La periodista Vilma Ibarra divulgó, el pasado jueves, en su programa Hablando Claro detalles de los procesos interpuestos ante la Sala Constitucional contra el concurso de frecuencias de radio y televisión. En su intervención, hizo referencia a información presuntamente filtrada desde la propia Sala Constitucional, un hecho preocupante que merece especial atención.

En ese espacio se dio información que no es pública y que evidenciaría una peligrosa convergencia entre ciertos sectores de la prensa y un sector politizado dentro de la Sala Constitucional. Se mencionó incluso la oposición de un magistrado a votar el fallo, desacreditándolo como “filibustero”, no por violentar la ley, sino por no alinearse con la prisa ni con la narrativa que algunos desean imponer antes de que finalice enero, coincidentemente, en la antesala del proceso electoral.

Esta reciente divulgación de información, así como la presión pública por acelerar resoluciones judiciales, generan serias dudas sobre la independencia del proceso relacionado con dicho concurso.

Destaca la premura atribuida al magistrado Rueda para votar un fallo, junto con la imposición de una medida cautelar sin audiencia previa al Estado, lo cual limita su derecho de defensa.

Este contexto coincide con una ofensiva mediática y judicial de sectores históricamente beneficiados por concesiones otorgadas durante más de 70 años bajo condiciones laxas, con costos risibles y derechos de uso gratuitos, además de obligaciones mínimas de cobertura y calidad de servicio.

El espectro radioeléctrico es un bien público estratégico, no un derecho privado perpetuo, el cual debe asignarse mediante concursos transparentes, con el objetivo principal de garantizar cobertura nacional y calidad del servicio.

El actual proceso de reasignación de frecuencias contempla concesiones de hasta 25 años, así como facilidades de pago que permiten distribuir la inversión en el tiempo, por lo que resulta insostenible afirmar que el precio del espectro sea inviable para una industria con ingresos significativos.

Mientras tanto, amplias regiones del país —como la Huetar Norte y el Pacífico Central— presentan coberturas de televisión digital inferiores al 6%, evidenciando un rezago que afecta directamente el derecho a la información y obliga a estas comunidades a vivir un apagón informativo.

No se trata de libertad de expresión, sino de establecer reglas claras para el uso de un bien público. La pluralidad, la competencia y la mejora del servicio fortalecen la democracia; la defensa de privilegios históricos no.

El Estado actuará conforme a derecho, pero también debe señalar el uso del poder mediático para presionar decisiones o frenar reformas necesarias, recordando que los criterios de los magistrados deben guiarse exclusivamente por su deber de ser garantes de los derechos consagrados en la Constitución Política, sin atender presiones externas ni preferencias políticas.

La libertad de expresión no es un derecho supeditado al uso de frecuencias, por lo que invocarla para frenar este proceso es un error de concepto. Lo que aquí se discute es el fin de una gestión irresponsable del espectro que ha beneficiado a unos pocos sobre el interés general. La democracia se fortalece cuando un recurso que nos pertenece a todos se administra con transparencia y apertura, y no cuando se perpetúan ventajas que ignoran la realidad de las comunidades.

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Mario Quirós señala fallas estructurales en el modelo actual

El abogado y analista Mario Quirós compartió un análisis en sus redes sociales sobre la situación del sistema de frecuencias en Costa Rica, señalando que el país enfrenta un debate necesario, pero planteado de forma incompleta.

Según Quirós, buena parte de la discusión pública se ha reducido a confrontaciones políticas o desconfianza entre sectores, sin entrar en los elementos técnicos y legales que deberían guiar este tema.

Un modelo sin actualización legislativa

El abogado señala que una parte del problema proviene de una omisión legislativa prolongada.
Los cánones que deben pagar las emisoras por utilizar las frecuencias, un bien público, no se actualizan desde hace décadas.

Quirós recordó que la actualización solo puede hacerse por ley, por lo que corresponde a la Asamblea Legislativa definir un nuevo esquema. Sin embargo, indicó que por años no se ha logrado avanzar, ya sea por falta de acuerdo o por resistencia de sectores interesados en evitar incrementos de costos.

La subasta de SUTEL: un punto crítico

Quirós también se refirió a la reciente subasta organizada por SUTEL.
A su criterio, lejos de corregir el problema, podría estar generando efectos adversos.

El analista afirmó que los montos base fueron definidos en niveles que no reflejan la realidad económica de muchas emisoras ni del mercado nacional, lo cual, según indicó, podría favorecer procesos de concentración y afectar empleos dentro del sector.

