La comparecencia, programada para este viernes, ha sido gestionada por miembros del Congreso, incluido un subcomité encargado de promover la asistencia exterior para preservar la democracia en países aliados.

La Embajadora Crespo Sancho confirmó que la citación obedece a que congresistas perciben el proceso contra el presidente Chaves como un “ataque nuevo a la democracia” y lo ven como una “forma de derrocar a un presidente en funciones”.

“Esto solo sucede cuando el Congreso está muy preocupado por situaciones de algunos países. Y en este momento está muy preocupado por Costa Rica,” declaró la Embajadora.

La diplomática señaló que, en las últimas semanas, ha recibido consultas informales sobre la base legal del proceso. Congresistas cuestionan si el procedimiento de levantamiento de fuero está debidamente estipulado en la Constitución, indicando dudas sobre si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está cambiando o interpretando las reglas de la Carta Magna. La intensidad de las dudas ha llevado a preguntas directas sobre si Costa Rica “se estaba empezando a parecer a Perú.”

Serias Implicaciones para la Cooperación y la Economía.

La convocatoria ante el Congreso subraya la seriedad de la situación, especialmente ante el riesgo que representa para la relación bilateral y la asistencia económica.

Crespo Sancho destacó que entre los congresistas involucrados se encuentra el presidente del Comité de Apropiaciones, organismo que tiene una injerencia directa en la política exterior y económica de EE. UU.

“El Comité de Apropiaciones es importantísimo para Costa Rica… ellos son los que deciden cuánta plata se le va a dar a cada país para tema de apoyo,” explicó la Embajadora, detallando que de este comité dependen los fondos para temas de seguridad, los escáneres y toda la ayuda que recibe el país.

El mayor riesgo, según la diplomática, radica en que si el Congreso percibe la situación como un peligro para la estabilidad democrática de un aliado, podrían enviar un reporte al Secretario de Relaciones Exteriores y al Departamento de Estado para que tomen “los pasos siguientes”. Estos pasos podrían incluir “cerrar cualquier apoyo, inclusive económico”.

La Embajadora recordó que ya existe jurisprudencia, citando a países de la región como Colombia, a los que “les han recortado bastante el apoyo” y los fondos. La diplomática enfatizó que la posibilidad de sacar a un presidente electo por el pueblo “no se ve bien para nada” a nivel internacional, lo cual genera profunda preocupación en su rol como representante de la diplomacia costarricense.

La Embajadora indicó que su trabajo primordial será llevar un discurso basado en la legalidad y los procedimientos que sustentan el proceso en Costa Rica, haciendo énfasis en lo que dictan los artículos del Tribunal Supremo de Elecciones y, sobre todo, la Constitución.

Generalmente, estas audiencias son públicas, aunque el Congreso puede determinar hacerlas privadas. De cualquier forma, la Embajadora estima que se emitirá un reporte al final. En caso de que se determine un riesgo democrático, este reporte podría ser elevado a la Comisión de Relaciones Exteriores y al Departamento de Estado, abriendo la posibilidad de una convocatoria abierta y una revisión de la relación bilateral.

El proceso sobre el levantamiento o no del fuero del Presidente Chaves está actualmente en la Asamblea Legislativa, con la sugerencia de la comisión prevista para votarse a finales de noviembre.

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El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, ha instado a los diputados de su bancada y al resto de legisladores a actuar con responsabilidad y apego a criterios técnicos. Esta solicitud surge tras la petición de la Corte Plena al Congreso para que analice el levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chaves, en el marco de una investigación por un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Hidalgo expresó su posición a través de sus redes sociales, señalando la gravedad de los hechos imputados al presidente. “Los hechos por los que la Fiscalía acusa al presidente Chaves son graves. Creo que, como cualquier costarricense, el Presidente debe responder por sus actuaciones, pero también debe respetársele plenamente su derecho a defenderse y al debido proceso”, indicó.

El socialcristiano añadió que ha comunicado al jefe de fracción de su partido, Alejandro Pacheco, la importancia de respetar estos derechos y la necesidad de “ajustarse estrictamente a los criterios técnicos del procedimiento y reglamento legislativo”.

Detalles de la Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General investiga una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría entregado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido también como ‘Choreco’.

Bulgarelli fue la persona a la que se le adjudicó un contrato con el BCIE. Dicho contrato tenía como propósito una labor de comunicación para Casa Presidencial.

Según las declaraciones del fiscal general Carlo Díaz, la dádiva ascendería a $32 mil, destinados presuntamente a la compra de una vivienda. La tesis de la Fiscalía es que Bulgarelli fue “obligado o inducido” a realizar este pago a Cruz, quien es también amigo personal del presidente Chaves. Este pago se habría dado como resultado de la contratación con el BCIE, derivada de un “contrato marco de prestación de servicios de consultoría”.

A ‘Choreco’ se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE. Al presidente Chaves, por su parte, se le acusa del delito de concusión. Este delito se define como la acción de obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial.

La decisión del Congreso sobre el levantamiento del fuero presidencial será crucial para el avance de esta investigación.

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