Según la declaración de Amador, dicho informe advertía sobre “vínculos con crimen organizado” relacionados con uno de los socios de la empresa.

El contexto de este testimonio es la investigación que se sigue contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el exministro Mauricio Batalla, por un presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos), dentro del expediente N.° 23-8-1878-PE.

Declaraciones sobre el interés presidencial

El exministro Amador relató a la Fiscalía que el presidente Chaves consultaba de forma constante sobre la posibilidad de que Tradeco asumiera un contrato estatal para la ampliación de la carretera Interamericana Norte (Ruta 1).

“Las llamadas eran constantes… A mí me pareció curioso que mostrara un interés tan particular por el tema,” declaró Amador ante el Ministerio Público.

Las afirmaciones de Amador fueron corroboradas ante la Fiscalía por la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya.

Araya testificó que el mandatario le solicitó que el INS concediera a Tradeco una garantía de cumplimiento. La exjerarca señaló que el presidente insistió en la solicitud y se mostró molesto cuando se le informó que el trámite no era viable.

Antecedentes

La constructora Tradeco acumula en otros países sanciones, investigaciones y demandas por supuestos incumplimientos. Los registros migratorios confirman que el representante legal de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, ingresó al país en varias ocasiones para sostener reuniones en Casa Presidencial.

Ambos exjerarcas, Amador y Araya, fueron destituidos de sus cargos por el mandatario Chaves en el primer semestre de 2024.

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El grupo de 30 legisladores, entre los que se encuentran Leslye Bojorges y Fabricio Alvarado, busca resolver en contra de la consulta de constitucionalidad que frena la aprobación del proyecto. El documento fue presentado por la diputada María Marta Carballo.

Este movimiento político busca acelerar una ley que podría bajar el precio de los medicamentos en Costa Rica.

La defensa: una ley para la salud pública

El escrito legislativo, presentado durante el período constitucional 2022-2026, defiende la constitucionalidad de la ley. (Entender el concepto de constitucionalidad significa que la ley no viola los derechos ni las reglas de la Carta Magna, o Constitución Política del país).

Los firmantes sostienen que el proyecto cumple con principios clave exigidos por la ley fundamental:

• Razonabilidad y Proporcionalidad.
• Conexidad (vinculación entre el tema y las instituciones).
• Seguridad jurídica.

Derechos Superiores en Juego

Los diputados argumentaron que la Ley Medicamentos Costa Rica materializa derechos constitucionales superiores. Entre estos derechos se citan los siguientes artículos de la Constitución:

• Artículo 21 (Derecho a la vida).
• Artículo 46 (Protección al consumidor y libre competencia).
• Artículo 50 (Bienestar general).
• Artículo 73 (Salud pública).

El punto de controversia

El escrito se presentó en respuesta a la consulta facultativa de constitucionalidad (Expediente 25-027747-0007-CO) formulada por diez diputados.

La consulta de los legisladores que se oponen a la ley alega una posible lesión constitucional. El punto principal es la supuesta violación al principio de conexidad por la inclusión de la CCSS y el INS.

Los 30 diputados defensores, entre ellos Pablo Sibaja, Daniel Vargas Quirós y Johana Obando Bonilla, buscan despejar estas dudas técnicas para lograr la aprobación del Expediente 23.234.

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El Instituto Nacional de Seguros (INS) ha dado un paso definitivo en la modernización del derecho de circulación en Costa Rica. Se ha adjudicado oficialmente la licitación para la implementación del marchamo digital. Se prevé que la distribución de este nuevo sistema comience en noviembre de 2026, para el cobro correspondiente al año 2027.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, destacó la importancia estratégica de este proyecto para el país. Afirmó que, a pesar de haber enfrentado “múltiples obstáculos”, incluyendo la superación de 12 recursos de objeción en el proceso de licitación, el compromiso es “seguir adelante por el beneficio del país”.

Claves de la Implementación del Marchamo Digital

El proyecto del marchamo digital se desplegará en fases y con consideraciones específicas para diferentes tipos de vehículos:

• Vehículos con Parabrisas: Se dispondrá de una cantidad inicial de 1.500.000 etiquetas. Su distribución arrancará el 1° de noviembre de 2026.
• Marchamo 2026: El derecho de circulación a cobrar en 2025 seguirá utilizando el formato de sticker físico actual.
• Motocicletas: Para este segmento, se realizarán pruebas piloto durante 2026. La distribución general de etiquetas digitales para motocicletas está proyectada para 2027.
• Tiempos de Entrega: La empresa adjudicataria contará con un plazo de 100 días para la entrega de las primeras etiquetas.

En cuanto a las etiquetas para motocicletas, su adquisición se efectuará bajo una modalidad de compra por demanda. No obstante, el INS no podrá emitir la orden de inicio para estas hasta que la Contraloría General de la República (CGR) resuelva los eventuales recursos de apelación. Los oferentes disponen de 8 días hábiles para presentar apelaciones, y la CGR tiene hasta 46 días hábiles para emitir su respuesta.

Colaboración Interinstitucional y Declaración de Interés Público

El desarrollo del marchamo digital es fruto de un esfuerzo conjunto. El ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, resaltó la colaboración entre su ministerio y el COSEVI, el MICITT y el INS. Esta coordinación busca adaptar la tecnología innovadora en beneficio de los usuarios.

Es importante destacar que el proyecto del marchamo digital fue declarado de interés público en marzo de 2024, lo que subraya su relevancia estratégica para la administración y la ciudadanía costarricense.

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La funcionaria calificó la sanción de “desmedida” y las imputaciones como “infundadas”. Según Chacón, continuará su defensa para demostrar que las decisiones adoptadas en el periodo investigado no contravienen las normativas de contratación administrativa.

Investigación y sanciones

La CGR abrió la investigación en 2023 y determinó, en mayo de 2024, que Chacón, junto con otros cuatro funcionarios, incumplió regulaciones en dos contrataciones directas. Estas fueron otorgadas sin los estudios técnicos y jurídicos requeridos, contraviniendo la Ley de Contratación Administrativa y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Los procedimientos cuestionados incluyen:

1. La adjudicación al bufete DPI Legal por ¢26,5 millones para evaluar una denuncia contra el auditor general del INS.
2. La contratación de José Paulino Hernández por ¢16 millones para continuar con la investigación.

Ambas contrataciones omitieron procesos de concurso público y carecían de estudios de costo-beneficio.

Reacciones de los involucrados

La CGR señaló que Chacón firmó documentos que promovieron las contrataciones sin la debida justificación técnica. Además, enfatizó que estas decisiones afectaron la transparencia en el uso de recursos públicos.

Junto con Chacón, también fueron sancionados el expresidente ejecutivo Gabriel Pérez Salguera, los encargados de la Unidad de Contratación Directa Carlos Gamboa y Carmen González, y la subjefa de Proveeduría Katherine Phillips.

Un caso que sigue generando controversia

Chacón asumió la presidencia del INS en mayo de 2024 tras la destitución de Mónica Araya por parte del presidente Rodrigo Chaves. Desde entonces, ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su gestión anterior.

La CGR notificó al INS la ejecución de las sanciones, pero Chacón insiste en que estas son desproporcionadas y continuará su defensa legal.

Reflexión final

El caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la administración pública y la necesidad de velar por el cumplimiento de las normativas en la contratación de servicios. El resultado de este proceso será clave para establecer precedentes sobre cómo se abordan irregularidades administrativas en Costa Rica.

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