Representantes del MSP, Manuel Cartín y Ania Cubillo, señalaron que el problema radica en el “mimetismo social”, un concepto que describe cómo las personas replican conductas predominantes en su entorno. En este contexto, la cultura popular convierte a figuras criminales en modelos aspiracionales, lo que justifica la necesidad de una intervención. Para ilustrar el impacto de esta normalización, el MSP presentó el caso de una zona rural donde, tras el robo del carro de una maestra, un estudiante se comunicó con su padre y el vehículo fue devuelto en dos horas, evidenciando una normalización de la influencia del crimen en la comunidad.

Estrategias para contrarrestar la promoción del delito

El Ministerio de Seguridad Pública propone un enfoque multifacético que va más allá de la censura. Su estrategia se basa en tres pilares principales:

• Regulación de contenidos: Se plantea la necesidad de controlar horarios y el tipo de contenido que se transmite, tanto en televisión como en plataformas digitales.
• Uso de espacios públicos: Se busca aprovechar las concesiones de radio y televisión para difundir mensajes de interés público que contrarresten la narrativa criminal con campañas que promuevan valores cívicos, artísticos y deportivos.
• Promoción de referentes positivos: La iniciativa subraya la importancia de visibilizar a figuras que representen la legalidad y el éxito legítimo, buscando cambiar el estatus aspiracional de la juventud hacia el deporte, el arte y el emprendimiento comunitario.

El ministerio detalló programas preventivos ya existentes, como “Mi primera aventura en seguridad” y las ligas atléticas policiales que involucran a casi 2.000 jóvenes. Se destacó, además, un dato favorable del IAFA de 2024, que indica un aumento de dos años en la edad de inicio de consumo de drogas.

La vía legislativa: el proyecto de ley 24.457

El debate sobre la regulación de narcoseries está enmarcado en el proyecto de ley 24.457. Este instrumento legislativo tiene como objetivo erradicar la narcocultura al restringir la autorización de series y películas que normalicen el narcotráfico, así como prohibir conciertos donde se haga apología de estas conductas.

El proyecto amplía su alcance para cubrir no solo la televisión tradicional, sino también las plataformas digitales. Propone sanciones económicas para quienes infrinjan la normativa, con multas que ascienden hasta los 200 salarios base en casos de apología del narcotráfico. A pesar de las restricciones, la iniciativa mantiene excepciones para contenidos con fines periodísticos o biográficos, siempre que no promuevan el delito.

La discusión sobre la propuesta legislativa continúa en el parlamento, con diputados solicitando más financiamiento para la prevención y un mejor sistema de medición del impacto en las comunidades.

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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) está evaluando la posible apertura de un procedimiento sancionatorio contra Liberty Costa Rica. Este análisis se centra en supuestas prácticas prohibidas que la empresa habría cometido. La Dirección General de Mercados de la Sutel, el órgano regulador del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, es la encargada de determinar la viabilidad de iniciar este proceso.

Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de valoración. Por esta razón, la Sutel no ha detallado cuáles son las presuntas faltas en las que Liberty habría incurrido. Por su parte, Liberty Costa Rica ha afirmado que opera en estricto apego al marco legal y regulatorio vigente, reconociendo la potestad de la Superintendencia para llevar a cabo estas revisiones.

La Decisión del Consejo Directivo y el Próximo Paso

El pasado 27 de junio, el Consejo Directivo de la Sutel revisó una recomendación para abrir un procedimiento sancionatorio contra Liberty por estas prácticas prohibidas. Tras el análisis, los directores decidieron trasladar el asunto a la Dirección General de Mercados. A esta dirección le corresponde ahora determinar si procede la apertura del procedimiento o si es necesario un paso preliminar.

La Dirección General de Mercados podría incluso optar por una investigación preliminar si se requiere mayor claridad sobre los hechos bajo estudio. Esta flexibilidad busca asegurar que cualquier acción se base en una comprensión completa de la situación.

Liberty en el Mercado Costarricense y sus Antecedentes

Al cierre de 2024, Liberty Costa Rica se consolidó como un actor dominante en el mercado de telecomunicaciones. La compañía acaparó el 40% del mercado móvil y el 25% del internet fijo, posicionándose como el principal operador local en ambos segmentos. En total, Liberty cuenta con más de 2,4 millones de suscriptores en estos dos servicios.

Curiosamente, la empresa también lidera el ranking de quejas o reclamaciones presentadas por los clientes ante la Sutel. A la par, Liberty ha acelerado sus inversiones en redes fijas de fibra óptica y en el despliegue de redes móviles de quinta generación (5G).

Tipos de Prácticas Prohibidas y Posibles Sanciones

La Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642) establece cerca de treinta prácticas prohibidas para los operadores, clasificadas por su gravedad.

• Leves: Incluyen brindar información incompleta, retrasar su entrega, no notificar una concentración económica a tiempo o dificultar una inspección.
• Graves: Abordan el incumplimiento de normas técnicas, violación de derechos de usuarios, omisión de resolución de reclamaciones e incurrir en prácticas de competencia desleal.
• Muy Graves: Estas son las más serias. Contemplan operar sin concesión o autorización, usar bandas de frecuencia sin permiso, incumplir la contribución a Fonatel, usar información de usuarios sin autorización o violar la privacidad de las comunicaciones.

Las sanciones varían según la gravedad de la falta. Pueden ir desde multas de cinco a treinta salarios base para infracciones leves, hasta un porcentaje de los ingresos brutos del operador para faltas graves (0,025% a 0,5%) o muy graves (0,5% a 1%). Para el 2024, Liberty reportó ingresos por $613 millones, según los estados financieros de Liberty Latin America.

El Proceso y la Incertidumbre del Plazo

La Dirección General de Mercados de Sutel deberá decidir si abre o no el procedimiento sancionatorio. De abrirse, se tramitará conforme a las disposiciones de la Ley N° 6227 (Ley General de la Administración Pública). Si no se abre, el caso se da por concluido. Las posibles prácticas prohibidas específicas que se investigan “están en estudio”, según la entidad.

En cuanto al plazo, la Dirección General de Mercados indicó que “el tiempo dependerá de si se lleva a cabo o no la apertura de un procedimiento administrativo”. No hay una certeza definitiva sobre la apertura del proceso de sanción; todas las posibilidades permanecen abiertas.

José Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty, señaló: “La Superintendencia, en el marco de sus competencias y funciones, analiza ordinariamente casos de diversos operadores, para validar que todas las actuaciones en el mercado se den correctamente. Muchas veces, tal estudio confirma la inexistencia de irregularidad alguna. Confiamos que cualquier valoración se hará con objetividad y pleno respeto al debido proceso”.

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