La Audiencia Nacional determinó que la cantante colombiana no debía pagar decenas de millones de euros que le reclamaban por supuestas obligaciones fiscales relacionadas con el año 2011.

Ahora, el Estado español deberá devolverle cerca de 60 millones de euros, incluyendo impuestos, sanciones, intereses y costos judiciales.

El centro del conflicto

Todo giraba alrededor de una pregunta clave:
¿Shakira ya residía oficialmente en España en 2011?

La Agencia Tributaria sostenía que sí.

Según Hacienda, la artista desarrollaba buena parte de su vida personal y económica en territorio español debido a su relación con el exfutbolista Gerard Piqué y a sus actividades en el país.

Pero la defensa de Shakira sostuvo otra versión.

La cantante argumentó que durante ese periodo realizaba una gira internacional de más de 120 conciertos en decenas de países y que no permaneció en España el tiempo suficiente para ser considerada residente fiscal.

Lo jurídico del fallo

La legislación española establece que una persona pasa a ser residente fiscal cuando permanece más de 183 días al año dentro del país.

El tribunal concluyó que Hacienda no logró demostrar que Shakira hubiera superado ese límite durante 2011.

Según la sentencia, las pruebas presentadas por las autoridades no fueron suficientes para confirmar que la artista residiera oficialmente en España en ese periodo.

Por esa razón, la justicia anuló resoluciones anteriores que obligaban a la cantante a pagar más de 55 millones de euros entre impuestos y sanciones.

Un caso que impactó al entretenimiento global

La disputa entre Shakira y Hacienda española se convirtió en uno de los procesos fiscales más conocidos del entretenimiento internacional en los últimos años.

Las autoridades llegaron a revisar:

• gastos personales,
• apariciones públicas,
• movimientos,
• e incluso publicaciones en redes sociales para intentar demostrar que vivía en España.

La cantante aseguró que el proceso afectó seriamente su vida personal y familiar.

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal”, expresó la artista tras conocerse la decisión judicial.

El otro proceso fiscal que sí perdió

Aunque esta vez el fallo fue favorable para Shakira, no todos sus conflictos fiscales en España terminaron igual.

En 2023, la cantante aceptó una condena por fraude fiscal relacionada con impuestos entre 2012 y 2014.

En ese proceso pactó:

• una multa millonaria,
• y una pena de prisión que no implicaba ingresar a la cárcel.

Ese caso no cambia con la nueva sentencia.

Un conflicto que todavía no termina del todo

El fallo representa un respiro importante para Shakira después de años de presión mediática y judicial alrededor de su situación fiscal en España.

También vuelve a poner sobre la mesa un problema que afecta cada vez más a celebridades globales: determinar dónde reside realmente una figura que pasa gran parte del año viajando entre distintos países.

Por ahora, la disputa todavía podría continuar.

La Hacienda española mantiene la posibilidad de recurrir la sentencia en los próximos días, por lo que el caso aún no está completamente cerrado.

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Proyecto contra la evasión fiscal fracasa en el Congreso de Costa Rica

El proyecto de Fortalecimiento del Control Tributario, una de las principales iniciativas del actual gobierno para combatir la evasión fiscal en Costa Rica, ha quedado varado en la Asamblea Legislativa. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, el expediente 23.759 recibió un dictamen negativo en la Comisión de Hacendarios, lo que impidió su avance.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, lamentó que la iniciativa no prosperara, ya que buscaba fortalecer las potestades de la Dirección General de Tributación para controlar la evasión y agilizar el cobro administrativo de la cartera morosa. “Este proyecto le daba el músculo y los dientes al Ministerio de Hacienda”, comentó el jerarca.

Razones del rechazo y debate político

El rechazo al proyecto se basa en las críticas de diputados que lo consideran “abusivo”. La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, señaló que el texto le otorgaba “superpoderes” a la Administración Tributaria que dejaban a los contribuyentes sin derecho a la defensa. Según la legisladora, la Procuraduría General de la República había advertido sobre varios artículos que podrían ser inconstitucionales.

Estas preocupaciones no son nuevas. Ramírez recordó que una propuesta similar, presentada en el gobierno de Luis Guillermo Solís, fue retirada por razones similares. El expediente 23.759 contemplaba medidas como el levantamiento del velo societario, la responsabilidad solidaria de los socios y la ampliación del plazo de prescripción a 10 años, lo que generó un fuerte debate en el ámbito político.

