El discurso de campaña de la candidata presidencial Natalia Díaz resuena con un sector de la población frustrado por la burocracia, los impuestos y la complejidad de emprender en Costa Rica. Su mensaje, directo y empático, afirma que “el que quiere trabajar tiene que sobrevivir al Estado” y que, desde la presidencia, se puede “quitar el Estado de encima”. A primera vista, la propuesta parece una solución simple y efectiva. Sin embargo, un examen profundo de estas declaraciones revela que estamos ante un discurso políticamente efectivo que, al ser contrastado con la realidad del sistema costarricense, carece de un plan de acción viable para el emprendedor costarricense.

El objetivo de este análisis es ofrecer al ciudadano los argumentos sólidos necesarios para que pueda juzgar esta propuesta más allá del sentimiento que evoca en muchos costarricenses que quieren avanzar.

Propuesta vacía.

La candidata comienza su mensaje con un punto innegable: las trabas para emprender son una realidad en Costa Rica. Su referencia a la posición del país en índices globales de emprendimiento valida la queja de miles de pequeños y medianos empresarios. Es un hecho que la burocracia es lenta, los impuestos son complejos y el acceso al financiamiento es a menudo una odisea.

El problema reside en que, tras identificar el dolor de la ciudadanía, la candidata promete una solución que no se puede aplicar con la facilidad que sugiere. Su afirmación de que “desde la presidencia, se puede, sin excusas” ignora el pilar fundamental de nuestra democracia: la separación de poderes. Un presidente no es un monarca con el poder de cambiar leyes con un simple decreto.

El sistema costarricense, regido por la Constitución Política de 1949, distribuye el poder en tres ramas. El Poder Ejecutivo, que ella aspiraría a liderar, tiene la función de administrar el país y proponer leyes, no de aprobarlas. Esta labor recae en el Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa, donde se requiere de un proceso de debate y aprobación. Ignorar esta realidad es no comprender la base misma de la gobernabilidad democrática o, lo que es más probable, subestimar la inteligencia del electorado.

Las promesas de la candidata, al ser analizadas bajo la luz de las leyes y la realidad política, se desmoronan por su falta de sustento.

Burocracia y Trámites: Un Laberinto Legal

La burocracia no es un enemigo sin rostro que una orden presidencial pueda derrotar. Cada trámite, permiso y requisito está amparado en una o varias leyes y reglamentos que han sido creados y aprobados a lo largo de décadas. Simplificar estos procesos requeriría la derogación o modificación de un sinnúmero de normas en entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y las municipalidades. Un presidente no puede simplemente dictar estos cambios; debe negociarlos con cada institución y, en muchos casos, con los diputados del Congreso. Prometer un “camino sin trabas” sin un plan claro para estas reformas es una afirmación vacía.

Impuestos justos.

La promesa de “impuestos justos” es, por naturaleza, subjetiva y políticamente peligrosa. ¿Se refiere a bajar los impuestos? ¿A simplificar el sistema de declaración? ¿A eliminar ciertos tributos? Cualquier cambio en el sistema fiscal de Costa Rica, desde la reducción de tasas hasta la introducción de nuevas exenciones, debe ser formalizado en una ley de la República. Esto implica un complejo y a menudo conflictivo proceso de negociación con las fracciones políticas en el Congreso. Un presidente que carece de una mayoría legislativa o de la habilidad para negociar se encontraría con sus manos atadas.

El video de la candidata es un manual de marketing político. El Marketing al desnudo, la seducción del discurso simple. Se enfoca en un problema real y presenta una solución que es más una emoción que un plan. Es un ejemplo de populismo pragmático, donde el político se presenta como un “outsider” que entiende a la gente común y que, con su “voluntad”, puede superar cualquier obstáculo. Su afirmación de “yo vengo de ahí, he sido emprendedora” es un recurso retórico para generar confianza, pero la administración de un país es infinitamente más compleja que la de un negocio.

La propuesta de la candidata se basa en la idea de que un solo líder, con la suficiente determinación, puede vencer la inercia del Estado. Esta narrativa es peligrosa porque desvía la atención del verdadero problema: la necesidad de construir consensos políticos, de negociar con la oposición y de respetar el funcionamiento del sistema democrático.

La propuesta de Natalia Díaz es un reflejo de lo que el electorado desea escuchar, pero carece de un plan de acción viable. Es un mensaje que se vende como una solución, pero que, al ser analizado a fondo, se revela como un mero eslogan de campaña. La ciudadanía, para tomar una decisión informada, debe exigir más que promesas. Debemos demandar que los candidatos expliquen, con lujo de detalle y con base en la realidad de las leyes, cómo pretenden lograr lo que prometen. Los costarricenses han abierto los ojos y ahora quieren más, que propuestas y promesas de un candidato sin decir el como van a lograrlo.

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Poder Judicial Impulsa Cambios para Acelerar el Sistema Penal

El Poder Judicial de Costa Rica ha presentado una propuesta de reforma al Código Penal. El objetivo principal es agilizar el sistema penal del país. Las medidas incluyen aumentar los procesos con tribunales de un solo juez y nombrar defensores públicos cuando los abogados privados no asistan a un juicio.

Esta iniciativa, identificada como el expediente 24.913, fue expuesta ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos. La presentación estuvo a cargo de Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Patricia Solano, presidenta de la Sala III. “Esta no es una iniciativa aislada, se trata de mejorar el sistema de administración de justicia y en este caso, concretamente, la materia penal”, resumió Aguirre.

