Según la declaración de Amador, dicho informe advertía sobre “vínculos con crimen organizado” relacionados con uno de los socios de la empresa.

El contexto de este testimonio es la investigación que se sigue contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el exministro Mauricio Batalla, por un presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos), dentro del expediente N.° 23-8-1878-PE.

Declaraciones sobre el interés presidencial

El exministro Amador relató a la Fiscalía que el presidente Chaves consultaba de forma constante sobre la posibilidad de que Tradeco asumiera un contrato estatal para la ampliación de la carretera Interamericana Norte (Ruta 1).

“Las llamadas eran constantes… A mí me pareció curioso que mostrara un interés tan particular por el tema,” declaró Amador ante el Ministerio Público.

Las afirmaciones de Amador fueron corroboradas ante la Fiscalía por la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya.

Araya testificó que el mandatario le solicitó que el INS concediera a Tradeco una garantía de cumplimiento. La exjerarca señaló que el presidente insistió en la solicitud y se mostró molesto cuando se le informó que el trámite no era viable.

Antecedentes

La constructora Tradeco acumula en otros países sanciones, investigaciones y demandas por supuestos incumplimientos. Los registros migratorios confirman que el representante legal de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, ingresó al país en varias ocasiones para sostener reuniones en Casa Presidencial.

Ambos exjerarcas, Amador y Araya, fueron destituidos de sus cargos por el mandatario Chaves en el primer semestre de 2024.

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La investigación se centra en el proceso de contratación del proyecto de ampliación del tramo vial Barranca-Limonal en la carretera Interamericana Norte. El peculado es el delito que comete un funcionario público cuando sustrae o distrae dinero o bienes que le fueron confiados en razón de su cargo (sancionado con penas de 3 a 12 años de prisión).

Cambios de estatus: De denunciado a testigo clave

En esta misma causa figuran como testigos el exministro del MOPT, Luis Amador Jiménez, y la expresidenta Ejecutiva del INS, Mónica Araya.

El Ministerio Público confirmó que el cambio de estatus de Amador, quien en un principio también había sido denunciado en este expediente, se produjo tras rendir una declaración en setiembre de 2024, en el marco de la causa conocida como “Pista Oscura”, y luego de la apertura de su teléfono celular, lo que aportó ” supuestamente nueva y relevante información”.

La Fiscalía investiga aparentes presiones de Chaves, Amador y Batalla para que la Unidad Ejecutora y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaran que el contrato, valorado en $182 millones, fuera cedido a la empresa mexicana Grupo Tradeco.

El testimonio de Luis Amador sobre Tradeco

En su declaración rendida ante la Fiscalía, Luis Amador detalló una reunión en Casa Presidencial con el presidente Chaves.

"El presidente Rodrigo Chaves quería que se le adjudicara Barranca-Limonal a esta empresa [Tradeco]", afirmó Amador.

El exjerarca del MOPT relató que sus desencuentros con el mandatario, que detonaron en su despido en marzo de 2024, incluyeron tensiones por el caso Tradeco, así como por la adjudicación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber (que Chaves quería para la empresa Pedregal y fue otorgada a Constructora MECO S.A.).

Amador manifestó en el expediente: “Como él ve que no voy a correr con su partido y no acataba algunas órdenes“. También mencionó la reversión de sus órdenes sobre temas como APM Terminals y el paso a desnivel de Taras.

Mónica Araya y la supuesta garantía

La otra testigo, Mónica Araya, fue despedida por Chaves en mayo de 2024 por razones de “pérdida de confianza” y “desempeño negativo”.

Según la investigación, a la exjerarca del INS se le habría solicitado supuestamente una garantía de cumplimiento a favor de Grupo Tradeco, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos establecidos para ese fin.

El proyecto Barranca-Limonal quedó con un avance del 18% luego de que el consorcio Estrella-H Solís solicitara el finiquito de la obra en 2023. La Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2024 un empréstito de $270 millones, de los cuales $220 millones se destinarán a este tramo.

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