POR MUNDO ACR | Lecturas de poder que explican lo que otros pasan por alto.

Cuando una de las voces estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones sale públicamente a defender la estabilidad de los magistrados electorales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.

También se vuelve institucional, política y ciudadana.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con la reciente columna publicada por Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, quien dedicó varias páginas a defender una idea central, la independencia de los magistrados requiere estabilidad en el cargo y mecanismos que los protejan de las presiones del poder político.

Su planteamiento no es menor.

Tampoco se trata de un asunto técnico reservado para abogados o especialistas en derecho constitucional.

Lo que está en discusión es algo mucho más profundo, quién protege la independencia del árbitro electoral y cuáles son los controles que existen sobre quienes ejercen ese poder.

La tesis de Román

La columna sostiene que un magistrado cuya permanencia dependa del agrado de una mayoría política difícilmente puede actuar con plena independencia.

Por esa razón, Román recurre a ejemplos internacionales, a la Constitución Política, al Código Electoral y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la existencia de garantías reforzadas de estabilidad para los jueces supremos y magistrados electorales.

Su razonamiento es sencillo.

Si un juez teme perder el cargo por una resolución incómoda, corre el riesgo de dejar de decidir conforme al Derecho y empezar a decidir conforme a los intereses de quienes tienen el poder para removerlo.

Pocas democracias modernas discutirían seriamente ese principio.

La independencia judicial y electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Sin árbitros independientes, las instituciones terminan expuestas a las presiones de los gobiernos, los partidos políticos o las mayorías circunstanciales.

Sin embargo, la propia fuerza del argumento abre una pregunta que merece atención.

Cuando el árbitro habla

La columna resulta especialmente llamativa porque no fue escrita por un académico observando la realidad desde afuera.

Tampoco por un comentarista político.

Fue escrita por uno de los funcionarios estratégicos de la institución encargada de arbitrar los procesos electorales del país.

Y ese detalle importa.

Porque los artículos de opinión rara vez aparecen en el vacío.

Normalmente responden a una preocupación, a una tensión o a una discusión que el autor considera relevante.

En este caso, Román no solo explica por qué considera legítimo el modelo actual de estabilidad para los magistrados electorales.

También responde, aunque sea de manera indirecta, a quienes consideran que esos mecanismos deberían revisarse o interpretarse de forma distinta.

La señal más evidente aparece cuando advierte sobre quienes tendrían “muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político”.

A partir de ese momento, la columna deja de ser únicamente una explicación jurídica.

Se convierte también en una defensa institucional.

Y precisamente por eso genera preguntas que van más allá del debate legal.

La otra mitad de la conversación

Román dedica gran parte de su texto a explicar cómo proteger a los magistrados del poder político.

Pero dedica mucho menos espacio a otra inquietud que también existe en cualquier democracia moderna.

¿Cómo se fortalece la confianza ciudadana en quienes ejercen tanto poder institucional?

El ciudadano común no elige magistrados electorales.

No participa directamente en su nombramiento.

No decide sobre su permanencia.

No tiene mecanismos equivalentes a los que existen en los procesos electorales para premiar o castigar decisiones.

Y aun así, las resoluciones de esos órganos pueden influir sobre procesos políticos, derechos fundamentales y controversias nacionales de enorme trascendencia.

Por eso la confianza pública se vuelve tan importante como la independencia.

No porque una sustituya a la otra.

Sino porque ambas se necesitan mutuamente.

La independencia protege al árbitro de los políticos.

La confianza protege la legitimidad del árbitro ante los ciudadanos.

Una pregunta legítima

Nada de esto significa que los magistrados deban quedar expuestos a las presiones partidarias.

Tampoco significa que las mayorías políticas deban tener la capacidad de remover jueces o árbitros electorales según las conveniencias del momento.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de por qué ese camino puede terminar debilitando la democracia.

Pero la estabilidad de quienes ejercen ese poder tampoco elimina las preguntas sobre confianza, legitimidad y rendición de cuentas.

Porque una institución puede ser jurídicamente independiente y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos ciudadanos.

Puede estar protegida de los políticos y aun así verse obligada a fortalecer su legitimidad pública.

Puede gozar de amplias garantías constitucionales y seguir enfrentando preguntas legítimas de una sociedad que exige cada vez más transparencia.

Y esas preguntas no desaparecen por el simple hecho de invocar la independencia institucional.

La conversación pendiente

La discusión de fondo no parece ser si los magistrados deben ser independientes.

Pocas democracias serias cuestionarían ese principio.

La discusión pendiente parece otra.

Cómo garantizar que instituciones diseñadas para estar protegidas de las presiones políticas mantengan también la confianza de quienes les entregan esa autoridad.

Porque una democracia necesita árbitros independientes.

Eso difícilmente está en discusión.

Lo que sigue abierto es cómo fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública alrededor de esos árbitros.

Y ahí es donde la conversación apenas comienza.

