El nombramiento de Marta Eugenia Esquivel como ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán) ha generado fuertes críticas debido a las ocho causas penales que enfrenta. Este nombramiento no solo la posiciona en el Gabinete, sino que además le otorga inmunidad, según el artículo 121 de la Constitución Política.

A continuación, desglosamos los aspectos legales clave de su caso:

¿El nombramiento es legal?

De acuerdo con el abogado penalista Dennis Solano, el nombramiento de Esquivel es legal, pese a las medidas cautelares previas que la inhabilitaban parcialmente para ejercer ciertos cargos públicos.

“La resolución que impuso las medidas cautelares no especifica una inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo público. Por principio de legalidad, lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, explicó Solano.

¿Qué pasa con las causas penales?

El expediente contra Esquivel debe ser asumido por la Fiscalía General, la cual tiene la responsabilidad de formular una acusación o solicitar la desestimación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso incluye la “protocolización de piezas” judiciales.

¿Es posible levantarle la inmunidad?

Sí, el procedimiento está claramente definido:

1. La Fiscalía puede solicitar a la Sala Tercera que determine si hay elementos suficientes para levantar la inmunidad.
2. Si la Sala Tercera lo considera necesario, se remite la solicitud a la Asamblea Legislativa, donde se requiere el voto favorable de 38 diputados.
3. Si la inmunidad es levantada, el caso regresa a la Sala Tercera para un eventual juicio.

Si la Asamblea no accede, el proceso queda suspendido hasta que Esquivel deje el cargo.

¿Qué ocurre con las medidas cautelares?

Las medidas cautelares previas al nombramiento de Esquivel, como la suspensión de su cargo en la CCSS y la prohibición de influir en testigos o procesos administrativos, se mantienen. No obstante, su inmunidad como ministra impide que estas medidas avancen en ciertos aspectos judiciales.

El caso Barrenador y otros investigados

Mientras el caso de Esquivel se encuentra en pausa debido a su inmunidad, los otros implicados en el caso Barrenador continúan siendo investigados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

El expediente, identificado como 24-000267-1218-PE, incluye acusaciones por tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

¿Qué pasa con los salarios no devueltos?

Marta Esquivel tampoco ha devuelto más de ¢24 millones pagados de manera indebida durante su administración en la CCSS. Este cobro sigue un proceso administrativo que, según los expertos, no debería verse afectado por su inmunidad como ministra.

El caso de Marta Esquivel pone de relieve las complejidades legales y políticas de los nombramientos en el Gabinete. Aunque su designación es legal, las críticas persisten, y el futuro de las causas penales depende del desarrollo de las investigaciones y posibles acciones legislativas.

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