El legislador expresó su preocupación por el momento que vive el país, a solo tres meses de las elecciones nacionales. Sus declaraciones se enfocaron en lo que calificó como “interpretaciones antojadizas” de algunos órganos estatales.

Cuestionamiento al rol del TSE

El diputado Vargas Quirós cuestionó la credibilidad del TSE en el contexto de este segundo proceso contra el presidente. El Tribunal es la entidad que accionó el procedimiento en esta oportunidad.

Vargas Quirós reconoció que el TSE ha demostrado hacer las cosas de “extraordinaria manera” en el ámbito electoral, pero alegó que el Tribunal “quiere arrogarse funciones de tribunal de juicio”.

Según el diputado, el TSE pretende tener la facultad de “sancionar o destituir al señor presidente”, acción que, a su juicio, no está permitida por la Constitución.

La legalidad del trámite

El legislador señaló que el trámite de levantamiento de inmunidad no debió ser aceptado en la Asamblea Legislativa. Vargas Quirós alegó que la facultad para dar curso a este procedimiento no existe ni en la legislación nacional ni en la de Latinoamérica.

“No debería, en primer lugar, haberse aceptado el trámite de este procedimiento porque no existe… una facultad ni del Tribunal ni de la Asamblea para poder aceptar y dar camino a este trámite”, sostuvo el diputado.

Vargas Quirós solicitó a los ciudadanos estar atentos al acontecer de la Asamblea Legislativa, calificando los momentos actuales como “complejos” y “delicados”. El diputado finalizó expresando su confianza en la “idiosincrasia democrática” del país.

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El trámite comenzó en la sesión celebrada el lunes 13 de octubre. La Presidencia del Poder Judicial confirmó que la Corte dio inicio a la conformación del Tribunal que conocerá el expediente N.° 22-000116-1218-PE, el cual contiene la acusación penal relacionada con un presunto financiamiento paralelo en la contienda electoral de 2022.

Acusación penal y fuero especial

El Ministerio Público presentó la acusación penal el pasado 23 de junio contra el mandatario y otras seis personas que gozan de fuero especial de improcedibilidad (inmunidad), lo cual impide que sean procesados por la vía judicial ordinaria.

La pieza acusatoria se sostiene en que los acusados habrían recurrido a dos estructuras paralelas para costear gastos electorales del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), presuntamente contraviniendo las normas sobre financiamiento político y operando al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Las figuras acusadas que gozan de fuero especial son:

• Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.
• Stephan Brunner Neibig, Exvicepresidente.
• Arnoldo André Tinoco, Canciller.
• Pilar Cisneros Gallo, Diputada.
• Paola Nájera Abarca, Diputada.
• Waldo Agüero Sanabria, Diputado.
• Luz Mary Alpízar Loaiza, Diputada y presidenta fundadora del PPSD.

El procedimiento requiere la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa antes de iniciar cualquier proceso judicial formal.

Fase actual del proceso judicial

Actualmente, el proceso se encuentra en una fase de análisis de los posibles impedimentos presentados por los miembros de la Corte Plena para conocer el caso.

El procedimiento especial establece que, tras la presentación de la acusación, un magistrado instructor elabora un informe que es discutido por la Sala Tercera de Casación Penal. Posteriormente, la recomendación se eleva al Tribunal de la Corte Plena, órgano que determinará la admisibilidad de la acusación. Es precisamente este Tribunal el que se está conformando actualmente.

Si la Corte Plena determina que la acusación es admisible, la misma será trasladada a la Asamblea Legislativa para iniciar el proceso de antejuicio y determinar si procede el levantamiento de la inmunidad con un mínimo de 38 votos.

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