El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, ha instado a los diputados de su bancada y al resto de legisladores a actuar con responsabilidad y apego a criterios técnicos. Esta solicitud surge tras la petición de la Corte Plena al Congreso para que analice el levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chaves, en el marco de una investigación por un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Hidalgo expresó su posición a través de sus redes sociales, señalando la gravedad de los hechos imputados al presidente. “Los hechos por los que la Fiscalía acusa al presidente Chaves son graves. Creo que, como cualquier costarricense, el Presidente debe responder por sus actuaciones, pero también debe respetársele plenamente su derecho a defenderse y al debido proceso”, indicó.

El socialcristiano añadió que ha comunicado al jefe de fracción de su partido, Alejandro Pacheco, la importancia de respetar estos derechos y la necesidad de “ajustarse estrictamente a los criterios técnicos del procedimiento y reglamento legislativo”.

Detalles de la Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General investiga una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría entregado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido también como ‘Choreco’.

Bulgarelli fue la persona a la que se le adjudicó un contrato con el BCIE. Dicho contrato tenía como propósito una labor de comunicación para Casa Presidencial.

Según las declaraciones del fiscal general Carlo Díaz, la dádiva ascendería a $32 mil, destinados presuntamente a la compra de una vivienda. La tesis de la Fiscalía es que Bulgarelli fue “obligado o inducido” a realizar este pago a Cruz, quien es también amigo personal del presidente Chaves. Este pago se habría dado como resultado de la contratación con el BCIE, derivada de un “contrato marco de prestación de servicios de consultoría”.

A ‘Choreco’ se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE. Al presidente Chaves, por su parte, se le acusa del delito de concusión. Este delito se define como la acción de obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial.

La decisión del Congreso sobre el levantamiento del fuero presidencial será crucial para el avance de esta investigación.

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La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual del Ministerio Público está investigando a la cúpula de la Financiera Desyfin S.A. por presuntamente alterar registros contables y brindar informes falsos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Según las autoridades, estas acciones habrían generado condiciones crediticias alteradas que afectaron a ahorrantes, inversionistas y al ente supervisor.

Detalles de la investigación

Las acciones judiciales se desplegaron en octubre de 2024, cuando la Fiscalía ejecutó allanamientos en las oficinas centrales de Desyfin, su arrendadora Grupo Desyfin, dos despachos legales y cinco residencias en Escazú y Santa Ana. La investigación abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y agosto de 2024 e involucra a seis imputados, entre ellos personas apellidadas Lacayo, González, Montero, Corrales y Salazar.

Manipulación de registros contables

De acuerdo con la orden judicial, la entidad financiera habría presentado inconsistencias en registros contables que alteraron la composición de activos, pasivos y resultados de los estados financieros. Se identificaron montos erróneos en la subcuenta “Gastos Diferidos” por ₦1187 millones, lo que infló el activo de manera inadecuada.

Entre las anomalías encontradas se incluyen:

• Registro de asientos contables falsos o inexactos.
• Diferencias entre facturas y registros contables.
• Asientos contables incorrectos en pagos de impuestos municipales y estimaciones de intereses.
• Errores en reportes de suficiencia patrimonial, inicialmente presentados con indicadores positivos, pero posteriormente corregidos con cifras negativas tras revisiones de la Sugef.

Decisión de Conassif y consecuencias para Desyfin

El 9 de octubre de 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) resolvió la intervención de Desyfin tras determinar su inviabilidad financiera. Según el informe presentado, la entidad acumuló pérdidas por ₦21.968 millones y sufrió un déficit patrimonial del -158% al 31 de agosto de 2024. Además, se identificaron incumplimientos en suficiencia patrimonial, gestión crediticia deficiente y obstrucción en la supervisión regulatoria.

Defensa de los imputados

El abogado penalista Federico Campos, representante de la familia Lacayo, aseguró que existen “graves vicios de ilegalidad” en la intervención de Conassif y denunció violaciones al debido proceso. Afirmó que el equipo legal presentará impugnaciones en las vías penal, civil, administrativa y constitucional.

La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos meses se determinen las responsabilidades legales de los involucrados.

Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia en la gestión financiera y el impacto que pueden tener las irregularidades contables en la estabilidad económica de una entidad.

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