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La presidente Laura Fernández salió al paso de los cuestionamientos surgidos tras el nombramiento del empresario Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, más allá de la defensa de una persona específica, sus declaraciones dejaron ver una visión más amplia sobre el rumbo que pretende impulsar en la política exterior costarricense durante su administración.

Fernández aseguró que la mayor parte del servicio diplomático del país continuará en manos de funcionarios de carrera, pero sostuvo que existen determinados cargos donde considera válido recurrir a perfiles externos cuando las circunstancias así lo requieran.

Según explicó, el nombramiento de Marchegiani responde a esa lógica.

La mandataria destacó la experiencia empresarial del nuevo representante y señaló que busca fortalecer la presencia de Costa Rica en temas relacionados con competitividad, energía, inversión, turismo y seguridad internacional.

Durante sus declaraciones, Fernández también manifestó que desea ver una participación más activa del país en asuntos vinculados al desarrollo económico y la generación de oportunidades.

El tema adquiere relevancia porque la representación ante Naciones Unidas suele convertirse en uno de los espacios donde Costa Rica proyecta posiciones sobre asuntos globales que van desde derechos humanos y desarrollo sostenible hasta seguridad, cooperación internacional y comercio.

Por esa razón, los nombramientos diplomáticos suelen generar debate sobre las prioridades que cada gobierno desea impulsar en escenarios internacionales.

Más allá de las opiniones a favor o en contra del nombramiento, la discusión abre una pregunta más amplia sobre el papel que Costa Rica busca desempeñar en organismos multilaterales durante los próximos años.

Las decisiones que se adopten en materia de política exterior no solo influyen en la imagen internacional del país, sino también en su capacidad para atraer inversión, fortalecer relaciones estratégicas y participar en debates que terminan teniendo impacto dentro de sus propias fronteras.

Con el nuevo gobierno apenas iniciando funciones, la representación internacional se convierte en otro de los espacios donde comenzarán a verse las prioridades y el estilo que marcarán la administración de Laura Fernández.

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La seguridad pública se perfila como una de las principales prioridades de la administración de Laura Fernández.

Durante una actividad donde participaron cuerpos policiales de distintas regiones del país, la presidenta dejó claro que pretende involucrarse personalmente en el seguimiento de las estrategias contra el crimen organizado y en la coordinación de acciones entre las diferentes instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

La mandataria aseguró que las reuniones de trabajo con los cuerpos policiales se convertirán en una práctica permanente de su gobierno y explicó que estos espacios permitirán revisar resultados, analizar información operativa y definir objetivos de corto y mediano plazo.

Según Fernández, el comportamiento de la criminalidad varía entre provincias y cantones, por lo que considera necesario tomar decisiones basadas en información específica de cada región.

Uno de los puntos que más destacó fue la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas entidades que participan en la lucha contra el crimen organizado.

Durante sus declaraciones, la presidenta insistió en que la seguridad no depende únicamente de la labor policial y sostuvo que el desafío también involucra al Poder Judicial, al sistema penitenciario y a la Asamblea Legislativa.

Fernández reconoció que Costa Rica enfrenta dificultades para desarticular estructuras criminales de forma definitiva y señaló que, en algunos casos, grupos vinculados al narcotráfico continúan operando pese a que varios de sus integrantes ya se encuentran en prisión.

Por esa razón, adelantó que su administración impulsará nuevas propuestas legales relacionadas con el control de comunicaciones dentro de centros penitenciarios y con herramientas para combatir organizaciones criminales.

La presidenta también planteó la necesidad de revisar procedimientos que, según su criterio, retrasan investigaciones o afectan la respuesta institucional frente a determinados delitos.

Más allá de las propuestas específicas, el mensaje del Gobierno apunta a una idea central: la seguridad no puede ser enfrentada por una sola institución.

La estrategia planteada por la administración busca una participación más activa de policías, jueces, fiscales, autoridades penitenciarias y diputados en la búsqueda de soluciones a uno de los temas que más preocupa a la población costarricense.

La discusión apenas comienza.

En las próximas semanas se conocerán los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo y será entonces cuando empiece el debate sobre cuáles cambios podrían aplicarse, cuáles requerirán acuerdos políticos y cuáles encontrarán resistencia dentro de las diferentes instituciones del Estado.