Porque cuando una voz del propio sistema sale a defender la independencia de quienes ejercen ese poder, inevitablemente surge una pregunta que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar.

¿Quién vigila al árbitro?

En MUNDO ACR no solo contamos lo que ocurre. También analizamos las preguntas que quedan abiertas cuando terminan los discursos.

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Por Unidad de Análisis Político ACR

Un comentario publicado por una de las figuras estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones terminó empujando al TSE hacia una discusión incómoda sobre neutralidad, prudencia institucional y participación pública en medio de uno de los momentos políticos más tensos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Todo comenzó después de la conferencia donde la presidenta Laura Fernández cuestionó públicamente la permanencia de magistrados durante décadas dentro del Poder Judicial.

“38 años tiene don Orlando de ser magistrado. Yo tengo 39 años de vida”, dijo la mandataria durante el encuentro con la cúpula judicial, antes de plantear que el país debería reflexionar sobre la duración de estos cargos y los mecanismos de rendición de cuentas dentro de las altas estructuras institucionales.

Horas después de esas declaraciones, Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, publicó un mensaje que rápidamente empezó a generar reacciones.

“Ignoro qué tan sólida será la formación en la U Fidelitas en hermenéutica”, escribió Román al inicio de un texto cargado de referencias filosóficas e interpretaciones sobre las palabras de la presidenta.

En su publicación, el funcionario sostuvo que la frase de Laura Fernández podía entenderse como un reconocimiento a la experiencia y sabiduría acumulada de Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Pero más allá del contenido filosófico del mensaje, el verdadero ruido comenzó a crecer alrededor del lugar institucional desde donde se emitió.

Porque el Tribunal Supremo de Elecciones no es cualquier institución dentro del Estado costarricense.

El TSE depende, quizás más que cualquier otro órgano público, de la confianza ciudadana, la apariencia de imparcialidad y la distancia frente al conflicto político cotidiano.

Y cuando una figura tan visible dentro de su estructura entra públicamente a reinterpretar, responder o ironizar sobre un choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, inevitablemente empiezan a surgir preguntas sobre prudencia institucional, neutralidad pública y límites de participación política-opinativa.

El tema se vuelve todavía más delicado tomando en cuenta el perfil de Román.

Además de ocupar uno de los cargos estratégicos dentro del TSE, cuenta con formación especializada en comunicación política, estrategia electoral y análisis institucional, así como participación en proyectos de combate a la desinformación para organismos electorales latinoamericanos.

Precisamente por eso, las reacciones empezaron a girar menos alrededor de la referencia filosófica y más alrededor de lo que representa que una figura estratégica del TSE ingrese públicamente en un choque político-institucional de este nivel.

La discusión tampoco ocurre en cualquier momento.

Llega en medio de un ambiente político marcado por crecientes tensiones entre el Ejecutivo y distintas estructuras del Poder Judicial, debates sobre reelección de magistrados, cuestionamientos sobre funcionamiento institucional y una ciudadanía cada vez más polarizada alrededor de temas relacionados con justicia, seguridad y poder.

Porque en un país cada vez más polarizado institucionalmente, la neutralidad ya no solo se exige en las decisiones. También empieza a medirse en los gestos, tonos y posicionamientos públicos.

Y aunque el comentario de Román no contiene adhesiones partidarias explícitas ni posicionamientos electorales directos, el episodio volvió a poner sobre la mesa una pregunta que cada vez aparece con más frecuencia dentro del debate público costarricense:

¿Puede una institución cuya fortaleza depende de la confianza ciudadana permitirse que figuras estratégicas entren públicamente en discusiones políticas de alta tensión institucional?

En Mundo ACR seguimos explicando las decisiones, tensiones y movimientos que están marcando el rumbo institucional y político de Costa Rica. Únase también a nuestro canal de WhatsApp para recibir más análisis y noticias.

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A pesar de la inexactitud en la temporalidad, el debate de fondo sobre la exigencia de imparcialidad en los nombramientos del TSE sigue siendo un tema de vital importancia para la democracia costarricense. A continuación, contextualizamos lo ocurrido en 2023 y analizamos por qué sus implicaciones perduran.

La Crítica de 2023: Un “Peligro para la Democracia”

En 2023, el entonces jefe de fracción y candidato presidencial por Nueva República, Fabricio Alvarado, expresó su profunda preocupación y oposición al posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo, en ese momento, asesor político del Tribunal, como magistrado suplente del TSE por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La esencia de la crítica de Alvarado se centró en la supuesta falta de imparcialidad de Román, basándose en su militancia ideológica y sus publicaciones en redes sociales.

“El árbitro tiene que ser imparcial. Con gran preocupación me enteré de que [en 2023] los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrían nombrar como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones a nada más y nada menos que Gustavo Román Jacobo”, señaló Alvarado en aquel momento.

