La decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de no aprobar la emisión de $1.000 millones en eurobonos, una medida enfocada en la gestión óptima de la deuda pública, ha desatado una cadena de consecuencias que se extienden desde el costo del financiamiento nacional hasta la vulnerabilidad social. El análisis de esta coyuntura revela una conexión directa entre las decisiones macroeconómicas del Congreso y la crisis del crédito informal conocido como “Gota a Gota”, que afecta a los sectores más frágiles de la población.

1. El Factor ‘Crowding Out’: Encarecimiento del Crédito Formal

La consecuencia financiera inmediata del rechazo a los eurobonos es la obligación del Gobierno de sustituir ese financiamiento internacional con deuda interna. Esta inyección de demanda de capital en el mercado costarricense, comparativamente pequeño, provoca el efecto conocido como Crowding Out (desplazamiento).

• Presión sobre las Tasas: La Contraloría General de la República ha advertido que esta sustitución incrementa la presión al alza sobre las tasas de interés, ya que los inversionistas locales exigen un rendimiento más alto.
• Impacto Ciudadano: El resultado directo es un encarecimiento generalizado del crédito de consumo, vivienda y para pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Este aumento de costos actúa como un filtro restrictivo, limitando el acceso al sistema financiero regulado, especialmente para solicitantes con menor capacidad de pago.

2. El Doble Golpe: Restricción por Costo y por Riesgo

La restricción generada por el Crowding Out se combina con una vulnerabilidad estructural en el marco regulatorio del crédito local, cerrando la puerta del sistema formal a los segmentos más necesitados.

El analista financiero Daniel Sucharzomer expone la restricción por riesgo que enfrenta el sistema bancario:

“Es importante recordar que desde que se promulgó la ley de tasas de usura… lamentablemente se les olvidó colocar ese apartado para agilizar el tema de los cobros judiciales. Entonces, ¿qué hace que los bancos y el sistema financiero tengan que limitar el crédito a muchísimas personas que siguen necesitando el consumo, pero que lamentablemente por tener un historial crediticio mucho más comprometido, no se les puede dar el crédito.”

Las entidades restringen la oferta por alto riesgo debido a la ineficacia en los mecanismos de cobro judicial (tal como señala Sucharzomer).

Mecanismo de Exclusión: Las personas que requieren liquidez urgente son expulsadas del circuito formal por un doble factor:

El crédito se vuelve inalcanzable por costo (exacerbado por el Crowding Out y el rechazo a los eurobonos).

3. La Fuga a la Informalidad y el Impacto Social

La restricción de la banca formal se traduce directamente en la crisis del “Gota a Gota”. El estudio de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) para 2025 confirma que entre 50.000 y 66.000 personas mantienen activamente este crédito informal.

La OCF subraya que el crédito informal impacta mayoritariamente a hogares donde “el dinero no les alcanza”. Este segmento, al ser rechazado o no poder costear la banca regulada, es capturado por redes de préstamos ilegales.

El analista Daniel Sucharzomer concluye sobre la gravedad del efecto:

“La persona… tiene que irse sí o sí a buscar estos gota a gota… [Es] lamentable que en algún momento se les avisó a todos los promulgadores de la ley de tasas de usura, pero queriendo hacer algo bueno se les olvidó algo tan fundamental como el cobro… la vida de las personas es la que termina siendo hipotecada en los gota a gota.”

El “Gota a Gota” no solo implica un costo financiero exorbitante, sino que se convierte en un problema de seguridad y estabilidad social, al utilizar métodos de cobro basados en la coerción, vinculados a estructuras criminales.

La inacción de la Asamblea Legislativa respecto a la gestión óptima de la deuda pública no es solo un error fiscal, sino un factor que exacerba la exclusión financiera al encarecer y restringir el crédito formal. Esta restricción actúa como un canal de transmisión que empuja a los ciudadanos más vulnerables a la inseguridad del mercado informal. La factura por este conflicto político se traduce directamente en un aumento del costo de vida y una merma en la seguridad de los hogares.

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Costa Rica “atemorizada” y en el punto de mira global

En su comparecencia, la expresidenta enfatizó que “Costa Rica está en la mira” por el aumento de la violencia y los homicidios, y que la sociedad vive en un “estado de alarma social permanente”. Resaltó que, mientras en su gobierno se logró reducir el temor ciudadano, las encuestas actuales muestran un crecimiento exponencial de esta preocupación, pasando del 7% en 2022 al 44% en 2025. Este panorama se ve agravado por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mencionó a San José como una de las ciudades más peligrosas de la región.

Chinchilla también cuestionó la falta de una estrategia conjunta entre los poderes de la República para combatir la criminalidad. Criticó el distanciamiento entre el gobierno y los jueces, lamentando que la desunión beneficie a los grupos criminales. “¡Cuánto deben aplaudir los malos de la película cuando nos ven pelear entre nosotros!”, sentenció la exmandataria.

El peligro del fentanilo y el futuro de la seguridad nacional

Uno de los puntos más críticos de la intervención de Chinchilla fue su advertencia sobre el fentanilo. Con la lucha de Estados Unidos contra esta droga, la expresidenta predijo un “desplazamiento de los laboratorios” hacia Latinoamérica, incluidos países como Costa Rica. “Lo que nos espera con el fentanilo si no frenamos esto es el infierno”, afirmó.

El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) han respaldado estas preocupaciones. Han señalado que el fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina, y que su ingreso al país representa una grave amenaza para la salud pública. Datos de 2022 ya indican un consumo incipiente de esta sustancia en el país.

Propuestas y críticas al manejo de la inteligencia

Además de sus advertencias, Chinchilla propuso una reforma urgente en el sistema de inteligencia del país. Señaló que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) necesita ser cerrada o, en su defecto, someterse a un “mecanismo de control parlamentario”. Esta declaración surge en un contexto de denuncias de varios legisladores que acusan a la DIS de persecución política. La expresidenta reprochó al Poder Ejecutivo por lo que considera un debilitamiento de instituciones clave como el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y la Política de Control de Drogas (PCD), al reducirles recursos y liderazgo.

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