El impacto en la lucha contra el fraude fiscal

El presidente Rodrigo Chaves ha señalado en el pasado que la evasión fiscal en el país podría ascender a $2 billones, una cifra que ilustra la magnitud del problema. El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, destacó que su gestión se centró en presentar más de 300 denuncias que representaban unos ¢30 mil millones, aunque lamentó que el proyecto de control tributario no recibiera el apoyo legislativo necesario.

Acosta, ahora candidato a diputado, afirmó que “las conversaciones no encontraron eco en los y las diputadas de la comisión” y que, sin iniciativas como esta, es “muy fácil para los evasores obviar los procesos de cobros administrativos y después judiciales”.

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Panamá pone el ojo en BCT Bank y Leonel Baruch

El Ministerio Público de Panamá está investigando al BCT Bank y al empresario costarricense Leonel Baruch. El foco está en supuestas transferencias y cuentas vinculadas a un caso de blanqueo de capitales.

Esta noticia fue publicada por La Estrella de Panamá. El medio señaló que la información ya se envió a Costa Rica. Sin embargo, las autoridades judiciales de Costa Rica dicen que, por ahora, no usarán esa información.

Solicitud de Información Desde Panamá

El 10 de junio, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá pidió ayuda legal a la Fiscalía General de Costa Rica. Solicitaron datos sobre Baruch y dos empresas: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A. Ambas sociedades fueron creadas bajo las leyes de Panamá.

La investigación panameña inició por un informe del 14 de abril de 2025. Este informe indicaba que Baruch estaba siendo investigado en Costa Rica. El motivo: un presunto fraude fiscal de casi $11 millones.

El Esquema Financiero bajo Escrutinio

Para el supuesto fraude fiscal, se habría usado un esquema complejo. Varias empresas en Costa Rica habrían transferido más de $60 millones. Estos pagos se hicieron como “falsas obligaciones” a empresas en Panamá. Dichas empresas serían propiedad de Baruch.

Según la solicitud panameña, el Ministerio Público de Costa Rica ya había dicho que este plan financiero tuvo “implicaciones fiscales”. Cuando una empresa en Costa Rica paga intereses al BCT en Panamá, se crea un “escudo financiero”. Esto beneficia a las sociedades costarricenses. Además, transferir ganancias de Costa Rica a Panamá “permite distribuir recursos sin pagar impuestos sobre dividendos en Costa Rica”.

Los análisis de transacciones, desde 2015 hasta finales de 2024, muestran el mismo tipo de operación. Es un “modus operandi” parecido al fraude fiscal ya denunciado al Ministerio de Hacienda en Costa Rica. Panamá también envió más información relacionada con la investigación el 8 de mayo.

Un documento, visto por La Estrella de Panamá, identifica a Baruch como el dueño final de una cuenta en el BTC Panamá. Esta cuenta tiene depósitos a plazo fijo por más de $12.9 millones. El fiscal panameño José Candanedo envió esta información a Costa Rica. La idea es que sirva para iniciar o fortalecer una investigación.

Respuestas de Costa Rica y Acusaciones Cruzadas

El 24 de junio, fiscales de Panamá y Costa Rica tuvieron una reunión virtual. Los funcionarios de Costa Rica confirmaron que recibieron la información. Pero adelantaron que no pueden usarla en el caso que ya tienen abierto (el 2270-21 PE). ¿La razón? Los hechos de ese caso son de 2008 a 2015.

También dijeron que la información de Panamá no sirve para empezar otra investigación por blanqueo de capitales en Costa Rica. Argumentan que no hay pruebas de un delito previo en su país. La documentación quedará para que el fiscal general de Costa Rica la evalúe.

Fuentes ligadas a la investigación en Costa Rica han criticado esta postura. Hablaron con La Estrella de Panamá y cuestionaron la “inacción” del Ministerio Público costarricense. “Prácticamente, están desechando toda la investigación que ha realizado Panamá”, se quejó una fuente. Fuentes panameñas, por su parte, indicaron que el banco no entregó documentos clave de transferencias internas y externas realizadas entre 2023 y 2025.

Leonel Baruch niega todo. Calificó la información de La Estrella de Panamá como “falsa”. Aseguró que “en Panamá no hay registro de ninguna investigación abierta contra BCT ni contra mí por ningún delito”.

Baruch fue claro: “Ni BCT ni yo hemos participado en blanqueo de capitales o evasión fiscal. Mis acciones y las de los bancos BCT siempre han sido y serán en estricto apego a la Ley y la moral”.

A raíz de estas publicaciones, Baruch presentó una denuncia penal. Lo hizo ante la Fiscalía General de la República en Costa Rica. Acusa a varias personas, incluyendo al presidente Rodrigo Chaves y a la diputada Pilar Cisneros. Los señala de ser una “organización criminal”.

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