Dobles cuestiona nombramientos y favores políticos, pero sus propias críticas reactivan decisiones incómodas del PAC.

La diputada Claudia Dobles utilizó su control político en la Asamblea Legislativa para lanzar duros cuestionamientos contra el oficialismo por la crisis de seguridad, los nombramientos del próximo gabinete y lo que calificó como favores políticos dentro del poder.

Su mensaje buscó proyectar una línea clara, presentar al nuevo gobierno como una administración que estaría repitiendo viejas prácticas de nombramientos cuestionables y concentración de poder.

Pero en el intento, varias de sus propias críticas terminaron reabriendo decisiones incómodas del partido con el que ella fue primera dama y que gobernó durante ocho años.

Uno de sus ataques más delicados fue contra Gerald Campos, próximo ministro de Seguridad, al advertir sobre su relación y comunicación con el extraditado Celso Gamboa.

El problema político de ese señalamiento es inmediato.

Celso Gamboa no fue una figura periférica en gobiernos del PAC. Fue nombrado ministro de Seguridad en 2014 por el entonces presidente Luis Guillermo Solís.

Eso significa que Dobles utilizó como parámetro de alerta política a una figura que el propio PAC colocó en la máxima jerarquía de la seguridad pública años atrás.

La contradicción no es menor.

No se trata de decir que una decisión pasada invalide cualquier crítica presente.

Se trata de que cuando una figura política usa el nombre de Celso Gamboa para cuestionar la idoneidad de otros, inevitablemente también reactiva preguntas sobre el juicio político de quienes antes lo llevaron al gabinete.

La misma lógica aplica con su frase sobre “favores políticos”.

Dobles aseguró que Costa Rica no necesita más favores políticos ni más escudos para figuras cercanas al poder.

Pero esa frase también obliga a mirar hacia atrás. Durante los gobiernos del PAC, distintas decisiones de nombramientos en cargos públicos, embajadas y espacios institucionales también fueron cuestionadas públicamente por criterios políticos.

Un ejemplo de esos señalamientos apareció durante el gobierno de Carlos Alvarado, cuando se cuestionó que se nombraran 30 embajadores sin carrera diplomática y sectores de oposición llegaron a señalar a Presidencia y Cancillería como una “bolsa de empleo”.

A eso se sumó que el propio Alvarado confirmó públicamente que Presidencia había escogido personas vinculadas al PAC para consulados y que él conocía esas designaciones.

Y ahí aparece el punto más incómodo para su discurso.

Cuando se denuncia el uso político del poder sin reconocer que el propio partido donde ella figuró como primera dama, enfrentó cuestionamientos similares, la crítica deja de sonar como ruptura… y empieza a parecer memoria selectiva.

Más allá de si sus cuestionamientos actuales son válidos o no, lo que dejó su intervención fue una realidad difícil de ignorar.

Dobles está utilizando una vara política que también alcanza parte del historial del partido con el que gobernó.

Y cuando una figura exige estándares de transparencia, prudencia y distancia con el poder que su propio sector no logró sostener de forma intacta cuando estuvo en el gobierno…

la discusión deja de centrarse solo en el adversario.

También pasa a medir la coherencia de quien hace la crítica.

Porque en política, la memoria no desaparece solo porque cambien los protagonistas.

En política, la memoria también vota. Seguía con ACR para no analizar el presente sin revisar primero el pasado.

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El Ministerio de Justicia y Paz ha emitido un cuestionamiento directo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto ocurre luego de que la policía judicial señalara un supuesto debilitamiento en los controles de las cárceles, lo que habría permitido a líderes criminales ordenar delitos desde prisión. La situación expone una tensión entre ambas instituciones clave en la seguridad del país.

La controversia surge tras recientes allanamientos en cuatro centros penitenciarios. La acción buscaba decomisar pruebas esenciales para una investigación de homicidios y tentativas de homicidio. Estos crímenes, al parecer, fueron ordenados por dos privados de libertad conocidos como Tony Peña Russel y alias “Curry”.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó públicamente que hubo un debilitamiento en la vigilancia dentro de las cárceles. Según Zúñiga, esta situación permitió que se coordinaran los mencionados homicidios desde el interior de los centros.

La Respuesta de Justicia: Datos del OIJ y Falta de Acceso a Información

En respuesta a estas críticas, Nils Ching, viceministro de Justicia, cuestionó la postura del OIJ. Ching señaló que la policía judicial debería tener un mayor conocimiento de lo que sucede dentro de las cárceles.

Argumentó que el OIJ tiene en su poder más de 7.900 celulares que han sido decomisados en el sistema penitenciario. Para el viceministro, esta cantidad de evidencia debería proporcionar al OIJ una noción más clara de la actividad criminal desde prisión.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gerald Campos, añadió a principios de esta semana que su institución no tiene acceso a la información que el OIJ maneja sobre la actividad criminal dentro de los centros penales. Este punto resalta una aparente falta de comunicación o intercambio de datos entre ambas entidades.

La situación subraya la complejidad de controlar la actividad delictiva dentro de las prisiones y la necesidad de una coordinación efectiva entre las diferentes instituciones de seguridad y justicia para combatir el crimen organizado.

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