Ejes Clave de la Propuesta de Reforma

La iniciativa se concentra en la etapa preliminar del proceso penal. Según Patricia Solano, esta fase concentra el 30% de los miles de expedientes que contribuyen a la mora judicial. La reforma se estructura en varios ejes principales:

• Tribunales Unipersonales para Delitos Menores: Se propone que los delitos con penas de hasta 10 años de cárcel sean tramitados por un tribunal unipersonal (un solo juez). Actualmente, estos casos son vistos por un órgano colegiado (tres jueces). “Tendríamos entonces tres personas juzgadoras atendiendo diferentes procedimientos y así damos una respuesta mucho más rápida y podemos descongestionar las agendas”, explicó Solano. Los procesos de tramitación compleja y los de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) quedarían excluidos de esta medida.
• Presencia Obligatoria en Audiencia Preliminar: La reforma busca hacer obligatoria la presencia de imputados y ofendidos en la audiencia preliminar. Esta instancia sería el último momento procesal para buscar una solución alternativa o un procedimiento especial abreviado. Si un imputado falta, podría declararse en rebeldía. Esto agilizaría el proceso, ya que hoy se debe esperar hasta el juicio para emitir dicha orden.
• Eliminación de Posposiciones por Agenda de Abogados: Una propuesta ya comunicada en marzo, durante una reunión de seguridad de los supremos poderes, busca eliminar las posposiciones de audiencias por motivos de agenda de los abogados. Se plantea que si un defensor no puede asistir por tener la agenda llena, el imputado tendrá un máximo de cinco días para nombrar otro abogado. De lo contrario, se le designará un defensor público. “No es posible que ante un interés particular el interés general ceda”, sentenció Solano, enfatizando la importancia del derecho de la ciudadanía a una justicia ágil.

Próximos Pasos en el Proceso Legislativo

El proyecto de reforma judicial Costa Rica continuará su análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Una vez dictaminado, pasará al Plenario Legislativo para su discusión y eventual aprobación. La implementación de estas medidas busca una agilización de la justicia penal que beneficie a toda la ciudadanía.

Análisis profundo:

La propuesta de Orlando Aguirre y Patricia Solano suena bien en la superficie: agilidad, eficiencia, menos mora judicial. Pero cuando la diseccionamos, deja más dudas que certezas.

1. Tribunales unipersonales para delitos de hasta 10 años:
   Esto es un arma de doble filo. Si bien puede agilizar procesos, también abre la puerta a juicios con menor control, mayor presión individual sobre el juez y posibles fallos arbitrarios sin la contraposición del criterio colegiado. ¿Qué pasa si el único juez tiene sesgos o está cooptado?

¿El riesgo? Se reduce el debate judicial, la deliberación colegiada y el control cruzado. Una sola voz, una sola visión, y si ese juez tiene sesgos, falta de preparación o presión externa, no hay contrapeso.

2. Eliminación de la excusa por agenda de abogados defensores:
Es una medida que puede parecer efectiva, pero que en la práctica puede dejar a los imputados sin una defensa adecuada. ¿Un defensor público en 5 días podrá conocer el caso a fondo? En delitos complejos, eso es inviable.

¿El problema? Es una grave afectación al derecho a la defensa técnica libremente escogida, reconocido en tratados internacionales. Esto abre la puerta a juicios exprés, donde la defensa no tiene tiempo para prepararse.

3. Última oportunidad para salidas alternas en la audiencia preliminar:
Esto impone un límite riguroso que podría ser inconstitucional si impide el debido proceso o la negociación posterior, dependiendo del tipo de caso.

¿Qué implica? Si el imputado no va, se le declara en rebeldía sin juicio, acelerando el proceso a costa del debido proceso.

¿Qué se rompe aquí? El equilibrio entre celeridad y justicia. No todo lo que es rápido es justo.

4. El discurso del “interés general” por encima del derecho del imputado:
Es una narrativa peligrosa. El Estado no puede atropellar derechos bajo la excusa de eficiencia. El sistema penal no es una fábrica de condenas.

¿Y el crimen organizado?
Aunque se dice que la JEDO quedará fuera, la experiencia muestra que muchas estructuras criminales están detrás de delitos que no entran en esa jurisdicción, como legitimación de capitales o fraude. ¿Qué garantiza que no se cuelen por este “atajo judicial”?

Lo dicen claramente: esto no aplica a JEDO (delincuencia organizada)… por ahora. Pero si se aprueba este modelo, más adelante podrían extenderlo, incluso a casos gravísimos donde los poderes del Estado tienen intereses.

¿La verdadera intención?
Esta podría ser una maniobra para aparentar que se está haciendo algo frente a la inseguridad, mientras se eliminan obstáculos “incómodos” del sistema de garantías procesales. Menos defensa, más rapidez… pero no necesariamente más justicia.

¿Qué está en juego?

• Este tipo de reformas, aunque parezcan técnicas, son en realidad movimientos estratégicos para centralizar poder, controlar procesos y acelerar condenas sin controles suficientes.
• En manos equivocadas, esto puede convertirse en un arma judicial para perseguir enemigos políticos, opositores, líderes sociales o incluso periodistas.

Cuidado Costa Rica: el enemigo no siempre está afuera
A veces el debilitamiento institucional se disfraza de “reforma”, y los peores retrocesos se venden como avances. Hay que seguir el rastro del poder, no de las palabras.

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