Ramírez enfatiza que la parcialidad política en la legislación electoral costarricense “no es un delito”, sino un “ilícito de naturaleza administrativa”.

El analista concluye que la acción del Tribunal es una “insensatez” y un “desvarío”, y señala que “lo bueno” o “lo único bueno de esta insensatez” es que obligará al país a discutir y “eliminar del cuajo” algunas “aberraciones” del sistema electoral costarricense.

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La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo) ha girado una orden de captura internacional. Se busca la extradición de un abogado de apellidos Chaves Arias, de 40 años. Él es imputado en el caso conocido como “Madre Patria”.

Chaves Arias salió de Costa Rica el 2 de junio de 2024. Esto fue tres semanas antes de los múltiples allanamientos y detenciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Hasta la fecha, el abogado no ha regresado al país y su paradero es desconocido.

Red Criminal: Fraude Registral y Legitimación de Capitales

El abogado Chaves Arias es señalado como uno de los presuntos líderes de una compleja organización delictiva. Esta estructura se dedicaba al fraude registral. Su objetivo principal era la sustracción de propiedades de alto valor y la legitimación de capitales.

La investigación de la Faedo detalla el modus operandi. Dueños legítimos de terrenos, a menudo extranjeros y adultos mayores, habrían sido despojados de sus propiedades. Esto se lograba mediante maniobras registrales, presuntamente orquestadas por abogados afines al grupo criminal.

La supuesta organización delictiva era liderada por dos ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez. Ellos habrían contado con el apoyo crucial de abogados y notarios. Se cree que los hermanos Chaves Arias operaban junto a estos extranjeros. El abogado Chaves Arias es el único imputado en el caso que no ha sido detenido.

Diversas Modalidades de Legitimación y Roles Dentro de la Red

La investigación indica que Chaves Arias no solo tenía un rol de liderazgo. También figura en varias sociedades anónimas junto a los ciudadanos españoles. Estas sociedades están siendo investigadas por su presunta participación en actividades ilícitas.

La organización se dedicaba a perpetrar fraudes con propiedades de alto valor en distintas zonas del país. Para la legitimación del dinero ilícito, el grupo utilizaba diversos negocios. Estos incluían empresas que gestionaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP). También invertían en criptomonedas, adquirían vehículos de lujo o realizaban inversiones en tiendas tipo “outlet”.

Las pesquisas judiciales revelan cómo parte del dinero se destinaba a la compra de criptomonedas. Para este fin, los supuestos líderes reclutaron a dos ingenieros informáticos. Estos tenían conocimientos en la gestión de este tipo de activos digitales.

Medidas Cautelares y Otros Imputados en el Caso

El hermano de Chaves Arias, también imputado en la causa, intentó que se le levantara la prisión preventiva. Argumentó que no existía riesgo de fuga. Sin embargo, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José prorrogó su prisión preventiva hasta diciembre de este año. La misma medida se extendió para los españoles León Muñoz y Gómez González, así como para un empresario autobusero, un abogado, un sujeto más, un ingeniero informático y otra persona.

Además, el tribunal impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico a otros imputados. Entre ellos se encuentran una mujer, otra mujer, un hombre, dos hombres, otro hombre, un juez, un hombre, una mujer, un hombre y otro sujeto.

La investigación también involucra a un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP), de apellido Rosales. Se presume que benefició a la organización con trámites internos. A mediados de 2024, un juez solicitó suspenderlo de su cargo. Se le impusieron medidas como domicilio fijo, firma periódica y prohibición de salida del país.

Asimismo, cinco oficiales de la Policía de Tránsito son investigados. Se les acusa de colaborar con el grupo criminal para evitar multas a las unidades de autobús vinculadas a las empresas de los imputados. El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José los dejó en libertad bajo medidas cautelares a mediados de 2024. Deben firmar periódicamente, tienen impedimento de salida del país y no pueden acercarse a testigos.

La causa investiga presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho. El caso “Madre Patria” continúa avanzando en la búsqueda de todos los responsables de esta compleja red criminal.

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