Un recurso público que requiere equilibrio

Para Quirós, el espectro radioeléctrico debe administrarse bajo principios de:

• acceso justo,
• transparencia,
• proporcionalidad en la explotación comercial.

Su planteamiento central es que cualquier persona o medio interesado en operar legalmente debería poder hacerlo pagando un canon justo, proporcional y equilibrado.

¿Qué solución propone?

El analista sostiene que la salida no pasa por dividir sectores ni por debates polarizados, sino por una reforma integral del modelo, que permita:

• definir un canon actualizado,
• establecer reglas claras y proporcionales,
• garantizar transparencia,
• reforzar la libertad de expresión,
• ordenar el uso de un recurso público.

A su criterio, ni los montos definidos en la subasta actual ni el tono que ha tomado el debate acercan al país al modelo equilibrado que debería garantizar la legislación.

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Marco Legal: ¿Podemos analizar y cuestionar al IPLEX?

Sí. La libertad de crítica hacia figuras públicas e instituciones está protegida por:

• Artículo 28 de la Constitución Política: garantiza la libertad de pensamiento y la posibilidad de examinar la conducta de los funcionarios públicos y entidades de interés público.
• Artículo 29 de la Constitución: protege la libertad de expresión, incluyendo análisis, críticas y cuestionamientos basados en hechos verificables.
• Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica que las instituciones que intervienen en el debate democrático deben tolerar un mayor grado de escrutinio público.
• Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: ampara el derecho a investigar, difundir y analizar asuntos de interés público.

Con esto claro: sí podemos evaluar las afirmaciones del IPLEX, siempre desde hechos y sin imputarles intenciones.

¿El IPLEX afirma que la subasta es un “golpe a la libertad de expresión”? Sí.

¿Eso es jurídicamente cierto? No necesariamente. Analicemos. El IPLEX argumenta que la subasta:

Concentra poder en operadores grandes, Excluye a medios pequeños, Reduce el pluralismo. Deja comunidades sin acceso. Suena fuerte. Es un mensaje emocionalmente poderoso.
Pero hay partes que no están completas, y eso importa para entender el panorama real.

EL PUNTO CENTRAL: EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO NO ES DE LOS MEDIOS, ES DEL ESTADO COSTARRICENSE

Esto no lo dijo el IPLEX. Pero es lo primero que debía decir. El espectro radioeléctrico es un bien público de dominio del Estado, según:

• Ley General de Telecomunicaciones (N.º 8642)
• Artículo 121 inciso 14 de la Constitución

Las frecuencias no son propiedad privada.
Son concesiones temporales, igual que una ruta de autobuses o una concesión minera.

No se puede exigir conservar algo que nunca fue propio.
Y tampoco se puede llamar “golpe a la libertad de expresión” a un proceso regular de renovación del uso de un bien estatal.

¿La subasta elimina medios pequeños?

Eso no es estrictamente cierto. El IPLEX asegura que: “Los requisitos económicos expulsan a los medios pequeños.” Pero hay hechos que contextualizan:

Las frecuencias siempre han tenido requisitos económicos y técnicos.
Antes eran canones simbólicos y contratos renovados automáticamente durante décadas.

Quien usa un bien público debe pagar un precio que refleje su valor real, igual que cualquier concesión.

Queda abierta la posibilidad de funcionamiento digital, lo cual no elimina la libertad de expresión ni el acceso de las comunidades, aunque sí cambia el formato.

Eso no elimina voces: las transforma de analógicas a digitales.

Hoy cualquier emisora puede seguir:

• en streaming,
• en apps,
• en redes sociales,
• en plataformas abiertas.

La libertad de expresión no depende de una frecuencia analógica, sino de acceso a canales de difusión, que hoy sobran.

¿Las radioemisoras “cerraron” por la subasta?

Tampoco es exacto. Varias emisoras anunciaron que no participarán, lo cual es una decisión empresarial, no una orden estatal. Nadie las está cerrando. No se les revocó una licencia por contenido. No se aplicó censura previa. Decidieron no competir porque no están dispuestas a pagar lo que vale la concesión.

Eso es un acto económico, no político.

Narrativa de victimización: ¿por qué aparece?.

Porque funciona. Las frases:

• “Golpe a la libertad de expresión”
• “Dejarán a familias sin trabajo”
• “Se empobrece la democracia”
• “El gobierno calla voces”
• “Es un golpe a la ciudadanía rural”

Son frases diseñadas para generar alarma emocional, no para explicar procesos técnicos de telecomunicaciones. Esto no significa que el IPLEX actúe de mala fe. Significa que está enfatizando solo un lado de la historia. Y el deber de un medio es mostrar todos.

