La Municipalidad de Upala se encuentra bajo el escrutinio público tras la publicación de dos informes nacionales que señalan un preocupante estancamiento en su gestión. Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) han presentado evaluaciones que evidencian serias deficiencias en la prestación de servicios públicos y la eficiencia en trámites.

El doble resultado negativo subraya la necesidad urgente de mejoras sustanciales en la administración local para responder a las demandas de su población.

Nivel Básico en Gestión de Servicios: El Alerta de la CGR

Según el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025 (IGSM) de la CGR, la Municipalidad de Upala obtuvo por segundo año consecutivo una calificación de “nivel básico”. Este resultado refleja una capacidad muy baja para gestionar servicios públicos esenciales, lo cual, según el informe, evidencia un estancamiento.

El reporte de la CGR destaca las siguientes brechas críticas en la gestión:

• Residuos sólidos: A pesar de obtener un nivel intermedio, la municipalidad no pudo indicar el destino final de la basura recolectada.
• Aseo de vías: La gestión se mantuvo en un nivel básico, sin evaluaciones de la calidad del servicio.
• Red vial cantonal: No existen reglamentos ni evaluaciones de calidad. Además, se reportan 67 puentes en estado “regular”.
• Servicios sociales, educativos y deportivos: La entidad no cuenta con reglamentos de operación ni datos sobre beneficiarios o indicadores de calidad.

La CGR concluye que para superar estas deficiencias se requiere un mayor liderazgo y una gestión más sólida por parte de la administración.

Caída en la Eficiencia de Trámites de Construcción

El Ranking Municipal de Gestión de Trámites de Permisos de Construcción, elaborado por el CFIA, también muestra un retroceso para la Municipalidad de Upala. La entidad cayó ocho puestos, del 35 al 43, con una calificación de 61.50 puntos.

El informe del CFIA detalla las siguientes regresiones en los trámites:

• Tiempo de aprobación: Aumentó de 12.3 a 20.7 días.
• Aprobación en primera respuesta: Disminuyó del 95% al 88%.
• Tiempo de aprobación de pago: Subió de 3.8 a 6.1 días.

El contraste es notable con municipios vecinos como Los Chiles y Guatuso, que se posicionaron en los puestos 20 y 21, respectivamente. El CFIA ofrece estos resultados como una herramienta para que los gobiernos locales identifiquen áreas de mejora y promuevan una gestión más eficiente.

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Una reciente sesión de la Comisión Investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) generó controversia. La diputada oficialista Ada Acuña denunció a Rocío Alfaro, jefa de fracción del Frente Amplio. Acuña asegura que Alfaro accedió a informes confidenciales del sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales) de la institución.

Según Acuña, estos documentos estaban bajo cláusulas de confidencialidad. Además, algunos no habían sido revisados aún por la Dirección de Innovación de la CCSS. Esta dirección es el filtro para compartir la información internamente.

“Pudieron acceder a informes que son confidenciales. Esto es muy grave”, afirmó Acuña. La diputada pidió que quede “bien claro en actas la forma irregular” en que se obtuvieron.

Acuña insistió en la “forma irregular” del acceso. Especialmente, al no tener el visto bueno del director del programa ERP. “Aquí hay una situación muy seria y quiero dejarla clara en actas”, señaló.

Alfaro Defiende el Derecho a Investigar

Por su parte, la diputada Rocío Alfaro defendió la labor de la comisión. Afirmó que investigar implica buscar y revisar toda la documentación relevante. Alfaro negó que hubiera un “filtrado de información”.

“Al gobierno le molesta que hayamos accedido a información”, declaró Alfaro. “Esta información demuestra que no había condiciones para el ERP”, añadió.

Alfaro explicó que la información se obtuvo de los canales de archivo oficiales. No circuló de forma irregular. “No estamos filtrando información que no sea pública o accesible por SICOP”, indicó. Resaltó que mucha información proviene de actas de la Junta Directiva de la CCSS.

La legisladora del Frente Amplio cree que el gobierno busca “impedir” que la comisión sepa la verdad del ERP. Para Alfaro, la situación es grave. “Se está poniendo en riesgo la vida de los costarricenses y el funcionamiento de la CCSS”, aseguró.

Alfaro concluyó diciendo que la preocupación de Acuña es “cómo hicimos el trabajo”. Subrayó que el Frente Amplio siempre investiga a fondo. La comisión, dijo, debe enfocarse en las advertencias técnicas sobre el ERP. Incluso, sugirió que el tema “raya en lo penal” y que se debería pedir la renuncia de Héctor Arias.

El incidente evidencia las tensiones. Muestra el control sobre los sistemas críticos en instituciones públicas. También destaca el rol de las comisiones legislativas en la fiscalización.

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