Los Argumentos sobre la Falta de Neutralidad

El líder de Nueva República sostuvo que un magistrado del TSE debe ser imparcial y sereno, y nunca mostrar preferencia política o ideológica, algo que, según él, Román no cumplía. Los argumentos específicos de 2023 fueron contundentes:

• Afín al PAC: Alvarado indicó que Román Jacobo ha sido “claramente afín a las ideologías que el PAC aplicó durante sus dos desastrosos gobiernos”.
• Animadversión Política: Manifestó que el funcionario mostraba “clara animadversión, oposición a algunos actores políticos” y que se dedicaba a “tirarle basura a todo aquel cuya ideología él no comparte”.
• Lenguaje Ofensivo: El candidato calificó los comentarios de Román como “llenos muchas veces de odio religioso, llegando a tratar de borregos a quienes escogen una opción política conforme a sus convicciones y valores” y de “imbéciles a quienes manifiestan posturas políticas y de valores con las que no está de acuerdo”.

Para Alvarado, “un tipo que recurre al insulto… no merece la más mínima consideración para ostentar un cargo que requiere de madurez, sensatez, prudencia y neutralidad”.

El Impacto en la Confianza Institucional

La principal advertencia de Fabricio Alvarado en 2023 no solo fue contra la persona, sino sobre el efecto en la institución garante de la democracia costarricense.

El candidato advirtió que nombrar a Román, un asesor político “militante y con color”, “hiere la confianza en un árbitro que se sabe no será imparcial”. Según Alvarado, el TSE es históricamente una de las instituciones de mayor credibilidad, pero que su confianza ha venido disminuyendo, y una designación como la del señor Román “sería acelerar esa caída”.

“Si eso pasa, la democracia muere. Un árbitro tiene que ser imparcial y Román no lo es”, concluyó el legislador en ese momento.

El cuestionamiento que perdura en el tiempo

Aunque el hecho ocurrió en 2023, la controversia sobre el posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo en el TSE sirve como un importante recordatorio de la fragilidad de la confianza en las instituciones.

Independientemente de la persona o el momento político, la preocupación de Fabricio Alvarado en 2023 subraya una regla de oro en la administración de justicia electoral: la percepción pública de la neutralidad es casi tan importante como la neutralidad misma.

Para el costarricense, el TSE debe ser un bastión de imparcialidad. La pregunta que se mantiene en 2025, a la luz de este precedente de hace dos años, es: ¿Están las autoridades de la Corte Plena considerando de forma prioritaria la discreción, la madurez, la sensatez y la prudencia al elegir a los candidatos a magistrados suplentes? La democracia demanda un árbitro en quien la ciudadanía pueda confiar plenamente, sin sombra de color político o ideológico.

Artículo erróneo.

“Agradecemos profundamente a este usuario por señalar nuestro error. En mundoacr.com, no tememos a la crítica ni a la exposición de nuestras equivocaciones. Por ello, mantenemos visible el artículo erróneo y esta evidencia, demostrando que asumimos nuestra responsabilidad y que nuestra única agenda es la transparencia. No dejamos argumentos para el ataque, pues exponemos y afrontamos nuestro error de frente.”

Alvarado critica posible nombramiento de Gustavo Román en TSE.

El candidato presidencial por el partido Nueva República, Fabricio Alvarado, expresó su preocupación y oposición al posible nombramiento de Gustavo Román Jacobo como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Alvarado afirmó en una declaración que Román Jacobo, quien es asesor político del Tribunal, carece de la imparcialidad requerida para el cargo debido a su supuesta militancia ideológica y sus publicaciones en redes sociales.

Argumentos sobre la falta de imparcialidad

El candidato sostuvo que un magistrado del TSE debe ser imparcial y sereno, y nunca mostrar preferencia política o ideológica en redes sociales o en su vida personal.

Alvarado indicó que Gustavo Román se ha dedicado a “tirarle basura a todo aquel cuya ideología él no comparte” y añadió que ha sido “claramente afín a las ideologías que el PAC aplicó durante sus dos desastrosos gobiernos”.

El líder de Nueva República señaló que Román Jacobo manifiesta “clara animadversión, oposición a algunos actores políticos”. El candidato calificó sus comentarios como “llenos muchas veces de odio religioso, llegando a tratar de borregos a quienes escogen una opción política conforme a sus convicciones y valores” y de “imbéciles a quienes manifiestan posturas políticas y de valores con las que no está de acuerdo”.

Advertencia sobre la confianza institucional

Fabricio Alvarado advirtió que, si bien el Tribunal de Elecciones puede convivir con un asesor político “militante y con color”, nombrarlo magistrado “hiere la confianza en un árbitro que se sabe no será imparcial”.

El candidato instó a los magistrados de la Corte Plena a considerar a otros candidatos “que nunca han mostrado apasionamiento en sus posiciones, sino una sana discreción”, señalando que para el cargo se necesita imparcialidad, madurez, sensatez y prudencia.

Según Alvarado, el TSE es una de las instituciones de mayor credibilidad cuya confianza ha venido disminuyendo. Él aseguró que la designación del señor Román “sería acelerar esa caída”.

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