Comentarios del público: también se desmontan con hechos

Muchos usuarios opinan:

“Golpe a la democracia”.

→ No hay golpe democrático si no hay censura previa, persecución de contenido ni cierre forzoso.
Una subasta pública no es censura.

“La gente se alegran, van a quedar sin trabajo”.

→ Los empleos dependen del modelo de negocio, no de la existencia o ausencia de una frecuencia analógica.

“Sin emisoras no hay libertad de expresión”.

→ La libertad de expresión existe con o sin FM.
La radio analógica es un canal, no el derecho mismo.

“Las comunidades rurales quedarán silenciadas”.

→ Las zonas rurales tienen problemas de conectividad desde hace 25 años, no por la subasta.
Ese es un debate aparte y legítimo. Pero no lo provoca este proceso.

¿Qué sí es válido señalar?

Aquí es donde MUNDO ACR brilla, porque no se casa con nadie:

Es válido cuestionar si los precios son proporcionales.
Es legítimo preguntarse si se garantiza acceso en zonas rurales.
Es correcto analizar si el proceso debe ser más gradual.

Eso sí pertenece al debate democrático. Pero convertir una subasta en “golpe a la libertad de expresión” va mucho más allá de lo demostrado.

Ni demonio ni salvación. Es un proceso técnico que algunos están narrando como tragedia. El espectro es un bien público y debe administrarse como tal. Los medios pueden cuestionar, y el IPLEX puede opinar.
Pero la ciudadanía merece información completa, no solo emocional. En MUNDO ACR explica.
No hace campaña. No defiende gobiernos. No defiende corporaciones.

Defiende el derecho de la gente a entender lo que realmente está pasando.

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La CGR estableció como fecha límite el 29 de octubre de 2025 para resolver la totalidad de las objeciones. Hasta que el ente contralor finalice el análisis, los detalles de los argumentos legales permanecerán en reserva.

El proceso judicial que amenaza la licitación

El conflicto legal se agrava con la existencia de una acción judicial paralela. Un grupo de radioemisoras y la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) había iniciado previamente un proceso contra el Poder Ejecutivo por presuntos incumplimientos en contratos de concesión ya existentes.

Recientemente, esta acción legal buscó involucrar a la Sutel, lo que plantea un riesgo de paralización inmediata del concurso de frecuencias. El impacto de la notificación a la Sutel sobre el proceso licitatorio es incierto por el momento.

Distribución del conflicto por bandas

La Subasta Frecuencias Sutel divide las objeciones de la siguiente manera, reflejando la oposición de actores clave del sector:

• 18 recursos fueron interpuestos contra el otorgamiento de frecuencias de Radio FM.
• Ocho objeciones se registraron en contra del concurso de Radio AM.
• Tres recursos se presentaron en el proceso destinado a la Televisión.

Empresas como Televisora de Costa Rica (Teletica), la Corporación Radiofónica Nacional (Radio Fides) y la Cámara Nacional de Radio y Televisión figuran entre las 24 entidades que presentaron objeciones formales.

La Sutel había publicado los pliegos de condiciones el 25 de setiembre, iniciando el plazo de 40 días hábiles para la recepción de ofertas bajo un esquema de sobre cerrado con fase de puja.

FM:

1. Herrera Troyo
2. Radio Rumbo
3. Televisora de Costa Rica
4. Cadena Musical
5. Cámara Nacional de Radiodifusión
6. Temporalidades de la Arquediócesis de San José (Radio Fides)
7. Cámara Nacional de Radio y Televisíon
8. Asociación Cristiana Internacional Unción
9. Temporalidades Diócesis de San Isidro
10. Radiodifusora del Pacífico LTDA
11. Quadrante S.A.
12. Grupo Radiofónico TBC S.A.
13. Radio Colosal
14. Juan Vega 88.7 FM
15. Stereo Bahía LTDA
16. Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC Radio S.A.
17. Sonido Latino FM
18. Super Radio FM

AM: 

1. Difusora Rasaca S.A.
2. Producciones Castro S.A.
3. Cámara Nacional de Radiodifusión
4. Cámara Nacional de Radio y Televisión
5. Radio Santa Clara
6. Radio Victoria Limitada
7. Radio Sonora, 700 AM
8. Fundación Ciudadelax de Libertad y BBC Radio S.A.

TV: 

1. TV Diecinueve UHF Sociedada Anónima
2. Televisora de Costa Rica S.A.
3. Cámara Nacional de Radio y Televisión

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