Mientras tanto, el tema de la seguridad continúa ocupando un lugar central en la agenda nacional y promete convertirse en uno de los principales focos de discusión durante los próximos años.

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La acusación, sin embargo, fue lanzada sin que Arias presentara evidencia pública que respalde tal afirmación.

En una publicación difundida con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el exmandatario aseguró que la revocatoria de visas “a solicitud del presidente Rodrigo Chaves” constituye una herida a la libertad de prensa y un mecanismo de intimidación propio de regímenes autoritarios.

El señalamiento marca una diferencia importante respecto a otras voces políticas que habían reaccionado al caso.

Mientras algunas figuras opositoras se habían limitado a pedir explicaciones o plantear dudas sobre una eventual incidencia del Gobierno costarricense en la decisión estadounidense, Arias dio un paso más allá y presentó como hecho consumado una supuesta intervención directa del mandatario.

Hasta el momento, no existe prueba pública conocida que confirme que el presidente Rodrigo Chaves haya solicitado a Estados Unidos revocar las visas de los directivos de La Nación.

Tampoco el gobierno estadounidense ha explicado oficialmente los motivos detrás de la medida.

La declaración de Arias, por tanto, introduce en el debate una acusación de extrema gravedad institucional sin respaldo documental o confirmación oficial visible hasta ahora.

El contexto político añade otra capa al episodio.

El propio Arias fue uno de los costarricenses a quienes Estados Unidos revocó la visa en meses recientes, lo que inevitablemente coloca sus declaraciones bajo una lectura política más compleja: la de un exmandatario personalmente afectado por la misma medida que ahora denuncia.

Más allá de la discusión sobre la decisión consular estadounidense, el episodio abre otra pregunta de fondo: qué tan responsable resulta atribuir públicamente a un presidente una supuesta gestión internacional de represalia contra un medio de comunicación sin presentar evidencia verificable ante la ciudadanía.

Porque en democracia, acusar de autoritarismo a un gobierno no es un señalamiento menor.

Y cuando una imputación de ese calibre se formula sin pruebas públicas sobre la mesa, el debate deja de girar solo sobre la libertad de prensa y también alcanza la responsabilidad de quien acusa.

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El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles la presentación del proyecto de ley “Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público”, que se tramita bajo el expediente N°24.786. Esta iniciativa busca acabar con las pensiones de lujo que han generado controversia por los altos montos percibidos por algunos beneficiarios sin haber cotizado lo necesario para justificarlos.

Objetivo de la propuesta

El proyecto tiene como meta restablecer la equidad en el sistema de pensiones públicas, eliminando los beneficios desproporcionados que atentan contra las finanzas públicas. Según el Gobierno, esta medida responde a una creciente indignación social ante los llamados “ticos con corona”, quienes gozan de pensiones privilegiadas que no se alinean con el principio de justicia contributiva.

El presidente del país declaró que “es momento de acabar con los privilegios y devolverle al sistema de pensiones su propósito original: garantizar el bienestar de quienes han trabajado arduamente durante toda su vida”.

Detalles de la propuesta

La iniciativa legislativa incluye:

• Revisión de las pensiones existentes: Identificación de casos en los que los beneficiarios no hayan cumplido con los requisitos mínimos de cotización.
• Tope en los montos: Establecimiento de un límite máximo para las pensiones otorgadas por el sistema público.
• Redistribución de recursos: Destinación de los ahorros generados hacia programas sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
• Endurecimiento de regulaciones: Mayores controles para evitar que nuevas pensiones de lujo sean otorgadas en el futuro.

Impacto esperado

De aprobarse, este proyecto fortalecería la justicia social, asegurando que el sistema de pensiones opere en beneficio de quienes más lo necesitan. Además, se proyecta un ahorro significativo en las arcas públicas, lo que permitiría redirigir fondos a áreas críticas como salud y educación.

El Gobierno espera que esta reforma cuente con el respaldo de todos los sectores políticos y sociales, ya que está diseñada para responder a una demanda histórica de equidad en el país.

La eliminación de las pensiones de lujo no solo busca corregir injusticias, sino también asegurar la sostenibilidad del sistema para las futuras generaciones.

Investigación sobre datos y fuentes Cooperación Técnica Reducción del Gasto Público – Estudio Actuarial.

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