Según Guillén, la experiencia de América Latina demuestra que las privatizaciones de activos estratégicos suelen estar asociadas con corrupción, ventas subvaloradas y afectaciones a largo plazo para los ciudadanos.

“La venta del BCR tendría graves consecuencias fiscales y sociales. En este momento crítico, comprometería las finanzas públicas al generar obligaciones de largo plazo para el Ministerio de Hacienda”, aseguró Guillén.

Impactos previstos

Guillén señaló que el debilitamiento de pilares fundamentales del Estado sería uno de los efectos más graves de esta medida. Entre estos destaca el régimen de pensiones de la CCSS (IVM) y los fondos destinados a becas para estudiantes de bajos recursos. Además, explicó que el Banco de Costa Rica es un motor clave para el desarrollo de cooperativas y pequeñas empresas.

“Venderlo no solo significa perder una fuente estable de ingresos para el Estado, sino también renunciar a la capacidad de implementar políticas públicas que promuevan la equidad y el progreso”, agregó.

La posición de Liberación Nacional

El PLN sostiene que no es necesario desmantelar activos estratégicos del Estado para atender las necesidades fiscales del país. Guillén insistió en la importancia de una reforma coherente y responsable del aparato estatal, criticando la falta de acción del actual Gobierno en este sentido.

“Vender el Banco de Costa Rica no es una solución, es un retroceso. Costa Rica merece un liderazgo que piense en el futuro y no actúe por impulso o interés político”, concluyó Guillén.

Un llamado al diálogo

El PLN reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno para construir propuestas que modernicen las instituciones y fortalezcan su eficiencia, siempre en beneficio de los costarricenses.

Mientras tanto, el debate sobre la posible venta del BCR promete seguir siendo un tema central en la política nacional.

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