La CGR afirmó que el proceso de licitación y el éxito del proyecto son “de entera responsabilidad del Incop”, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.

Un puerto en colapso y el reclamo del sector privado

El pronunciamiento de la Contraloría surge luego de que un grupo de 13 cámaras empresariales advirtiera sobre la situación “crítica” de Puerto Caldera. En una declaración conjunta, los gremios del sector privado solicitaron al ente contralor agilizar la resolución de objeciones. Argumentaron que los atrasos generan sobrecostos logísticos que afectan directamente a las exportaciones y a los consumidores finales.

Un día antes del comunicado de la Contraloría, el ministro de Comercio, Manuel Tovar, respaldó el reclamo de los empresarios. Tovar indicó que el puerto está en “colapso” y calificó de “frívolas” algunas de las objeciones que, según él, extienden innecesariamente los plazos de la licitación.

La Contraloría señala al Incop y a las empresas

En su respuesta, la Contraloría indicó que el retraso en el proceso se debe a las numerosas objeciones presentadas por las empresas interesadas. Además, señaló omisiones por parte del Incop en las rondas de revisión. Un ejemplo mencionado fue la falta de claridad en “aspectos básicos sobre el suministro de energía”.

La CGR reiteró que su rol no es generar retrasos y que, desde julio de 2020, había advertido al Incop para que procediera con la licitación. El ente contralor exhortó al instituto a “asumir su rol” y evitar lo que llamó “excusas o desinformación”. La concesión actual del puerto de Caldera vence en 2026.

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